La Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) expresó su preocupación por una eventual reforma tributaria del gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, al advertir que medidas como aplicar IVA a productos de la canasta familiar o eliminar el régimen de bienes exentos tendrían un impacto directo sobre el precio de alimentos básicos, los productores y la seguridad alimentaria del país."Eso va a afectar directamente, no solamente a los consumidores, sino a todas esas personas que son pequeños productores, que son medianos productores, y a todas las personas que estamos atacando la desnutrición en el país", afirmó Gonzalo Moreno, presidente Ejecutivo de Fenavi.El dirigente gremial recordó que el pollo y el huevo son las proteínas de mayor consumo entre los colombianos, por lo que un aumento en su precio tendría un efecto inmediato sobre los hogares. "Son el 65 % de la canasta total de proteínas que se consumen en Colombia. Cada colombiano, en promedio, come 38 kilogramos de carne de pollo y 366 huevos al año", señaló.Moreno también hizo un llamado a mantener condiciones que permitan la estabilidad económica del sector, especialmente frente al comportamiento de la tasa de cambio. Explicó que la industria avícola depende de insumos importados, por lo que las variaciones del dólar afectan la planeación y los costos de producción."Nosotros importamos insumos, lo cual viene en su mayoría en dólares, pero también exportamos. Debemos tener una tasa de cambio estable, que es la mayor preocupación que tenemos. Esas oscilaciones hacen muy difícil la planeación a futuro y pueden generar diferencias alarmantes en algunos costos de producción de un mes a otro", concluyó el presidente de Fenavi.
El alto tribunal emitió el comunicado oficial donde deja entrever los detalles y el alcance de la decisión de la Sala Plena de tumbar el decreto 1474 de 2025, que creaba impuestos como el IVA del 19% a los licores y cigarrillos, los juegos de azar en línea y el impuesto al patrimonio.La Corte Constitucional le dió a la Dian 30 días para crear un mecanismo que permita hacer la devolución del dinero que se logró recaudar entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de este año cuando el decreto estaba vivo, es decir, antes de que el alto tribunal lo suspendiera provisionalmente.Lo que tendría que devolver la Dian es el monto que se logró recaudar de los impuestos, y según este comunicado de la Corte Constitucional, La Dian aseguró que pueden existir dificultades para devolver estos dineros.Sin embargo, el alto tribunal señaló que las dificultades que puedan existir, no imposibilitan la devolución y pone como ejemplo la facturación electrónica: “La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) refirió la dificultad de efectuar la devolución de esta clase de tributos, dicha operación no es de imposible cumplimiento si se tiene en cuenta que es factible que quien materialmente hizo el pago de facto acredite dicha condición, por ejemplo, a través del sistema de facturación electrónica, lo mismo que mediante los documentos que acreditan las respectivas operaciones”, explicó la Corte Constitucional.Por último, la Corte Constitucional dispuso que los impuestos directos derivados del decreto no podrán ser cobrados ni declarados, y que cualquier pago anticipado deberá ser devuelto.
A la emergencia económica que se cayó en la Corte Constitucional en las últimas horas porque no logró demostrar que los hechos invocados para decretarla fueran sobrevivientes o extraordinarios, le queda un capítulo que está relacionado con el estudio de los decretos que se desprenden del que convocó a la emergencia. Se trata del 1474 y el 044, ambos reposan en distintos despachos y eran los que cobraban los polémicos impuestos como en IVA del 19 % a los licores, los juegos de azar en línea y la modificación de las tarifas al consumo de los cigarrillo y tabaco y el otro cobraba impuestos al sector de las generadoras de energía.Sobre el 1474, decreto que está en el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés, se espera que el próximo miércoles 15 de abril la Sala Plena del alto tribunal se reúna para debatir de fondo sobre este caso. El magistrado ya radicó su ponencia a todos sus colegas según fuentes del alto tribunal, y ese día se podría saber si pasa o no su examen constitucional.La Procuraduría hace unas semanas pidió a la Corte Constitucional avalar la mayoría de artículos; sin embargo, el panorama no parece sé el mejor luego de que el alto tribunal asegurara en su decisión de tumbar la suspendida emergencia económica que 7 de los 8 hechos invocados por el Ejecutivo no lograron demostrar ser hechos imprevisibles para declarar un estado de excepción.
La suspensión provisional del decreto que eliminaba la exención de IVA para compras internacionales entre 50 y 200 dólares sigue generando incertidumbre entre usuarios, plataformas de comercio electrónico y empresas de mensajería. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Angélica Rincón, directora ejecutiva de Cladec Colombia, explicó que los operadores courier continúan recaudando el impuesto mientras esperan una directriz formal de la DIAN.Rincón confirmó que el gremio envió el viernes 30 de enero a las 10:55 de la mañana una comunicación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales solicitando orientación jurídica tras la decisión de la Corte Constitucional, notificada en la tarde del jueves 29 de enero, que suspendió provisionalmente las medidas tributarias derivadas del estado de emergencia.“No hemos recibido todavía una respuesta a nuestro correo”, afirmó Rincón. Señaló que la preocupación radica en la falta de claridad sobre la fecha exacta a partir de la cual debe aplicarse la suspensión.Según explicó, los couriers actúan como intermediarios en el proceso de importación bajo la modalidad de envíos urgentes. “Este recaudo lo hacen nuestros operadores courier, es decir, los intermediarios bajo la modalidad de envíos urgentes. Y este recaudo se liquida cada 15 días y se paga directamente a la DIAN”, indicó. Añadió que el dinero recaudado “no se lo quedan ellos, sino que se lo entregan a la DIAN, en una liquidación consolidada de pagos que se hace quincenal”.Frente a versiones que indican que la DIAN no estaría recibiendo estos recursos, la directora de Cladec aseguró que los pagos se han venido realizando conforme al calendario. Precisó que la quincena del 15 al 30 de enero ya fue cancelada y que el 15 de febrero se debe pagar lo recaudado entre el 1 y el 15 de febrero.En la práctica, cuando un usuario realiza una compra internacional por un valor superior a 50 dólares y hasta 200 dólares, el courier recauda el IVA al momento de la nacionalización del envío. Posteriormente, ese dinero se consolida y se gira a la DIAN. “Yo soy un mero recaudador e intermediario”, sostuvo Rincón, al explicar que si el operador omite el pago, las sanciones recaen sobre el intermediario.Durante la entrevista, se mencionó el caso de comunicaciones enviadas por empresas como DHL a sus clientes, en las que recomiendan conservar facturas y comprobantes mientras se define la aplicación de la suspensión. Rincón confirmó que la incertidumbre jurídica ha llevado al gremio a solicitar claridad formal antes de dejar de cobrar el impuesto.“Estas posiciones no son vinculantes ni para la DIAN ni para los administrados. Por eso es necesario que se emita una posición jurídica por parte del área jurídica de la DIAN”, señaló. Agregó que se requiere una definición expresa sobre “la fecha del inicio de la suspensión de la emergencia económica” y el tratamiento de los envíos que estaban en tránsito o en proceso de nacionalización al momento del anuncio de la Corte.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
En un desafío abierto a las recientes políticas fiscales del Gobierno Nacional, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, oficializó su rechazo al Decreto 1474 de 2025, sumándose a la rebelión jurídica liderada por la Federación Nacional de Departamentos (FND). La controversia, que ha escalado a un choque de trenes institucional, se centra en las medidas que incrementan el IVA a los licores del 5% al 19% y establecen un polémico “techo” al recaudo regional.Para el mandatario santandereano, estas determinaciones no son simples ajustes técnicos, sino un golpe seco a las finanzas del departamento. Según el comunicado oficial de la Gobernación, Díaz Mateus advierte que estas decisiones “presionan las finanzas departamentales y pueden afectar la inversión y la capacidad de respuesta en sectores esenciales como la salud, la educación y el deporte”.La mayor indignación de los gobernadores radica en el artículo 15 del decreto, que obliga a las regiones a girar a la Nación cualquier excedente de recaudo que supere el IPC del año anterior. En Santander, donde el impuesto al consumo de licores es una columna vertebral del presupuesto (con recaudos superiores a los $21.400 millones en 2024), esta medida es vista como un asalto desde la centralización.Expertos del sector advierten que el incremento del IVA y del impuesto al consumo podría elevar el precio de una botella de licor hasta en un 50%, lo que, en palabras de los mandatarios, "abriría la puerta al contrabando y la adulteración", destruyendo la base gravable de los territorios.Ante lo que consideran un atropello a la autonomía territorial, Santander respalda la solicitud de un espacio ante la Corte Constitucional para exponer los efectos reales de estas medidas. No se descarta el uso de la excepción de inconstitucionalidad, una figura que permitiría a los gobernadores inaplicar el decreto por considerarlo contrario a la Carta Magna, una ruta que ya anunció su homólogo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y otros gobernadores del país.La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la postura de los mandatarios como un "mal ejemplo" y una usurpación de funciones, lanzando incluso advertencias sobre posibles denuncias por prevaricato.Frente a estos señalamientos, el Gobierno de Santander fue enfático en exigir respeto por la institucionalidad regional, señalando que las descalificaciones “afectan el clima de diálogo y desconocen el mandato ciudadano”. La crisis tendrá un capítulo definitivo el próximo 19 de enero, fecha en la que se llevará a cabo una reunión clave entre los gobernadores y el Ministerio de Hacienda para intentar frenar lo que las regiones han denominado un “raponazo” a sus recursos.
En una reciente entrevista, Carlos Betancourt, quien asumió la dirección general de la Dian tras desempeñarse como viceministro general de Hacienda, aclaró los alcances de los decretos de emergencia económica emitidos por el Gobierno Nacional. Esta medida surge como respuesta al "hecho sobreviniente" de la negativa del Congreso para aprobar la ley de financiamiento por 16.3 billones de pesos, lo que generó un desajuste presupuestal significativo.El aumento del IVA y su impacto en el recaudoUno de los puntos centrales de la emergencia es el cambio en la tributación de los licores. El IVA para estas bebidas, que se encontraba en el 5%, ha pasado al 19%. Betancourt explicó que el 5% original se seguirá transfiriendo a las entidades territoriales según lo dicta la Constitución, mientras que los 14 puntos adicionales se destinarán al Presupuesto General de la Nación para financiar las causas de la emergencia.Ante la preocupación de los gobernadores por una posible caída en el consumo y, por ende, en sus rentas, el director de la Dian señaló que estos bienes son "inelásticos al precio". Según sus estimaciones, aunque el precio de una botella de aguardiente podría subir cerca de 10,000 pesos, la disminución en el consumo sería mucho menor proporcionalmente, evitando una erosión significativa de la base gravable territorial.¿Licores nacionales vs. importados?Al ser cuestionado sobre si esta medida pone en desventaja a los productos locales como el aguardiente y el ron frente a importados como el whisky o el vodka, Betancourt fue enfático en que el aumento del IVA al 19% aplica para ambos sectores.No obstante, aclaró que, aunque los licores nacionales enfrentan el impuesto al consumo (impoconsumo), los licores importados deben pagar, además de los impuestos locales, aranceles de entrada al país. Con esto, el Gobierno busca desestimar la idea de que la producción nacional esté recibiendo un trato injusto en comparación con la extranjera bajo el nuevo escenario tributario.Garantías contra el contrabando y apoyo a las regionesPara mitigar el temor de los departamentos, el Gobierno incluyó una salvaguarda en el parágrafo 1 del artículo 15 del decreto de emergencia: si la demanda cae, la Nación transferirá a las regiones el valor recaudado el año anterior más la inflación. De esta manera, el riesgo de la caída en el recaudo lo asume exclusivamente la Nación.Respecto al contrabando, Betancur informó que se están reforzando los controles con la Policía Fiscal y Aduanera, y posiblemente con la Armada. Mencionó que, de las aprehensiones totales estimadas en 535,000 millones de pesos, el sector de licores representa aproximadamente 30,000 millones, por lo que, aunque es un flagelo a combatir, no es el factor determinante para dejar de recaudar impuestos necesarios.Escuche aquí la entrevista:
Este miércoles 31 de diciembre de 2025 salió a la luz el nuevo decreto del Gobierno de Gustavo Petro con el que se anunciaron los impuestos que empezarán a regir desde el 1 de enero de 2026. Con la firma del decreto 1474 de 2025, entra en vigencia una reforma tributaria con la que el Gobierno nacional espera recaudar cerca de 11 billones de pesos, una cifra que ya empieza a generar impacto en el bolsillo de los colombianos.Entre las medidas que más ruido han hecho están los cambios en las compras por internet. A partir de ahora, se aplicará IVA a las plataformas de comercio electrónico con sede en Estados Unidos, como Amazon. Hasta ahora, las compras inferiores a 200 dólares, es decir, unos 751.000 pesos, estaban exentas de este impuesto. Con el nuevo decreto, ese umbral baja a 50 dólares, alrededor de 187.000 pesos. A esto se suman los nuevos impuestos a licores y cigarrillos, que representan otro golpe directo al consumo.Cuánto costará salir de rumba con los nuevos impuestos en 2026La reforma establece un aumento del IVA a los licores del 5 % al 19 %. Esta medida aplica para vinos, rones, aguardientes, aperitivos y bebidas similares. La cerveza, por ahora, queda por fuera de este ajuste y mantendrá su IVA actual, al ser considerada por el Gobierno como un producto de alto consumo social.Además del IVA, también se incrementa el impuesto al consumo de licores. A partir de 2026 se cobrará un 30 % sobre el valor de la botella, sumado a una tarifa adicional que varía según el grado de alcohol.Con este panorama, un aguardiente de 750 ml que actualmente cuesta $50.000 tendría un aumento de $6.600 solo por el IVA. Si se suma el impuesto por grado de alcohol, teniendo en cuenta que un aguardiente estándar tiene 20°, el costo adicional sería de $9.918. En total, esa botella podría costar alrededor de $63.018 en 2026.En el caso del ron, una botella de 750 ml que hoy vale $55.800 tendría un incremento de $7.400 por IVA y $11.970 por el impuesto asociado a sus 35° de alcohol. Así, su precio final rondaría los $70.470. Un whisky que actualmente cuesta $63.920 podría llegar a los $80.313 con los nuevos gravámenes.Otros impuestos que empezarán a regir en 2026Las cervezas, según el decreto, no tendrían variaciones y sus precios se mantendrían cercanos a los actuales. Sin embargo, otro golpe fuerte será para fumadores y usuarios de vapeadores. Las cajetillas de cigarrillos pasarán de pagar un impuesto de $2.100 a $11.200, mientras que los vapeadores y productos similares tendrán un gravamen del 30 %, más un impuesto de $2.000 por mililitro.También habrá cambios en bienes de alto valor. Motos de alto cilindraje, yates, barcos, helicópteros y vehículos con precios superiores a 30.000 dólares pasarán de pagar un IVA del 16 % al 19 %.Finalmente, el impuesto al patrimonio se cobrará desde los 2.094 millones de pesos libres de deudas, con tarifas que pueden llegar hasta el 5 % para los patrimonios más altos. Un escenario que anticipa un 2026 con mayores presiones para distintos sectores de la economía.
Colombia tendrá nuevos impuestos desde este jueves 1 de enero, luego de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto 1474 de 2025, que contiene una reforma tributaria por 11 billones de pesos.Impuestos al comprar por InternetUna de las principales medidas es el establecimiento de IVA para los productos comprados a plataformas de comercio electrónico en Estados Unidos, como Amazon. En la actualidad, usted puede comprar sin IVA productos de menos de 200 dólares (751 mil pesos), pero ahora solo podrá comprar sin IVA productos de menos de 50 dólares (unos 187 mil pesos).Impuestos para licores, cigarrillos y vapeadoresLa reforma establece un aumento del IVA a los licores del 5 % al 19 %. Esto aplica para vinos, rones, aguardientes, aperitivos y similares, pero no aplicará para la cerveza, que seguirá con el mismo IVA. La cerveza no tendrá el aumento del IVA, ya que el Gobierno considera que es un producto de alto consumo social.Además, se aumenta el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. Ahora se cobrará un impuesto del 30 % por el valor de la botella, además de una tarifa que varía dependiendo del grado de alcohol.Los cigarrillos pasarán de pagar un impuesto de 2.100 pesos por cajetilla a 11.200 pesos.Finalmente, los vapeadores, sucedáneos del tabaco o imitadores, tendrán un impuesto del 30 % más un impuesto de 2.000 pesos por mililitro.En este video de Blu Radio le explicamos las implicaciones de las medidas del Gobierno:Siguen los impuestos a las apuestas en líneaEn 2026 continuará el IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar por Internet, que estaba vigente desde enero de este año.Impuestos a los bienes de lujoMotos de alto cilindraje, yates, barcos y helicópteros pasarán de pagar IVA del 16 % al 19 %. En esta categoría también están incluidos los automóviles de más de 30 mil dólares.Impuestos al patrimonioLas nuevas tarifas del impuesto al patrimonio implican que se paga el impuesto a partir de los 2.094 millones de pesos libres de deudas en 2026. Los patrimonios más elevados pagarán hasta el 5 %.Rango UVTRango equivalente en pesosTarifa marginalImpuesto0 – 40.000$0 – $2.094.960.0000,0%$0> 40.000 – 70.000> $2.094.960.000 – $3.666.180.0000,5%(Base gravable en pesos – $2.094.960.000) × 0,5%> 70.000 – 120.000> $3.666.180.000 – $6.284.880.0001,0%(Base gravable en pesos – $3.666.180.000) × 1% + $7.856.100> 120.000 – 240.000> $6.284.880.000 – $12.569.760.0002,0%(Base gravable en pesos – $6.284.880.000) × 2% + $34.043.100> 240.000 – 2.000.000> $12.569.760.000 – $104.748.000.0003,0%(Base gravable en pesos – $12.569.760.000) × 3% + $159.740.700> 2.000.000En adelante (> $104.748.000.000)5,0%(Base gravable en pesos – $104.748.000.000) × 5% + $2.925.087.900Impuestos a la bancaEl Gobierno cobrará 15 puntos de sobretasa de renta adicional para los bancos del país y otras entidades financieras, lo que implica que la tarifa nominal de renta para el sector financiero llega al 50 %.Amnistía tributariaEl Gobierno incluyó nuevamente la posibilidad de “legalizar” capitales y patrimonios ante la Dian pagando un impuesto de normalización del 19 %, una medida de amnistía que ya había sido incluida en anteriores reformas tributarias.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reveló el cronograma oficial para el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes al año 2026. Este calendario es la hoja de ruta para que los contribuyentes eviten sanciones y cumplan con el pago de impuestos como renta, IVA y retención en la fuente.Renta para grandes contribuyentes y empresasLos grandes contribuyentes deberán iniciar su proceso de pago en febrero de 2026 con la primera cuota. La presentación de la declaración y el pago de la segunda cuota se extenderá hasta abril, mientras que el pago de la tercera cuota quedó programado para el mes de junio.Por su parte, las personas jurídicas (empresas) tienen fijados sus plazos de declaración y pago de la primera cuota en el mes de mayo. El cumplimiento de la segunda cuota para estas entidades se realizará en julio.Plazos para personas naturales y otros impuestosEl turno para las personas naturales iniciará en agosto y se extenderá hasta octubre de 2026. Las fechas de vencimiento se distribuyen según los últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT).En cuanto al Impuesto sobre las Ventas (IVA), el calendario contempla dos modalidades:Bimestral: con vencimientos en marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre de 2026 y enero de 2027.Cuatrimestral: las fechas límite están fijadas para mayo, septiembre y enero de 2027.Finalmente, la retención en la fuente mantiene su periodicidad mensual, iniciando los vencimientos de cada periodo en el mes inmediatamente posterior. Otros gravámenes como el impuesto al patrimonio y el Régimen Simple de Tributación (RST) también cuentan con fechas específicas que inician en mayo y abril respectivamente.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) negó dos peticiones de Ecopetrol y Reficar para reconsiderar el cobro de IVA en la importación de combustibles producidos en la refinería de Cartagena y está exigiendo el pago inmediato de 17.406 millones de pesos, lo que abre un segundo caso que podría terminar en cobro coactivo y en embargos.Esta decisión se suma al cobro de 1,3 billones de pesos que había iniciado la Dian la semana pasada. Por ese primer caso, la Dian acudió a la justicia y el juzgado segundo de la familia de Cartagena acaba de admitir esa tutela para estudio.El argumento de Ecopetrol es que un embargo aquí podría terminar en la parálisis completa de la operación de Reficar. No es la única acción legal en curso. También fue admitida ayer la tutela de los trabajadores representados en la Unión Sindical Obrera (USO) quienes temen que los embargos de la Dian terminen poniendo en peligro el pago de los salarios.Este tema se va a seguir moviendo en los próximos días, porque la Dian aún tiene que decidir al menos otros 3 recursos de reconsideración de la Dian y Reficar. Además, Ecopetrol está evaluando una demanda de nulidad en contra del concepto tribuario que la Dian está utilizando para esta clase de cobros.
Luego del terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, Bancolombia activó sus protocolos de atención para verificar el estado de sus trabajadores, clientes, instalaciones y servicios en las regiones afectadas por el sismo de magnitud 7,4.Ante ello, la entidad decidió que, de las 563 sucursales que tiene en el país, 46 permanecerán cerradas temporalmente, principalmente al sur de Colombia, donde se concentraron varias de las afectaciones. La decisión responde a las revisiones realizadas sobre la infraestructura de las oficinas, con el propósito de garantizar condiciones seguras antes de retomar la atención presencial a sus clientes.¿Qué oficinas de Bancolombia estarán cerradas por el terremoto?La mayor parte de las sucursales que suspendieron sus servicios temporalmente están ubicadas en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó. Entre ellas se encuentran oficinas en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y otros municipios afectados.Adicionalmente, en Antioquia también fueron cerradas las sucursales de Jardín y El Peñol. En Chocó, por su parte, las oficinas de Quibdó e Istmina suspendieron sus servicios mientras se evalúan las condiciones para definir su reapertura.El banco explicó que las demás oficinas continuarán operando con normalidad. Sin embargo, recomendó que, para mantenerse al tanto sobre sucursales abiertas y horarios, se valide la información en su sucursal telefónica.¿Cómo hacer operaciones de Bancolombia si una oficina está cerrada?Para los clientes que necesiten realizar movimientos bancarios durante la emergencia, Bancolombia informó que sus canales digitales continúan funcionando con normalidad y están disponibles las 24 horas.Entre las opciones habilitadas están:App Mi Bancolombia.App Negocios.Sucursal Virtual Personas.Sucursal Virtual Negocios.Botón de Pagos Bancolombia.Cajeros automáticos.Corresponsales bancarios.Sucursal Telefónica.Tarjetas Bancolombia para pagos.La recomendación para quienes se encuentren en las zonas afectadas es revisar primero los canales oficiales antes de desplazarse hasta una oficina.Bancolombia abrió canales de donaciones por terremotoLa Fundación Bancolombia habilitó una cuenta de ahorros para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por la emergencia.La cuenta habilitada para este fin es el número 24542391932. De acuerdo con la entidad, los recursos serán utilizados en acciones de atención y apoyo en los territorios impactados, en articulación con autoridades, organizaciones aliadas y actores locales.Bancolombia indicó que continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier actualización relacionada con sus oficinas y servicios a través de sus canales oficiales.
La cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela se elevó a 6.301, mientras familiares siguen buscando desaparecidos entre las ruinas de edificios colapsados, según un balance divulgado el lunes por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez.A la fecha el gobierno no ha publicado una cifra oficial sobre los desaparecidos luego de los sismos de 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de unos 190 edificios ubicados en su mayoría en el costero estado La Guaira, a unos 40 km de Caracas. Muchos venezolanos revivieron escenas de los terremotos que sacudieron el país caribeño, tras sentirse este lunes en varias regiones un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, que deja un saldo de al menos 111 muertos y decenas de heridos.El balance anterior publicado el 3 de agosto por autoridades venezolanas cifraba el número de muertos en 6.125. Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedaban cerca de 1.400 desaparecidos hace poco más de una semana.Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 9.567 han sido catalogadas por las autoridades como de "alto riesgo". El número de "viviendas restringidas" se ubica en 12.411. Por ello, muchas de las familias que las ocupaban son atendidas en refugios temporales o se fueron a vivir con familiares o amigos.Casi 24.000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el estado La Guaira, un popular balneario cuya vida giraba en torno al turismo prácticamente inexistente luego de los terremotos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de Turquía en secreto el pasado 8 de julio y utilizó un avión militar más pequeño para continuar su viaje hacia Reino Unido, en una operación destinada a ocultar su ubicación ante una posible amenaza de asesinato procedente de Irán, según una investigación publicada por The Washington Post. (The Washington Post)El episodio ocurrió después de la participación de Trump en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara. Aunque públicamente se informó que el mandatario había abandonado Turquía a bordo de un antiguo Boeing 747 utilizado como Air Force One, en realidad habría sido trasladado de manera discreta a un C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense.De acuerdo con la información publicada por el diario estadounidense, la operación buscaba impedir que posibles adversarios conocieran cuál era el avión que transportaba realmente al presidente.Trump utilizó un avión como señueloTrump había llegado a Turquía a bordo del nuevo Boeing 747-8 que fue entregado a Estados Unidos por Catar. Sin embargo, para el regreso, el mandatario apareció públicamente abordando el antiguo Air Force One.En ese momento, Trump explicó que el cambio obedecía a una razón logística: el nuevo avión sería trasladado previamente a la base aérea de Mildenhall, en Reino Unido, para que militares estadounidenses pudieran conocerlo y recorrer sus instalaciones. (The Washington Post)La versión pública hizo que periodistas y parte del personal de la Casa Blanca creyeran que Trump viajaba en el Boeing 747 más antiguo. Sin embargo, según The Washington Post, el avión que aparentemente transportaba al presidente funcionó en realidad como un señuelo. Trump habría sido trasladado desde la zona del aeropuerto hasta el C-32A, una aeronave de menor tamaño utilizada habitualmente para transportar a altos funcionarios estadounidenses. El objetivo era mantener en secreto la ubicación del presidente durante una parte del trayecto.Una amenaza iraní habría motivado el operativoLa decisión de cambiar de aeronave estuvo relacionada con preocupaciones de seguridad vinculadas a Irán, según las fuentes citadas por el diario.La posibilidad de que Trump fuera objetivo de un ataque iraní ya había sido mencionada durante su salida de Turquía. El propio presidente reconoció entonces que existían amenazas contra él y afirmó que era considerado por Irán como uno de sus principales objetivos.Durante ese viaje, los periodistas que permanecieron a bordo del avión que salió de Ankara recibieron instrucciones de mantener cerradas las persianas de las ventanillas. La medida llamó la atención de los reporteros y alimentó las dudas sobre las verdaderas razones del cambio de aeronave. (The Washington Post)La nueva información publicada ahora apunta a que las medidas de seguridad fueron mucho más amplias de lo que se conoció inicialmente.El avión regalado por Catar también quedó bajo escrutinioEl episodio volvió a poner el foco en el nuevo avión presidencial entregado por Catar a Estados Unidos.El Boeing 747-8 fue donado por la familia real catarí después de que Trump cuestionara durante meses el estado de los dos aviones Boeing 747 utilizados como Air Force One desde la década de 1990.La aeronave fue sometida a modificaciones para adaptarla a las necesidades del Gobierno estadounidense. No obstante, desde que comenzó a utilizarse surgieron interrogantes sobre si contaba con todas las capacidades de protección disponibles en los aviones presidenciales más antiguos.Entre las diferencias señaladas se encuentran determinados sistemas de seguridad y defensa frente a posibles amenazas externas. Informaciones previas habían indicado que el nuevo avión no disponía inicialmente de algunas de las capacidades de detección y contramedidas que sí poseen las aeronaves presidenciales tradicionales. (The Washington Post)El cambio de avión durante el viaje de Trump a Estados Unidos incrementó esas dudas y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad del aparato.La Casa Blanca defiende la seguridad del nuevo Air Force OneAnte la publicación de The Washington Post, la Casa Blanca defendió las condiciones de seguridad del nuevo avión.El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, aseguró que la aeronave cuenta con sistemas y protocolos destinados a proteger al presidente y a los integrantes de su equipo.La administración de Trump no confirmó públicamente todos los detalles de la operación descrita por el periódico, incluida la forma exacta en la que el mandatario fue trasladado desde el avión que utilizó como señuelo hasta el C-32A. La información sobre la salida secreta se conoce semanas después de la cumbre de la OTAN y en un contexto de fuerte tensión entre Estados Unidos e Irán. Durante la reunión en Ankara, Trump había reiterado sus advertencias contra Teherán y, posteriormente, Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos iraníes. (The Washington Post)
Una alerta técnica fue presentada ante la Gobernación de Santander por el estado de dos puentes metálicos considerados estratégicos para la conectividad del departamento: el puente Baraya, ubicado sobre el río Fonce en la Ruta del Petróleo, y el puente sobre el río Suárez que comunica con los municipios de El Hato y Palmar.La advertencia fue realizada por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, cuyos integrantes, durante un recorrido reciente por la Ruta del Petróleo, identificaron varias afectaciones que, según advierten, requieren una intervención prioritaria para evitar riesgos en la seguridad vial y en la estabilidad de las estructuras.Uno de los puntos que genera mayor preocupación está en el puente Baraya. La sociedad señala que el estribo norte de la estructura estaría en riesgo de perder estabilidad debido a la socavación que ha sufrido el lecho del río.De acuerdo con la alerta, “a pocos metros aguas abajo del puente funciona una concesión minera dedicada a la extracción de material pétreo. Los ingenieros advierten que, según lo manifestado por habitantes de la zona, antes de que comenzara esta explotación el nivel del río coincidía con la base de la pila, mientras que actualmente el cauce habría descendido cerca de tres metros”.La Sociedad Santandereana de Ingenieros pidió que la autoridad ambiental revise el impacto de esta actividad y ejerza los controles correspondientes sobre la explotación minera y sobre otras operaciones similares ubicadas en puntos considerados críticos para la infraestructura vial de Santander.El segundo llamado de atención corresponde al puente sobre el río Suárez, ubicado en el ramal que conduce hacia El Hato y Palmar. Allí, los ingenieros encontraron un deterioro aún mayor de la pintura anticorrosiva y una afectación en uno de los elementos de la estructura metálica.Según el documento, la primera diagonal de la cercha norte, en el costado occidental, fue golpeada por un vehículo y permanece doblada. La Sociedad Santandereana de Ingenieros advierte que esta deformación afecta las condiciones de trabajo de la estructura y genera riesgos para su estabilidad. Aunque aparentemente la baranda fue reparada, el elemento estructural no habría recibido la misma intervención.La organización recordó que ambos puentes tienen cerca de un siglo de construcción. Fueron levantados en 1938 y, pese a su antigüedad, continúan prestando servicio y hacen parte de la red vial del departamento, con importancia para la movilidad, la actividad económica y el turismo.Ante este panorama, la Sociedad Santandereana de Ingenieros solicitó al gobernador Juvenal Díaz Mateus instruir a la Secretaría de Infraestructura para que realice una inspección técnica prioritaria, determine el alcance de los daños y establezca las intervenciones necesarias.También pidió coordinar con las autoridades ambientales la revisión de la licencia y de la operación de la concesión minera ubicada cerca del puente Baraya, debido a la preocupación por la posible relación entre la extracción de material y la acelerada socavación del lecho del río.
Las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) dieron un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional al convertirse en una institución universitaria, cambio que abre la posibilidad de ampliar su oferta académica y ofrecer programas de formación de posgrado.La transformación se concretó después de ocho años de proceso y representa un cambio que va más allá del nombre de la institución, pues permitirá a las UTS ampliar sus niveles de formación y avanzar en una oferta académica que incluya programas de posgrado.Uno de los primeros proyectos será la Maestría en Administración de Empresas, cuyo proceso avanza ante el Ministerio de Educación Nacional y que, de acuerdo con las proyecciones de la institución, podría comenzar a ofrecerse el próximo año.El rector de las UTS, Omar Lengerke, destacó que esta transformación permitirá ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes de Santander y anunció que la institución proyecta nuevos programas en diferentes áreas del conocimiento.“Ingresan a una nueva institución. Se matricularon en las Unidades y hoy ingresan a la Universitaria Tecnológica de Santander, una universidad acreditada en alta calidad. Vamos a tener programas en el área de la salud, posgrados, maestrías y doctorados. Con orgullo, de aquí en adelante van a decir: estudian en la Universitaria Tecnológica de Santander”, afirmó Lengerke.De acuerdo con el rector, entre las áreas que se busca fortalecer están salud, comunicación y humanidades, con nuevos programas que respondan a las necesidades de formación de la región.Otro de los aspectos destacados es el acceso a la educación superior. Según Lengerke, actualmente el 98 % de los estudiantes de las UTS cuenta con gratuidad, una condición que, aseguró, hace parte del compromiso de la institución de facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior.Con este cambio, las UTS buscan ampliar progresivamente su oferta académica y consolidarse como una institución con nuevos niveles de formación para estudiantes y profesionales de Santander.
