Un caso de extralimitación de la fuerza por parte del Ejército Nacional que generó indignación en el municipio de Frontino empezó a esclarecer tras la aceptación de responsabilidad en lo ocurrido y condena contra un militar que participó en los hechos.Así lo dio a conocer en las últimas horas la Fiscalía General, quien anunció que tras un preacuerdo alcanzado con la entidad acusadora, un juez condenó a 20 años y dos meses de prisión al teniente del Ejército Leider Ortiz Ortiz por la tortura y crimen de Esneider Flórez Manco.Se trata de un joven de 27 años de edad con discapacidad cognitiva que fue asesinado al interior de la base militar de esa localidad del Occidente de Antioquia, tras ser retenido bajo la premisa de pertenecer a un grupo ilegal. Durante las audiencias, el fiscal del caso reveló algunas de las acciones que ejecutó Ortiz el pasado 7 de octubre."Durante aproximadamente cinco horas le infligieron dolores y sufrimientos físicos y psíquicos, con el fin de obtener de la víctima información o confesión de ser presunto integrante de un grupo armado organizado", detalló.En su momento, Blu Radio conoció de parte de una fuente cercana a la familia de la víctima que sobre Esneider no tuvieron información por cerca de un mes. Y es que según reveló la Fiscalía, su cuerpo fue envuelto en una sábana, trasladado al helipuerto de la unidad militar y posteriormente fue arrojado al río El Cerro. En el afluente fue encontrado tres semanas después e identificado plenamente por Medicina Legal."El muchacho se perdió. Empezaron a decir que lo habían visto por el cerro y ellos creyeron que estaba vivo, pues, cuando ya aparecieron con esta noticia y que un soldado había puesto en conocimiento que otros soldados lo habían matado", dijo.La conducta ya juzgada contra este militar por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, sienta un precedente dentro del proceso judicial al que también están vinculados otros ocho uniformados de la misma unidad que actualmente están cobijados con medida privativa de la libertad.Se trata del sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.
Con el paso de la horas se siguen revelando detalles sobre la posible ejecución extrajudicial de la que fue víctima Esneider Flórez Manco, un joven de 26 años de edad, en un batallón adscrito a la Cuarta Brigada en el municipio de Frontino.Una fuente cercana a la familia de Flórez y que pidió la reserva de su identidad, indicó a Blu Radio que Esneider sufría desde hace varios años algunos problemas mentales y antes de enterarse de su muerte, el pasado 29 de octubre, no tenían información sobre su paradero desde hace cerca de un mes.Era común que la víctima recorriera diferentes zonas de la localidad, sin que sus allegados esperaran el fatal desenlace en el que están implicados al menos nueve militares sobre los que un fiscal de Medellín ordenó su captura en las últimas horas."El muchacho se perdió. Empezaban a decir que lo habían visto por el cerro, y ellos creyeron que estaba vivo, pues, cuando ya aparecieron con esta noticia de que un soldado había puesto en conocimiento que otros soldados lo habían matado", relató.Según el relato de esta persona, en medio de su travesía por un sector conocido como Minas del Cerro, Esneider terminó en inmediaciones de la base militar y fue allí donde se habrían producido los excesivos maltratos por parte de los soldados al encontrarse el civil en una zona prohibida.Tras la muerte, el cuerpo del joven fue arrojado por sus verdugos al río El Cerro y fue hallado 20 días después en el mismo afluente, en alto grado de descomposición a escasas dos cuadras de la Unidad Deportiva de esta localidad del Occidente antioqueño."El pueblo está muy conmocionado, el pueblo pide justicia, que se haga claridad y y que sepamos qué fue lo que realmente pasó", añadió esta persona.Tras la captura de los nueve militares implicados en el caso, hasta ahora el Centro de Servicios de la Rama Judicial en Medellín no tiene registros de solicitudes de audiencias para definir la situación jurídica de estas nueve personas que también deberán surtir el debido proceso con la justicia penal militar para establecer cuál será el futuro de su vinculación con el Ejército Nacional.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Luis Alberto Rojas Hurtado, de 33 años, señalado de ser el responsable del homicidio del tecnólogo en radiología Ricardo León Cuartas Bolívar, trabajador del Hospital María Antonia Toro de Elejalde de Frontino, Occidente de Antioquia.Los hechos ocurrieron la noche del pasado 24 de septiembre en el parqueadero del centro asistencial, cuando Cuartas, de 68 años, habría reclamado al procesado por dañar su vehículo. En medio de la discusión, Rojas lo atacó con un arma blanca, causándole heridas de gravedad que finalmente le provocaron la muerte un día después en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, a donde fue trasladado tras recibir atención inicial en Santa Fe de Antioquia.Testigos indicaron que, antes de la agresión, Rojas ingresó alterado al hospital portando un cuchillo, con el que intentó intimidar al personal médico mientras preguntaba por unos menores de edad. Tras salir del lugar, empezó a dañar el vehículo de la víctima, quien residía frente a la institución y acudió para verificar lo sucedido. Fue en ese momento cuando recibió el ataque.Momentos después, el presunto agresor fue capturado por la Policía Nacional en una zona verde cercana, aun con el arma blanca en su poder. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio, cargo que no aceptó.Vale la pena recordar que el gerente del hospital, Diego Fernando Góez, rechazó el crimen y explicó que se dio la suspensión de los servicios ambulatorios y de consulta externa durante este 26 de septiembre, como muestra de duelo y solidaridad con la familia del funcionario.
En menos de 24 horas una nueva agresión contra la Fuerza Pública se registró en Antioquia, afectando un total de tres militares en medio de confrontaciones con el Clan del Golfo en el municipio de Frontino.Los hechos se registraron en el corregimiento Llanos de Musinga, una zona apartada de esta población del occidente de Antioquia, donde tropas del Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío entraron en confrontación con integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.Como consecuencia de esta situación un suboficial y un soldado profesional resultaron heridos, mientras que otro soldado registró afectaciones por aturdimiento."Las tropas de batallón están haciendo sus operaciones de control territorial y entraron en combate con estos terroristas del Clan del Golfo que continúan constriñendo a la población en el sector", aseguró el director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, José Lesmes.Los militares afectados recibieron atención de emergencia en la misma zona de la novedad por parte de enfermeros de combate, mientras esperaban el apoyo helicoportado para su traslado a Medellín.Estas labores se dificultaron por varias debido a condiciones climáticas, pero finalmente arribaron a la capital antioqueña horas después en un helicóptero Ángel de la Fuerza Aérea para posteriormente ser remitidos al dispensario médico de la Cuarta Brigada y la Clínica Alma Máter.
En una decisión trascendental, el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Medellín declaró responsable al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la muerte del piloto civil Juan Camilo Villegas Rodríguez, ocurrida el 12 de diciembre de 2018, luego de que su aeronave fuera impactada por disparos de fusil mientras realizaba labores de instrucción aérea en el municipio de Frontino, Occidente de Antioquia.Según el fallo, Villegas Rodríguez, quien se desempeñaba como instructor de vuelo desde 2006 y contaba con licencia de piloto privado, impartía una clase práctica a bordo de su avión ultraliviano cuando fue alcanzado por proyectiles disparados por arma de fuego. Como consecuencia del impacto, la aeronave presentó una falla en su planta motriz y se precipitó a tierra, causando la muerte inmediata tanto del piloto como de su alumno, Gustavo Roldán Palacio.La investigación técnica realizada por la Aeronáutica Civil y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) confirmó que el avión fue impactado por al menos dos proyectiles, y que no presentaba fallas mecánicas antes del siniestro. Un análisis del GPS a bordo demostró que la tripulación intentó una maniobra evasiva ante el ataque, lo que eventualmente provocó la pérdida de control y el choque contra el terreno.A pesar de que el Ejército Nacional negó su responsabilidad argumentando que no había presencia de grupos armados ilegales ni enfrentamientos en la zona el día del accidente, el juzgado concluyó que fue un operativo militar la causa más probable de los disparos que derribaron la aeronave civil. En su sentencia, el despacho desestimó las excepciones presentadas por la Nación y concluyó que existió una falla en el servicio por parte del EjércitoIndemnización millonariaComo parte de la reparación integral, el juzgado ordenó indemnizar a los familiares del piloto fallecido con sumas por perjuicios morales: 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a su madre y a su compañera permanente, y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes a cada uno de sus cinco hermanos. Además, condenó al Estado al pago de $528.448.457 por concepto de lucro cesante a favor de su compañera sentimental.También se ordenó indemnizar a su pareja por la destrucción del avión, dejando en manos de un incidente posterior la liquidación de dicho perjuicio material. El fallo podrá ser apelado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, aunque hasta el momento no se ha confirmado si el Ministerio de Defensa interpondrá dicho recurso.
Ataques contra la fuerza pública se siguen registrando en Antioquia en donde en menos de cinco días ya son dos los hostigamientos contra estaciones de policía en zonas diferentes del departamento.El hecho más reciente se registró en la madrugada de este viernes en el corregimiento Nutibara del municipio de Frontino donde hombres armados realizaron varios disparos contra la sede de la policía en la zona. Así lo confirmó a Blu Radio Luz Gabriela Rivera, alcaldesa de esta localidad del Occidente de Antioquia."Hubo un hostigamiento, pues las entidades competentes en este momento están en la investigación, pero sin ninguna novedad, sin ningún herido ni ningún lesionado de la policía", afirmó.La mandataria aseguró que en las próximas horas espera reunirse con altos mandos de la fuerza pública en el territorio con el fin de recopilar mayor información sobre lo sucedido.También se espera que con el informe puedan tomarse nuevas medidas de seguridad en esta población que se suma a más de 10 municipios que ya han adoptado decisiones como la restricción de parrilleros en motos, menores de edad en horas de la noche y la reducción de horarios para los cierres de establecimientos comerciales."Desde principios de esta semana empezamos a adoptar algunas medidas. Es posible que se puedan adoptar otras, pero ya habíamos adoptado el toque de queda para menores de edad, habíamos adoptado la restricción de horarios en establecimientos comerciales y ahorita vamos a definir qué otras medidas administrativas tomar".Por información que permita la captura de los responsables de la reciente escalada violenta en el departamento, al parecer lidera por el Clan del Golfo, se mantiene vigente una recompensa de 500 millones de pesos ofrecida por parte de la Gobernación de Antioquia.
En Frontino, una creciente súbita tiró de la lancha a un hombre que iba a recoger a tres funcionarios del ICBF. Ya son doce las personas fallecidas y dos los desaparecidos que deja la temporada de lluvias en Antioquia.El caso más reciente tiene que ver con un lanchero en el municipio de Frontino, Antioquia. Este hombre se desplazaba en su bote para recoger a tres funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que no se habían podido desplazar debido a las fuertes lluvias, sin embargo, la lancha se volcó y fue arrastrado por la corriente, los organismos de gestión del riesgo ya adelantan la búsqueda mientras que los funcionarios fueron retirados de la zona en helicóptero. "Una comisión del ICBF que estaban Frontino, llevaba ocho días, no pudieron salir. La persona de la lancha los va a recoger y lamentablemente la lancha se voltea. La persona obviamente no la hemos podido encontrar todavía, nosotros ayer hicimos toda una capacidad del helicóptero para poderla rescatar estamos con la activación de capacidad de respuesta ante la medida tener que buscar a esta persona", señaló Carlos Ríos, director del Dagran.Ya son doce las personas que han perdido la vida en emergencias por lluvias en el departamento y con este, son dos las personas que se encuentran desaparecidas debido a las emergencias por lluvias, recordemos que en Venecia ya encontraron a uno de los dos desaparecidos. Justamente en este municipio las autoridades instalaron los instrumentos necesarios para tener una vigilancia las 24 horas de la cuenca y de Cerro Bravo, y ya están transfiriendo los subsidios para 20 familias afectadas.Así las cosas, son más de 15 mil los afectados que han dejado las lluvias en el departamento, la mitad de los municipios, 62, se encuentran en alerta roja por deslizamientos y 17 por inundaciones.Vías cerradas por deslizamientos en AntioquiaEn cuanto a las vías del departamento, todas las nacionales se encuentran habilitadas y son tres las vías departamentales las que se encuentran cerradas por deslizamientos de tierra: Abejorral - El Cairo, Armenia - Titiribí y El Cinco - Venecia.
Los hechos ocurrieron en el corregimiento de carauta, en el municipio del Occidente de Antioquia. Allí los cuerpos de Fuber Fernando Salas Sepúlveda, Sebastián Alejandro Zapata Salas, Jeffy Alejandro Cardona y Cristian Durango Naranjo fueron encontrados al interior de una mina artesanal que tiene más de 80 años.Jorge Hugo Elejalde López, alcalde de Frontino explicó que "perdieron la vida cuatro jóvenes de nuestra localidad al inhalar humos de ese explosivo que utilizan llamado polvo loco".El ‘polvo loco’ del que habla el alcalde es un explosivo artesanal usado en la zona por los mineros informales como reemplazo de la dinamita que, por su condición, no pueden conseguir legalmente en Indumil.Las autoridades ya se encuentran en el lugar investigando lo sucedido, mientras que los cuerpos de los cuatro jóvenes están en Medicina Legal para el esclarecimiento de la causa de su muerte.Le puede interesar:
Desde la primera semana de abril, un total de 48 indígenas embera katío, entre ellos 11 menores de edad, llegaron hasta el casco urbano del municipio de Frontino, Antioquia, al parecer, desplazados por parte de grupos ilegales que operan en la zona.La situación la dio a conocer el alcalde de esa localidad del occidente de Antioquia, Jorge Hugo Elejalde, quien relató que los afectados hacen parte de comunidades limítrofes entre Frontino y Dabeiba que luego de tomar la decisión de salir de sus territorios originarios se establecieron en un sector abandonado hace algún tiempo por el conflicto ubicado en la vereda El Palmar del corregimiento de Fuemia.Sin embargo, según el mandatario, con el paso del tiempo empezaron a tener problemas de convivencia con habitantes de la zona."Lo primero es que la gente que había salido quiere regresar a sus casas y ya las encuentran ocupadas. Por otra parte están las quejas reiteradas por situaciones cotidianas relacionadas con la convivencia", afirmó el mandatario.Tras esos hechos, al parecer, grupos armados de la zona habrían obligado a la comunidad a salir del territorio. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, manifestó que los responsables serían miembros del Clan del Golfo, a quien cuestionó en sus intenciones de paz."Eso reitera mi denuncia sobre la incongruencia y los vacíos de ese proceso de paz total en los temas que tienen que ver con cese al fuego, cese de hostilidades y sobre todo verificación", manifestó el mandatario regional.Por su parte, el alcalde Elejalde no se atrevió a responsabilizar a ningún grupo armado, pero se refirió a la visita previo al desplazamiento del gobernador indígena de Dabeiba a la zona, donde les habría pedido salir."Hasta que no tenga la certeza de una autoridad judicial yo no quiero entrar en eso. Sé que allá estuvo el gobernador indígena de Dabeiba y les pidió que se salieran de allá", aseguró.Por lo pronto, la comunidad desplazada es atendida en la Casa Indígena de Frontino a la espera de un predio donde puedan ubicarse. Allí se les brinda, según el alcalde, alimentación, seguridad y atención de salud.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Mediante actividades de vigilancia y control para garantizar la protección y conservación de especies de flora y fauna, especialmente durante la Semana Santa, las autoridades ambientales lograron en las últimas horas la judicialización de tres personas en Antioquia como presuntas responsables de delitos en contra de estos seres vivos.El primer caso se presentó en el municipio de Frontino, occidente de Antioquia, donde la Policía logró incautar en la vía que conduce a la ciudad de Medellín ocho iguanas que iban a ser comercializadas para consumo humano por parte de un hombre que fue capturado.Los animales avaluados en más de $ 46 millones fueron dejados a disposición de Corpourabá como autoridad ambiental en la región.El teniente Carlos Mosquera, jefe encargado de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía en Antioquia, indicó que durante 2023 han sido capturadas nueve personas por delitos ambientales y se han incautado 1.554 unidades de flora y 46 animales.En otros operativos en el departamento, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General, presentó ante jueces de control de garantías a una mujer y un hombre que mantenían en cautiverio y en condiciones no aptas a animales silvestres en la vereda El Ajizal del municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá.Estas personas identificadas como Medardo Antonio Areiza y Gloria Peláez Sierra se les imputó el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales tras haber sido hallados en su vivienda con un mono tití cabeza de algodón, un ave turpial y una cotorra carisucia que estaban en cautiverio y quedaron a disposición de las autoridades ambientales.Le puede interesar:
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.