Con esta decisión quedan en firme las condenas de 4 años y 4 años y seis meses, respectivamente, que se impusieron contra estos dos expolicías. Así mismo, la decisión del juez les permitirá a estos dos hombres convertirse en testigos estrella de la investigación que se adelanta por el homicidio de este joven. Los abogados de los dos patrulleros señalaron que sus defendidos solo cumplieron órdenes, por lo que los testimonios que entreguen cobran vital importancia dentro de la indagación que implica a tres coroneles de la Policía que se encuentran detenidos. Navarrete y Rodríguez fueron condenados por los delitos de fraude procesal, porte ilegal de armas y ocultamiento de material probatorio.
La senadora Jennifer Pedraza presentó una nueva denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Juliana Guerrero y Verónica Guerrero por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares. La acción judicial también incluye a David Trespalacios y Wilmer Trespalacios, quienes, según la congresista, habrían participado en el presunto recaudo y distribución de recursos relacionados con los hechos investigados de una supuesta red de gestión de contratos.La denuncia tiene como fundamento una publicación de la revista Semana, en la que se recopilan testimonios de empresarios, conversaciones de WhatsApp, audios y comprobantes de consignaciones bancarias. De acuerdo con esa información, los hechos habrían comenzado durante el segundo semestre de 2024 con empresarios de Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Santander, quienes acudieron a las hermanas Guerrero con la expectativa de acceder a contratos con entidades del Estado.Según los denunciantes, inicialmente debían cancelar un millón de pesos para obtener una reunión. Posteriormente, a cambio de realizar gestiones ante el Gobierno Nacional, presuntamente se les exigían pagos de hasta 200 millones de pesos y un porcentaje equivalente al 10 % del valor de cada contrato que llegara a ser adjudicado. La información conocida señala que parte de esos recursos habría sido recibida inicialmente a través de David Trespalacios y que, posteriormente, debido a desacuerdos entre las partes, las hermanas Guerrero habrían comenzado a recibir consignaciones directamente en sus cuentas bancarias.En la comunicación dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la senadora solicitó ampliar la investigación e incluir a otros posibles responsables. Entre las peticiones formuladas se encuentra “que se vincule a la investigación a David Trespalacios y a la persona identificada en las conversaciones como Wilmer Trespalacios, en calidad de posibles partícipes en el recaudo y distribución del dinero”.Asimismo, pidió “que se identifique a los empresarios que, según la publicación periodística, entregaron dinero a las denunciadas a cambio de la gestión de contratos estatales, y que se investigue su eventual responsabilidad penal como autores, coautores o determinadores de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particular y concierto para delinquir”.La congresista también solicitó que la Fiscalía establezca la posible participación de funcionarios públicos en los hechos denunciados. En ese sentido, pidió “que se identifique a los servidores públicos que habrían recibido dinero u otra utilidad, o cuyas decisiones habrían sido influenciadas indebidamente por las denunciadas, compulsando copias a las autoridades competentes según el factor de competencia”.Dentro de la denuncia, Pedraza también requirió “que se evalúe la procedencia de decretar medidas cautelares sobre los bienes de las investigadas”, con el fin de garantizar el desarrollo de la investigación.Finalmente, la senadora solicitó la práctica de pruebas e inspecciones en varias entidades del orden nacional, entre ellas el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y el liquidado Ministerio de Igualdad y Equidad, para que remitan información relacionada con los procesos contractuales mencionados en la denuncia, así como cualquier gestión, visita o comunicación que hubieran sostenido las personas señaladas con esas entidades.
El Ministerio de Transporte, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Superintendencia de Transporte, inició un proceso para modernizar la revisión tecnomecánica en Colombia mediante un nuevo esquema que busca fortalecer las inspecciones de vehículos y alinearlas con estándares internacionales.Aunque las nuevas reglas todavía no entran en vigencia, el Gobierno ya publicó para consulta pública una propuesta que contempla nuevos manuales de inspección, controles más detallados para vehículos modificados y siniestrados, además de una mayor vigilancia a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).La iniciativa hace parte del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, aprobado mediante el decreto 1430 de 2022, y busca fortalecer la seguridad vial a través de una actualización de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.¿Qué cambiaría en la revisión tecnomecánica en Colombia?Según la circular del Ministerio de Transporte, la propuesta fue elaborada por una consultoría contratada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la cual diseñó un esquema actualizado acompañado de seis manuales técnicos que servirían como base para una futura reglamentación.Entre los principales cambios planteados se encuentran:Un nuevo esquema para la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.Un manual actualizado con los procedimientos de inspección para todas las tipologías vehiculares.Un manual específico para la inspección de vehículos que hayan sido modificados o reformados.Un procedimiento para evaluar vehículos siniestrados antes de certificar su aptitud para circular.Un manual para verificar las condiciones de homologación de vehículos y sus componentes.Nuevos lineamientos para fortalecer la inspección, vigilancia y control sobre los Centros de Diagnóstico Automotor.El documento señala que el propósito es incorporar prácticas consideradas exitosas a nivel internacional para mejorar el esquema que actualmente opera en Colombia.Vehículos modificados y estrellados tendrían inspecciones específicasUno de los aspectos que más llama la atención de la propuesta es la creación de procedimientos especializados para ciertos tipos de vehículos.Por un lado, se plantea un Manual de Inspección de Reformas y Modificaciones de Vehículos, el cual establecería criterios técnicos para evaluar automotores que hayan recibido cambios físicos o mecánicos con el fin de mejorar su funcionamiento, seguridad o adaptar su uso.Asimismo, el Gobierno propone un Manual de Inspección para vehículos siniestrados, que tendría como objetivo evaluar el estado de los automotores después de un accidente, revisar las modificaciones o reparaciones realizadas y certificar si reúnen las condiciones necesarias para volver a circular de forma segura.La circular no establece que estos procedimientos ya sean obligatorios ni define cómo se aplicarían, pues hacen parte de una propuesta que aún está siendo sometida a revisión.¿Cuándo entrarían en vigor las nuevas reglas?Por ahora, la revisión técnico-mecánica seguirá realizándose bajo las normas actuales. La circular únicamente da inicio al proceso de participación para recibir observaciones de ciudadanos, gremios, empresas y demás actores del sector.La consulta pública fue dividida en dos etapas:Primera etapa: del 1 de julio al 30 de agosto de 2026, para analizar el nuevo esquema de revisión técnico-mecánica y el manual general de procedimientos.Segunda etapa: del 24 de agosto al 23 de octubre de 2026, para revisar los manuales sobre vehículos modificados, vehículos siniestrados, homologación e inspección a los Centros de Diagnóstico Automotor.Una vez finalice este proceso, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial evaluarán las observaciones recibidas antes de definir si estos documentos se convierten en la base de una nueva reglamentación para la revisión técnico-mecánica en Colombia.Por el momento, las fechas, costos, periodicidad y requisitos actuales de la revisión técnico-mecánica no presentan modificaciones, ya que la propuesta aún se encuentra en fase de consulta pública.
La representante a la Cámara del partido Salvación Nacional, Carol Borda, presentó una proposición para que el Congreso se traslade a Cali el próximo 7 de agosto con el fin de adelantar la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella en esa ciudad.“Que el presidente electo, señor Abelardo De La Espriella, ha manifestado públicamente su voluntad de que la ceremonia de posesión del 7 de agosto de 2026 se realice en una de las regiones más golpeadas por la criminalidad como acto de reconocimiento institucional a la Fuerza Pública”, dice el documento radicado por Borda.Es importante recordar que en principio la posesión iba a ser en Popayán, sin embargo, por temas logísticos el presidente electo decidió trasladar la ceremonia a Cali.“Que el traslado extraordinario de sede que se propone es de carácter estrictamente excepcional, se circunscribe a una sola sesión y para un único fin —la posesión presidencial del 7 de agosto de 2026—, y en nada afecta ni modifica la sede permanente del Congreso de la República, que continuará siendo el Capitolio Nacional para todos los demás efectos constitucionales, legales y reglamentarios”, agrega Borda en la proposición.Para que el Congreso se traslade a Cali para la posesión del presidente electo se debe aprobar una proposición en la Cámara y otra en el Senado.
Seis ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron expulsados del país por decisión de Migración Colombia, luego de que las autoridades evidenciaran que acumulaban más de 140 infracciones a las normas colombianas. La medida hace parte de las acciones adelantadas por la Alcaldía de Bucaramanga para reforzar los controles en materia de seguridad y convivencia ciudadana.El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, informó que uno de los extranjeros ya había sido expulsado anteriormente, pero regresó al territorio nacional de manera irregular. Por este hecho deberá responder ante las autoridades por el presunto delito de fraude a resolución judicial.Le puede interesar: Expulsan de Panamá a colombiano vinculado con el Clan del Golfo: era buscado por InterpolSegún el mandatario, las expulsiones se realizaron en coordinación con Migración Colombia y buscan retirar del territorio a personas que, de acuerdo con los registros oficiales, representan un comportamiento reiterado de incumplimiento de la normatividad colombiana.Portilla aseguró que, con este procedimiento, ya son más de 75 los ciudadanos extranjeros expulsados de Bucaramanga durante lo corrido de 2026, como parte de la estrategia de seguridad implementada por la administración municipal.La Alcaldía indicó que continuará articulando acciones con la Policía Metropolitana, Migración Colombia y demás autoridades para fortalecer los controles migratorios y adoptar medidas frente a quienes incurran en conductas contrarias a la ley.
Un hecho de violencia laboral y de género se registró en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, donde la propietaria de la pastelería Rü Pâtisserie, María Quevedo, fue agredida físicamente por un hombre que se desempeñaba como comisionista o "jalador" en su establecimiento. La víctima recibió una incapacidad médica de 20 días debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.El presunto agresor, identificado como Jesús Acosta, de nacionalidad venezolana y 45 años de edad, fue capturado por la Policía Nacional en el lugar de los hechos. Sin embargo, el viernes posterior al ataque, a las 4:00 p.m., un fiscal del caso ordenó su libertad tras tipificar la conducta como lesiones personales y no como tentativa de feminicidio. Posterior a la visibilización del caso en medios de comunicación, las autoridades reanudaron la recolección de material probatorio en la zona.El origen del conflicto y las denuncias de acosoDurante una entrevista en Mañanas Blu con el periodista Néstor Morales, Quevedo aclaró que la agresión no se originó exclusivamente por desacuerdos económicos sobre la liquidación o el pago de salarios, sino tras la fijación de límites frente a conductas de acoso verbal y físico.Según el testimonio de la comerciante, el establecimiento lleva operando casi cinco años en el sector y el agresor llevaba únicamente dos semanas trabajando allí, tras haber sido contratado a través de una convocatoria en redes sociales en la que presentó documentación que indicaba que era de nacionalidad colombiana."Él llevaba ya varios días y de manera recurrente haciéndome comentarios como, usted está muy bonita, o justificando que el lugar era pequeño para tocarme y para rozarme con su cuerpo... En ese momento yo soy muy clara y le digo, no me toque, no se me acerque, a mí no me gusta que me toque, usted no tiene por qué tocarme, por favor respete mi espacio. Y él me responde, yo Yo no la estoy tocando, yo no la quiero tocar. Entonces, más que un tema del dinero, yo creo que al señor se le cruzó un cable por este freno que yo le puse en ese momento", declaró Quevedo.Respecto al aspecto financiero, la propietaria indicó que la deuda pendiente correspondía a siete días de trabajo, equivalente a una liquidación de 661.000 pesos colombianos, suma que ya fue cancelada. Asimismo, señaló que anteriormente le había otorgado adelantados de dinero al trabajador a solicitud de este.Desarrollo de la agresión e investigación por intento de feminicidioLa agresión ocurrió hacia las 10:30 p.m., cuando el establecimiento se encontraba cerrando la atención al público. Tras la discusión verbal en la entrada del local, el sujeto arremetió físicamente contra Quevedo. La víctima relató que el ataque continuó en la zona posterior de la pastelería, correspondiente al área de cocina, donde el agresor prosiguió con la golpiza mientras profería amenazas de muerte."Él no solamente me golpeó, sí, como se evidencia en los videos, él me golpea en la puerta del establecimiento. Y después me lleva a la parte de atrás, me esconde donde nadie puede ver, donde nadie puede escuchar lo que está pasando, y me golpea... Él gritaba en ese momento, te voy a matar, maldita, te voy a matar, perra, te voy a matar, puta", afirmó la entrevistada.Para alertar a las personas del exterior, Quevedo pateó una estantería con cristalería, lo que generó un ruido que atrajo la atención del arrendador del inmueble, su esposa y personal de un restaurante cercano en el sector de Usaquén, quienes intervinieron hasta la llegada de los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.Coincidentemente con señalamientos del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la víctima sostiene que el hecho constituyó una tentativa de feminicidio debido a la localización del ataque, la intensidad de los golpes y las verbalizaciones del agresor durante el suceso.Descargos del agresor y respuesta de la víctimaPosterior a su liberación,Acosta publicó declaraciones en redes sociales sosteniendo que actuó bajo condiciones de estrés, agotamiento físico, enfermedad y supuestos malos tratos laborales por parte de la propietaria.Frente a estas afirmaciones, Quevedo desmintió haberle impedido alimentarse o hacer uso de los servicios sanitarios, precisando que ella no estuvo presente en el local durante la mayor parte del día de los hechos.En relación con la rotación de personal previa en su negocio, la comerciante explicó que las salidas anteriores de empleados se debieron a situaciones puntuales de rendimiento operativo y al hurto de un teléfono celular ocurrido el 20 de julio, y descartó cualquier tipo de maltrato laboral dentro del establecimiento.
