El senador y candidato presidencial Gustavo Petro negó que su discurso en Cartagena, en el que llamó al senador Fernando Nicolás Araujo y a su familia ‘expropiadores’ y prometió devolver sus tierras a la población local, sea una amenaza de expropiación.Petro insistió en la necesidad de que la población afrodescendiente sea la dueña de esas tierras, que hoy son de la familia del congresista, e hizo una promesa: que lo saquen del Palacio de Nariño, si llega a ser presidente, si no cumple.“El espacio es esta tierra, que tiene que ser de la gente. Me echan ustedes de la Presidencia. Bienvenido que me saquen del Palacio de Nariño, si es que algún día llego a dormir allí, si incumplo la decisión de que este territorio sobre el cual estamos no le pertenezca al pueblo negro de Colombia. Ese es un compromiso, no solo este, sabemos que este es un tema nacional, pero aquí hay una deuda de cinco siglos con el pueblo negro que trajeron a la fuerza a la esclavitud y esa indemnización la tenemos que pagar ahora y se llama que el pueblo negro sea el propietario de este territorio que lo vio nacer, que lo crio, que lo sostuvo y que lo vio gritar libertad”, dijo.El contexto de esta noticia puede verlo en este video:Las declaraciones del senador quedaron registradas en este audio:Así respondió Gustavo Petro en Twitter:
Desde el Centro Democrático criticaron las palabras del senador Gustavo Petro en contra del senador Fernando Nicolás Araújo, en el que a él, a su familia y a su partido político los llamó ‘expropiadores’. El uribismo respondió diciendo que reiteraban su “compromiso con el desarrollo del país en el marco de la confianza inversionista”.A través de un comunicado, se conoció esta respuesta de la bancada de congresistas del Centro Democrático, en el que rechazan las palabras del candidato presidencial, Gustavo Petro, en contra del senador Fernando Nicolás Araujo. Por otra parte, el mismo senador lanzó críticas a través de su cuenta de Twitter, respondiéndole a Petro en varios trinos, en los que dijo que ponía en riesgo a su familia. “Petro, el expropiador, envía mensajes velados contra mi familia. Petro, exguerrillero, con su discurso falaz y de odio, pone en riesgo mi familia”, escribió.En otro trino de Araújo muestra una imagen en la que se ve al senador Petro reunido con Armando Benedetti en un restaurante y escribió: “Petro, minutos antes de estigmatizar la hotelería, antes de amenazar con expropiar la propiedad, minutos antes de incitar al odio”.Este trino generó la respuesta del senador Benedetti quién anunció medidas judiciales en contra del dueño del restaurante donde se encontraban por facilitar esa imagen: “La persecución es clara, pero ¿esta foto es una amenaza? Fue tomada de una cámara de seguridad de un restaurante. Tomaremos acciones judiciales contra el propietario del lugar, contra quienes la usen y denunciaremos estos seguimientos ilegales”, explicó.Cabe señalar que esta situación se originó cuando Gustavo Petro, en un acto público en Cartagena, volvió a hablar tema de la tenencia de tierras, allí tildó de ‘expropiadores’ al senador Fernando Nicolás Araújo y al Centro Democrático. “El señor Araújo ha hecho parte y es parte sustancial del partido de los expropiadores. Saben que la riqueza de Cartagena es su paisaje, es su mar, es su historia, es su cultura, saben que eso se vende en la forma de turismo, saben cómo construir la atracción de un turismo profundamente depredador y empobrecedor (...) señor Uribe, su partido es un partido de expropiadores”, puntualizó.
El senador Fernando Nicolás Araújo habló en Mañanas BLU sobre la exención de IVA a productos importados vía mensajería express. El congresista explicó que la propuesta a aprobar plantea que no se pague el tributo en el caso de países con los que Colombia tiene tratados comerciales, pero que sí aplique para con las que no haya acuerdos.“Las importaciones de Estados Unidos con quien tenemos tratado de libre comercio, por ese canal se mantienen con la exención de IVA, pero evitamos que otros países utilicen ese canal para abusar de la economía nacional”, declaró el conresista.De acuerdo con Araújo, la medida busca cerrar un boquete que permita el contrabando.“Evitamos que por ese canal se utilice el llamado fraccionamiento o ‘pitufeo’, que generaría un problema a futuro”, añadió.De acuerdo con el congresista, la medida permitirá proteger a los consumidores sin afectar la industria nacional."Hemos tenido mucho análisis, Colombia también está exportando, no solo con un límite de 200 dólares, sino de 800 a Estados Unidos", aseguróEscuche al senador Fernando Araújo en Mañanas BLU:
Desde inicios de junio, el propio Álvaro Uribe señaló que en el Centro Democrático estaba ‘cocinando’ una propuesta paralela sobre la reforma tributaria que está socializando el gobierno nacional.En ese sentido, el senador Nicolás Araujo, del Centro Democrático habló sobre las propuestas que tienen para la presentación de una reforma tributaria en donde argumenta que el nivel de la pobreza extrema en Colombia pasó del 35 al 42%, “3 millones de colombianos pasaron al nivel de pobreza extrema” y según él, “sería un proyecto paralelo a lo que tiene el gobierno, para ir mucho más rápido”.“En una iniciativa como esta, no se toca el IVA ni a los trabajadores o personas naturales. Las empresas que no tenían descuento de Industria y Comercio, ahora tendrían el 50%, con un gran ejemplo de austeridad del gobierno y el congreso podemos conseguir los recursos”, comentó Araujo en Mañanas BLU.“Que uno pueda reducir el gasto de funcionamiento del estado en un 10% para ayudar a los colombianos que más lo necesitan es urgente, aquí quedan subordinadas las angustias políticas”, agregó.El senador Araujo explicó que los mecanismos que se utilizaría para agilizar la puesta en marcha de las iniciativas sería mediante decretos y ajustes presupuestales que permitan financiar programas como, “el ingreso solidario que está contemplado en la propuesta de reforma tributaria que presentaría el Centro Democrático además de los auxilios a las nóminas de las empresas”.Congresistas de 6 partidos distintos estarían acompañando la reforma del Gobierno, según señaló el senador.Escuche al senador Nicolás Araujo en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
El actual senador cartagenero Fernando Araújo aspira repetir curul en el Congreso y propone tres propuestas para los colombianos. “Bajar impuestos para generar fuentes de empleo, incentivos a las comunidades para denunciar el microtráfico y mayor inversión para erradicar la pobreza“, son las ideas de Araújo.
El Centro Democrático anunció este miércoles que el próximo 20 de julio, día en que iniciará la última legislatura de este cuatrienio en el Congreso, presentará una serie de proyectos de ley con los que busca derogar o modificar decretos emitidos por el presidente Juan Manuel Santos, en medio de las facultades extraordinarias que le dio el Acto Legislativo 01 de 2016. El senador Jaime Amín, vocero del uribismo en el Senado, señaló que “por el costo político que le ha representado esta legislatura al país, que ha sido muy complaciente con el crimen, el Centro Democrático va a presentar (…) proyectos de ley ordinarios para derogar o modificar algunos de los 24 decretos que el presidente dictó para desarrollar el acuerdo con las Farc”. Por su parte, el senador Fernando Nicolás Araújo dijo que “hay, dentro de los decretos, grandes riesgos para la propiedad privada, la democracia y las instituciones colombianas”, y que su responsabilidad es, a través de la vía legislativa, tratar de corregirlos. En el caso del decreto 903 del 29 de mayo de 2017, por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las Farc-EP, el Centro Democrático pretende que sea derogado en su totalidad. Estos son los decretos que el uribismo busca modificar: - Decreto 898 del 29 de mayo de 2017, por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos. - Decreto 895 del 29 de mayo de 2017, por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. - Decreto 888 del 27 de mayo de 2017, por el cual se modifica la estructura y se crean unos cargos en la planta de la Contraloría General de la República.
Una fuerte conflagración alarmó a los habitantes en el municipio de Galapa, concretamente en la Zona Franca Zofía.Sobre el hecho, el cuerpo de Bomberos de Barranquilla informó que logró controlar un incendio que se presentó dentro de una empresa dedicada a la fabricación de productos plásticos en ese municipio del Atlántico. El hecho solo dejó pérdidas económicas, expresaron los funcionarios.Precisamente Oben Group es la empresa ubicada en la Zona Franca Zofia, donde se presentó la conflagración al final de la tarde de este sábado, confirmó el teniente Edwin Pacheco, del cuerpo de Bomberos de Barranquilla.Dijo Pacheco que el incendió se logró controlar hacia las 9:15 de la noche gracias al trabajo mancomunado de los bomberos de Galapa, en conjunto con los de Barranquilla.“Fuimos alertados de la situación por los bomberos de Galapa, por lo que dispusimos tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Nos concentramos en salvaguardar la vida de las personas que estaban allí. A las 9:15 de la noche ya la situación estaba totalmente controlada”.Autoridades de Galapa informaron que algunos empleados de la empresa fueron trasladados a centros asistenciales por la inhalación de humo, pero por fortuna no hubo víctimas fatales que lamentar. Igualmente, las causas exactas que originaron el incendio están siendo investigadas por Bomberos Barranquilla.La empresa Oben Group se dedica a la producción de películas de polipropileno, poliéster y nylon utilizados como materia prima para diferentes sectores industriales.
Las autoridades de la capital de Antioquia refuerzan el llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención durante la actual temporada de verano por la llegada del fenómeno de ‘El Niño’, luego de que en las últimas semanas se registraron varios incendios que pusieron en riesgo la cobertura vegetal, los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad de la ciudad. "Estamos experimentando una condición climática caracterizada por la reducción prolongada de las lluvias y el aumento de la temperatura en la ciudad. Es fundamental que entre todos prevengamos la ocurrencia de incendios dentro de nuestras áreas naturales y, en general, en la ciudad", señaló Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín.Para reducir el riesgo de conflagraciones, el Distrito recomienda evitar la quema de basura, hojas, escombros o residuos vegetales; no hacer fogatas en zonas verdes, bosques o áreas rurales; no arrojar colillas de cigarrillo, fósforos u otros elementos inflamables; evitar la liberación de globos y no abandonar botellas, plásticos o vidrios en espacios naturales."No generar fogatas ni dejar colillas o elementos que puedan iniciar un incendio. Por las temperaturas y por la resequedad que tenemos, por la falta de lluvia, se pueden propagar fácilmente", indicó la funcionaria.El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) con el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín tienen previsto un plan de contingencia para abordar el fenómeno de los incendios forestales. También, las nueve estaciones de bomberos con que cuenta la ciudad monitorean e inspeccionan zonas boscosas y de ladera.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a 10 presuntos integrantes de una organización narcotraficante señalada de instrumentalizar a mujeres en condición de vulnerabilidad para transportar cocaína y marihuana hacia varios destinos internacionales.De acuerdo con la investigación, la estructura criminal tenía injerencia en Medellín y en el departamento de San Andrés, desde donde coordinaba el envío de estupefacientes ocultos en el cuerpo de jóvenes reclutadas para viajar a países como España, Países Bajos, Alemania, México y República Dominicana.Además, las pesquisas permitieron establecer que parte de la droga también era ingresada a centros penitenciarios del país y que, incluso, causando la muerte de una de las víctimas.Entre los judicializados se encuentran Carlos Gary Ruiz Taborda, conocido con el alias de 'El Mago', señalado como el presunto cabecilla de la organización; Xiomara Andrea Ruiz Taborda; Humberto Gallardo Hudgson, alias 'El Negro'; Sergio Alexander Quimbay Castro; Jessica Murillo Álvarez; Marly Marcela Chacón Saldarriaga; Margarita María Tamayo Valencia, alias 'Margara'; María Salomé González, alias 'Salo'; Leidy Estefanía Castro Arango; y Valentina Suaza Holguín, alias 'Mochita'.Las autoridades establecieron que alias 'Margara' sería la encargada de ubicar y convencer a las mujeres para participar en la actividad ilícita, mientras que alias 'Salo' y alias 'Mochita' presuntamente transportaban pequeñas cantidades de droga a establecimientos carcelarios. Por su parte, alias 'El Negro' habría coordinado la adquisición de los estupefacientes y los envíos desde San Andrés hacia el exterior.Según las autoridades, permitió documentar hechos ocurridos entre 2022 y junio de 2026, y por ello un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los procesados, quienes fueron imputados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
A 24 años de la masacre de Bojayá, la Defensoría del Pueblo afirmó que el reconocimiento de responsabilidad del Estado y las excusas públicas representan un paso importante para las víctimas, pero advirtió que aún persisten deudas en materia de verdad, justicia y garantías de no repetición.Durante el acto realizado en el antiguo Bellavista, en Bojayá (Chocó), la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, recordó que el Estado no respondió de manera oportuna para proteger a la población civil en mayo de 2002, cuando era previsible el enfrentamiento entre grupos armados ilegales.Señaló también que las advertencias sobre el riesgo habían sido emitidas por la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y otras entidades, pero las medidas adoptadas fueron tardías e insuficientes.La masacre, ocurrida en medio de los combates entre las extintas Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dejó más de cien víctimas mortales y provocó el desplazamiento forzado de cerca de 10.000 personas, convirtiéndose en uno de los hechos más graves del conflicto armado colombiano.La Defensoría reconoció que en los últimos años se han desarrollado procesos de reparación individual y colectiva, ejercicios de memoria histórica y acciones para fortalecer las instituciones y las comunidades. Sin embargo, sostuvo que todavía existen rezagos importantes para garantizar plenamente los derechos de las víctimas, especialmente en el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia y la implementación de medidas que eviten que hechos similares vuelvan a ocurrir.La entidad también alertó que las comunidades afrocolombianas e indígenas de Bojayá y Vigía del Fuerte continúan enfrentando riesgos por la persistencia y transformación del conflicto armado. Según explicó, las nuevas dinámicas de violencia no solo afectan a las personas de manera individual, sino que también ponen en riesgo la vida comunitaria, los procesos organizativos y las formas de gobierno propio de estos territorios.En ese contexto, la Defensoría hizo un llamado especial tanto al Gobierno saliente como al entrante para fortalecer las oportunidades dirigidas a la niñez y la juventud. También solicitó a las alcaldías, las gobernaciones de Chocó y Antioquia y al Ministerio del Deporte trabajar de manera conjunta en planes estratégicos que contribuyan a ofrecer alternativas y prevenir riesgos como el reclutamiento de menores por grupos armados.El acto de reconocimiento contó con la participación de representantes de los ministerios de Defensa, del Interior y del Deporte, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), integrantes de las Fuerzas Militares, autoridades locales, organismos internacionales y representantes diplomáticos.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Yotoco, Jorge Humberto Tascón Ospina, por presuntamente incumplir con la obligación legal de publicar su declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta durante el periodo en que ejerció como mandatario.La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga, que señaló que el exalcalde de Yotoco, Valle del Cauca, habría omitido cargar esta información en el aplicativo de Integridad Pública durante su administración entre 2020 y 2023, como lo establece la Ley 2013 de 2019.De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta omisión representa un posible incumplimiento de los deberes de transparencia que deben observar los servidores públicos, al no divulgar la información patrimonial y de posibles conflictos de interés exigida por la normativa vigente.Por estos hechos, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Jorge Humberto Tascón Ospina y, de manera provisional, calificó la conducta como una falta disciplinaria grave cometida a título de culpa gravísima.El proceso disciplinario continuará con las etapas previstas por la ley para determinar la responsabilidad del exmandatario y adoptar la decisión correspondiente.
