Luego de la expedición de la resolución 2475 de 2016 donde el Ministerio de Salud declaró de interés público el medicamento Glivec, patentado por el laboratorio Novartis, el gremio farmacéutico Afidro manifestó su preocupación por el antecedente que se está dando con la expedición de la resolución. El presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollos (Afidro), Gustavo Morales, dijo que “no solo los agremiados, sino todas las industrias que basan su desarrollo en investigación e innovación están muy nerviosas con este antecedente porque quiere decir que el solo hecho de que un producto sea único en el mercado, porque tiene una patente, le genere al gobierno afectación al interés público”. “Creemos que por el contrario si esa exclusividad deriva una patente legitima no hay ninguna afectación al interés público”, agregó el directivo. Afidro también considera que la resolución insiste en considerar que la existencia de una patente legítima, y la exclusividad que de ella se deriva, es en sí misma un atentado contra el interés público. Esta posición pone en duda la totalidad de las patentes, pues ellas, por definición, generan una exclusividad transitoria. La resolución, en consecuencia, resquebrajaría los cimientos del régimen de propiedad intelectual en Colombia.
Mientras el Ministerio de salud señala que con la medida se busca que el medicamento utilizado para tratar el cáncer disminuya su precio entre 40 % y 50 %, la presidenta de Novartis, María Cristina Álvarez, calificó la medida como “injustificada”. “Novartis está fuertemente preocupada con la decisión del Ministerio de Salud de declarar de interés público la molécula Glivec en el mercado colombiano. Novartis ha negociado de buena fe, ha entregado multiplicidad de alternativas. Desafortunadamente todas las alternativas han sido rechazadas”, indicó. Álvarez resaltó que “no hay monopolio”, pues hay “en este momento cuatro Imatinib genéricos en el mercado colombiano”. La ejecutiva señala que evalúan todas las alternativas para definir los siguientes pasos ante la resolución expedida por el Gobierno. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Preocupación en gremio farmacéutico colombiano tras resolución emitida por MinSalud para reducir precio del medicamento Glivec #VocesySonidos -Buen comportamiento de los hinchas del poderoso de la montaña es lo que desea el alcalde de Medellín hoy en la celebración de la final del fútbol colombiano. -Los médicos que atienden al expresidente peruano Alberto Fujimori descartaron que padezca una lesión tumoral en la lengua y aseguraron que el paciente ha presentado mejoría en las últimas horas.
La declaratoria fue firmada el 14 de junio de 2016 por el jefe de esa cartera Alejandro Gaviria. El Ministerio de Salud ha declarado la existencia de razones de interés público frente al medicamento imatinib. El acto administrativo busca preservar ahorros en el sistema de salud, y solicita a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos fijar un nuevo precio para Glivec, nombre comercial del imatinib producido por Novartis, laboratorio titular de la patente. En 2015, el precio del tratamiento con Glivec por paciente al año era de $47.540.160, cifra que contrasta con el precio del tratamiento por paciente al año con el producto competidor de menor costo, que en 2015 era de $9.234.720; es decir, la diferencia es de $38.305.440 por paciente al año. Los afectados e interesados tendrán diez días para interponer los recursos jurídicos necesarios y que crean convenientes ante la expedición de esta resolución.
El Ministerio de Comercio Exterior aseguró que la resolución de interés público emitida por el Gobierno con respecto al Imatinib respeta la propiedad y no afecta la disponibilidad del medicamento. La jefe de la cartera de Comercio Exterior, María Claudia Lacouture, señaló que la resolución de interés público hecha por el Ministerio de Salud sobre la molécula Imatinib, que ofrece el productor Novartis, no está violando ninguna propiedad intelectual de la patente. Además, arguyó que la resolución de interés público no afecta la disponibilidad del medicamento en el mercado y que el Ministerio se está basando tanto en la protección de los derechos de la salud de los colombianos, como del pleno respeto a la patente legitima que ostenta la multinacional Novartis. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -La cancillería confirmó que la cuarta colombiana herida durante la masacre de Orlando se encuentra fuera de peligro. - La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará la próxima semana las audiencias públicas por el caso de la desaparición forzada de 14 personas en Colombia y otra por la detención ilegal y arbitraria de una exalcaldesa de la Paz, Bolivia. -La Eurocopa de Francia vivió hoy uno de sus duelos más emocionantes: Inglaterra derrotó, sobre la hora, 2-1 a Gales en el clásico británico. Por su parte, Irlanda del Norte ganó, por primera vez en la historia del torneo, su partido frente a Ucrania 2-0. A esta hora, cierran la jornada Alemania y Polonia, en un choque con mucha historia.
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo que las diferentes simulaciones, realizadas hasta ahora por el Ministerio, permiten deducir que la reducción del precio del Imatinib estará entre el 40 y 50 por ciento. “Hemos hecho simulaciones diferentes y la reducción del precio puede estar entre el 40 y el 50 por ciento”, dijo. De otro lado, el ministro explicó que la declaración de interés público no se hace con fines de licencia, sino con fijación de precio como si existiera competencia. “Si no se declara de interés público no se hubiera podido hacer que lo que estamos haciendo”, puntualizó. De acuerdo con el ministro, Novartis mantendrá la exclusividad para comercializar el fármaco, pero deberá hacerlo a un precio que será fijado por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, conformada por un delegado de la Presidencia de la República y los ministros de Salud y Comercio.
La idea del Ministerio de Salud es que Novartis baje el precio del medicamento, que hoy cuesta 700 pesos el miligramo, a un valor de 140 pesos por miligramo. Novartis dice que mantendrá el precio, pues es el dueño de la patente. Entre tanto, el Ministerio advierte que podría declarar de interés público el medicamento para que podrían producirlo los laboratorios genéricos. El director de Ipharma, Francisco Rossi, integrante de un comité que pide al Ministerio de Salud que declare este medicamento de interés público para reducir sus precios, dijo que una licencia obligatoria no corresponde a un irrespeto a la propiedad intelectual, como algunos lo están argumentando. “Las patentes de medicamentos han sido objeto de una discusión muy completa y pretender que las patentes son el único mecanismo de promover la innovación es un asunto que ha llevado a decisiones trascendentales”, manifestó. Por su parte, el presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (Afidro), Gustavo Morales, dijo que la recomendación del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, la reciben “muy negativamente”. “La industria farmacéutica de investigación y desarrollo ve con preocupación esta recomendación. Una licencia obligatoria rompe una patente y está contemplado en las normas internacionales pero lo ideal es que no se use o se use con total justificación y en este caso creemos que no hay justificación”, enfatizó. Incluso, advirtió que el medicamento ya está sometido al control de precios que puso en marcha el Gobierno, pese a su costo. “Este producto en particular está desde hace varios años sometido al control de precios del Gobierno”, dijo Morales.
La violencia en el Atlántico está en su nivel más crítico y prueba de ello es que en lo que va del 2026 se han registrado 753 asesinatos en todo el departamento. Las cifras, reportadas por Medicina Legal, son más preocupantes si se tiene en cuenta que estos son 235 crímenes más, que los ocurridos en 2025 para esta misma época, lo que significa un aumento del 45%.Barranquilla lidera la lista de homicidios aquí con 375 asesinatos a la fecha, un incremento del 68% en los casos, derivado del enfrentamiento entre bandas criminales y la aparición de un tercer actor armado, la banda de La Nueva Generación que se desprendió de la estructura criminal Los Costeños, cuando esta decidió participar del fallido proceso de paz con el Gobierno Petro.El panorama de inseguridad es igual de angustiante para el resto del Atlántico, en especial municipios como Puerto Colombia, Santo Tomás, Palmar de Varela y Polonuevo, donde la Policía ha desplegado comandos de Fuerzas Especiales Urbanas, una capacidad élite para fortalecer la ofensiva contra las estructuras multicrimen.De hecho, en Polonuevo, tras el asesinato de la niña Celeste, de 3 años, a la que le dispararon en la cabeza en un aparente ataque extorsivo contra su familia; la Alcaldía ordenó toque de queda nocturno, medida que rigió para toda la poblacion hasta la madrugada de este miércoles, pero que seguirá vigente para los menores de edad durante los próximos dos meses, en horario de 10 de la noche a 4:00 de la mañana.También se prohibió la circulación del parrillero hombre en ese mismo horario de 10 de la noche a 4 de la madrugada, y los negocios solo podrán estar abiertos hasta las 12:00 de la medianoche, exceptuando los sábados, cuando tendrán permiso hasta las 2:00 de la madrugada.
Luz Elena Flórez, de 60 años, padece varios quebrantos de salud, entre ellos diabetes y un fuerte dolor que, según sus familiares, estaría relacionado con una posible obstrucción vascular. Al acudir al servicio de urgencias del Hospital Santa Sofía, su familia denunció que les solicitaron llevar una silla para poder asignarle un espacio, debido a que el área se encontraba completamente colapsada.Una hermana de Luz Elena relató que la familia es de escasos recursos y que, ante la situación, tuvieron que salir a comprar un butaco de plástico para llevarlo al hospital y así lograr que recibiera atención médica.“No había dinero para comprar una silla con apoyabrazos y espaldar. Nos tocó conseguirle un butaco, que no es muy cómodo, y llevárselo”, afirmó la familiar.Según el relato, una vez ingresaron la silla, a Luz Elena le asignaron un espacio en urgencias, donde fue canalizada para la administración de líquidos intravenosos y permaneció durante varias horas a la espera de exámenes diagnosticos.De acuerdo con la denuncia de sus familiares, la paciente ingresó al hospital hacia las 9:00 de la mañana y permaneció sentada en el butaco hasta las 6:00 de la tarde, cuando finalmente le asignaron una camilla.“Urgencias estaba completamente lleno. Me comuniqué con el gerente del hospital y me respondió que no había espacio para nadie porque todo estaba colapsado. Nos explicó que el Santa Sofía es el único hospital en Manizales que está atendiendo pacientes de Nueva EPS. Mi hermana tuvo que permanecer nueve horas sentada en una silla esperando que le asignaran una camilla”, relató la familiar.Este medio se comunicó con la oficina de prensa del Hospital Santa Sofía. Desde allí informaron que el centro asistencial registra una alta ocupación de pacientes y señalaron que verificarán de manera puntual el caso de Luz Elena para entregar una versión oficial este miércoles.El Hospital Santa Sofía, ubicado en Manizales, es actualmente el único centro hospitalario de la ciudad que presta servicios de urgencias a los afiliados de Nueva EPS. Además, por su condición de hospital departamental, recibe pacientes remitidos desde los diferentes municipios de Caldas.La situación se presenta en medio de la crisis que enfrenta la red hospitalaria del departamento por las deudas de Nueva EPS.En Caldas, esta entidad cuenta con cerca de 380.000 afiliados, convirtiéndose en la EPS con mayor presencia en el territorio.Actualmente, varias clínicas y hospitales de Manizales mantienen suspendida la atención programada a los usuarios de Nueva EPS debido a la cartera pendiente. Solo en Caldas, la deuda de esta EPS con hospitales y clínicas supera los 320.000 millones de pesos, situación que ha generado una fuerte presión sobre el Hospital Santa Sofía, que terminó convertido en el principal receptor de estos pacientes.
A dos semanas de concluir el periodo constitucional del gobierno del presidente Gustavo Petro, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) presentó una nueva propuesta de reforma tributaria que busca un recaudo de 22 billones de pesos. La iniciativa, que representa el cuarto intento del Ejecutivo por ajustar los ingresos del Estado, plantea modificaciones en impuestos como el IVA a los combustibles, ajustes al tributo sobre el patrimonio y cambios en las exoneraciones parafiscales de los empleadores.En entrevista con Mañanas Blu, el director de la Dian, Carlos Betancourt, explicó las razones del Ejecutivo para radicar el proyecto de ley a pocos días del cambio de mando y detalló las principales medidas que contempla la propuesta fiscal.Razones de PEtro y debate sobre la responsabilidad fiscalAnte los cuestionamientos por presentar un proyecto de ley al término del mandato, el director de la Dian justificó la medida bajo tres argumentos principales referentes a la administración de las finanzas públicas y el ordenamiento constitucional."Hay 3 aspectos que tener en cuenta. El primero es que pues todo gobierno tiene la responsabilidad fiscal y las autoridades fiscales tienen la responsabilidad de presentar alternativas para el ajuste de las finanzas públicas, incluso hasta el último momento", dijo Carlos Betancourt.Según el funcionario, el manejo de las finanzas públicas recae en tres componentes: el recaudo tributario, la gestión del gasto y el endeudamiento. Betancourt afirmó que el actual Gobierno ya realizó un recorte superior a los 30 billones de pesos en el gasto público y que el 93 % de este es inflexible, destacando que el 85 % de la nómina estatal corresponde a personal de la fuerza pública, salud y la rama judicial.Asimismo, indicó que la Constitución prevé que el Congreso saliente debe tramitar iniciativas hasta el final de la legislatura y que la propuesta busca abrir la discusión sobre el ajuste fiscal que deberá afrontar la próxima administración.Modificaciones al IVA en combustibles e impacto en la canasta familiarUno de los puntos clave del proyecto es el incremento en la tarifa del IVA para la gasolina y el diésel, que pasaría del 5 % actual al 19 %. Sobre la relación entre esta medida y el costo de vida, el director de la Dian afirmó que la iniciativa no afecta directamente los productos alimenticios ni los servicios básicos."Nosotros no tocamos nada de lo que tenga que ver con la comida, con todos los pagos de los servicios, etcétera, que son los componentes fundamentales de la canasta familiar", dijo.Al ser consultado sobre el efecto del transporte de carga en los precios de los alimentos, Betancourt sostuvo que el incremento en el precio del galón de combustible no superará los 450 pesos y que se contempla una aplicación progresiva entre los años 2027 y 2028. Añadió que la medida se alinea con recomendaciones internacionales orientadas a la reducción de subsidios a los combustibles fósiles y al fomento de la transición energética.Cambios en el impuesto al patrimonioRespecto a la tributación sobre el capital, la propuesta establece cobros para las personas naturales con patrimonios líquidos superiores a 2.100 millones de pesos, descontando el valor del inmueble de vivienda hasta por determinado tope, fijando el umbral efectivo de tributación alrededor de los 2.700 a 2.800 millones de pesos.Betancourt precisó el número de contribuyentes que estarían alcanzados por este gravamen según los rangos de patrimonio:Entre 2.100 y 3.700 millones de pesos: 76.000 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 0.2 %.Entre 3.600 y 6.500 millones de pesos: 17.000 contribuyentes.Entre 6.000 y 12.000 millones de pesos: 8.000 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 1.3 %.Patrimonios superiores a 13.000 millones de pesos: 2.900 contribuyentes, con tarifa efectiva del 2.8 %.Patrimonios superiores a 151.000 millones de pesos: 66 contribuyentes.En total, la entidad calcula que cerca de 104.000 personas estarían cobijadas por el impuesto al patrimonio.Modificación en exoneración de aportes parafiscalesEl proyecto de ley incluye una modificación al artículo 114 del Estatuto Tributario, que regula la exoneración del pago de aportes a salud, SENA e ICBF por parte de los empleadores. Actualmente, las empresas están exentas de estos pagos por los trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). La propuesta reduce dicho tope, aplicando la exoneración únicamente para los empleados que perciban hasta 3 salarios mínimos.Al respecto, el director de la Dian señaló: "El artículo 114 del Estatuto Tributario establece una exoneración para los empresarios que tengan sus empleados con hasta 10 salarios mínimos. Entonces la idea es pasar a exoneración hasta apenas 3 salarios mínimos"El funcionario sostuvo que la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas mantienen trabajadores con salarios inferiores a los 3 SMMLV, por lo que la afectación se concentraría en ciertos segmentos empresariales dentro de la meta de ajuste fiscal.Ejecución presupuestal y gasto socialDurante la entrevista se mencionaron informes sobre la contratación estatal y el volumen del gasto público en el transcurso del periodo presidencial. Frente a las cifras presentadas por organizaciones como Transparencia por Colombia sobre la firma de contratos de prestación de servicios, Betancourt manifestó no contar con los datos específicos de dicho informe al momento de la entrevista.El director de la Dian argumentó que el incremento histórico del gasto responde al diseño constitucional de 1991, el cual asigna responsabilidades en gasto social mientras limita las fuentes directas de financiamiento monetario. Detalló que las partidas presupuestales del Gobierno saliente se destinaron principalmente a programas sociales, la compra y formalización de cerca de dos millones de hectáreas para la reforma agraria, subsidios monetarios directos y el fortalecimiento salarial y logístico de la fuerza pública.
Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en cámaras de seguridad en la localidad de Engativá, en Bogotá. Una mujer fue víctima de un intento de atraco cuando esperaba frente a la entrada de una vivienda, pero decidió resistirse al robo y enfrentó al delincuente, quien la intimidó con un arma de fuego al parecer falsa.En las imágenes se observa el momento en que el ladrón, que vestía una chaqueta roja, gorra negra y llevaba una maleta, se acerca a la víctima. El hombre, que llegó al lugar en una bicicleta, desenfundó un arma falsa para amenazarla e intentar obligarla a entregar sus pertenencias.La mujer, visiblemente angustiada, le hacía gestos de negación y le suplicaba que no la robara. Sin embargo, el delincuente insistió y comenzó un fuerte forcejeo para arrebatarle el bolso y los objetos de valor que llevaba. Durante varios segundos ambos lucharon en plena vía pública hasta que terminaron cayendo al suelo. A pesar de la violencia del ataque, la víctima no soltó sus pertenencias.En el video se ve cuando el ladrón se percata de que varios vecinos se disponían a salir para auxiliar a la mujer. Ante esa situación, decidió abandonar el intento de hurto, se levantó rápidamente, tomó su bicicleta y escapó del lugar sin lograr su objetivo. Como consecuencia del forcejeo, la mujer sufrió lesiones, aunque evitó que el delincuente le quitara sus pertenencias.Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo hecho de inseguridad ocurrido en plena vía pública de Bogotá ni se conoce información sobre la identificación o captura del responsable.
Tal como previsto, desde este miércoles quedó en firme el proceso de reversión del corredor de carga Cartagena - Barranquilla, con el cual el Invías asumió oficialmente la operación de esta carretera de 249,16 km y el manejo de los seis peajes que se hallan en este tramo entre Atlántico y Bolívar, una transición que se ha visto alterada por protestas de la comunidad.Este corredor estaba a cargo de la Concesión Autopistas del Caribe, pero esta solicitó su liquidación anticipada tras no lograr su cierre financiero, entre otras, por las constantes protestas en la vía que impedían el recaudo en sus peajes.Ahora, la comunidad sigue protestando y hasta levantó las talanqueras en el peaje de Sabanagrande este miércoles, permitiendo el paso libre por la vía Oriental, pues dice que el Invías no les garantiza que continuará el cobro de una tarifa diferencial para los habitantes de la zona, quienes venían pagando a la Concesión 2.800 pesos y no los 12.700 de la tarifa plena.Rubén Llanos, líder del Comité no al Peaje, afirma que en manos del Invías debería regir una tarifa cero para ellos, pues tampoco se están haciendo las obras prometidas."Nosotros en el documento de objeciones a la resolución le pedimos que se suspendan el cobro de las casetas de peaje mientras no se tenga el estudio técnico y las socializaciones con las comunidades", afirmó Llanos.Los manifestantes dicen que mantendrán arriba las talanqueras del peaje de Sabanagrande en señal de protesta, hasta que hagan presencia funcionarios del Invías y del Ministerio de Transporte.Esta manifestación también podría extenderse hacia el peaje de Galapa, sobre La Cordialidad, donde la comunidad reclama la misma exención del cobro de la caseta.
