Durante el debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, denunció que están detectados un grupo de personas que están extorsionando y tratando de influir en el debate electoral del próximo 29 de octubre en el municipio de Tuluá.El tema central fue la seguridad nacional de cara a las elecciones del 29 de octubre y en ella el jefe de la cartera de la política, Luis Fernando Velasco, reconoció que si hay problemas de orden público en algunas zonas del país y en ella denunció que el municipio de Tuluá está siendo víctima de extorsión entre otros delitos.“Lo que está ocurriendo en Tuluá es inadmisible, unos señores desde una cárcel, aterrorizando a toda una ciudad y tratando de influir en el debate electoral. Los tenemos detectados, sabemos quiénes son, incluso con el Inpec tratamos de moverlos a veces hay reacciones complejas, porque por amparos Constitucionales no los devuelven a cárceles donde pueden seguir extorsionando”, explicó el ministro del Interior Luis Fernando Velasco.Según el ministro del Interior, muestra de loa violencia fue lo ocurrido en las últimas horas en dicho municipio, en donde fue baleada la casa de una de las colaboradoras de una de las campañas del municipio del Valle del Cauca.“Ayer fue baleada la casa de una de las colaboradores de una campaña porque se han enfocado contra una campaña y es evidente y quiero decirlo aquí. No vamos a dejar sola la democracia en Tuluá vamos acompañar sabemos quién está amenazando, sabemos quién está actuando y evidentemente le han declarado la guerra al Gobierno y se lo vamos a responder. No podemos dejar sola a la gente de Tuluá, pero por qué hablo de esto, porque evidentemente no es inacción, si no que enfrentar una serie de amenazas con oficinas en algunos lugares en donde tristemente sector. Ahorita la población hace unos años dejaron que entrara, voltearon a ver para otro lado y mire hoy los problemas que tenemos, la sociedad tiene que ser ser cero tolerante con estas organizaciones criminales”, indicó el ministro Velasco.Esto concuerda por lo dicho por la Defensoría del Pueblo en la que advirtió que el proceso electoral en el Valle del Cauca estaría en riesgo en municipios como Trujillo, Cali, Jamundí, Tuluá, Florida, El Cerrito y Buga.Le puede interesar:
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Instituto Nacional penitenciario y Carcelario, INPEC, y a la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, para que, a la mayor brevedad, tomen las acciones pertinentes para que las cárceles cumplan con las normas técnicas de seguridad contra incendios.El llamado es a raíz de la tragedia ocurrida el pasado 27 de junio de 2022 en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, que cobró la vida de 54 personas privadas de la libertad, debido a este accidente la Entidad inició una acción preventiva para evitar que casos como estos no se repitan en otros centros penitenciarios.Según la Procuraduría, se encontró que en varios penales existe ausencia de un sistema de aspersión para emergencias dentro de las instalaciones, carencia de puntos fijos para toma de agua como hidratantes y serias dificultades para realizar una evacuación en caso de emergencia.Asimismo, el Ministerio Público advirtió que son estrechos los corredores de las penitenciarías en casos de emergencia, también se tienen problemas de ventilación y las cárceles del país cuentan con tan sólo 46 extintores, cantidad que serían insuficientes para la procuraduría frente a lo estipulado por la norma técnica.“Después de los lamentables hechos ocurridos el 27 de junio en la cárcel de Tuluá en la que lamentablemente fallecieron 54 personas, desde la Procuraduría General de la Nación nos permitimos compartir los siguientes hallazgos: primero, las normas técnicas contra incendios que obligan a que las cárceles cuenten con sistemas de aspersión, puntos fijos de agua y extintores para atender cualquier emergencia no se estaba cumpliendo… En consecuencia, hacemos un llamado al Inpec y al Uspec para que a la mayor brevedad tomen las acciones pertinentes para que nuestras cárceles colombianas cumplan con las normas técnicas anti incendios”, señaló, Javier Augusto Sarmiento, procurador delegado para los derechos humanos.Le puede interesar:
En una visita sorpresa de la Defensoría del Pueblo a la cárcel de Tuluá, donde el pasado 28 de junio una pelea entre dos capos del pabellón 8 terminó en un voraz incendio, que dejó la muerte de 57 personas .A pesar de que ha transcurrido más de un mes de la tragedia, el penal todavía no cuenta con una red de prevención contra incendios, es decir que en esas condiciones de infraestructura, podría nuevamente registrarse una tragedia.El defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo, se refirió a las precarias medidas de emergencia con las que cuenta la cárcel de Tuluá: "Nuestro equipo de delegados pudo constatar que todavía no se han tomado las medidas de prevención y emergencia para enfrentar una situación como la ocurrida el pasado 28 de junio. Llamamos la atención a las autoridades porque no se observa una red de prevención contra incendios al interior de este centro penitenciario. Esto resulta inaudito", afirmó.La Defensoría señaló que aún persisten las condiciones de hacinamiento cercanas al 24% dentro del centro de reclusión y que persisten las demoras en el trasladado de varios reclusos que habrían sido reubicados a diferentes cárceles de la región tras el incendio. Escuche más noticias:
En la madrugada del 28 de junio en la cárcel de Tuluá se presentó un incendio en el pabellón ocho, en el cual murieron 56 personas y cinco más aún están hospitalizadas debido a las lesiones.La Defensoría del Pueblo estuvo haciendo una visita a la cárcel y posteriormente anunciaron que no se han tomado medidas de prevención para que se puedan prevenir situaciones como la ocurrida ese día.“Durante la visita llamamos la atención a las autoridades en cabeza de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, porque no se observa una red de prevención contra incendios al interior del centro penitenciario”, explicó Carlos Camargo, defensor del Pueblo.Le puede interesar:Asimismo se evidenció que en la cárcel hay un hacinamiento de hasta el 24%, lo que dificulta el acceso a condiciones dignas de salud de quienes se encuentran privados de la libertad.“Los representantes de derechos humanos de los diferentes patios manifestaron preocupaciones por los traslados que estaban pendientes dado un brote de varicela que hubo en el patio 10, y por la terminación del servicio de farmacia al interior del establecimiento a partir del 2 de agosto”, explicó Camargo.En el mismo sentido explicaron que la cárcel no tiene un cronograma de valoración médica para los detenidos, ni seguimiento a los tratamientos médicos, pues hay casos en que las citas con los especialistas se están demorando hasta tres meses.“Desde La Defensoría insistimos en la necesidad de un trato digno y conforme a los derechos humanos para las personas sindicadas y condenadas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios del Valle del Cauca”: fue el llamado de la entidad.Escuche el podcast El Camerino:
John Anderson Coque, de 32 años, se convirtió en la víctima número 57 de la tragedia del patio 8 de la cárcel de Tuluá, registrada hace exactamente un mes, aquel 28 junio cuando una pelea entre dos capos del pabellón, desencadenó el voraz incendio al prender fuego a los colchones.El hombre fue una de las 27 personas que resultaron heridas y permanecía recibiendo atención médica en la unidad de cuidado intensivo del hospital Tomás Uribe de ese municipio, tras presentar problemas respiratorios por la inhalación de humo y gases.La familia del hombre, a través de su defensa, asegura que adelantan un proceso legal en contra del Inpec y el Ministerio de Justicia, por su presunta negligencia no solo por los niveles de hacinamiento que presentaba el penal, si no en la actuación por parte de los guardianes a la hora de evacuar a los privados de la libertad durante el incendio.En centros médicos de Tuluá y Cali permanecen cuatro reclusos en hospitalización y uno más en UCI.Escuche más de los podcast de Blu Radio aquí:
Le Juan David Ceballos, de 23 años, se convierte en la víctima número 56 de la tragedia del patio 8 de la cárcel de Tuluá, registrada el pasado 28 junio cuando una pelea entre dos capos del pabellón desencadenó el voraz incendio al prender fuego a los colchones.El joven fue una de las 27 personas que resultaron heridas y permanecía recibiendo atención médica en el hospital Tomás Uribe de ese municipio, tras presentar problemas respiratorios por la inhalación de humo gases."Falleció otro paciente víctima del incendio de la cárcel. Se trata de Juan David Ceballos a consecuencia de problemas respiratorios después de la inhalación de humos dañinos", dijo a BLU Radio María Cristina Lesmes, secretaria de Salud departamental.La familia del hombre, a través de su abogado, Jhonathan Velázquez, asegura que adelantan un proceso legal en contra del Inpec y el Ministerio de Justicia por su presunta negligencia, no solo por los niveles de hacinamiento que presentaba el penal, sino en la actuación por parte de los guardianes a la hora de evacuar a los privados de la libertad durante el incendio."Fue trasladado a piso varias veces a piso por una aparente evolución, fue remitido a la ciudad de Cali para la realización de una resonancia magnética en su cerebro y arrojó secuelas neurológicas, trauma craneoencefálico y problemas de desnutrición severa. Después de luchar por su vida, pierde la vida", manifestó el representante legal de la firma Legal Gruop.En centros médicos de Tuluá y Cali permanecen cuatro reclusos hospitalizados y dos en unidades de cuidado intensivo.Le puede interesar:
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que ya iniciaron con el traslado y la reubicación de presos que se encuentran recluidos, bajo condiciones de hacinamiento, en el CAI de Aguaclara, luego de la tutela impuesta por la Personería de Tuluá.Lo que exigía puntualmente la mencionada tutela era el traslado inmediato de 110 presos que se encuentran hacinados en el CAI de Aguaclara en condiciones de salubridad e infraestructuras precarias, similares a las del centro penitenciario donde ocurrió el incendio el pasado 28 de junio con un saldo de 55 fallecidos.El ministro aseguró que la dirección del Inpec ya inició el traslado y reubicación de 44 detenidos en el CAI: "El general Tito Castellanos me confirmó que 31 mujeres y 13 hombres fueron reubicados en diferentes penales a nivel regional. Se está estudiando la posibilidad que, además, el Inpec pueda ubicarlos en sitios cercanos a su lugar de origen para estar más cerca de sus familias", señaló.Lea también:Sin embargo, la tutela interpuesta por el Juzgado Segundo del Circuito de Tuluá involucra también una respuesta del director del Inpec, el cual, únicamente ha sido notificado de la decisión, pero no se ha pronunciado al respecto.Los organismos de derechos humanos todavía tienen la lupa puesta encima en la crisis carcelaria de hacinamiento en Colombia ya que hay 98.000 presos recluidos en espacios con capacidad para 82.000 personas.Escuche más noticias:
Familiares de las víctimas del incendio registrado en el patio ocho de la cárcel de Tuluá el pasado 28 de junio, anunciaron que adelantan acciones legales contra el Inpec y el Ministerio de Justicia.El detonante para que adelanten las mencionadas acciones legales, fue la muerte de Jhojan Orlando Arenas, de 20 años, víctima número 55 del incendio por el cual ya adelantan proceso de una demanda de reparación directa por la presunta responsabilidad administrativa y patrimonial de las mencionadas entidades, al no salvaguardar la vida de los reclusos que se encontraban en dicho pabellón. "Hemos adelantado la representación de víctimas ante la Fiscalía para que penalmente se investiguen las conductas por acción y omisión que puedan ser constitutivas en el delito en este grave hecho que deja 55 personas fallecidas. Hasta el momento no tenemos respuesta por parte del Inpec y ninguna de las entidades, el proceso se encuentra en fase investigativa", indicó a Blu Radio Jonathan Velásquez, abogado de las familias."Estamos recaudando toda la información correspondiente y será la justicia penal la que defina la responsabilidad de cada uno de los actores y la responsabilidad patrimonial y administrativa del Estado en esta lamentable tragedia", añadió Velásquez.Lea también:Qué detonó el incendio en la cárcel de Tuluá.Dos capos del patio en medio de una riña, habrían detonado la emergencia al prender fuego a los colchones. Sin embargo, el presidente de la firma Legal Group, explicó que precisamente el material de esos elementos, además de otros hallazgos, fueron parte de los detonantes para que la conflagración se saliera de control. "La Procuraduría, en un informe preliminar al lugar de los hechos, da cuenta que los extintores se encontraban en malas condiciones de funcionamiento, es decir que para el momento del incendio, los extintores no pudieron ser operados, que esta estructura, que data del año 1972, no contaba con un sistema contraincendios y que, al interior de la misma, se hallaron colchonetas inflamables que la norma prohíbe", agregó Velásquez. Siete privados de la libertad permanecen en unidades de cuidado intensivo (UCI), cuatro en unidad de quemados y tres en hospitalización de centros médicos de Tuluá y Cali.Escuche el podcast Sin Tabú:
A 55 se elevó el número de víctimas mortales producto del incendio en la cárcel de Tuluá que se presentó el pasado 28 de junio.Se trata de Johan Arenas Vallejo, de 20 años, quien falleció en el hospital Tomás Uribe de Tuluá, donde médicos luchaban por salvarle la vida tras permanecer en UCI desde el día de la emergencia.“A las 6:45 de la noche falleció esta persona que tenía 20 años y estaba hospitalizado por los efectos tóxicos y los gases, humo y vapores”, señaló María Cristina Lesmes, secretaria de salud del Valle.Lea también:“Nosotros hicimos visita al hospital y de esas personas recluidas habían 4 con pronóstico reservado y los otros en proceso de recuperación”, señaló, por su parte, el personero delegado para los Derechos Humanos de Tuluá, Martín Hincapié.En hospitales y clínicas de Cali y en Tuluá continúan recibiendo atención médica otros 20 reclusos. Mientras tanto, la secretaría de Salud explica que hay algunas de estas personas en un estado muy grave, pues según reporta la funcionaria, 12 personas más permanecen en UCI.Escuche más noticias:
Hay preocupación en el municipio de Tuluá luego de que algunos panfletos estuvieran rondando en las instalaciones del Inpec. Según este documento se afirma que declaran objetivo militar a los guardianes que participaron en la muerte de 54 internos de la cárcel. "Ese panfleto anda rondando. El director de cárcel de Tuluá también fue amenazado. Estamos muy pendientes de esta situación, ya que esto también quiere generar temor en la población", expresó Martín hincapié, personero delegado para los derechos humanos de Tuluá. Le dan un plazo de 72 horas para que abandonen este municipio, porque en cualquier momento pueden atentar contra sus vidas. Además, en este panfleto también expresaron que sabían donde vivían el 80% de la guardia y de sus familiares, a quienes también van a tomar acciones militares en su contra. Según el personero de Tuluá, esto también se debe a que muchos de los presos serán trasladados a diferentes cárceles. Se investiga en estos momentos quiénes estarían detrás de estas amenazas.Escuche La Caja de los Comics:
Las personas que buscan empleo en Bello y el norte del Valle de Aburrá tendrán una nueva oportunidad para acceder a ofertas laborales este jueves 24 de septiembre. La jornada se realizará en Parque Fabricato y reunirá a 20 empresas.La feria de empleo contará con más de 2.000 vacantes disponibles para diferentes áreas y perfiles. La actividad es organizada en alianza entre Parque Fabricato, el SENA y la Alcaldía de Bello, según la información suministrada por los organizadores.Durante la jornada, los asistentes podrán conocer las ofertas laborales disponibles, presentar su hoja de vida y establecer contacto directo con representantes de las empresas participantes. Esto les permitirá acercarse a los diferentes procesos de selección.¿Cuándo será la feria de empleo en Bello?La Feria de Empleo de Fin de Año se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre de 2026, entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.El evento tendrá como sede Parque Fabricato, en Bello, y contará con el acompañamiento del SENA y la Alcaldía de Bello. Los interesados podrán asistir durante el horario establecido para conocer las vacantes disponibles.¿Qué se necesita para participar?El principal requisito señalado por los organizadores para quienes quieran participar en esta jornada es llevar la hoja de vida actualizada.La recomendación es contar con el documento listo para presentarlo ante las empresas participantes, teniendo en cuenta que durante la feria se podrán establecer contactos relacionados con los procesos de contratación.Habrá nuevas jornadas de empleo en octubreLa actividad de este jueves no será la única jornada programada. De acuerdo con el comunicado, Parque Fabricato confirmó nuevas ferias de empleo para los días 8 y 22 de octubre.Estas jornadas hacen parte de un ciclo de actividades de empleabilidad previsto para el último trimestre del año, con el propósito de generar nuevos espacios de encuentro entre empresas y personas que buscan trabajo.Datos de la feria de empleo en BelloFecha: jueves 24 de septiembre de 2026.Horario: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.Lugar: Parque Fabricato, Bello.Vacantes: más de 2.000.Empresas: 20.Requisito: hoja de vida actualizada.Aliados: SENA y Alcaldía de Bello.
La industria turística de Santa Marta y del departamento del Magdalena enfrenta graves afectaciones operativas y financieras tras las recientes acciones de intimidación cometidas por el grupo armado ilegal conocido como 'Los Pachenca'.La ola de anuncios en redes sociales, panfletos, bloqueos de vías y la quema de autobuses paralizaron las actividades comerciales y redujeron drásticamente la movilidad de visitantes en zonas emblemáticas tanto urbanas como rurales.Impacto directo en la economía local y alerta internacionalOmar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, advirtió sobre la gravedad de la situación en entrevista con Mañanas Blu, señalando que "son muchas familias que dependen de la cadena de valor del turismo".El dirigente gremial enfatizó el efecto multiplicador de esta actividad al explicar que "el carpero, el lanchero, el taxista, el que vende un mango en la playa o en el centro histórico, el restaurante... todo nos está afectando y la ciudad vive del turismo".La ocupación hotelera en el destino registró desplomes significativos, situándose en un promedio general que no supera el 33%, una cifra distante del 49% alcanzado en la misma época del año anterior.Esta coyuntura afecta sectores como el Centro Histórico, El Rodadero, Taganga, Pozos Colorados, Minca y los corredores rurales hacia el Parque Nacional Natural Tayrona y Palomino.A este panorama se sumaron las alertas de viaje (travel warnings) emitidas por los gobiernos de Estados Unidos y Francia, medida que golpea de manera directa la llegada de visitantes del principal mercado emisor internacional hacia el territorio.El reclamo de las autoridades gremiales: seguridad permanenteFrente a problemas históricos de extorsión y cobro de 'vacunas' exacerbados por la presencia delictiva, el gremio hotelero exige respuestas de fondo y no soluciones pasajeras.García Silva calificó el panorama indicando que "son más de 50 años con una situación grave" generada por descuido institucional en el pasado.Tras sostener una reunión a puerta cerrada con 65 prestadores turísticos formales y altos mandos del Ministerio de Defensa, la Policía, el Ejército y la Armada Nacional, el líder de Cotelco formuló la petición central del sector: "A eso estamos pidiendo que haya una política del estado, no por momento, sino que sea permanente".El dirigente resaltó que hacía años no sentía una articulación tan directa con el Gobierno Nacional, manifestando su confianza en las acciones emprendidas para garantizar el orden público de manera sostenida.Expectativas y estrategias de reactivación para la semana de recesoA pesar de las pérdidas acumuladas, los empresarios e integrantes de la cadena de valor turística confían en lograr una pronta recuperación de cara a la próxima semana de receso escolar.Las proyecciones de los hoteleros apuntan a alcanzar una ocupación promedio del 60% entre el 2 y el 12 de octubre, estimando superar el 82% durante el puente festivo de cierre.Para incentivar la demanda, agencias de viajes, restaurantes y establecimientos formales vienen implementando promociones y tarifas competitivas.Asimismo, la disminución puntual en los costos de los tiquetes aéreos se perfila como una oportunidad para atraer viajeros de última hora desde los principales mercados emisores del país.Mientras las fuerzas armadas mantienen un despliegue visible en playas y zonas de interés, el sector formal coordina esfuerzos públicos, privados y sociales para preservar el sustento de las comunidades locales.
Entre un carro chino, uno europeo o uno japonés, Javier Sendín (reconocido como uno de los mejores mecánicos del mundo) tendría clara su elección si hoy tuviera que comprar un vehículo nuevo: un híbrido enchufable (PHEV) de origen japonés. El mecánico, ganador del premio al Mejor Mecánico de España en 2023, considera que esta tecnología permite utilizar la propulsión eléctrica en los recorridos urbanos y conservar el motor de combustión para los viajes largos.Sendín ni siquiera considera que comprar un carro nuevo sea una decisión que tomaría actualmente. El experto aseguró que, en su caso, preferiría no hacerlo debido al elevado precio de los vehículos y, especialmente, al costo que pueden alcanzar sus reparaciones.Y como ningún conductor está exento, un accidente puede afectar el bolsillo incluso cuando el vehículo no presenta un daño mecánico de gran magnitud. Sendín señaló que un golpe frontal que afecte los dos faros y los airbags puede llevar a que el carro sea declarado siniestro total por el costo de la reparación.¿Por qué escogería un híbrido enchufable?Si las circunstancias lo obligaran a cambiar de carro, la tecnología PHEV sería su alternativa. Sendín considera que estos vehículos reúnen dos posibilidades que normalmente están separadas: desplazamientos con propulsión completamente eléctrica y la autonomía adicional que proporciona un motor de combustión.En recorridos urbanos, el vehículo puede utilizar únicamente la energía almacenada en la batería, sin emisiones por el escape y con un costo de uso menor. Para trayectos largos, el motor de combustión permite continuar el recorrido sin depender exclusivamente de la autonomía eléctrica.La evolución de esta tecnología también ha permitido que algunos híbridos enchufables superen los 90 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Para un conductor que utilice el carro principalmente en ciudad, esa capacidad puede cubrir una parte importante de los desplazamientos habituales antes de recurrir al motor de gasolina.A esto se suman las ventajas asociadas en España a la etiqueta CERO, que puede facilitar la movilidad en determinadas zonas restringidas y ofrecer beneficios relacionados con estacionamiento y fiscalidad.¿Por qué preferiría una marca japonesa?La elección de Sendín no se limita al tipo de propulsión. Ante la posibilidad de comprar un PHEV, también dejó clara su preferencia por un fabricante japonés.El mecánico no plantea su elección como una descalificación de las marcas europeas o chinas. Su respuesta parte de lo que considera más conveniente para su propio caso, después de señalar que actualmente los carros nuevos tienen un costo elevado tanto de adquisición como de reparación.De hecho, Sendín reconoce que los vehículos modernos ofrecen avances importantes frente a generaciones anteriores. Los sistemas de seguridad y asistencia a la conducción han aumentado y los carros son más cómodos y fáciles de conducir.El problema es que esa mayor cantidad de tecnología también puede encarecer las reparaciones. Por eso, su postura combina dos ideas: evitaría comprar un carro nuevo mientras no lo necesite, pero si tuviera que hacerlo, buscaría un PHEV japonés.
La Secretaría de Educación de Norte de Santander inició una revisión sobre una actividad académica asignada a estudiantes de quinto de primaria de una institución educativa de Villa del Rosario, en la que, según el material que comenzó a circular en redes sociales, los niños habrían realizado dibujos relacionados con las insignias de las Farc y el ELN.La situación generó preocupación entre algunos padres de familia debido a la edad de los estudiantes, de aproximadamente 9 y 10 años, y abrió interrogantes sobre el propósito pedagógico de la actividad y la pertinencia de abordar de esa manera el conflicto armado colombiano con niños de primaria.La secretaria de Educación de Norte de Santander, Ilse Aldana Pérez, explicó en entrevista con Blu Radio que la entidad conoció el caso después de que el video comenzara a difundirse en redes sociales. Ante la denuncia, la Secretaría solicitó al rector de la institución un informe para establecer qué ocurrió y cuál era el contexto de la actividad. “Inmediatamente llamamos al señor rector y le solicitamos que de manera inmediata presentara un informe en el que él describiera la situación sobre esa denuncia”, señaló Aldana.La actividad hacía parte de una clase de socialesDe acuerdo con la información entregada inicialmente por el rector a la Secretaría de Educación, la actividad correspondía a una clase de Ciencias Sociales relacionada con los partidos políticos y el conflicto en Colombia. Sin embargo, la Secretaría busca determinar si la actividad estaba contemplada dentro de la planeación académica, si correspondía a una guía institucional y, especialmente, si la profundidad con la que se abordó el tema era adecuada para estudiantes de quinto de primaria.“Se debe revisar si ese tema era planeado, organizado, y si la profundidad del tema requería que se solicitara la elaboración de esos dibujos alusivos a los grupos al margen de la ley”, explicó la funcionaria.El interrogante central está relacionado con la metodología utilizada. La propia secretaria señaló que la educación puede abordar diferentes aspectos de la historia y la realidad nacional, pero que los contenidos deben estar relacionados con la edad, el grado y el nivel de desarrollo de los estudiantes.Secretaría de Educación revisará la guía y los cuadernosLa investigación no se limitará a la actividad que circuló en redes sociales. Según Aldana, la Secretaría de Educación, a través de sus áreas de Calidad e Inspección y Vigilancia, revisará el proyecto educativo de la institución y la trazabilidad de la temática en las diferentes áreas.La entidad también espera revisar los cuadernos y apuntes de los estudiantes para establecer cómo se desarrolló la actividad y cuál fue su contexto. “Nos corresponde como Secretaría de Educación es revisar y mirar que ese rector el día de hoy nos entregue el informe tal como lo manifestó de manera verbal (...) y además, nosotros como Secretaría de Educación debemos, con el área de calidad, revisar el proyecto educativo”, afirmó.La secretaria agregó que el proceso debe garantizar que la información sea veraz antes de establecer responsabilidades. El rector, según explicó, se encontraba adelantando reuniones con la comunidad educativa y con los diferentes integrantes del gobierno escolar.¿Qué dijo la Secretaría sobre una posible falta disciplinaria?Aldana señaló que, una vez recibido el informe, la Secretaría de Educación realizará el cotejo de la información y podrá desplazarse hasta el establecimiento educativo para determinar qué ocurrió.En caso de que la revisión establezca que la actividad no correspondía a los lineamientos académicos o institucionales, el caso podría ser remitido a control interno disciplinario. “Si esto pues diera lugar, debe remitirse a control interno disciplinario”, manifestó la secretaria.No obstante, la funcionaria insistió en que todavía no existe una conclusión definitiva sobre lo sucedido y que es necesario completar el debido proceso. La Secretaría tampoco ha establecido, según la entrevista, si la docente pertenece a FECODE, una pregunta que fue planteada durante la conversación. Aldana respondió que esa información no ha sido confirmada y que no forma parte todavía del informe entregado por el rector.Un audio también quedó bajo revisiónAdemás de las imágenes de la actividad, en redes sociales circuló un audio atribuido a la docente en el que se hace referencia a la molestia de los padres de familia y a una eventual evaluación sobre los contenidos trabajados.Durante la entrevista se le preguntó a Aldana por una frase atribuida a la profesora: “En vista de que les molesta tanto el tema, pues voy a ver qué me invento para sacarles las notas”. La secretaria respondió que, si las declaraciones correspondieran efectivamente a la docente y fueran interpretadas en el contexto que se les atribuye, podrían generar cuestionamientos sobre su actuación frente a los estudiantes.“Si esto es así, obviamente que está faltando a la idoneidad y al deber funcional como docente frente a un grupo de niños”, afirmó. Sin embargo, también indicó que el rector habría recibido de la profesora una explicación según la cual los videos difundidos podrían haber sido editados o sacados de contexto. Por esa razón, la Secretaría espera los resultados de la revisión antes de establecer conclusiones.La docente no ha entregado su versión directamenteOtro de los elementos pendientes es la versión directa de la profesora involucrada. Según la secretaria de Educación, la docente habría presentado una crisis después de que se conociera públicamente el caso y posteriormente habría sido incapacitada. Por ese motivo, hasta el momento de la entrevista la Secretaría no había tenido contacto directo con ella.Aldana explicó que el rector estaba adelantando el proceso institucional y que se esperaba recibir el informe completo posteriormente, con la participación de los diferentes estamentos del gobierno escolar.Educación sobre el conflicto debe tener en cuenta la edad de los estudiantesEl caso también abrió el debate sobre la manera en que las instituciones educativas pueden abordar temas como el conflicto armado, los grupos armados y la historia política de Colombia en los primeros grados escolares.La secretaria sostuvo que el propósito de la educación debe ser una formación integral que incluya conocimientos, habilidades socioemocionales, valores éticos, capacidades artísticas y pensamiento crítico.Pero enfatizó que estos objetivos deben desarrollarse de acuerdo con las edades y niveles educativos. “El objetivo de nuestra educación debe ser el desarrollo político del individuo (...) que se promuevan los valores éticos, las capacidades artísticas, y obviamente la habilidad del pensamiento crítico, pero de acuerdo a las edades, al grado y al nivel”, señaló.También afirmó que los espacios educativos deben estar libres de violencia, especialmente en un departamento como Norte de Santander, que enfrenta situaciones particulares relacionadas con el conflicto y la frontera.Secretaría esperará resultados de la investigaciónPor ahora, la Secretaría de Educación de Norte de Santander mantiene abierta la revisión y espera el informe institucional para determinar si la actividad correspondía al plan académico, si su metodología era adecuada para estudiantes de quinto de primaria y si existieron actuaciones que pudieran dar lugar a investigaciones adicionales.Ante la pregunta sobre si la actividad podría constituir apología al delito, Aldana señaló que esa conclusión dependerá de lo que establezca la investigación: “Si se revisa que eso no pertenecía a un contexto de clase y a la edad de los niños (...) eso no se debe realizar”, afirmó.La funcionaria agregó que la finalidad de la educación, según el enfoque que defiende la Secretaría, no es formar ideológicamente a los estudiantes, sino contribuir a su desarrollo integral.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.