En las últimas horas falleció el reconocido exmagistrado y exministro colombiano Hernando Yepes Arcila.El jurista fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, ministro de Trabajo y director de la Federación Nacional de Cafeteros.El fallecimiento de Yepes genero la reacción de diferentes personalidades como el exprocurador Fernando Carrillo y el senador y exjefe negociador con las Farc Humberto de la Calle.“Se nos fue el gran Hernando Yepes Arcila. Inigualable jurista, eterno maestro, íntegro ser humano y ejemplar Constituyente de 1991. Paz en su tumba y nuestro dolor profundo por su desaparición. Todo nuestro afecto a su querida familia”, escribió Carrillo en su cuenta de X.Por su parte, de la Calle, se refirió a través de la misma red social, “se nos ha ido nuestro gran amigo Hernando Yepes Arcila. Un destacado personaje, pensador, jurista. Compartimos reflexiones desde la Universidad. Un saludo a su familia. Desde orillas distintas, manifiesto que es una gran pérdida para Colombia”.Yepes Arcila también es recordado y reconocido en sus últimos días por su labor como profesor de derecho en La Universidad Javeriana.Le puede interesar:
Este sábado 4 de julio se cumplen 30 años de la promulgación de la última Constitución de Colombia. A esta Carta Magna se llegó gracias a la Séptima Papeleta, que fue impulsada por un movimiento estudiantil de aquella época.Cabe recordar que la función de la Septima Papeleta era generar un plebiscito para formar la asamblea constituyente.A propósito de esta fecha, políticos que participaron en esa Constituyente expresaron su opinión sobre cómo fue el proceso de creación y el cumplimiento que se le ha dado durante todo este tiempo.El exprocurador Fernando Carrillo aseguró que la Constitución de 1991 fue un “momento mágico (…) porque la clase política quedó a un lado y eso nunca había pasado en Colombia”.Por su parte, Antonio Navarro Wolff, en cuanto al cumplimiento, señaló que la Constitución del 91 sí “cambió la institucionalidad, pero no se ha aplicado de la manera profunda en la que se debe haber aplicado en estos 30 años".A su vez, el exmagistrado de la Corte Constitucional Juan Carlos Henao advirtió que en estos años no ha funcionado “el equilibrio de poderes, pero no es culpa de la Constitución”.Henao, además, agregó: “En el presidencialismo usualmente el presidente domina el Congreso. Realmente el legislativo no ha cumplido como en otros países”.Escuche el análisis del tema en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:Escuche en La Intérprete:
La Procuraduría General de la Nación informó que la indagación que se adelantaba contra miembros de las Fuerzas Militares por presuntas irregularidades en el manejo de gastos reservados, fue archivada por “términos más que vencidos, la falta de recaudo oportuno de pruebas pertinentes, lo cual impide establecer en este momento que las irregularidades que originaron su apertura, efectivamente fueron cometidas”.Además de esto, mencionó que la Sala Disciplinaria de la Entidad había advertido de la "existencia de una prohibición normativa para decretar nuevas pruebas en la indagación preliminar iniciada en 2017, debido a que se agotó el término de seis meses establecido legalmente para esta etapa".De acuerdo a la información, este proceso disciplinario se había iniciado por parte de la delegada para las Fuerzas Militares, en diciembre de 2017, pero en marzo de 2018 se remitió al despacho del procurador general de ese momento, es decir, Fernando Carrillo, al advertir "que en las presuntas irregularidades habrían intervenido oficiales del Ejército Nacional en el grado de general".“El 18 de agosto de 2018, el despacho del viceprocurador general citó a audiencia pública y formuló pliego de cargos por presunto uso indebido de los gastos reservados, no obstante, tres meses después, el 20 de noviembre de 2018, la Sala Disciplinaria de esa época decretó la nulidad de la actuación por error en la calificación jurídica y desconocimiento del principio de favorabilidad, ordenó además devolver el proceso a la etapa de indagación preliminar”, expresó la Procuraduría en un comunicado.Además, aclaró que cuando esta administración reanudó el proceso, advirtió la falta de contundencia en las pruebas recaudadas.Asimismo, la entidad señaló que en 2021, debido a estas presuntas irregularidades, de las que se acusa a al exprocurador Carrillo, debió declararse el archivo del proceso, esto debido a que la investigación tiene términos definidos y de obligatorio cumplimiento.Este lunes, a las 7:00 de la mañana, Noticias Caracol revelará detalles de los motivos que alega la Procuraduría de Margarita Cabello para archivar la investigación contra varios altos oficiales del Ejército por posibles irregularidades en el manejo de gastos reservados.Así se anunció la noticia:
La Fiscalía llamó a juicio a Jesús Alejandro Garzón Rincón, abogado sustanciador del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, como presunto responsable del delito de concusión, del cual se declaró inocente.El primer hecho por el que lo llaman a juicio ocurrió en diciembre del 2019, cuando Garzón Rincón quien, según la Fiscalía, sustancia algunos de los casos más importantes que llevaba el despacho del exprocurador Carrillo, realizó una exigencia de 300 millones de pesos induciendo al senador Richard Aguilar. Según la investigación, la exigencia la habría hecho a través de Carlos Arturo rojas y Raúl Eduardo Cardozo Navas en una reunión en Bucaramanga. La promesa era que sustanciaría favorablemente la revocatoria del fallo de primera instancia dentro de una investigación disciplinaria que le llevaban al congresista por un contrato ejecutado cuando era gobernador de Santander en el 2012.“Desplegó varias actividades de investigación con las que pudo establecer que en efecto el funcionario hizo la anterior exigencia, induciendo al hoy senador, pero, además, realizó otras dentro de las que se logró corroborar que este funcionario se aprovecha de su cargo para exigir o inducir a que le entreguen dinero a cambio de sustanciar a favor de los disciplinados, lo que también se le imputa como segundo hecho jurídicamente relevante”, dice el documento.El segundo hecho lo descubrió al Fiscalía a través de una interceptación. Al parecer, el 20 de abril del 2020, Garzón Rincón sostuvo una conversación con el mayor de la Policía Manuel Alejandro Rondón, quien le preguntó qué trámite debía realizar con el fin de solicitar el reintegro de los saberes prestacionales dejados de recibir durante el tiempo que fue suspendido de la Policía por un proceso disciplinario, lo anterior, teniendo en cuenta que él fue el abogado sustanciador de la Procuraduría en el proceso que se absolvió al mayor.Además, dice el documento, la Fiscalía estableció que el 26 de abril de 2020, el funcionario Garzón Rincón se comunicó con el celular perteneciente a la señora Aura Matilde Garzón Rincón y quien, al parecer, es su hermana, acordando cobrar la suma de cinco millones de pesos al mayor Manuel Alejandro Rondón Hormaza, por la realización de la anterior acción de tutela, con el fin de solicitar el reintegro de la totalidad de las prestaciones, haberes y componentes prestacionales dejados de percibir por parte del citado oficial de la PONAL en el periodo en el que se encontraba suspendido.
BLU Radio pudo confirmar que se vienen tres nuevas imputaciones de cargos contra personas que estarían relacionadas con el presunto soborno al senador Richard Aguilar y que harían parte de una presunta red de corrupción que operaba en la Procuraduría por la cual fue capturado el abogado sustanciador del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, Jesús Alejandro Garzón Rincón.La audiencia de imputación de cargos está citada para el próximo 26 de abril y deberán responder por los hechos ante un juez de garantías los abogados Carlos Arturo Rojas y Raúl Eduardo Cardozo Navas, quienes, al parecer, fueron los encargados de extorsionar al senador Richard Aguilar, a quien le pidieron 300 millones de pesos para favorecerlo en un proceso disciplinario que estaba al alcance del sustanciador capturado y que tenía que ver con un contrato de celaduría en el que intervino cuando fungía como gobernador del departamentos de Santander.Asimismo, también le imputarán cargos a Aura Matilde Garzón, hermana del sustanciador detenido y quien, al parecer, habría ayudado a instaurar una acción de tutela a un mayor de la Policía al que Jesús Alejandro Garzón “habría inducido a dar la suma exigida (5 millones de pesos) para la elaboración de la tutela”, recurso que era en contra de la Procuraduría.Por los hechos, que se habrían llevado a cabo en el 2019, estas tres a personas tendrán que responder como presuntos responsables del delito de concusión en calidad de intervinientes.
BLU Radio conoció las declaraciones que tiene la Fiscalía en la investigación que llevan por la supuesta red de corrupción en la Procuraduría y que dio como primer resultado la captura de Jesús Alejandro Garzón Rincón, abogado sustanciador del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, quien, supuestamente, extorsionaba a cambio de decisiones disciplinarias favorables.Funcionaria de la Procuraduría, denuncianteLa primera declaración es la de la procuradora para asuntos disciplinarios, Nasly Hoyos, quien le narró a la Fiscalía que los funcionarios investigados habrían destruido y desaparecido expedientes del despacho del exprocurador Fernando Carrillo. Desde que se enteró de las anomalías puso en marcha un plan pensado por la Policía que consistía en poner en acetatos transparentes los procesos más sensibles para que quedaran marcadas las huellas de quienes estaban manipulándolos.Caso SantrichLa funcionaria Hoyos en el primer caso que pensó fue en el de Santrich. La decisión sobre el proceso la añadió al sobre transparente y lo marcó visiblemente. Los involucrados, al parecer, cayeron en la trampa.“Le dije a la secretaria María Patricia Ríos que esa iba a ser la forma en que íbamos a obtener las huellas de las personas que podrían estar filtrando información. Ella dejó los documentos en una carpeta y al día siguiente me mostró que el correspondiente al proceso de Santrich, que estaba guardado en el sobre, ya presentaba otra perforación de cosedora, lo que mostraba que había sido sacado del sobre de acetato. Lo saqué y se lo entregué al mayor Bonilla (seguridad del procurador Carrillo)”, dijo Nasly Hoyos.Luego, hicieron la misma operación en un caso que llevaban contra el congresista Didier Lobo. Según la Fiscalía, en este caso se desaparecieron los alegatos de conclusión y, dada la insistencia de la búsqueda, aparecieron en una fila de documentos donde no debían estar. Sobre el tema, la funcionaria Hoyos contó lo siguiente:“Este mismo procedimiento lo volví a hacer con otra decisión proferida dentro del proceso del congresista Didier Lobo. Cuando el señor procurador profirió la decisión de ese expediente decidí meterla en el sobre de acetato e ir personalmente al escritorio de María Patricia (secretaria) y, en voz alta, con el objeto que tanto John y César y los demás presentes en esa área pudieran escucharme, le dije que ese era el fallo de Didier Lobo”, narró."Finalmente, cuenta que salió a hacer una actividad, así que dejó el sobre encima de su escritorio y en horas de la tarde, cuando llegó a la oficina, le pasan en el acetato mostrándole que la decisión se veía en gran parte fuera del sobre y que la esquina inferior derecha del documento mostraba las hojas dobladas, lo que, según ella, evidenciaba que había sido manipulada. Igual que en el caso Santrich, dijo, procedió a meterla en el sobre y se lo entregó al mayor Bonilla".Entre otras presuntas irregularidades, cuenta la funcionaria, el funcionario Kevin Andrés Amado, que se encontraba adelantando estudios en derecho y que en días asumiría unas funciones distintas, fue cambiado de su cargo y antes de cambiarse de oficina, al parecer, eliminó documentos importantes de procesos que estaban en curso.“Se le pidió que los asuntos que tuviera pendientes se los entregará otra persona de la secretaría y que cambiara de escritorio al final de ese día. Luego llegó al despacho María Patricia Ríos (secretaria) y me manifiesta que pudo darse cuenta que el señor Kevin Andrés Amado había destruido, en la máquina picadora de papel, una gran cantidad de documentos que había arrojado a la caja de papel reciclado", contó la funcionaria."Me dirigí al bote de basura y pude ver que habían documentos completos que deberían estar al interior de procesos, igualmente gran cantidad de papel picado", continúo."Este papel tenía que haber sido, recientemente, destruido, porque esos hechos fueron el día martes y esa caja la desocupan todos los viernes, entonces procedía a llamar al general y al mayor Bonilla, dado que me percaté que estaban frente a la comisión de un delito y requería que funcionarios de la policía judicial acudieron a conocer el caso y fijar la evidencia. Fue así que llegaron funcionarios de la Sijin y recibieron la denuncia a María Patricia y se apersonaron del caso”, narró Hoyos.Declaración del senador Richard AguilarEl senador Aguilar fue el primer denunciante de esta red de la Procuraduría que ya tiene, con medida de aseguramiento, al abogado sustanciador Jesús Alejandro Garzón y en la mira a otros tantos funcionarios. Cuenta que el sustanciador lo contactó a través de terceros y le pidió 300 millones de pesos para beneficiarlo con una decisión en medio de un proceso que le llevaban por irregularidades en contratación cuando fue gobernador de Santander.“Directamente no, fui contactado a través de terceros. Se comunicó mi coordinador político desde Piedecuesta, el señor Raúl Cardozo, quien me manifestó que se encontró con un abogado que es muy prestigioso y reconocido acá en Santander que se llama Carlos Rojas y que estaban preocupados porque lo contactó alguien de la Procuraduría diciéndole que iban a sacar rápidamente la sanción en mi contra", indicó Aguilar. "Yo le comenté al señor Raúl Cardozo que de qué proceso se trataba porque tenía muchos procesos, entonces él me dijo que muy bueno sería reunirse con el doctor Carlos Rojas, pero que yo me encontraba en Bogotá, que me quedaba difícil. Ellos encuentran acá en Bucaramanga y pues yo le dije, averigüé muy bien y me dice que pasó. Yo me comuniqué con el doctor Héctor Carvajal (su abogado de confianza) y le preguntó si había sido notificado alguna decisión en mi contra", relató."Después, nuevamente, Raúl Cardozo me comenta: mire, lo van a sancionar, el que contactó al doctor Carlos Rojas es prácticamente una persona de confianza del procurador, se llama Alejandro Garzón y se trata de un proceso de celaduría y yo le dije, no, averigüemos muy bien porque mi abogado en este momento no me ha confirmado. Entonces Raúl Cardozo tenía un contacto, yo nunca tuve contacto directo con Carlos Rojas y pues Raúl le pidió el favor a Carlos indagar un poco más, porque Alejandro Garzón contactó directamente a Carlos", enfatizó. "Entonces, después me dice Raúl, no, van a sacar la sanción inmediatamente, hable con su abogado, yo le dije: pregúntele porque no sé si Alejandro Garzón está llamando el nombre del procurador para notificar o simplemente era una persona que nos quería dar alguna información. A los dos días, el señor Raúl Cardozo me dice no, logré hablar con Carlos Rojas y no, es un extorsionista, está pidiendo dizque 300 millones para evitar el proceso. Eso decía que él era el que sustanciaba, que prácticamente él ya tenía para cambiar el sentido del fallo y, a partir de ese momento, el propio Raúl y el doctor Carlos Rojas me dijeron que no", contó."Disculpe no senador, nosotros no sabíamos que íbamos a toparnos con este tipo de personaje. Yo lo que hice de inmediato fue contactar a mi abogado y le dije, venga, hay que informarle al señor procurador. Le di el nombre de Alejandro Garzón, no tengo el nombre completo y pues procedió mi abogado a informarle al señor procurador”, contó el senador a la Fiscalía.Abogado del senador Richard AguilarEn primer lugar, aparece la declaración de Héctor Carvajal, abogado del senador Richard Aguilar, el primer denunciante extorsionado. Cuenta el abogado que estaban esperando el fallo de primera instancia de la Procuraduría en una investigación que le llevaban al parlamentario por irregularidades en contratación cuando fue gobernador de Santander.“Cuando estábamos pendientes de esa decisión, el senador me remitió vía WhatsApp una fotografía en la que figuraba una comunicación que le hacía una persona, cuyo nombre aparecía como Lalo o Alejo, no recuerdo bien, pero lo que quería decir era que se movieran rápido a tomar una decisión frente a una exigencia que él había hecho", afirmó."El senador me explicó que ese funcionario era de la Procuraduría, del despacho del señor procurador, y que, a través de un abogado suyo, cuyo nombre no me dio, y que es de Bucaramanga, le había mandado ese mensaje a él para que le dieran un dinero con el ánimo de qué colaborara para que la decisión fuera absolviendo al senador. El senador me pidió que sacar una cita con el procurador y le llevará el mensaje de lo que está ocurriendo”, contó Carvajal.Asimismo, añadió que solicitó una cita al entonces procurador Fernando Carrillo, quien le mostró el chat y le contó que el senador le había pedido el favor de denunciar al hecho y que Carrillo le agradeció y le dijo que estaban adelantando unas pesquisas en el despacho. Llamó al mayor Bonilla y el abogado Carvajal le hizo entrega del chat en donde estaban extorsionando al senador.Otros investigadosOtros funcionarios que están siendo investigados por los hechos son John Edward Valdez, Cesar Díaz y Kevin Andrés Amado. Este último ya tiene un proceso penal por destrucción de documentación pública porque, al parecer, destruyó en maquina picadora documentación completa que debería estar al interior de los procesos de la Procuraduría.
La Fiscalía legalizó la captura de Jesús Alejandro Garzón Rincón, el funcionario del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, acusado de extorsionar a servidores públicos con el fin de favorecerlos en supuestos fallos disciplinarios. En la diligencia también fueron legalizados los allanamientos.El próximo lunes a las 2:30 de la tarde continúa la audiencia de imputación de cargos en su contra. El funcionario deberá responder como presunto responsable del delito de concusión.La primera víctima que denunció al despacho del exprocurador Fernando Carrillo fue el senador Richard Aguilar, a quien le habría exigido 300 millones para favorecerlo, supuestamente, en una investigación relacionada con un contrato cuando fue gobernador de Santander. Por esos hechos será imputado Garzón Rincón, aunque la investigación continúa porque, al parecer, habrían abordado a muchos funcionarios más.Según las pesquisas, el funcionario se relacionaba con los abogados de sus supuestas víctimas para exigirles dinero a cambio de información sobre procesos o beneficiarlos en fallos disciplinarios.La investigación inició desde diciembre del 2019 cuando el exprocurador Carrillo denunció los hechos ante el área Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.
La Fiscalía General de la Nación informó la captura de Jesús Alejandro Garzón Rincón, un funcionario del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, acusado de extorsionar a servidores públicos con el fin de favorecerlos en supuestos fallos disciplinarios.BLU Radio conoció que, hasta el momento, se han logrado identificar cinco supuestas víctimas de la red de la que haría parte Garzón.La primera víctima que denunció al despacho del exprocurador Fernando Carrillo los hechos fue el senador Richard Aguilar, a quien le habría exigido 300 millones para favorecerlo, supuestamente, en una investigación relacionada con un contrato cuando fue gobernador de Santander.En lista le siguen la entonces senadora, hoy prófuga de la justicia, Aida Merlano y el también hoy prófugo de la justicia ‘Jesús Santrich’. Además, esta red de la que haría parte Garzón Rincón habría intentado abordar al general de la Policía Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Polfa, quien dijo a BLU Radio que no alcanzaron a contactarlo para extorsionarlo, y también habría tratado de influenciar en una revocatoria que se estaba haciendo en el departamento de Córdoba contra un mayor de Policía.Según las pesquisas, el funcionario se relacionaba con los abogados de sus supuestas víctimas para exigirles dinero a cambio de información sobre procesos o beneficiarlos en fallos disciplinarios.“Vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría”, dijo la Fiscalía en un comunicado.La investigación inició desde diciembre del 2019, cuando el exprocurador Carrillo denunció los hechos ante el Área Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.Según la investigación, el funcionario, que será imputado como presunto responsable del delito de concusión, habría exigido altas sumas de dinero a funcionarios públicos, a cambio de información privilegiada sobre los procesos que cursaban en su contra e incluso ofrecía cambiar el sentido de los fallos.A pesar de que la denuncia se hizo en el 2019, Garzón permaneció en el cargo hasta enero de este año. Sin embargo, fuentes de la Procuraduría explicaron que por recomendación directa de los investigadores de la Dijín no se hizo ningún movimiento del funcionario, mientras se avanzaba en la recolección de pruebas en su contra.BLU Radio también conoció un documento en el que consta que la orden de captura en su contra fue expedida desde el 24 de noviembre del año pasado, aunque se hizo efectiva este viernes.Fuentes de la investigación confirmaron que la siguiente etapa que se viene en el proceso es la de rastrear las propiedades que tendría Garzón Rincón fuera del país adquiridas, presuntamente, con dineros ilícitos.
El funcionario de la Procuraduría capturado este viernes, través de dos personas, le exigió 300 millones de pesos al congresista Richard Aguilar con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario por el que, en primera instancia, fue sancionado cuando ejerció en otro cargo público en el año 2012.Así lo confirmó el propio senador en diálogo con BLU Radio, quien dijo que los hechos ocurrieron hace año y medio y que el proceso por el que le pedía dinero se relacionaba con un contrato de celaduría en su primera gobernación. “Esta persona, mediante un tercero, trató de comunicarme alertándome que iba a salir un fallo en mi contra y pidió una suma a cambio de que ayudara a sustanciar dicho fallo. Junto a mi abogado logramos comunicarnos con el señor procurador Fernando Carrillo, quien puso su equipo a disposición se hizo un trabajo articulado con la Fiscalía y Policía Judicial. Se hizo la denuncia y después de un tiempo de investigación se logró la captura. Él utilizó su cargo, la injerencia que podría tener y por eso procede a hacer la exigencia”, dijo el senador en Mañanas BLU.Aguilar manifestó que la solicitud del dinero lo hizo a través de un tercero, con el que mandó un chat con una foto del proceso.“Él fue muy insistente en reunirse conmigo, para sorpresa mandó una fotografía de la sustanciación del fallo y del número del proceso. Verifiqué y fue tan insistente que a mi se me hizo muy extraño y luego de una semana procedió a hacer la exigencia”, manifestó.El senador manifestó que el proceso al que hacía referencia terminó con un fallo a su favor, contrario a lo que el funcionario le manifestaba.Según la investigación, el funcionario, Jesús Alejandro Garzón, que será imputado como presunto responsable del delito de concusión, habría exigido altas sumas de dinero a otros funcionarios, a cambio de información privilegiada sobre los procesos que cursaban en su contra e incluso ofrecía cambiar el sentido de los fallos.Además del senador Aguilar, Aida Merlano y Jesús Santrich, habrían sido víctimas del funcionario, según conoció BLU Radio.Según un comunicado de la Fiscalía, el hoy sindicado vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría.“El fallo fue favorable un año después, para que no vaya haber mala interpretación. Era un proceso sobre un contrato de celaduría en el primer año de mi gobernación”, aclaró.“Por estos hechos la Fiscalía investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la exigencia económica, así como a una tercera abogada que sería la posible encargada de presentar dichas tutelas. Se presume que por lo menos desde junio de 2019 el funcionario estaría desarrollando la actividad delictiva en detrimento de la entidad en la que labora”, dijo el ente acusador.
La Fiscalía y la Dijín capturaron en Bogotá a Jesús Alejandro Garzón, exfuncionario de la Procuraduría General de la Nación, quien se desempeñó hasta hace una semana como sustanciador en el despacho de Fernando Carrillo, exjefe del Ministerio Público.De acuerdo con el ente acusador, el detenido es investigado por presuntamente exigirle $ 300 millones a un senador para resolver a su favor un proceso disciplinario que databa de 2012 cuando el congresista desempeñaba otro cargo público.Por los hechos, el exfuncionario tendrá que responder por el delito de concusión.Por el posible ilícito, tres abogados son también investigados en calidad de intervinientes.“El ente acusador determinó además que el hoy procesado presuntamente vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría”, comunicó la Fiscalía.“Por estos hechos la Fiscalía investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la exigencia económica, así como a una tercera abogada que sería la posible encargada de presentar dichas tutelas”, agregó la entidad.Según la Fiscalía, desde junio de 2019 el funcionario estaría cometiendo ilícitos en el Ministerio Público.Conozca el comunicado de la Fiscalía:
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, realizó hace algunos días graves denuncias de presunta corrupción en una de las filiales de EPM, Afinia, por hechos ocurridos durante la administración de Daniel Quintero.Según la denuncia, la gerencia de Afinia se habría presuntamente negociado por 8 millones de dólares, unos 32.000 millones de pesos, lo que hizo que se cambiara en el año 2021 la gerente por otro directivo sin experiencia técnica: Javier Lastra.Precisamente, el exgerente de Afinia habló con Blu Radio y como lo ha hecho a través de sus redes sociales, mostró su descontento con la denuncia hecha por Gutiérrez, ya que según Lastra llegó a la gerencia."EPM tiene sus procedimientos, es un esquema corporativo, y a esos procedimientos fueron los que yo participé. Todos fueron dentro de los canales institucionales. A mí nadie me condicionó mi designación, mi nombramiento", afirmó Lastra.Sobre su relación con Daniel Quintero Calle, el exgerente manifestó que no conocía al exalcalde y que vino a verse con él cuando alguna vez hizo la Junta Directiva de EPM en Cartagena y allí Lastra entregaba los informes.En este mismo sentido, Lastra afirmó que no tiene ningún conocimiento de terceros que estuvieran involucrados en el proceso particularmente de su nombramiento. Incluso, asegura que no conoce algunos nombres que se han nombrado."Se señalan nombres de personas que no conozco, que unos venezolanos, que unos señores que estuvieron asociados al Cártel de la Contratación de Bogotá. En fin, yo quisiera que este tema ya se manejara de aquí en adelante a través de mi abogado", explicó.Por otro lado, relató Lastra que para él era muy extraño las denuncias que hizo pública el alcalde de Medellín porque vienen de un testimonio de un testigo: "No sé de cuándo acá un alcalde pueda asumir las facultades de fiscal, de evaluar las pruebas, hacer una investigación y condenar con solo recibir una denuncia", cuestionó.Ante esta situación, Javier Lastra reconoció que ya había emprendido medidas legales en contra de Federico Gutiérrez y que el caso ya estaba en manos de sus abogados. Sobre la denuncia que hay en su contra reconoció que, "nunca me han notificado algo, me han llamado a alguna entrevista, a rendir alguna declaración, testimonio. Para mí esto fue algo sorpresivo, nuevo"."Mi gestión mostró resultados positivos, no como lo quiere hacer ver el alcalde, que es una empresa que tiene dificultades generadas por un mal manejo", dijo Lastra sobre su gestión en Afinia.Fico denuncia supuesta venta de gerencia de Afinia en alcaldía de Quintero: “8 millones de dólares”Ante estas afirmaciones, Javier Lastra denunció recientemente que Findeter había negado un crédito de 280 mil millones de pesos a Afinia consecuencia, según dice el exfuncionario, de, "este tipo de anuncios, que la empresa está mal manejada, que se la robaron, que tiene un déficit estructural por malos manejos, pues obviamente los bancos van a tener esto en cuenta como negativo para hacer los desembolsos".Finalmente, indicó Lastra que lo que pasó con Federico Gutiérrez es "un afán de protagonismo mediático" y que dichas denuncias le hacen mucho daño a Afinia.
El conductor de un autobús en Múnich (sur de Alemania) encontró una bolsa con barras de oro y platino por valor de más de 100.000 euros que una mujer de 65 años había olvidado.El conductor, de la línea 53, descubrió la bolsa después de terminar la jornada y llamó de inmediato a la Policía, que recogió las barras en un coche patrulla y tuvo inicialmente una sospecha que resultó infundada.La Policía creyó que los metales preciosos podían ser el botín de una estafa telefónica y alertó a la comisaría encargada de delitos económicos que inició una investigación.Pero, en lugar de llevar a un grupo criminal, las pesquisas llevaron a una mujer de 65 años que, al recoger en la comisaría la bolsa, explicó que sencillamente la había olvidado en el bus.El precio del oro alcanzó en marzo pasado un nivel récord y muchos inversores lo consideran como una apuesta segura en tiempos de crisis.
En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el abogado en derecho deportivo Felipe Andrés Burgos Méndez abordó el tema de la participación de personas trans en los equipos deportivos en Colombia y los vacíos legales que existen al respecto. Según Burgos, actualmente no existe una regulación específica en el país que defina las normas y condiciones para la participación de atletas transgénero en diferentes disciplinas deportivas, tanto a nivel competitivo como escolar o universitario. El abogado señaló que, a nivel internacional, algunas federaciones deportivas han establecido reglamentos para la participación de atletas transgénero, como en el caso de atletismo, natación, rugby y ciclismo. Sin embargo, en Colombia aún no se ha emitido ninguna circular, resolución o acto administrativo por parte del Ministerio del Deporte que aborde esta problemática en las diferentes manifestaciones deportivas. Burgos también hizo referencia a casos específicos, como el de la nadadora Isabel Arcila, a quien se le impidió participar en un torneo internacional de natación argumentando diferencias fisiológicas entre mujeres trans. Sin embargo, el abogado enfatizó que la reducción de la testosterona no es suficiente para garantizar una competencia justa, ya que existen diferencias biológicas y anatómicas que pueden impactar el rendimiento deportivo. En cuanto a la regulación de la participación de personas trans en los equipos deportivos, Burgos sugirió que las federaciones deportivas nacionales deben seguir los lineamientos y reglamentos establecidos por las federaciones internacionales de cada disciplina. Sin embargo, destacó la importancia de no caer en la discriminación y de establecer criterios objetivos y científicos para determinar si la participación de un atleta transgénero podría constituir una ventaja injusta. El abogado también enfatizó la necesidad de crear una comisión médica, científica y técnica, conformada por profesionales en medicina, genética y otros campos relacionados, para analizar cada caso específico y determinar si existe una ventaja competitiva significativa. Asimismo, destacó la importancia de escuchar a todas las partes involucradas, incluyendo a los equipos y deportistas que compiten con atletas transgénero, para garantizar un ambiente de trabajo y competencia equitativo. Escuche aquí la entrevista:
"En Nariño no hay ningún carrotanque de la flotilla comprada para atender la emergencia de la Guajira", dijo el director de la oficina regional para la atención del riesgo Gabriel Ocaña.El funcionario dijo a Blu Radio que rechaza los señalamientos “de mala fe” que se han hecho en redes sociales en donde aparece un carrotanque con el sello de UNGRD y que las publicaciones aseguran que se trataba de uno de esos automotores sistema.Ocaña dijo que ese vehículo que aparece en esa fotografía fue entregado en conmodato al departamento de Nariño en el año 2016 y es operado por el cuerpo de Bomberos de la ciudad de Pasto.Urge conocer la verdad judicial del escándalo de corrupción de los carrotanques"No es justo que sigan estigmatizando a la comunidad nariñense por hechos en los cuales nada tiene que ver el departamento, porque la responsabilidad penal es individual y por una sola persona que aparece en ese escándalo no pueden generalizar qué todos somos corruptos", dijo el funcionario.Insistió que la presencia de ese carrotanque, que nada tiene que ver con los comprados para La Guajira, obedeció al suministro de agua potable para el circo que está por estos días de visita en la capital de Nariño.Señaló que existen los documentos legales que demuestran que ese carrotanque, tipo sistema, fue entregado en el año 2016 y así lo van a demostrar y pidió de la comunidad nacional no seguir creyendo en publicaciones falsas.
BLU Radio logró conocer los detalles del proceso de contratación CPA-FP-2024-001 presentado el pasado 10 de mayo, por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, con el objetivo de “contratar un operador para el desarrollo de las actividades logísticas, operativas y de apoyo que surjan de los requerimientos realizados al Fondo de Programas Especiales para la Paz por parte de los despachos de la presidencia, y vicepresidencia de la República, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y sus entidades adscritas en el marco de la implementación de la paz total”.Según el proceso publicado en la plataforma Secop II, el valor total de este contrato es de $9.700 millones de pesos tendría una duración de 220 días aproximadamente desde la firma del contrato hasta el próximo 31 de diciembre de 2024 y estará a disposición de todas las actividades que refiera la oficina del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, y que se constituyen como indispensables para las mesas de diálogos y espacios de conversaciones socio jurídicas que se adelantan actualmente con distintos grupos armados, (Ejército de Liberación Nacional, ELN; disidencias de las Farc del autodenominado Estado Mayor Central, disidencias de la Segunda Marquetalia; mesas regionales de Buenaventura, Medellín y Quibdó; entre otros).El operador logístico deberá dotar entre varios aspectos de suministro de alimentos y bebidas no alcohólicas para los asistentes a los eventos contemplando los platos típicos de la región o grupo étnico, con el cuál se está desarrollando la actividad; el alojamiento en habitaciones sencillas y/o acomodación múltiple, con desayuno incluido en hoteles de hasta cuatro estrellas; personal operativo y de apoyo, así como maestro de ceremonias; material institucional, que requiera el evento; agencia y/o central de medios para la producción y emisión de material audiovisual; publicidad; entre otros.BLU Radio se comunicó con la oficina del Comisionado de Paz para conocer los motivos de esta millonaria contratación y los detalles de los eventos en los que se utilizarán los servicios de este operador, pero aún está a la espera de una respuesta oficial.