El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, explicó en BLU Radio un polémico trino del pasado jueves, en el que escribió: “Bloquear es un derecho precioso”.De acuerdo con Ospina, al trino le faltó una parte, la cual completó después en otro mensaje.“Es un tuit muy ubicado al tema de quienes ponen cosas en el Twitter, cosas desagradables y desafortunadas a las opiniones. Como uno tiene la posibilidad de bloquear a quienes hacen esas manifestaciones soeces. El Twitter se me fue sin esa parte y se armó la algarabía que todos conocen. No saben cómo he sufrido por ese trino”, dijo.El alcalde dijo que no es condescendiente con los bloqueos, pero criticó a quienes consideran que estos deben ser levantados a la fuerza.“Para nada. Lo que pasa es que hay unos sectores de la sociedad que quieren resolver un bloqueo con cuatro o cinco muertos. Yo les digo a esos sectores de la sociedad que no soy ese tipo de alcalde”, puntualizó.Escuche aquí la entrevista:
La Plenaria del Senado de la República escuchará este martes en audiencia pública a los tres candidatos que buscan convertirse en magistrado de la Corte Constitucional, para reemplazar a Jorge Iván Palacio, quien terminó su periodo en marzo pasado. Se trata de Judith Bernal de Valdivieso, juez Segunda de ejecución de penas de Bucaramanga; José Fernando Reyes Cuartas, magistrado del Tribunal Superior de Manizales, y John Jairo Morales, profesor de la Universidad Santo Tomás. Vea también: Las Farc eligen este martes mesa directiva y candidatos a Senado y Cámara Esta será una decisión clave, teniendo en cuenta el papel que esta corte juega en materia de implementación de los acuerdos de paz, teniendo en cuenta que de los mueve magistrados actuales, Cristina Pardo se ha declarado impedida en discusiones trascendentales, por el papel que desempeñó como secretaria jurídica de la Presidencia de la República. Según algunos parlamentarios consultados por Blu Radio, John Jairo Morales tiene mayor respaldo por parte de sectores críticos a lo pactado con las Farc, mientras que Reyes Cuartas sería más cercano al cumplimiento del acuerdo, tema que será comprobado en las intervenciones de los ternados. Los tres postulados expondrán sus opiniones en diversos temas y, posteriormente, recibirán preguntas de los parlamentarios sobre asuntos puntuales.
Según revela el diario El Tiempo, “la Corte determinó que la rebaja de pena por estudio o trabajo sí cobija a los agresores de menores”. (Lea acá también: Fiscalía investiga 3 nuevos casos de violación y asesinato de Luis A. Garavito). La Corte se pronunció al resolver el caso de Edward Zúñiga Quinayas, un hombre que fue condenado a 8 años por abuso a un menor de edad. De acuerdo a El Tiempo, el condenado, a través de una tutela, argumentó que había descontado más de tres años y 10 meses de su pena al realizar trabajos. Según la Corte, el objetivo de la pena es la resocialización, la cual califica como “un derecho”.
A través de un comunicado, el pleno del alto tribunal aseguró que "la suspensión de un magistrado, en un proceso adelantado ante el Congreso de la República, procede una vez se admita públicamente por el Senado" y que no hay otra instancia distinta para ese fin. Esta declaración se produce luego que el también magistrado Jorge Iván Palacio pidiera este miércoles el retiro del magistrado Pretelt, y que esa decisión se discutiera en la Sala Plena. "La Corte Constitucional considera entonces necesario declarar que los hechos referidos al proceso que se sigue contra un magistrado en el Congreso de la República es, antes que todo, un motivo para confiar en el funcionamiento de las instituciones", puntalizaba el comunicado. En las últimas horas el magistrado Pretelt, implicado en el escándalo de presuntos favorecimientos a Fidupetrol a cambio de dinero, pidió al presidente Juan Manuel Santos que "respete la separación de poderes" y que permita al legislativo investigarlo y asegurarle el debido proceso y que, mientras defiende su inocencia, no renunciará. Según Pretelt, contra él se han cometido atropellos, persecución y acusaciones ilegales. (Vea también: Magistrado Pretelt pedirá a CIDH le garantice debido proceso en caso Fidupetrol). “No renunciaré a la Corte Constitucional porque soy inocente”, dice la carta que emitió el magistrado Pretelt Chaljub. Escuche en este audio más información de las siguientes noticias: -Este viernes se adelanta una reunión entre el General de la Policía Rodolfo Palomino, el ministro de defensa Luis Carlos Villegas y el alcalde electo de Bogotá, Enrique Peñalosa, en la dirección general de la Policía con el principal objetivo del encuentro es realizar un balance de seguridad en la capital y la búsqueda de medidas que fortalezcan dicho tema en la ciudad. -La Defensoría del Pueblo pidió que se den explicaciones sobre el retiro de la porrista del Junior de barranquilla, Shirley Salgado, quien denuncio este hecho como un caso de discriminación. -El Gobierno Nacional inauguró uno de los tramos de la doble calzada Buga – Buenaventura. De acuerdo con la Ministra de Transporte, Nathalia Abello, las obras avanzan a buen ritmo y se culminara en su totalidad a finales del 2016. -Se adelanta la audiencia de legalización de captura de alias "Jonathan", por ser el presunto responsable del asesinato de la esposa e hijo del concejal del municipio de Giron, Santander, Olinto Bermúdez.Este viernes se han reportado varios casos de accidentes de motos en Bogotá debido a la llovizna que ha caído en varias zonas de la ciudad. -El presidente estadounidense, Barack Obama, dijo hoy que su objetivo es que en la cárcel de Guantánamo queden menos de cien presos en 2016, y que más de medio centenar que no pueden ser liberados o están pendientes de juicio se reubiquen con la aprobación del Congreso. -El administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano, dijo hoy que la aparición de unas filtraciones en el nuevo juego de esclusas retrasará la inauguración de la vía interoceánica, que estaba prevista para abril próximo
El magistrado consideró que la acusación hecha ante el Congreso de la República implica un vínculo más grande con este aparente acto de corrupción y considera que debe apartarse y asumir la posición que debe tomar ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La comunidad y las autoridades en Bello no salen de la preocupación luego de que fueran encontrados dos cuerpos sin vida en dos zonas del municipio, esto con apenas unas horas de diferencia. Ambos cadáveres fueron hallados dentro de bolsas y, hasta el momento, permanecen sin ser identificados.El primer caso se reportó en la vía San Félix - San Pedro de los Milagros en donde se hace el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de bolsas plásticas, situación alertada por las personas de la zona a las autoridades.A pesar de la preocupación, un par de horas después se produjo un segundo hallazgo bajo circunstancias similares. Esta vez fue en el barrio Santa Rita, en donde el cuerpo permanecía en vía pública y envuelto en bolsas plásticas y una cobija.Por ahora, los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal, entidad encargada de adelantar los procedimientos de identificación y establecer las causas y circunstancias de las muertes. Además, las investigaciones buscan determinar si existe alguna relación entre ambos casos.Cabe indicar que este doble hallazgo se suma a una serie de hechos registrados durante este año en distintos sectores del Valle de Aburrá. Según información de las autoridades, durante 2026 han sido encontrados cerca de 20 cuerpos embolsados en diferentes puntos del Área Metropolitana.Finalmente, los investigadores judiciales adelantan la recopilación de elementos materiales probatorios, a la vez que se busca establecer la identidad de las víctimas y determinar si estos hechos están relacionados, quizás, con estructuras criminales.
A más de una semana de la tragedia que enlutó a toda Colombia, en Antioquia se siguen consolidando los daños que dejó el terremoto y que en su mayoría afectó a las zonas rurales del departamento en donde hoy se centran las labores.Los datos entregados por el Dagran dejan en evidencia que cerca del 70 % de las viviendas afectadas están en zona rural, por lo que en estos lugares se priorizará al plan de recuperación departamental.Dentro de los últimos reportes entregados desde Antioquia, se deja en evidencia que los organismos de socorro han visitado más de 50 municipios afectados."En eso nos encontramos también, desplegando no solamente los equipos técnicos del Dagran, sino también fortaleciendo el equipo con diferentes entidades, especialmente universidades que han brindado su apoyo también para ayudarnos con esta valoración", sostuvo la directora de la entidad, Vanessa Paredes.Por su parte, otra de las grandes preocupaciones entre las autoridades es que hay 1.500 familias con daños estructurales, no obstante, estos damnificados por el terremoto se autoalbergaron donde familias o vecinos.Finalmente, las autoridades de gestión del riesgo departamental han indicado que ante las necesidades, Antioquia le levantaría la mano al Gobierno nacional para obtener recursos que ayuden en la reconstrucción.
En entrevista con Mañanas Blu, el vicepresidente José Manuel Restrepo abordó el balance entregado en el informe de empalme denominado el 'Libro de la verdad', al tiempo que detalló los avances en la atención de la emergencia sísmica en el departamento de Caldas.Restrepo explicó que las indagaciones iniciales constituyen apenas una fracción de las anomalías detectadas durante el cambio de administración.El vicepresidente señaló que el equipo de trabajo analizó información técnica e identificó nueve patrones de comportamiento irregulares en el manejo de los recursos del Estado."Hemos encontrado cerca de 82 casos, algunos de los cuales fueron reportados a entes de control, otros de ellos pues representan preocupaciones de fondo", sostuvo.Restrepo agregó que revisan cerca de 220 casos adicionales a través de una labor coordinada con la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. Sobre el incremento del gasto burocrático y el nivel de endeudamiento del país, precisó que la deuda pública "está al 94 %", lo que limita el margen de maniobra financiero para atender emergencias.En materia de reforma agraria, el vicepresidente reveló que la meta propuesta de 1,5 millones de hectáreas para distribución solo alcanzó 98.000 hectáreas con registro pleno de títulos. Explicó que se desembolsó casi un billón de pesos a través de la Agencia Nacional de Tierras por 537 predios, entregando áreas sin el cumplimiento total de los requisitos legales, lo que "genera un problema social" y económico.En el sector defensa, Restrepo criticó la destinación de 6,3 billones de pesos en escudos antidrones que, según indicó, no cumplen los requerimientos técnicos necesarios para la seguridad del país.'Libro de la Verdad completo'Avances de la reconstrucción en CaldasRespecto a la atención del terremoto, el vicepresidente confirmó que realiza recorridos permanentes por Manizales, Villamaría, Chinchiná y Palestina para supervisar las ayudas humanitarias, la evaluación de daños en comercios y los procesos de demolición de viviendas.El funcionario anunció que el proceso de recuperación ya dio inicio en la región. "El departamento de Caldas ya arrancó la reconstrucción. Estamos disponiendo en este momento recursos del departamento, del municipio. De hecho, Manizales ya empezó a repartir subsidios de arriendo", puntualizó.Restrepo concluyó que la declaración formal de emergencia económica le corresponde al presidente Abelardo De La Espriella junto con su gabinete ministerial, medida que se espera sea oficializada próximamente para acelerar la asignación de fondos en los territorios afectados.
La Procuraduría General de la Nación logró la suspensión de 40 procesos ejecutivos acumulados y el levantamiento de los embargos que recaían sobre recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud a cargo de la Nueva EPS, dentro del proceso que se adelanta bajo el número 2023-484 en el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.La actuación fue adelantada por la Procuraduría en ejercicio de su función de intervención judicial civil, con el propósito de proteger los recursos públicos destinados específicamente a garantizar la prestación de los servicios de salud de los usuarios de la entidad.En este caso, la Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social solicitó al Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá que aplicara los precedentes establecidos por las Altas Cortes y por el Tribunal Superior de Bogotá relacionados con la protección de los recursos destinados al sistema de salud.La Procuraduría sustentó su petición, además, en la Circular 004 de 2026, expedida por el Procurador General de la Nación y dirigida a los jueces de la República y a los organismos del sector salud. El documento establece lineamientos sobre la inembargabilidad de los recursos destinados a la salud y busca evitar que estos dineros sean objeto de medidas cautelares que comprometan su destinación.De acuerdo con el Ministerio Público, los precedentes jurisprudenciales invocados protegen los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, particularmente en el contexto de los procesos de intervención forzosa de las EPS, y establecen restricciones frente a la imposición de embargos sobre recursos que tienen el carácter de inembargables.Como resultado de la intervención, fueron levantadas las medidas cautelares que afectaban recursos por un valor de $203.356.250.904, dinero que queda nuevamente disponible para cumplir con su destinación dentro del sistema de salud.La recuperación de estos recursos se produce en un momento en el que las entidades de salud requieren mayores capacidades financieras para garantizar la atención de los usuarios y responder a las necesidades derivadas de la emergencia económica y social provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible revocó directamente la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual se había declarado la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”, en un sector de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, Santander, área del páramo de Santurbán.La decisión quedó consignada en la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026 y tiene como uno de sus principales argumentos una recusación que había sido presentada dos días antes de la expedición del acto administrativo contra la entonces ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres.De acuerdo con el documento, la recusación fue radicada ante el Ministerio el 4 de agosto de 2026 y estaba relacionada expresamente con la actuación administrativa que terminaría con la declaratoria de la reserva en La Baja. Sin embargo, la recusación no fue tramitada antes de que Vélez suscribiera la Resolución 0994, el 6 de agosto.El Ministerio explica que la Ley establece que, una vez presentada una recusación, la actuación administrativa debe suspenderse hasta que esta sea resuelta. Por esta razón, la entidad concluyó que la actuación continuó pese a que legalmente se encontraba suspendida.“La Resolución 0994 de 2026 fue expedida en contravención de una regla legal procedimental de orden público”, señala la nueva resolución, que considera que esta situación configura una oposición manifiesta a la ley y permite la revocatoria directa del acto.Pero la recusación no fue el único argumento para retirar la decisión.El Ministerio también actuó en cumplimiento de una sentencia del 10 de agosto de 2026 del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, relacionada con una acción de tutela presentada durante el proceso de consulta pública del proyecto de reserva.El juez amparó los derechos fundamentales de acceso a la información pública, participación y debido proceso administrativo y ordenó que, si para el momento de la notificación de la sentencia ya había sido expedida la resolución sobre La Baja, esta quedara sin efecto y el procedimiento se retrotrajera para garantizar nuevamente la etapa de consulta.Por estas dos circunstancias, la orden judicial y la irregularidad procedimental derivada de la recusación, fue que el Ministerio decidió revocar integralmente la Resolución 0994 del 6 de agosto.La medida había declarado una reserva de 1.499,28 hectáreas en jurisdicción de California, con el propósito de proteger los recursos naturales y el sistema hídrico superficial y subterráneo asociado a la microcuenca de la quebrada La Baja, restringiendo nuevas concesiones mineras.La Resolución 1037 advierte que la decisión no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la procedencia o improcedencia futura de una medida de protección ambiental.El Ministerio señala que deberá realizarse una nueva evaluación jurídica, técnica, ambiental y procedimental, teniendo en cuenta las decisiones judiciales y las garantías de participación correspondientes.Sobre el tema se pronunció el Comité en Defensa de Santurbán que a través de su cuenta en X escribió:“No pasó ni un mes y el Gobierno de Abelardo De La Espriella empezó a desmontar las medidas que protegen Santurbán. Mientras el país enfrenta la emergencia por el terremoto, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aprovechó para tumbar la primera resolución que prohíbe el proyecto Soto Norte de la multinacional minera Aris Mining en Santurbán”.
