Isaías Medina, exconsejero de Venezuela ante la ONU, relata en Mundo BLU las razones de su dimisión la semana pasada y confesó que “el sufrimiento del pueblo venezolano” lo obligó “a dar una voz de libertad”. “Si bien es cierto que durante dos años y medio estuve trabajando para salvaguardar los intereses de la humanidad a través de las Naciones Unidas, tanto en océanos como en cambio climático, sería inhumano permanecer indiferente frente a la profunda crisis humanitaria que afecta a millones de venezolanos” Medina confiesa que lo que lo llevó a dimitir ante la ONU “fue un proceso muy difícil, era como estar amarrado de manos y de pies con un nudo en la garganta sintiéndote impotente y frustrado al no poder manifestarte. Por eso le doy gracias a los medios de haber permitido que me expresara porque siento que juntos podemos lograr el cambio”. Su abuelo, cuenta, fue presidente de Venezuela entre los 1941-1945, a quien describe como “un gran soldado de la democracia”, por eso para Medina es difícil seguir ligado a la administración de Nicolás Maduro quien, según dijo en días pasado en entrevista para la AFP, “ha violado cada derecho humano posible". “No le tengo temor a la decisión que tomé y asumo toda la responsabilidad”, añadió en entrevista con Blu Radio, al señalar que “si no le buscamos una solución a la crisis de Venezuela, significa que estamos contribuyendo a la misma”. En esa medida opinó que “el sistema de hoy se ha convertido en inviable e insostenible” y confesó que una de sus razones para renunciar fue “la indolencia de Nicolás Maduro mientras baila salsa y la gente muere en la calle”. En palabras de Medina “la diplomacia debe servir para abrir puertas, buscar soluciones y tener objetivos claros”, por lo que cree que la convocatoria de Nicolás Maduro a Asamblea Constituyente es un intento “de eliminar los derechos civiles y garantías que están en la Constitución Nacional”. Le podría interesar: Pido a CPI manifestarse sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela: Isaías Medina “La Constituyente de Maduro es como tratar de salvar un ahogado dándole un yunque para que flote”, amplió sobre la convocatoria a constituyente que se votará en Venezuela el próximo domingo 30 de julio. "Me gustaría llamar al gobierno a parar las matanzas, a parar la violación de derechos humanos", dijo Medina en referencia a las protestas antigubernamentales que han dejado casi un centenar de muertos en los últimos cuatro meses. Finalmente, Medina hizo un llamado también "a reconsiderar y reflexionar sobre su posición y pensar sobre la importancia del país como un todo, y en el lugar que ocupan en la Historia: que son y serán considerados asesinos”. La carta de renuncia de Medina firmada el 14 de julio circuló el pasado jueves en las redes sociales.
El Distrito puso en marcha una estrategia territorial para identificar y prevenir casos de presunto abandono de personas mayores en Bogotá. De acuerdo con la información preliminar de la administración distrital, más de 20.000 personas mayores han sido identificadas con indicios de estar en esta situación, por lo que ahora se adelantarán visitas para verificar directamente sus condiciones de vida.El primer operativo formal de esta fase se realizó este 21 de septiembre en la localidad de Teusaquillo, con la participación del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.Según explicó el alcalde, la estrategia busca llegar a una población que en muchos casos no ha sido alcanzada por las políticas sociales existentes. El Distrito señala que detrás de estas situaciones puede haber dificultades para acceder a alimentos, ausencia de redes de apoyo familiares o comunitarias y otras condiciones de vulnerabilidad.La administración también utiliza el concepto de pobreza oculta para referirse a situaciones que no necesariamente son visibles en las mediciones tradicionales. De hecho, el Distrito reporta que más de 12.000 de las personas mayores identificadas en supuesto abandono no son consideradas pobres, lo que evidencia que la falta o fragilidad de las redes de cuidado puede presentarse en diferentes condiciones económicas y sociales.En estas visitas, los equipos distritales recorrerán localidades priorizadas, con listados de personas previamente identificadas para conocer sus condiciones de vida, establecer si cuentan con redes de apoyo y determinar qué necesidades tienen en materia de cuidado, protección y atención.Roberto Angulo explicó que la estrategia pretende, además, identificar personas que podrían haber quedado por fuera de la oferta institucional debido a problemas de clasificación en herramientas como el Sisbén.El secretario señaló que el Distrito cuenta con una base de 20.000 personas mayores presuntamente en abandono, una cifra que servirá como punto de partida para la caracterización en territorio.La estrategia ya tuvo una fase piloto en 14 localidades, en la que se realizaron 457 visitas efectivas. De ese proceso fueron identificadas 46 personas con indicios de posible abandono, principalmente en Tunjuelito y Los Mártires.Apoyos para los adultos mayores en situación de vulnerabilidadUna vez identificadas las necesidades de cada persona, el Distrito busca conectarlas con la oferta social disponible. Entre las alternativas mencionadas por el alcalde están los comedores comunitarios, los centros día, servicios de atención y acompañamiento, además de transferencias monetarias como parte del apoyo integral.Bogotá tiene actualmente identificadas 1.443.658 personas mayores, y los más de 20.000 casos con indicios de presunto abandono representan una situación que la administración busca abordar desde diferentes frentes, pues no está relacionada únicamente con la falta de recursos económicos.Cabe mencionar, que las proyecciones citadas por el Distrito indican que para 2050 el 30 % de los habitantes de Bogotá serán personas mayores, mientras disminuirá la disponibilidad de cuidadores familiares directos.
Una empresa no puede despedir a sus empleados en medio de un conflicto laboral escudándose en una reorganización, a menos que tenga un estudio técnico real que demuestre que esos despidos eran necesarios y no una excusa para perseguir al sindicato. Así lo definió la Corte Suprema de Justicia, luego de estudiar el caso de una empleada de un hospital público, cuyo despido declaró ineficaz y para quien ordenó el reintegro inmediato. Con esta decisión, el alto tribunal fijó un límite claro a las entidades estatales.El caso analizado por la corporación involucra a una funcionaria que ingresó en enero de 2013 como auxiliar de servicios generales al Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" ESE. En octubre de 2016, la directiva del centro médico le notificó la terminación unilateral de su contrato de trabajo, justificando la decisión en la supresión de su cargo debido a un proceso de reestructuración administrativa.Sin embargo, al momento de la desvinculación, la funcionaria gozaba del fuero circunstancial, una protección legal que impide despedir sin justa causa a los empleados durante un conflicto colectivo. La negociación entre el hospital y el sindicato Sintrahospiclínicas, originada por un pliego de peticiones de incremento salarial, inició en diciembre de 2015 y solo concluyó en enero de 2019 con un fallo arbitral.Aunque el hospital argumentó que el recorte era vital para sanear sus finanzas y superar una crisis económica, la Corte Suprema, mediante la Sentencia SL406-2026, precisó que una reestructuración no es un cheque en blanco.“La sala diferenció dos figuras: la reorganización empresarial y la reestructuración administrativa. La primera, que busca recuperar su viabilidad económica, por sí sola no desplaza el fuero. La segunda, que persigue modificar su estructura interna administrativa, operativa o financiera para superar una crisis económica, sí puede hacerlo, pero no de manera automática. En este último caso, es indispensable que un estudio técnico demuestre, con información verificable, que la supresión del cargo sea necesaria, proporcional y ajena a fines antisindicales”, explicó el magistrado ponente Luis Benedicto Herrera Díaz.Durante el análisis probatorio, la Sala de Casación Laboral detectó graves inconsistencias en el informe presentado por el centro médico. Mientras se aconsejaba la eliminación de 495 puestos de la planta permanente, perjudicando en gran medida a auxiliares sindicalizados, la entidad conservaba a más de 1.566 personas contratadas mediante cooperativas, sin una justificación constitucionalmente válida para ese trato diferencial.“La Corte, entonces, encontró que la planta formal era adecuada y que el mayor sobrecosto estaba en esos vínculos indirectos, los cuales representaban cerca del 70 % del gasto de personal. Por eso, se concluyó que el estudio no cumplió el estándar exigido”, añadió el magistrado.Por estas razones, la Sala Laboral dejó sin efecto el fallo de segunda instancia que favorecía al centro de salud y ratificó la decisión inicial a favor de la trabajadora. La Corte determinó que, al no cumplir con las exigencias técnicas requeridas, la terminación del contrato efectuada durante la negociación resultaba ineficaz.Como resultado de la decisión, se ordenó al hospital el reintegro inmediato de la servidora a su puesto habitual. Adicionalmente, el fallo impuso el pago, ajustado a la inflación, de la totalidad de los salarios, prestaciones sociales y aportes pensionales dejados de percibir desde octubre de 2016 hasta su efectiva reincorporación, sentando un precedente sobre el respeto a la libertad sindical.
La Fiscalía adicionó las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio dentro de la investigación relacionada con Lili Pink, proceso en el que el ente acusador indaga un presunto esquema que habría facilitado el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando.En esta nueva fase, las medidas afectan 45 inmuebles cuyo valor supera los 184.615 millones de pesos. De acuerdo con la información de la defensa, los bienes estarían vinculados patrimonialmente a las nueve personas relacionadas con la investigación y no estarían vinculados con el caso de la marca Lili Pink.La defensa en cabeza del abogado Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña cuestionaron la decisión de la Fiscalía y señalaron que algunos de los inmuebles afectados incluso habrían sido adquiridos antes de la existencia de la compañía.“Denunciar corrupción en la Dian puede salir muy caro, ese parece ser el mensaje que le están tratando de mandar. A pesar que 4 jueces de la república han decretado ilegalidades de pruebas en el proceso, que un quinto juez negó las medidas de aseguramiento, pues la fiscalía no logró probar la diferencia de autoría de ninguno de los delitos que le reprocha a las personas involucradas en el caso. La semana pasada la Fiscalía General de la Nación decidió adoptar nuevas medidas cautelares que afectan bienes, que nada tienen que ver con la marca Lily Pink, y en cambio sí afectan reputacionalmente a las terceras personas de reconocidas marcas nacionales que se encontraban adelantando sus negocios en esos locales”, señaló el abogado Jiménez.La defensa sostuvo además en un comunicado que las medidas representan una afectación patrimonial para los propietarios de los bienes y cuestionó que puedan tener efectos sobre inversiones realizadas en Colombia.“La defensa considera que estas medidas tienen efectos confiscatorios y afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia”, afirmaron los representantes judiciales de la compañía.Los abogados también cuestionaron actuaciones desarrolladas previamente dentro del proceso y señalaron que, a su juicio, existen decisiones judiciales que han puesto en duda algunos de los elementos utilizados por la Fiscalía.“La Fiscalía ya ha recibido serios cuestionamientos judiciales. Cuatro jueces han declarado ilegales elementos probatorios dentro del proceso y, posteriormente, otro juez negó la medida de aseguramiento al considerar insuficiente la sustentación presentada por la Fiscalía”, indicaron.Según la defensa, esos antecedentes están siendo nuevamente utilizados para sustentar las nuevas medidas patrimoniales adoptadas dentro del proceso de extinción de dominio.Los abogados también plantearon cuestionamientos sobre otros asuntos relacionados con la investigación. En particular, señalaron que permanecen sin avances conocidos las denuncias que, según indicaron, fueron formuladas por presuntas irregularidades en la Dian y por la posible comercialización irregular de cerca de tres millones de prendas que habían sido decomisadas.
Pese a las modificaciones hechas al proyecto de acuerdo “Por una ciudad Inteligente” durante el primer debate en el Concejo de Bogotá, Asobancaria mantiene sus reparos frente al aumento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el sector financiero. La propuesta pasó de contemplar una tarifa de 21x1.000 a una de 20 x1.000 para 2027, con una reducción progresiva que llevaría el impuesto al 19x1.000 en 2028 y al 18x1.000 en 2029. La asociación advierte que el impacto sería mayor para los bancos pequeños y las empresas de tecnología financiera, conocidas como fintech.Carlos Alberto Ruiz, vicepresidente de Asuntos Públicos de Asobancaria, explicó que la carga no sería igual para todas las entidades y que aumentaría proporcionalmente entre aquellas con menores utilidades. “Para las 20 entidades financieras de menor utilidad, el ICA va a representar el 99 % de la utilidad neta. Entre más pequeña sea la entidad y menor sea el monto de sus utilidades, mucho más grande será lo que representa el ICA como porcentaje de esa utilidad”, señaló.Ruiz también cuestionó que la deducción del ICA, que incluso el Alcalde Carlos Fernando Galan ha presentado como un beneficio, en el impuesto de renta beneficie por igual a todas las compañías. “La deducibilidad se aplica para las entidades que tienen un mayor nivel de utilidad y pueden absorber parte de ese incremento vía un menor impuesto de renta, pero no para las empresas que no tienen suficiente nivel de utilidad”, dijo.El representante de Asobancaria advirtió, además, que algunas entidades podrían revisar el lugar desde el que desarrollan sus operaciones si el incremento representa una parte significativa de sus ganancias. “Para los bancos más pequeños esto va a ser un tema de vida o muerte, y ellos probablemente sí van a tener que sacar toda su operación, porque ellos van a pagar un 99 % de ICA versus el total de su utilidad neta. No van a tener otra opción más que desplazarse a un municipio donde la tarifa sea del 5 por 1000”, afirmó.Asobancaria también cuestionó la comparación de Bogotá con otras ciudades que tienen tarifas de ICA más altas. La asociación señaló que el caso de Cali —que aplica una tarifa del 25x1.000— no puede evaluarse todavía en los mismos términos , debido a que la medida fue implementada recientemente, mientras que Barranquilla —con una tarifa del 30x1.000—, según el gremio, no tiene el mismo peso financiero que la capital.Otro de los puntos de discusión es la sobretasa al impuesto predial para financiar la prestación y modernización del alumbrado público, que ería de 0x1.000 para los estratos 1, 2 y 3; de 0,4x1.000 para los estratos 4, 5 y 6; de 0,8x1.000 para predios dotacionales y lotes, y de 1x1.000 para inmuebles comerciales, financieros e industriales.El concejal Samir Bedoya, del Partido Mira, cuestionó específicamente el destino de esos recursos y señaló que una parte importante se utilizaría para pagar el arriendo de infraestructura de alumbrado público a Enel. Según el cabildante, ese concepto representaría el 46,5 % del dinero destinado al proyecto. “Nosotros vamos a probar aquí un impuestos para pagar arriendo a Enel, Para garantizar el negocio a un monopolio que, como ya se ha visto acá y como se ha discutido en otras áreas de la administración, no tiene el menor cuidado con la ciudad”, afirmó.Finalmente, el proyecto contempla alivios para contribuyentes con deudas tributarias y no tributarias con el Distrito. Quienes se acojan al beneficio deberán pagar el 100 % del capital y el 40 % de las sanciones e intereses, mientras que el 60 % restante sería condonado. La Secretaría Distrital de Hacienda estima que más de dos millones de ciudadanos podrían acceder a esta medida.Samir Bedoya también cuestionó su efectividad, al señalar que durante el Plan Distrital de Desarrollo solo se recuperó el 2,4 % de la cartera y que entre 2024 y 2026 se concretaron 918 acuerdos de pago, menos del 1 % del total. Por eso, pidió que estas medidas tengan mayor impacto y que también respondan a las necesidades de los pequeños comerciantes.Frente a los cuestionamientos sobre el aumento del ICA para el sector financiero, la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, defendió que el atractivo de la ciudad no puede medirse únicamente por la tarifa de este impuesto. Señaló que Bogotá concentra una parte importante de la actividad económica y financiera del país, tiene una alta capacidad de endeudamiento y lidera buena parte de la política de vivienda, factores que también generan oportunidades para el sector financiero.Sobre la sobretasa al predial para financiar el alumbrado público, la funcionaria aseguró que su diseño tuvo en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes y que Bogotá tendría un cobro per cápita inferior al de ciudades como Cali, Barranquilla y Medellín. También destacó que la propuesta aprobada en comisión excluyó a los comercios y familias con menor capacidad de pago y contempla una reducción de las tarifas a partir de 2042.La secretaria también explicó que la sobretasa tendrá límites tanto en el monto máximo que podrá pagar cada predio como en su crecimiento anual. Para los predios residenciales, el incremento no podrá superar la inflación más cinco puntos porcentuales, mientras que para los demás usos el límite será de inflación más ocho puntos. Con estos ajustes, la Administración sostiene que la medida busca garantizar los recursos para la modernización del alumbrado sin generar una carga desproporcionada para los contribuyentes.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó qué está ocurriendo con la actividad sísmica registrada en Chaparral, Tolima, donde se han presentado más de 130 movimientos telúricos de magnitud superior a 2,0 desde el 20 de septiembre. De acuerdo con la entidad, esta actividad está relacionada con la presencia de fallas geológicas activas que atraviesan el departamento, aunque la secuencia de los últimos días se encuentra por encima del comportamiento observado durante las semanas recientes.Según el reporte entregado por la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), la actividad comenzó el domingo 20 de septiembre de 2026 a las 4:52 de la mañana. Con corte a las 3:30 de la tarde de este lunes, 21 de septiembre, se habían registrado más de 130 eventos con magnitudes superiores a 2,0, de los cuales cinco alcanzaron magnitudes iguales o superiores a 4,0.Uno de los aspectos destacados por el SGC es que los movimientos registrados han tenido profundidades superficiales, menores a 30 kilómetros, una característica que puede contribuir a que los habitantes perciban los sismos en diferentes zonas. De hecho, la entidad informó que ha recibido más de 1.000 reportes de ciudadanos que sintieron los movimientos, principalmente desde Tolima, Huila, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda.Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, explicó que la actividad se presenta en una región donde existen estructuras geológicas capaces de producir movimientos telúricos. “Es importante recordarle a la comunidad que el departamento del Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas que pueden causar este tipo de actividad sísmica”, señaló el funcionario.El SGC también aclaró que la cantidad de sismos registrados durante estos dos días sobresale frente al comportamiento reciente.“La sismicidad que hemos registrado en estos dos últimos días está por encima del promedio de la registrada en las últimas semanas”, afirmó Tovar. Por esta razón, la Red Sismológica Nacional mantiene un seguimiento permanente de lo que ocurre en Chaparral y su zona de influencia.Finalmente, el SGC indicó que continuará monitoreando la evolución de esta secuencia y comunicará cualquier novedad a través de sus canales oficiales. Tovar hizo un llamado a la ciudadanía a consultar únicamente información proveniente del Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), además de atender las recomendaciones de las autoridades locales. “Seguiremos haciendo el monitoreo y avisaremos oportunamente ante cualquier evolución de esta sismicidad”, concluyó.
