Cárcel el Buen Pastor

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra dos exdirectores de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) por presuntas irregularidades contractuales relacionadas con la prestación de servicios en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres de Bogotá, conocida como El Buen Pastor.La actuación disciplinaria cobija a Ludwing Joel Valero Sáenz, quien se desempeñó como director operativo de Gestión Contractual y, posteriormente, como director general de la USPEC, y a Carmen Cecilia Simijaca Agudelo, quien ejerció como jefe de la Oficina Asesora de Planeación y, en diferentes encargos, ocupó los cargos de directora operativa de Gestión Contractual y directora general de la misma entidad.Según informó el Ministerio Público, las pruebas recopiladas hasta el momento evidenciarían presuntas deficiencias en la prestación de los servicios de alimentación, salud e infraestructura en el centro penitenciario para mujeres ubicado en Bogotá.El órgano de control precisó que analizará los contratos relacionados con la prestación de los servicios de alimentación, salud e infraestructura, además de los informes de supervisión e interventoría correspondientes, con el fin de determinar si existieron posibles fallas en las labores de vigilancia, control y ejecución de dichos acuerdos contractuales.La investigación busca establecer si, durante la ejecución de los contratos, se presentaron incumplimientos o deficiencias que hubieran afectado la prestación de los servicios esenciales a la población privada de la libertad recluida en el establecimiento penitenciario.Adicionalmente, la Procuraduría verificará la ejecución presupuestal correspondiente a este centro carcelario para determinar la destinación y utilización de los recursos asignados.En desarrollo de esa revisión, el ente disciplinario anunció que será objeto de estudio la ejecución presupuestal específica de la Cárcel El Buen Pastor, con el propósito de analizar, entre otros aspectos, el nivel de ejecución presupuestal del Fondo de Atención en Salud de las Personas Privadas de la Libertad (PPL), correspondiente a la vigencia 2024.

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