El alcalde de Bucaramanga, Javier Augusto Sarmiento Olarte, envió una carta a los integrantes de la Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), en la que cuestiona la reciente reelección del gerente general de la entidad y solicita una revisión integral del proceso, así como la convocatoria urgente a una asamblea extraordinaria.En la comunicación, fechada el 4 de diciembre de 2025, el mandatario aseguró que la decisión se tomó “a espaldas” de la Alcaldía, pese a que el Municipio de Bucaramanga es el accionista mayoritario del AMB con el 78,6 %. Sarmiento afirmó que no fue informado del inicio del procedimiento de reelección, los criterios utilizados ni los resultados de las evaluaciones al actual gerente.“Me siento asaltado en mi buena fe”, expresó el alcalde al denunciar que los delegados del Municipio ante la Junta Directiva, Sergio Andrés Galíndez y Gustavo Andrés Avellaneda, no le comunicaron ningún avance del proceso, pese a ser funcionarios públicos y estar obligados, según él, a informar y garantizar transparencia.Sarmiento advirtió que la opacidad en la reelección podría constituir incumplimientos de deberes legales y estatutarios por parte de algunos miembros de la Junta Directiva.Además, reveló que la administración municipal recibió quejas ciudadanas sobre un presunto programa de cambio masivo de medidores adelantado por el Acueducto, supuestamente sin autorización previa, expresa e informada de los usuarios. De confirmarse, dijo, podría tratarse de una posible afectación a los derechos de los usuarios y un eventual incumplimiento del régimen regulatorio de servicios públicos.En su carta, el mandatario formuló dos solicitudes a la Junta Directiva del AMB realizar una evaluación integral e inmediata del proceso de reelección del gerente general y entregar toda la documentación al accionista mayoritario y a los entes de control, al igual que, presentar un informe técnico, jurídico y operativo sobre el programa de cambio de medidores, detallando:Sustento legal de la iniciativa.Criterios técnicos y fechas de creación y aprobación.Certificaciones y desempeño de los medidores.Segmentación de usuarios, procesos de autorización, impacto tarifario y mecanismos de quejas.Mientras que a la Asamblea General de Accionistas le pidió convocar una Asamblea Extraordinaria para revisar el informe del proceso de selección del gerente y el programa de cambio de medidores, el cumplimiento de la Política de Propiedad, de Gobierno Corporativo y del reglamento de la Junta Directiva y eventuales medidas correctivas, incluida la revisión de la composición de la Junta.Sarmiento enfatizó que su intención no es reversar la decisión tomada, sino garantizar la defensa del patrimonio público y el respeto por las normas de buen gobierno corporativo: “No obrar por fuera del interés general ni en detrimento público”, afirmó.
El partido político Cambio Radical ha generado un giro inesperado en el panorama electoral del Atlántico al apostar por un rostro prominente de las redes sociales para fortalecer su lista a la Cámara de Representantes. Esta decisión evidencia cómo la política colombiana continúa adaptándose a los nuevos tiempos, obligando a los partidos tradicionales a renovar sus estrategias para conectar con un electorado que se informa cada vez más a través de plataformas digitales.Se ha conocido que el partido ha incluido al influencer Felipe Saruma como uno de sus nuevos perfiles para la próxima contienda legislativa. Saruma se destaca por tener más de 5 millones de seguidores y un alcance que supera las fronteras. Su figura se convierte en una pieza clave dentro de una estrategia que busca específicamente capturar la atención de las audiencias jóvenes que consumen contenido político en el ecosistema digital.La movida de Cambio Radical se suma a una tendencia que ha tomado fuerza en comicios anteriores, cuando el Pacto Histórico incorporó a creadores de contenido que lograron movilizar a miles de seguidores hacia las urnas. Al integrar a Saruma, el partido busca dinamizar su lista, refrescar su imagen y conectar con ciudadanos que están más familiarizados con los contenidos virales que con las tradicionales tarimas políticas.La incorporación de este liderazgo digital representa una apuesta por integrar voces jóvenes y formatos contemporáneos a un escenario electoral que demanda comunicación directa, creatividad y presencia constante en las redes sociales. Esta jugada política confirma que la contienda de 2026 estará inevitablemente marcada por la influencia, las audiencias digitales y la capacidad de los partidos para conquistar votantes desde el mundo virtual.
Cada año, millones de compradores en todo el mundo consultan estudios de confiabilidad y desempeño antes de decidir qué carro comprar, estudios en los que ciertas marcas ya tienen una presencia definida como lo es Toyota, Lexus, Honda y demás fabricantes. Entre esas mediciones, una de las más influyentes es la que publica Consumer Reports, organización que prueba vehículos adquiridos por cuenta propia y recopila fallas reales reportadas por sus usuarios.Con la mezcla de datos de confiabilidad y el desempeño en las pruebas realizadas por el equipo técnico de Consumer Reports, se elaboró el más reciente Report Card de marcas. Este año, la organización destacó nuevamente la solidez del grupo de fabricantes que históricamente encabezan la lista.Aunque Toyota, Lexus y Honda se mantienen dentro del top, los resultados muestran que otra marca volvió a ocupar la primera posición. Incluso, según los analistas de la organización, su liderazgo se explica por la combinación de fiabilidad, desempeño en situaciones de emergencia y uso de plataformas probadas.¿Cuál será la mejor marca de carros en 2026?De acuerdo con el informe más reciente de Consumer Reports, la marca que encabeza el ranking y se perfila como la mejor para 2026 es Subaru, que alcanzó 82 puntos y se ubicó como la firma con mejor desempeño general.Jake Fisher, director sénior de pruebas de automóviles de Consumer Reports, en declaraciones citadas por Forbes, explicó que la marca se destaca porque “sus modelos ofrecen buen rendimiento y comodidad, pero además comparten piezas probadas que garantizan una confiabilidad consistentemente alta”. También resaltó el comportamiento en pruebas de frenado y maniobras de emergencia, áreas donde los vehículos obtuvieron calificaciones destacadas.Top marcas de carros 2026Este es el cuadro completo entregado por Consumer Reports:Subaru – 82BMW – 82Porsche – 79Honda – 76Toyota – 75Lexus – 75Lincoln – 75Hyundai – 74Acura – 73Tesla – 72Mini – 72Kia – 72Nissan – 70Mazda – 69Genesis – 69Audi – 69Cadillac – 68Ford – 67Mitsubishi – 67Buick – 65Volvo – 65Volkswagen – 65Mercedes-Benz – 64Chevrolet – 62Chrysler – 61Rivian – 58Alfa Romeo – 55Dodge – 55GMC – 55Land Rover – 52Jeep – 48Por qué algunas marcas bajaronEl reporte también registró retrocesos. Consumer Reports señaló que Lexus, pese a su historial de liderazgo, descendió en esta edición debido a que el GX pasó a tener confiabilidad promedio y el sedán ES salió de la tabla mientras se renueva generacionalmente.Con estos resultados, también evidencia que las tecnologías híbridas tradicionales muestran un comportamiento superior frente a los eléctricos puros y los híbridos enchufables, que aún atraviesan una fase de ajustes.Cómo se construye el rankingConsumer Reports evalúa 20 áreas de fallas reportadas por propietarios. Estas van desde averías menores —como daños en acabados interiores o problemas de software— hasta fallos graves en motores, transmisiones, baterías de alto voltaje o sistemas eléctricos.Según explicó Fisher, este análisis permite comparar la confiabilidad entre tecnologías: motores de combustión, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.Los datos más recientes muestran diferencias marcadas entre los sistemas de propulsión. Fisher señaló que los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables presentan alrededor de 80 % más problemas que los modelos a gasolina, debido a que “son diseños más nuevos y todavía tienen aspectos por depurar”.En contraste, los híbridos tradicionales siguen mostrando estabilidad. Fisher recordó que esta tecnología “lleva casi tres décadas en el mercado”, lo que ha permitido una operación más depurada. En promedio, estos modelos registran 15% menos fallas que los vehículos de combustión.
La Contraloría General de la República advirtió que persisten fallas estructurales en la forma como el país protege sus páramos. Según los resultados de auditorías realizadas entre 2023 y 2024, el Ministerio de Ambiente y las autoridades regionales no han logrado coordinarse de manera efectiva para implementar los Planes de Manejo de Páramos ni para avanzar en el saneamiento predial, dos procesos esenciales para garantizar la conservación de estos ecosistemas estratégicos.“Estamos ad portas de lo que será una nueva posesión ya de Contralores Territoriales, en la cual nos vamos a estar convocando a una reunión para presentar y definir esta estrategia, de la cual deben formar parte, de igual manera, el Ministerio del Medio Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, las corporaciones autónomas regionales y, de igual manera, el Congreso de la República”, indicó el Contralor.El organismo de control también hizo un seguimiento macrofiscal a los recursos destinados a la protección de páramos entre 2020 y 2024, encontrando brechas significativas entre lo asignado y lo ejecutado. Durante ese periodo se rastrearon USD 72.7 millones de cooperación internacional, $25.293 millones aportados por el Ministerio de Ambiente y más de $215.000 millones ejecutados por las CAR, pero los avances siguen siendo limitados.En este contexto, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, insistió en la necesidad de diseñar una política pública nacional que unifique criterios y establezca responsabilidades claras entre entidades como el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría, la Fiscalía y los entes de control territorial. La propuesta se enmarca en la estrategia “Páramos en la Cima del Control – Un Nuevo Ciclo”, que busca fortalecer la vigilancia sobre los recursos y acciones dirigidas a la protección de estos ecosistemas.Rodríguez recordó que los páramos son refugio de cientos de especies endémicas y hogar de más de 76.000 habitantes con profundos vínculos socioculturales con el territorio. “El 50% de los páramos a nivel mundial están en Colombia. Razón por la cual es urgente que Colombia diseñe una política pública dirigida exclusivamente a que exista una adecuada coordinación de carácter interinstitucional que nos permita proteger esa reserva que nos caracteriza a nivel mundial”, aseguró.Pese a su importancia, los páramos enfrentan amenazas crecientes como la expansión agrícola, la praderización, la ganadería intensiva, la introducción de especies exóticas y la minería. Estas presiones están transformando sus coberturas naturales y reduciendo su capacidad de regulación hídrica, lo que pone en riesgo su biodiversidad y su función como fábricas de agua del país.El Contralor insistió en que avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible debe ser una prioridad nacional. Según el ente de control, la protección de los páramos no solo es una necesidad ambiental: es una responsabilidad del Estado colombiano y un compromiso con las generaciones futuras.
El reciente borrador de decreto del Gobierno Nacional sobre el ajuste al deslizamiento del salario mínimo encendió las alarmas en el sistema pensional privado. Según Andrés Velasco, presidente de Asofondos, la implementación de esta medida implicaría que los trabajadores colombianos tendrían que laborar hasta diez años adicionales para lograr una pensión de un salario mínimo, debido al aumento en el costo de las rentas vitalicias y la disminución del respaldo financiero por parte del Estado.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Velasco explicó con detalle los impactos fiscales y previsionales del borrador y advirtió que, en caso de aplicarse, “habría menos pensionados y se pondría en riesgo el aseguramiento previsional, que cubre invalidez, incapacidad y sobrevivencia”.Un descalce creciente por el deslizamiento del salario mínimoEl eje de la controversia está en la diferencia entre el aumento anual concertado del salario mínimo y las variables técnicas que deberían fundamentarlo —inflación y productividad—. Velasco detalló que esta brecha genera un descalce que debe ser compensado por el Gobierno a las aseguradoras que pagan rentas vitalicias.“El aumento del salario mínimo tiene un componente discrecional y político que genera un descalce en las bolsas de las aseguradoras. Eso debe ser compensado”, explicó. Pero el borrador de decreto busca reducir ese monto de compensación, lo que para Asofondos “pone en riesgo las promesas de pago a los pensionados”.Para este año, la compensación que debe girar el Gobierno asciende a 2 billones de pesos, cifra que se vería reducida si el decreto entra en vigor.Afectación a millones de afiliadosVelasco advirtió que la medida afectaría no solo a las aseguradoras y fondos privados, sino a la estabilidad futura de 18 a 20 millones de afiliados al régimen de ahorro individual.“Estamos hablando de los colombianos que han confiado en los administradores de fondos de pensiones… El decreto haría más difícil pensionarse”, señaló.De acuerdo con sus cálculos, mientras hoy una persona necesita ahorrar alrededor de 350 millones de pesos para financiar una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo, con la medida el monto ascendería a 450 millones. En sus palabras: “Una persona tendría que acumular 100 millones adicionales. Eso significa cotizar diez años más”.El impacto también se traduciría en una reducción del 20% de las mesadas para quienes aspiran a una pensión superior al salario mínimo.Riesgo para las pensiones por invalidez y sobrevivenciaUno de los puntos más sensibles es el efecto sobre el seguro previsional, que cubre invalidez, incapacidad y muerte. Según Velasco, la prima necesaria para financiar este seguro se volvería impagable bajo el esquema propuesto:En tal escenario, el Gobierno tendría que asumir directamente estas coberturas, lo que implicaría un costo fiscal estimado de 2 billones de pesos anuales durante la próxima década.Además, Velasco recordó que en los últimos años se han pensionado alrededor de 141.000 colombianos bajo el sistema privado. Sin embargo, de haberse aplicado el decreto, “solo 6.000 habrían podido pensionarse”.Impacto indirecto en Colpensiones y en el pasivo pensionalAunque Colpensiones afirmó que el decreto no afecta directamente a los afiliados al régimen de prima media, Velasco aclaró que los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación impactan el pasivo pensional del Estado: “Colpensiones tiene un pasivo cercano al 100% del PIB, que crece cada vez que el salario mínimo sube por encima de criterios técnicos”.Por ello, si bien los pensionados de Colpensiones no sufrirían directamente los ajustes del decreto, sí lo harían los contribuyentes a través de mayores cargas fiscales a futuro.Una advertencia técnica y un llamado al diálogoPara Asofondos, los efectos potenciales del decreto justifican la apertura de una mesa técnica con el Gobierno Nacional. “Queremos mostrar nuestros números y que entiendan que esto tiene efectos”, insistió Velasco al cierre de la entrevista.