Santander y Norte de Santander viven horas de preocupación tras dos emergencias registradas durante el fin de semana en escenarios naturales frecuentados por familias y grupos de amigos. Un joven falleció en Piedecuesta y una menor de 14 años permanece desaparecido en Gramalote, en hechos relacionados con actividades recreativas en quebradas y cascadas de la región.El primer caso se presentó en el sector de la Cascada El Caney, en Piedecuesta, donde organismos de socorro recibieron el reporte de una persona que presuntamente se encontraba sin signos vitales. De inmediato se activó un operativo conjunto entre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta y la Defensa Civil Colombiana.Tras llegar al lugar, los rescatistas confirmaron el fallecimiento de un joven que se encontraba compartiendo con familiares y amigos en el reconocido atractivo natural. Posteriormente, las unidades de emergencia apoyaron las labores de recuperación y extracción del cuerpo para su entrega a las autoridades competentes, encargadas de adelantar las investigaciones correspondientes.Mientras tanto, en el municipio de Gramalote, Norte de Santander, continúa la intensa búsqueda de una adolescente de 14 años que desapareció en un pozo de la quebrada La Caldera, en el sector conocido como El Peñón.De acuerdo con la información preliminar, la menor se encontraba disfrutando de un paseo junto a familiares cuando fue arrastrada por la profundidad y la fuerza del agua. Desde entonces, organismos de socorro, familiares y miembros de la comunidad mantienen un amplio operativo para tratar de ubicarlo.Las labores de búsqueda cuentan con el apoyo de Bomberos, Defensa Civil, maquinaria amarilla y decenas de voluntarios que recorren la zona con la esperanza de encontrar al menor.Las dos emergencias han generado preocupación entre las autoridades, que reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de precaución al visitar ríos, quebradas, cascadas y otros espacios naturales, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando aumentan los riesgos por crecientes súbitas, corrientes fuertes y cambios inesperados en las condiciones del terreno.Los organismos de gestión del riesgo insistieron en la importancia de respetar las zonas restringidas, evitar ingresar a pozos profundos y mantenerse atentos a las recomendaciones de seguridad para prevenir nuevas tragedias por la intensidad de las lluvias.
La comunidad de Gramalote, en Norte de Santander, expresó su rechazo e indignación luego de que una pareja fuera captada realizando actos obscenos en las ruinas de la emblemática iglesia del antiguo municipio. Este lugar, devastado por un deslizamiento de tierra durante la tragedia invernal de 2010, es considerado un sitio de memoria y respeto por los habitantes.En un video que se hizo viral, se observa a la pareja en la cima de las ruinas del templo, aparentemente manteniendo relaciones íntimas. Mientras tanto, varios miembros de la comunidad graban la escena desde el suelo y les piden repetidamente que desciendan del lugar.Aquí el video: La iglesia del viejo Gramalote quedó en ruinas tras el deslizamiento de tierra que destruyó el municipio hace más de una década. Para la comunidad, este espacio no solo es un recuerdo de la tragedia que los obligó a abandonar sus hogares, sino también un símbolo de resiliencia y unión comunitaria.Multas por tener relaciones en lugares públicosEn Colombia, aunque no existe una ley específica que prohíba tener relaciones en lugares públicos, sí existen normas que sancionan comportamientos que atenten contra la tranquilidad y el orden público.Multa Tipo 3: Según el Código Nacional de Policía y Convivencia, realizar actos sexuales o de exhibicionismo en lugares públicos que generen molestia a la comunidad está tipificado como una contravención y se castiga con una multa tipo 3.Valor de la multa: El valor de esta multa equivale a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. La razón principal para imponer esta multa es proteger el derecho de las demás personas a disfrutar de espacios públicos sin ser molestadas. Además, se busca garantizar el orden público y la convivencia ciudadana.
La Contraloría cuestionó la falta de avance de la reconstrucción de Gramalote y dijo que a las obras inconclusas se debe prestar mayor atención. Además, señaló que no quiere tomar decisiones jurídicas.El contralor general, Felipe Córdoba, dijo que han estado “esperando pacientemente” a que lleguen a un acuerdo sobre la construcción del hospital y las 128 casas que necesita el municipio de Gramalote en Norte de Santander.“Hemos estado esperando pacientemente mes y medio a que lleguen a un acuerdo y no lo han logrado y ¿quién pierde mientras tanto? Ustedes, la comunidad”, puntualizó.Añadió que ha reiterado y alertado sobre la situación en múltiples ocasiones y que no quiere “acudir a acciones jurídicas”.El Fondo de Adaptación se comprometió a culminar las obras el próximo año.
La Contraloría General de la República halló deficiencias en los diseños y en la construcción de la vía de acceso, Tramo II, al nuevo municipio de Gramalote (Norte de Santander) y en la calidad constructiva de las viviendas, determinando 5 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor total de $6.371 millones, ejecutado por el Fondo Adaptación.Lo anterior producto de la revisión de los Contratos de Obra 140 de 2015, cuyo objeto fue realizar la construcción de la vía de acceso al municipio de Gramalote, tramo vía Miraflores - Vía Lourdes, por un valor total de $25.966 millones, y el 165 de 2015 para la construcción de 1.007 soluciones de vivienda, en la modalidad de reubicación en el nuevo casco urbano, por $64.643 millones.Vea también Santos entregó las primeras 100 escrituras de GramaloteLos hechos presuntamente generadores del daño fiscal, corresponden a aspectos relacionados con deficiencias en los diseños y en la ejecución del contrato de obra Vía Lourdes – Miraflores, por mayores valores pagados por ítems de obra, lo cual generó además una nueva contratación para la terminación de las obras inconclusas (Contrato 264 del 25 de octubre de 2017), situación que repercute directamente en el costo final del proyecto.Respecto a las soluciones de viviendas, se evidenciaron deficiencias en la calidad constructiva (hitos de estructura, mampostería, cubiertas, obras de mitigación y de urbanismo) y atrasos en la entrega de las mismas a la comunidad beneficiaria, lo cual afectó el cumplimiento oportuno de la finalidad del proyecto Nuevo Gramalote.Como resultado de las evaluaciones adelantadas por la Contraloría, se establecieron 10 hallazgos administrativos de los cuales 9 tienen presunta incidencia disciplinaria y 5 presunta incidencia fiscal por un valor total de $6.371,10 millones.
Más de 50 familias retornarán a sus nuevos hogares en el municipio de Gramalote, destruido hace siete años por una falla geológica y las lluvias de 2010. "Este 11 de marzo acompañaremos a las familias de Gramalote a escribir una nueva historia. Las condiciones para su retorno están garantizadas", indicó el gerente del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá, citado en un comunicado de la Presidencia. Asimismo, el funcionario indicó que "están dadas las condiciones para que las familias que ya recibieron las llaves de su casa puedan hacer el trasteo al nuevo casco urbano de Gramalote". En este sentido, comentó que en paralelo al avance de las obras, se ha prestado todo el apoyo requerido a la Alcaldía para que inicie la operación de los servicios públicos.
"Seis años más tarde estamos acá de nuevo, porque lo quisimos hacer bien. Nos demoramos, pero ha valido la pena, pues hoy tenemos un municipio bien diseñado, bien construido", señaló el presidente Santos. Para los pobladores ese es un nuevo comienzo para sus vidas, que a pesar de la destrucción completa del municipio, no hubo muertos por fortuna. "Feliz de tener de nuevo a mi gente, a mis viejitos y a mis niños. Yo pertenezco a cultura. Soy coordinadora del adulto mayor, además profesora de danzas esperando a que nos reunamos todos con los niños y los adultos de Gramalote", Irene Merchán, habitante de la zona. Las autoridades oficiales coinciden en afirmar que no fue fácil iniciar y que en muchos momentos la reconstrucción se vio afectada por intereses políticos. Así lo señaló Sonia Rodríguez, exalcaldesa de Gramalote: "Yo llego en el 2012 y por supuesto fue muy difícil porque estábamos en la selección del lote, todo el malestar de la ciudadanía por la selección del lote y el proceso de reconstrucción". En total serán 1007 casas de las cuales ya han construido 350 viviendas. En minutos está por comenzar una reunión, en Cúcuta, entre el presidente Santos y sectores económicos de la región para estudiar los efectos de la crisis en la frontera.
El Fondo de Adaptación resaltó que reconstruir un municipio de cero no es tarea fácil y fue necesario esperar casi 3 años para escoger un lote adecuado para la reconstrucción y las obras tuvieron una duración de 15 meses. “Si lleva más de 2 años reconstruir un edificio que ha sido demolido pues reconstruir un municipio es dispendioso. Nos hemos demorado ya casi 2 años con Gramalote y llevamos un 61% de ejecución”, dijo Iván Mustafá, Gerente del Fondo de Adaptación. El Gobierno Nacional anunció que en diciembre esperan celebrar las primeras novenas de navidad en el nuevo Gramalote y entregar las primeras 400 casas listas para habitar en zonas seguras y libres de maquinaria. “Vamos a inaugurar la plaza principal, la plaza de mercado, la Alcaldía, el acueducto, la Ptar, las dos vías de acceso y que empiece a funcionar como municipio”, aseguró Mustafá. En esta inauguración, estarán presentes autoridades del Gobierno Nacional. BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM
El Presidente Juan Manuel Santos lideró este viernes una reunión en la cual se analizaron los avances del proyecto de reconstrucción de Gramalote, Norte de Santander. Luego de cinco años, el mandatario señaló que hay compromisos establecidos con los constructores para avanzar en la reconstrucción de este municipio y agregó que para el próximo año ya estarán listas algunas de las obras. “Hay varios compromisos, les dije que julio del año entrante debes estar listo lo que llamamos el corazón institucional del pueblo, es decir la plaza principal, el centro administrativo, la plaza de mercado (…) Las primeras 140 casas deben estar terminadas en mayo del próximo año según se comprometió el constructor”, dijo Santos. El mandatario también dijo que el próximo 29 de diciembre será adjudicada la licitación para la construcción del hospital San Vicente de Paul el cual contará con una inversión de 5.700 millones de pesos. Según indicó Santos, “la meta es que el retorno de los habitantes a la población comience en el segundo semestre del año entrante”. Las obras contemplaran mil viviendas para cubrir el cien por ciento de las familias damnificadas, así mismo, el director de la Policía, general Rodolfo Palomino indicó que el nuevo Gramalote contará con un distrito de Policía con 100 hombres. Escuche en este audio más información sobre: -Delegado de la Cancillería en Cúcuta dijo que en dos semanas probablemente el gobierno venezolano permitiría el paso de vehículos de transporte y carga que aún están al otro lado de la frontera. -España confirmó la muerte de un policía español en el ataque perpetrado en inmediaciones de la embajada de España en Afganistán. -El Comité Ejecutivo de la Conmebol se reunió por primera vez en Paraguay después del arresto del ex residente Juan Ángel Napout. -Frente al informe de la Superintendencia de Servicio, el alcalde Gustavo Petro aseguró que el programa Mínimo Vital de Agua es una política pública de Bogotá, una normatividad que efectivamente ayudan a financiar ciudadanos de estratos altos de la ciudad. -Devinorte propuso ampliar la Carrera Séptima y construir una conectante con la zona de Hatogrande para mejorar acceso a Bogotá.
La revista británica The Economist publicó este 9 de noviembre un análisis crítico sobre los primeros cerca de 100 días del presidente Abelardo de la Espriella, a quien describe como un populista de derecha de estilo “trumpista” que no está dispuesto a tomar prisioneros, ni frente a los narcotraficantes ni frente a sus críticos.Según el medio, el mandatario que se hace llamar ‘El Tigre’ prometió mano dura y un crecimiento económico acelerado, y ya comenzó a avanzar en ambos frentes. Sin embargo, advierte que sus instintos “iliberales” lo han puesto en ruta de colisión con el Congreso y las cortes.Seguridad: más espectáculo que cambio de estrategiaThe Economist señala que la seguridad se ha convertido en la principal prioridad del Gobierno. De la Espriella puso fin a los diálogos de paz iniciados durante el mandato de Gustavo Petro, intensificó los bombardeos contra grupos armados, abatió a varios objetivos de alto valor y aprobó extradiciones a Estados Unidos.La publicación describe cómo el presidente acompaña operativos nocturnos con pistola al cinto y difunde en redes sociales videos de capturas con su frase “Bienvenido a la Patria Milagro”. Parte de ese contenido, según el semanario, resulta autocomplaciente e incluso grotesco.Aun así, el medio cita a Javier Flórez, de la Fundación Ideas para la Paz, quien calificó de “modesto” el aumento de operaciones y aseguró que en esencia se mantiene la misma fórmula de capturas, muertes e incautaciones. Como ejemplo de los límites de esta estrategia, The Economist recuerda el paro armado que una banda impuso en Santa Marta en septiembre tras la muerte de su cabecilla: pese al sobrevuelo de aviones de combate ordenado por el presidente, los habitantes permanecieron encerrados.El Gobierno también impulsa una “ley de sometimiento”, que ofrece rebajas de penas a criminales que confiesen y colaboren, y un estatuto antiterrorista que permitiría congelar bienes de presuntos colaboradores. Organizaciones de derechos humanos temen que esta herramienta se use para intimidar a la sociedad civil.Crisis fiscal y una reforma tributaria que sorprendióEl semanario subraya que el margen de maniobra es estrecho: la deuda pública ronda el 60 % del PIB, el déficit fiscal proyectado para 2027 es de 9,4 % y el servicio de la deuda consumiría casi una cuarta parte del presupuesto. Por eso, el Gobierno negocia con el FMI un posible préstamo de hasta 20.000 millones de dólares.La reforma tributaria y de gasto presentada a finales de octubre reduce los bienes con IVA preferencial, amplía la base del impuesto de renta, recorta en una quinta parte la nómina estatal y baja la tarifa corporativa del 35 % al 31 %. Según The Economist, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas la consideró inesperada viniendo de un populista.Choque con el CongresoEl medio advierte que aprobarla no será fácil: el partido del presidente tiene pocas curules y él asegura no querer negociar cargos a cambio de apoyos. El senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, sostuvo que el Gobierno busca imponer proyectos sin debatirlos. El vicepresidente José Manuel Restrepo llegó a advertir sobre un posible impago de la deuda si la reforma no prospera.La designación de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior, según la revista, encaja con la “contrarrevolución cultural” que promueve el mandatario, que incluyó el retiro de decenas de obras del Museo Nacional sobre feminismo, diversidad sexual y procesos de paz.Alineación con Trump y críticas por autoritarismoThe Economist destaca que Colombia se sumó al Escudo de las Américas, la coalición militar antidrogas liderada por Washington, y retiró a su candidato a la Corte Penal Internacional. Además, señala que el presidente comparte con Trump una “piel delgada”: habría despedido al director del DANE, mientras que el presidente de la ANDI renunció tras un supuesto veto a reuniones con ministros, y varios periodistas críticos han perdido sus empleos.Paro nacional del 19 de noviembreFinalmente, el semanario anticipa que la tensión crecerá en las calles: el Pacto Histórico, sindicatos y estudiantes convocaron un paro nacional para el 19 de noviembre. Las protestas de octubre reunieron unas 60.000 personas, que el mandatario calificó como una pequeña minoría.
La Fiscalía General de la Nación informó que 33 presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Puentes II’ fueron judicializados, luego de ser presentados ante jueces de control de garantías por hechos relacionados con el tráfico local de estupefacientes, homicidios y desaparición forzada en el sur de Bogotá.De acuerdo con la investigación, ‘Puentes II’ habría surgido en 2018 a partir de la unión de dos estructuras delincuenciales que anteriormente se disputaban las rentas derivadas del tráfico de estupefacientes: ‘El Mesa o Paisas’, originaria del Valle de Aburrá, en Antioquia, y ‘Los del Compa o El Viejo’. La Fiscalía sostiene que, después de esa unión, la organización habría establecido dos componentes para desarrollar sus actividades. Uno estaría dedicado al almacenamiento y distribución de bazuco, marihuana y cocaína, mientras que el otro tendría como función la ejecución de homicidios para controlar los puntos de expendio de estupefacientes.La investigación señala que las actividades del grupo se habrían concentrado en los barrios Puentes, La Torre, La Finca, El Portal y El Valle, en el sur de Bogotá. En esos sectores, algunos de sus integrantes estarían encargados de la venta de estupefacientes al menudeo en entornos académicos, parques y otros lugares de alta concurrencia, mientras que otros cumplirían labores de vigilancia, coordinación logística y participación en ataques con armas de fuego.La Fiscalía también atribuye a esta estructura al menos ocho homicidios y una desaparición forzada. Entre los hechos investigados está la desaparición de un hombre ocurrida en octubre de 2024. La víctima habría sido citada porque supuestamente conocía la ubicación de varias dosis de sustancias ilícitas que se encontraban perdidas y, desde ese momento, se desconoce su paradero.Dentro de los casos relacionados con los homicidios está el asesinato de una mujer ocurrido el pasado primero de febrero en el barrio Diana Turbay. A este hecho se suman la muerte de un joven cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa del sector conocido como San Martín, en abril; un doble homicidio registrado en Molinos durante ese mismo mes, y el asesinato de un taxista ocurrido en agosto.En diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, fueron capturadas o notificadas en centros carcelarios 33 personas que serían integrantes de ‘Puentes II’. Entre ellas se encuentra José Orlando Lancheros Ramírez, alias El Compa o El Viejo, quien ya fue condenado y es señalado como uno de los cabecillas y determinadores de varios homicidios.Los fiscales les imputaron, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Durante las audiencias, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
La Corte Constitucional le exigió al Gobierno nacional cumplir nuevas órdenes para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en materia de seguridad para los excombatientes de las Farc que dejaron las armas. El alto tribunal estableció plazos de 20 y 30 días hábiles para que distintas entidades demuestren qué están haciendo y cómo garantizarán el cumplimiento de los compromisos."Para la Corte, la exigencia de la implementación normativa del Acuerdo no es una simple formalidad, sino que “(…) representa la sujeción (i) al principio democrático y de legalidad, conforme al cual las autoridades públicas solo están sometidas al ordenamiento jurídico", se lee en la decisión. Entre las principales exigencias está incluir un componente específico de paz en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, con recursos, proyectos y acciones concretas para cumplir lo pactado."En primer lugar, la Sala reitera que el Acuerdo Final de Paz constituye una política pública de Estado y que su implementación, desarrollo y seguimiento vinculan de buena fe a todas las autoridades. También explica que el Gobierno nacional cuenta con un amplio margen de apreciación para adoptar las acciones necesarias y para definir los medios de cumplimiento", señala la alta Corte.Además, pidió incorporar medidas para superar las fallas en las garantías de seguridad de los firmantes, situación que fue declarada como un estado de cosas inconstitucional en 2022. Para este punto, el Gobierno tendrá 30 días hábiles para entregar un informe detallado. Asimismo, la Corte requirió garantizar el funcionamiento efectivo de una entidad encargada de coordinar y hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz dentro del Gobierno. Esta instancia deberá contar con presupuesto, personal, capacidad institucional y suficiente autoridad para coordinar a las diferentes entidades.En cuanto al seguimiento de los compromisos, el alto tribunal exigió a los representantes del Gobierno en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) garantizar la continuidad de esta instancia y su trabajo conjunto con los representantes de los firmantes. Para demostrar cómo se hará ese seguimiento, deberán presentar un informe en un plazo de 20 días hábiles. De igual forma, les pidió a los ministros del Interior, Defensa y Justicia, junto con los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía, la Unidad Nacional de Protección y otros funcionarios, poner en funcionamiento el sistema encargado de planear, recopilar información y medir los avances en materia de seguridad. También deberán definir y entregar indicadores que permitan establecer si las medidas de protección están dando resultados. El plazo es de 20 días hábiles.Por otra parte, la Corte requirió a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección garantizar el seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que contempla medidas para proteger la vida y la integridad de los firmantes de paz. Esta instancia deberá demostrar en 20 días cómo está verificando que las medidas se cumplan efectivamente. A estas exigencias se suma la orden al Ministerio del Interior de presentar un balance sobre la Política Pública Nacional de Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización. El Gobierno deberá explicar en 20 días qué acciones adelanta para evitar la discriminación y los señalamientos contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz y cómo está haciendo seguimiento a su implementación.La Corte también pidió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad asegurar la implementación y el seguimiento de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra la construcción de paz. Esto implica demostrar qué acciones se están ejecutando para combatir las estructuras ilegales que amenazan a los firmantes y otros sectores protegidos por el Acuerdo. Finalmente, el alto tribunal requirió a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que encabeza el Sistema Nacional de Reincorporación, garantizar el funcionamiento efectivo del subcomité encargado de coordinar, planificar y hacer seguimiento al Programa de Reincorporación Integral. La entidad deberá explicar cómo está articulando las acciones para que los excombatientes avancen en su reincorporación económica y social.La decisión de la Corte Constitucional se conoce en medio de las dificultades presupuestales que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que se aprobara un recorte de $170.000 millones para su funcionamiento en 2027. La reducción obligó a la entidad a anunciar medidas de austeridad que incluyen entregar, en marzo del próximo año, su actual sede en Bogotá, trasladarse a un edificio más pequeño y convertir la virtualidad en la principal modalidad de trabajo.Además, el nuevo presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas, anunció una reducción del 85 % de los contratos de prestación de servicios y ajustes en los esquemas de seguridad de magistrados, víctimas, testigos y comparecientes.
Las fiestas de fin de año podrían verse afectadas en las tradiciones de millones de hogares colombianos. En muchas familias, el consumo de cerveza hace parte de la temporada decembrina y, ante esto, el precio de esta bebida alcohólica podría aumentar si el Congreso aprueba el esquema tributario propuesto en la Ley de Rescate Económico.La propuesta ha generado preocupación entre los tenderos, que temen una reducción de las ventas durante diciembre, una temporada en la que estos establecimientos registran un mayor movimiento comercial por la venta de bebidas.De acuerdo con las estimaciones de Fenaltiendas, en el país hay cerca de 450.000 tiendas de barrio, que registran ventas anuales por alrededor de $48 billones. De ese total, $25,8 billones corresponden a cerveza y $22 billones a otras bebidas alcohólicas.Sin embargo, si la iniciativa se aprueba en los términos presentados, los ingresos por la comercialización de cerveza podrían bajar a $13 billones y los de bebidas no alcohólicas, a $11 billones. El gremio señala que esta caída podría deberse al aumento de los precios y a una eventual disminución del consumo.La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, presentó una estimación sobre el impacto que tendría el cambio en el precio al consumidor. Según sus cálculos, una cerveza que actualmente cuesta en promedio $2.400 podría pasar a valer entre $3.571 y $3.841, lo que representaría un incremento de entre el 49 % y el 60 %.La congresista también advirtió que las tiendas de barrio comercializan cerca del 92 % de la cerveza que se vende en Colombia, por lo que un aumento de precios podría afectar los ingresos de estos negocios.¿Por qué podría subir el precio de la cerveza?El proyecto de Ley 477 de 2026 de la Cámara, radicado el 29 de octubre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, propone reemplazar el actual impuesto al consumo de cerveza, que corresponde al 48 % del precio de venta del productor al detallista.En su lugar, los artículos 33 a 36 plantean un impuesto a la producción con dos componentes: uno del 10 % sobre el precio de venta al público sin impuestos y otro de $330 por cada grado de alcohol en una presentación de 330 centímetros cúbicos. Las cervezas sin alcohol quedarían excluidas del cobro fijo por grado de alcohol.El valor final dependería de la graduación de la bebida, la marca y la proporción del impuesto que los productores y comercializadores trasladen al consumidor.¿Qué impacto tendría el nuevo impuesto para los tenderos?Según la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno espera recaudar $7,1 billones adicionales con el impuesto a la producción de cerveza para financiar el aseguramiento en salud. A esa cifra se sumarían $2,1 billones provenientes del impuesto al consumo de licores.No obstante, el propio Gobierno estima que los cambios tributarios sobre alcohol y tabaco podrían elevar la inflación hasta 0,6 puntos porcentuales en 2027, si el aumento de los impuestos se traslada completamente a los consumidores.Por ahora, el incremento no es un hecho. La propuesta debe ser discutida en el Congreso, donde también están en debate sus posibles efectos sobre el consumo, los pequeños comerciantes y las rentas de los departamentos.
En medio de una riña por presuntamente haber orinado en su vehículo, un hombre disparó contra otros dos en el occidente de Medellín. Todos los involucrados fueron capturados por las autoridades.Un nuevo hecho de intolerancia en la capital antioqueña terminó con tres heridos que fueron capturados por las autoridades, tras protagonizar una riña en plena vía pública en el occidente de la ciudad.Fueron disparos de arma de fuego los que alertaron a los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades para que atendieran la situación en la que inicialmente un hombre de 41 años de edad relató a las autoridades que había accionado su arma en defensa propia tras ser víctima de un intento de hurto.Sin embargo, tras la revisión de cámaras de seguridad de la zona, la Policía pudo determinar que la situación respondió a un altercado entre esta persona y otros dos sujetos, de 27 y 30 años de edad, aparentemente porque el primero les reclamó por orinar sobre su carro.En medio de la discusión estos sacaron armas cortopunzantes que llevaron al propietario del vehículo a desenfundar una pistola de su propiedad que los dejó heridos a la altura de la cadera y las piernas por lo que fueron trasladados a la Unidad Intermedia de Belén para recibir atención.Por su parte, el responsable de accionar el arma de fuego se presentó ante las autoridades para poner a disposición de las investigaciones una pistola calibre nueve milímetros que contaba con el permiso de porte vigente.Las autoridades confirmaron que los tres implicados en el caso están fuera de peligro. Sin embargo, fueron capturados para esclarecer lo ocurrido y responder ante las respectivas autoridades judiciales.
