'El regaño' de fiscal a comisionado de paz por suspensión de orden de captura a 'Chiquito Malo'

La tensión institucional entre la Fiscalía General de la Nación y el comisionado de paz, Otty Patiño, escaló tras conocerse una dura respuesta de nueve páginas firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo.El documento surge a raíz de la Resolución 274 del 24 de diciembre de 2025, mediante la cual el Gobierno Nacional busca garantizar 'seguridad humana y jurídica' a cinco líderes del Clan del Golfo, incluyendo a Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', máximo cabecilla de la organización.La fiscal Camargo fue enfática al señalar que “la Fiscalía no tiene capacidad ni funciones de garantizar la seguridad personal de los integrantes de los grupos armados que se dirijan o permanezcan en la ZUT y que la seguridad jurídica opera de iure”, aclarando que la suspensión de órdenes de captura es una decisión del Ejecutivo que no tiene un alcance nacional, sino que se limita estrictamente a las zonas de ubicación y a los trayectos de desplazamiento hacia las mismas.Esta aclaración implica que, fuera de dichas áreas, el Estado mantiene plenamente su facultad para capturar o neutralizar a estos objetivos. El pronunciamiento se produce en un contexto de alta presión internacional, luego de que el presidente Gustavo Petro se comprometiera con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a neutralizar en dos meses a tres objetivos de alto valor, entre ellos 'Chiquito Malo'.Extradición de cabecillas del Clan del Golfo hacia Estados UnidosUno de los puntos más críticos del documento destaca la sorpresa de la Fiscalía ante el hecho de que al menos dos de los cinco beneficiarios de la resolución cuentan con conceptos favorables de la Corte Suprema de Justicia para su extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico. La fiscalía cuestionó que se solicite suspender capturas con fines de extradición para jefes criminales que el Gobierno mismo ha catalogado como objetivos prioritarios.Por su parte, el Clan del Golfo anunció la suspensión temporal de los diálogos, argumentando que el Ministerio de Defensa desconoce su identidad al calificarlos como 'cartel'. Ante la crisis, Otty Patiño intentó matizar la situación afirmando que las órdenes están suspendidas desde diciembre bajo el marco de la coordinación institucional.