El presidente de la junta directiva de la Fundación País Libre, Alfonso Manrique, entregó a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz una base de datos de 22.500 secuestrados, de los cuales 8.000 son víctimas de las Farc.Vea también Caso de Maza Márquez a la JEP provoca primer choque en la Corte SupremaEl contenido del informe recoge también el conocimiento técnico adquirido a lo largo de la existencia de la Fundación sobre las retenciones ilegales de las Farc.A la fecha, la Sala de Reconocimiento ha recibido 148 informes escritos y un informe mixto por parte de organismos del Estado, organizaciones sociales y de víctimas.
“Del año 1996 al 30 de diciembre de 2015 la guerrilla del ELN ha secuestrado a 5.680 personas” dijo en diálogo con Blu Radio. Insistió que el ELN no ha sido en su histórico de secuestros de largo aliento como si se dio en el caso de las Farc. “Alcanzaron a tener cárceles dentro de la selva”. Lo que llama la atención es el número de secuestrados y desaparecidos que ha dejado esta guerrilla. “96 las personas se encuentran desaparecidas y no descarta que esos secuestrados estén muertos”. Jauregui dijo que durante el año pasado 23 personas fueron secuestradas pero que ya figuran en la base de datos de la Fundación como liberadas. Aclaró que le preocupa el caso de Ramón José Cabrales quien fue secuestrado en septiembre del año 2015 cuando se desplazaba por la vía Ocaña – Convención en Norte de Santander. “Él es el único que aparece como en cautiverio. Las otras cifras que nosotros tenemos aparecen como liberados o muertos en Cautiverio es el caso de Jesús Emilio Ayala el alcalde de las Palmas”, explicó. No obstante, afirmó que: “eso no quiere decir que no pueda haber más secuestrado que no han sido liberados”. (Vea también: Ejercitó frustró plan terrorista del ELN en Nariño). También afirmó que la comunidad en Norte de Santander viene denunciando el incremento del secuestro extorsivo express. “Por ejemplo el secuestro se efectúa en Cúcuta, se los lleva a otra parte y los entregan prontamente”. Jauregui insistió que “el histórico de los secuestros del ELN es de máximo de dos meses y negocian rápidamente”.
En diálogo con Mañanas Blu, la viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, señaló que existen nuevas evidencias que apuntarían a que, si bien las disidencias de la Segunda Marquetalia fueron los autores materiales del magnicidio de Uribe Turbay, hay nexos políticos entre los determinadores. Tarazona sostuvo que una persona, a la que no identifica públicamente, habría entregado información días antes del magnicidio, en la que señalaba que Miguel Uribe Turbay, así como otros precandidatos del Centro Democrático, corrían el riesgo de sufrir un atentado; que la orden habría salido desde el Congreso de la República y que el dinero para organizar el atentado habría salido desde Venezuela.En ese sentido, durante la entrevista, leyó los chats que existen entorno a las advertencias que se hicieron antes sobre el atentado que le perpetuarían a Miguel Uribe, en la misma lectura de los chat nombra directamente a Marcos Calarcá. En desarrollo...
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Barichara, Santander, Milton Edilson Chaparro Jiménez, por presuntas irregularidades en el suministro de agua para consumo humano durante 2024, cuando el municipio afrontaba problemas de desabastecimiento.Según informó el Ministerio Público, la investigación busca establecer si el mandatario permitió captar y utilizar agua de la fuente denominada La Chorrera, ubicada en el predio Lote 4 de la vereda Santa Helena, de propiedad de un particular, después de que se declarara la calamidad pública por la falta de agua potable en el municipio.La Procuraduría también indaga si, para ese momento, sobre la fuente hídrica existía una medida preventiva ambiental impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), que habría sido desconocida al permitir el uso del recurso.Otro de los aspectos que busca esclarecer el organismo de control es si la extracción de agua se autorizó sin contar con la concesión, el permiso o la autorización ambiental exigida por la autoridad competente.Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta del alcalde como grave, a título de culpa grave.La formulación de cargos hace parte del proceso disciplinario con el que se busca determinar si el mandatario incurrió en alguna irregularidad en el manejo del recurso hídrico.
Ramiro Herrera Buitrago, exintegrante del Cartel de Cali y hermano del fallecido narcotraficante Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’, envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella para formalizar su disposición de colaborar con el Estado en la identificación y recuperación de bienes que estarían relacionados con estructuras patrimoniales irregulares del extinto grupo criminal.En el documento, Herrera explicó que su intención es aportar información sobre activos, sociedades y estructuras económicas que han sido objeto de investigaciones durante décadas. La primera etapa de la colaboración, según lo expuesto en la comunicación, comprende información sobre más de 1.000 bienes ubicados en Colombia y otros países.“La finalidad de esta autorización es permitir que la Presidencia de la República tenga conocimiento institucional de esta decisión y pueda, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, acompañar las iniciativas estatales que correspondan respecto de la recuperación, destinación social y eventual utilización de los bienes que lleguen legítimamente a favor del Estado”, señaló Herrera en la carta.El exintegrante del Cartel de Cali manifestó que su decisión busca contribuir a los esfuerzos institucionales relacionados con la recuperación de activos y la superación de las consecuencias asociadas a la violencia. En ese sentido, afirmó: “Esta determinación corresponde a mi voluntad de contribuir, en este momento histórico del país, a un proceso de reconstrucción, reconciliación y fortalecimiento institucional”.En otro apartado, Herrera sostuvo que pretende que los bienes relacionados con esas estructuras patrimoniales queden bajo conocimiento y control de las autoridades competentes. “El propósito es que bienes cuya historia se ha prolongado durante décadas y que han sido objeto de controversias, violencia y procesos patrimoniales puedan ser puestos definitivamente bajo conocimiento y control de las instituciones competentes del Estado”, expresó.La carta también expone su intención de contribuir al esclarecimiento de la historia de los activos vinculados al denominado ‘Clan Herrera’. “Una de las razones principales por las cuales adopto esta determinación es mi voluntad de contribuir a que cese definitivamente la violencia asociada históricamente a los bienes vinculados al denominado ‘Clan Herrera’”, afirmó.La comunicación dirigida al presidente se suma a la declaración que Ramiro Herrera presentó ante la Fiscalía General de la Nación, en la que formalizó su voluntad de entregar información para avanzar en los procesos de extinción de dominio. En ese documento, aseguró que comparecía para adelantar una “colaboración eficaz, directa, voluntaria y verificable con el Estado colombiano”.Herrera precisó que la información comprende bienes en Colombia y en el exterior, documentación histórica y original, sociedades, inversiones y personas naturales y jurídicas. También señaló que su intención es que los datos puedan ser contrastados con los expedientes y registros disponibles.“Mi voluntad es aportar los elementos que se encuentren en mi conocimiento para que toda la información pueda ser verificada independientemente por la Fiscalía General de la Nación, confrontándola con los expedientes, registros públicos y privados, documentos originales y demás elementos materiales probatorios legalmente disponibles”, indicó.La colaboración anunciada se conoce después de que la Fiscalía impusiera medidas cautelares sobre 42 bienes, avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos, que estarían vinculados a uno de los presuntos grupos de testaferros al servicio de ‘Pacho Herrera’. Las medidas incluyen embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión.De acuerdo con la investigación, durante años se habrían utilizado personas y empresas de diferentes sectores económicos para ocultar y administrar activos, darles apariencia de legalidad y sustraerlos del control de las autoridades.La carta de Ramiro Herrera plantea una colaboración que abarca información sobre bienes en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador. Sin embargo, el propio exintegrante del Cartel de Cali dejó claro que la decisión sobre cada activo corresponde a las autoridades: “Será exclusivamente la autoridad competente la que determine la procedencia jurídica de cada activo y si existe fundamento para adelantar o culminar procesos de extinción de dominio”.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 14 de octubre de 2026:La Profe Mónica, profesora y creadora de contenido educativo con más de 2 millones de seguidores.En Tutoriales Radiales pasó el periodista, escritor y conferencista Germán Díaz Sossa.Escuche el programa completo acá:
El número de vehículos sin SOAT vigente en Colombia se duplicó en los últimos diez años. Entre 2016 y septiembre de 2026, el país pasó de tener 5,3 millones de vehículos sin este seguro obligatorio a 10,7 millones, mientras el parque automotor creció de 13 millones a 22,6 millones de unidades, de acuerdo con un análisis de la empresa de inteligencia de negocios Intempo.El estudio, elaborado a partir de los registros históricos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), encontró que la tasa de evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) aumentó del 40,6 % en 2016 al 47,3 % en 2026. Además, el indicador se ha mantenido entre el 47 % y el 49 % durante los últimos seis años, según el informe.Uno de los datos más relevantes es la participación de las motocicletas en esta problemática. Aunque representan el 64 % del parque automotor colombiano, concentran el 78 % de los vehículos sin SOAT vigente, equivalentes a 8,3 millones de unidades. Intempo también señala que una motocicleta tiene el doble de probabilidad de estar en mora con este seguro que un automóvil particular.Millones de vehículos no tienen SOAT ni técnico-mecánicaLa falta del seguro obligatorio coincide, en numerosos casos, con el incumplimiento de otro requisito: la revisión técnico-mecánica (RTM). De los 18,8 millones de vehículos que, según el estudio, ya están obligados a contar con ambos documentos, 9,8 millones, equivalentes al 52,4 %, no tienen ninguno de los dos al día.En el otro extremo, 8 millones de vehículos, el 42,6 %, mantienen vigentes tanto el SOAT como la revisión técnico-mecánica. Otros 936.000, cerca del 5 %, cuentan solamente con uno de los dos requisitos.El análisis también identificó 1,4 millones de vehículos registrados que nunca han tenido SOAT ni han realizado la revisión técnico-mecánica. Esta cifra corresponde a unidades que figuran en los registros, pero que no han acreditado el cumplimiento de ninguna de las dos obligaciones.Para Santiago Caballero, gerente general de Intempo, estos datos muestran que la pérdida de continuidad en el seguro puede estar relacionada con el abandono de otros trámites obligatorios.“Los datos demuestran que cuando un propietario deja vencer el seguro, al poco tiempo abandona también la revisión”, explicó Caballero. El directivo agregó que las campañas centradas en recordar un trámite a la vez no alcanzan a responder a la dimensión del problema.La primera revisión técnico-mecánica, un momento claveEl estudio identifica la llegada de la primera revisión técnico-mecánica como un punto crítico para la continuidad del SOAT. Durante los primeros años de vida de un vehículo, el 89 % de los propietarios renueva el seguro de manera consistente. Sin embargo, cuando llega la edad legal para realizar la primera RTM, la cobertura cae al 46 %.De los 4,3 millones de vehículos que nunca han acudido a un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), 2,7 millones, equivalentes al 63 %, sí tuvieron SOAT alguna vez mientras eran nuevos.La tendencia también plantea un desafío para los próximos años. Según Intempo, hay 3,9 millones de vehículos jóvenes próximos a cumplir la edad para su primera revisión técnico-mecánica. Este grupo supera en un millón de unidades al registrado en 2024 y representa un segmento que el sector deberá observar para evitar un mayor incumplimiento.Conductores tardan 52 días en renovar el SOATEl informe encontró otro comportamiento entre quienes sí vuelven a comprar el seguro obligatorio: en promedio, pasan 52 días entre el vencimiento de la póliza y su renovación.Este dato refleja que tener SOAT en distintos momentos del año no significa necesariamente mantener una cobertura continua. El periodo señalado corresponde al promedio calculado por el estudio y no constituye un plazo de gracia para circular sin seguro vigente.La diferencia entre tipos de servicio también resulta significativa. En el transporte público, la evasión del SOAT se ubica en el 23,6 %, frente al 47,8 % del servicio particular. Intempo relaciona esta brecha con la existencia de controles empresariales, tarjetas de operación y mecanismos de supervisión de las flotas.
