Ordenan definir traslado de reclusa que fue víctima de abuso por parte de guardianes del Inpec

Hace unos meses la historia de Andrea Esperanza Valdés generó todo tipo de reacciones, luego que se conociera que la mujer denunció haber sido abusada sexualmente por guardianes del Inpec en la cárcel El Pedegral de Medellín, producto de ello la mujer quedó embarazada y en enero de este año fue trasladada a la cárcel el Buen Pastor de Bogotá.Este lamentable caso vuelve a ser noticia luego de que la Corte Suprema de Justicia le ordenara al Juzgado Trece de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá que, en un plazo de cinco días, se pronuncie de fondo sobre la solicitud de traslado a un centro de reclusión especial hecho por Andrea Esperanza Valdés.La decisión del alto tribunal se produce tras analizar una tutela interpuesta por la defensa de Valdés, quien denunció graves violaciones a sus derechos fundamentales mientras cumplía su condena.Según consta en el expediente, la reclusa fue agredida sexualmente por funcionarios del Inpec, quedó embarazada y posteriormente sufrió un intento de aborto, que habría sido inducido mediante la introducción de sustancias en su alimentación sin su consentimiento.Estos hechos son actualmente objeto de investigación por parte de la Fiscalía 23 especializada contra la corrupción.La mujer fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, donde continúa privada de la libertad, no obstante, su defensa solicitó su traslado a un centro de reclusión especial, como la Guarnición Militar de la Estación de Carabineros o el centro de Facatativá, alegando que no existen garantías mínimas de seguridad ni condiciones dignas en su actual lugar de reclusión, y recordando que su custodia sigue bajo responsabilidad del Inpec, la misma entidad implicada en las agresiones.Aunque en primera instancia el Tribunal Superior de Bogotá amparó los derechos fundamentales de la mujer, ordenó que fuera el Inpec quien decidiera sobre el traslado, sin embargo, el propio instituto respondió que no tiene competencia para ubicar internos en centros penitenciarios especiales, como los manejados por la Fuerza Pública.Ante esta contradicción, la Corte Suprema modificó parcialmente el fallo y determinó que el juzgado de ejecución de penas es el competente para resolver de fondo la solicitud de traslado.La sala advirtió que, tratándose de una mujer víctima de violencia institucional y recientemente madre, el Estado tiene un deber reforzado de protección frente a sus derechos a la dignidad, integridad y debido proceso.