El caso de José Millán, gerente de la firma JM Salud y Belleza Colombia SAS, quien fue expuesto por maltratar a sus empleadas con gritos y acciones de alta agresividad, sigue dando de qué hablar en el país tras el llamado del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para que los consumidores no compren algunos de sus productos supuestamente diseñados para el manejo del dolor articular. Sobre la advertencia sanitaria, Carlos Robles, director de alimentos y bebidas del Invima, habló en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire. El funcionario aseguró que el compuesto 'NOVA FOR-NOVA COLLAGEN-NOVA FIB', es fraudulento. Al parecer, el producto era promocionado como tratamiento para el manejo del dolor articular declarando propiedades en salud, preventivas,"El Invima solicita a la población en general abstenerse de adquirir los productos relacionados en esta alerta. Se recomienda a los consumidores que hayan adquirido los productos relacionados en esta alerta suspender su consumo", informó la entidad."Es importante que los usuarios siempre verifiquen la información de los productos que están adquiriendo. Lo más importante es verificar que no sigan comercializando estos productos. Se ha hecho una publicidad engañosa", indicó Robles.
Hace unos días se volvieron tendencia en las redes sociales las denuncias de la cuenta RedFem Colombia de Instagram, conformada por un colectivo de mujeres, que puso en conocimiento de la opinión pública lo que sería un delicado caso de acoso laboral y agresiones por parte de José Millán, dueño de la empresa JM Salud y Belleza Colombia SAS.Y es que, de acuerdo con la denuncia y con varios videos, se ve a José Millán gritándole e insultando a sus empleados, la mayoría mujeres, mientras estaban desempeñando sus labores en la oficina.“Las víctimas no quieren denunciarlo porque tiene mucho miedo. Es una amiga de unas de las empleadas quien nos pidió hacer la denuncia”, explicó en su momento, Julieth Hernández, fundadora de RadFem, en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire.Sin embargo, JM Salud y Belleza se vio involucrado en una nueva polémica luego de que el Invima informara que un producto que actualmente vende, el 'NOVA FOR-NOVA COLLAGEN-NOVA FIB', es fraudulento. Al parecer, el producto era promocionado como tratamiento para el manejo del dolor articular declarando propiedades en salud, preventivas, curativas y/o terapéuticas. "El Invima solicita a la población en general abstenerse de adquirir los productos relacionados en esta alerta. Se recomienda a los consumidores que hayan adquirido los productos relacionados en esta alerta suspender su consumo", informó la entidad.
Un operativo conjunto de las autoridades de Bogotá contra los piques ilegales terminó con 196 órdenes de comparendo y 31 vehículos inmovilizados. Los controles se realizaron en diferentes corredores viales de la capital, donde fueron verificados conductores y motociclistas para prevenir prácticas que representan riesgos para la seguridad vial y afectan la convivencia.La jornada fue liderada por la Policía Nacional, a través de la Estación de Policía Santa Fe y la Seccional de Tránsito y Transporte, en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Local de Santa Fe.Los uniformados y agentes de tránsito realizaron labores de prevención, vigilancia y control en puntos identificados como corredores donde se presentan este tipo de comportamientos. Entre los sectores intervenidos estuvieron la avenida Circunvalar, el Mirador de las Mozas, el Bulevar del Museo Nacional y la calle 9 con carrera 3.Durante los procedimientos fueron revisados vehículos y motocicletas que transitaban por estas zonas. Como resultado, las autoridades impusieron 196 comparendos y llevaron a cabo la inmovilización de 31 automotores.Según la Policía, entre las principales infracciones encontradas estuvieron el incumplimiento de la obligación de portar el chaleco reflectivo en los horarios establecidos, el estacionamiento en lugares prohibidos, las deficiencias o modificaciones en los sistemas de luces y el uso de elementos que impiden la correcta lectura e identificación de las placas.Las autoridades explicaron que estos controles no están dirigidos únicamente a sancionar a quienes incumplen las normas, sino también a prevenir los factores de riesgo relacionados con los piques ilegales y otras conductas que pueden poner en peligro a conductores, motociclistas y demás actores viales.La Policía Nacional anunció que continuará realizando estos operativos de manera conjunta con las entidades distritales, especialmente en los sectores y horarios donde se registre una mayor afectación. El objetivo es prevenir accidentes, proteger la vida de quienes utilizan las vías y contribuir a la seguridad y convivencia en la ciudad.Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para cumplir las normas de tránsito y conducir de manera responsable.
La construcción del C5i de Medellín ya toma una dimensión estratégica con la confirmación de que este complejo será el centro de operaciones del Escudo de las Américas, la iniciativa de cooperación en seguridad impulsada por Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico, el terrorismo y las redes de crimen organizado transnacional.En la capital antioqueña el proyecto ya avanza con un 36% de ejecución e involucrando una inversión superior a 205.000 millones. Tendrá más de 18.000 metros cuadrados distribuidos en nueve niveles, con capacidad para concentrar en un mismo espacio la coordinación de las principales instituciones encargadas de la seguridad, la justicia y la atención de emergencias.Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, el complejo integrará al Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano, el Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana y las salas destinadas al análisis de situaciones críticas. A esto se sumarán enlaces permanentes de la Policía y el Ejército, lo que permitirá centralizar información y facilitar respuestas coordinadas frente a hechos que comprometan la seguridad."Desde aquí va a haber coordinación y cooperación en materia judicial entre Estados Unidos y Colombia, y impuntualmente. Va a haber coordinación y cooperación en materia de inteligencia, en materia de investigación y en materia de operatividad. Desde aquí se van a analizar, se van a planear y se van a dirigir operaciones articuladas y coordinadas", explicó.El funcionario también indicó que el denominado ‘Pentágono de la seguridad’ contará con analítica avanzada de video para identificar personas y placas, herramientas de inteligencia artificial, un centro de datos, sistemas de ciberseguridad y una plataforma unificada para administrar y supervisar las operaciones.También, tendrá un espacio destinado al uso de drones de vigilancia mediante un vertipuerto, una infraestructura clave para la incorporación de la tecnología a la seguridad de la ciudad.
La Defensoría del Pueblo advirtió que la protesta pacífica, las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de inconformidad política “no constituyen, por sí mismas, razones que justifiquen el ingreso de la fuerza pública a los campus universitarios”. El pronunciamiento se dio luego de que el Gobierno nacional anunciara la creación de un protocolo para regular la actuación de las autoridades en las universidades.Según la entidad, ese protocolo debe garantizar al mismo tiempo la autonomía universitaria, el derecho a la protesta y la protección de los derechos de todas las personas. Frente a la intención del Gobierno de diferenciar las manifestaciones legítimas de situaciones como violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público, la Defensoría señaló que esa distinción es fundamental y debe orientar cualquier intervención.El organismo recordó que la autonomía universitaria, establecida en el artículo 69 de la Constitución, “no significa extraterritorialidad”. Es decir, las universidades no están por fuera de la Constitución o la ley ni de las actuaciones legítimas de las autoridades. Sin embargo, esta autonomía protege la capacidad de las instituciones para autorregularse, garantizar la libertad académica y evitar interferencias indebidas, por lo que cualquier intervención estatal debe estar debidamente justificada.La Defensoría explicó que existen circunstancias excepcionales en las que la Fuerza Pública puede ingresar a una universidad, como los casos de flagrancia, en los que, como regla general, no se requiere autorización previa de las autoridades universitarias. Aun así, aclaró que ninguna de estas situaciones permite actuaciones ilimitadas, pues toda intervención debe tener un fundamento jurídico y cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.La entidad también pidió evitar que la protesta o la inconformidad sean equiparadas con hechos violentos o delictivos. Si algunas personas incurren en conductas de este tipo, la respuesta de las autoridades debe dirigirse específicamente a quienes las cometen y no convertirse en una intervención indiscriminada contra estudiantes, docentes, trabajadores u otros integrantes de la comunidad universitaria. En estos escenarios, la Defensoría considera que el diálogo, la mediación y la persuasión deben tener un papel central, mientras que el uso de la fuerza debe ser excepcional y diferenciado según el riesgo.Finalmente, la Defensoría pidió que el protocolo sea construido mediante un proceso participativo, como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641 de 2020. El documento, según la entidad, debe definir con claridad cuándo pueden intervenir las autoridades, cuáles son sus responsabilidades, cómo deben coordinarse con las universidades y qué garantías existen para prevenir abusos. La entidad reiteró que proteger la autonomía universitaria no significa tolerar delitos, pero garantizar el orden público tampoco puede implicar restricciones indebidas a la protesta pacífica.
Rusia sufrió este domingo un ataque masivo de drones ucranianos, que calificó de intento de "perturbar" unas elecciones parlamentarias destinadas a reforzar el control del poder del Kremlin tras cuatro años y medio de guerra en Ucrania.El número de los fallecidos por un ataque masivo de drones lanzados por las fuerzas ucranianas contra la región de Moscú en la noche pasada ha aumentado a tres, informaron las autoridades locales.Nadie duda de la victoria del partido Rusia Unida, del presidente Vladimir Putin, ganador de todas las elecciones parlamentarias en el país desde 2003.Todas las formaciones rivales respaldan las políticas de Putin y la ofensiva en Ucrania. De hecho, el único partido contrario a la guerra, Yábloko, fue excluido de la contienda hace pocas semanas por el Tribunal Supremo.Pero son las primeras elecciones legislativas desde el inicio de la campaña militar en Ucrania en 2022 y pueden ofrecer pistas sobre la opinión pública hacia el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.Después de meses de intensificación de los enfrentamientos entre ambos bandos, la tercera y última jornada de votación estuvo precedida, a primeras horas del domingo, por un ataque ucraniano con más de mil drones que alcanzó una refinería y zonas residenciales, provocando incendios.Un dron ucraniano también impactó contra un autobús en la región de Jersón, en el sur de Ucrania controlado por Rusia, con un saldo de dos muertos, entre ellos una empleada de la Comisión Electoral, anunció esta última.Ataque "sin precedentes"En Moscú, una refinería sufrió daños, según el alcalde Serguéi Sobianin, quien denunció un ataque "sin precedentes" cometido "con el objetivo de perturbar las elecciones"."El enemigo no lo ha conseguido", añadió, refiriéndose a los más de 1.600 drones derribados por la defensa antiaérea rusa, de los cuales "450 se dirigían hacia Moscú".El presidente ucraniano Volodimir Zelenski aseguró que los ataques de Kiev "han tenido un impacto muy importante en la región de Moscú".Putin instó a la ciudadanía a participar y consideró el voto como una muestra de apoyo a las tropas rusas y una "respuesta conjunta a quienes quieren debilitar a Rusia".La votación, que servirá para renovar los 450 escaños de la Duma, la cámara baja del Parlamento, se cerrará el domingo a las 18H00 GMT. Los primeros resultados se esperan inmediatamente después."No me da para vivir"Además de Rusia Unida, concurren a los comicios el Partido Comunista, el nacionalista LDPR, el conservador Rusia Justa y el liberal Gente Nueva. La campaña, sin embargo, ha sido limitada ante los desacuerdos de fondo entre ellos y la exclusión del liberal Yábloko.La policía detuvo el sábado a un observador de este partido liberal, dijo la formación. Además, uno de sus principales dirigentes fue condenado el mes pasado a 11 años de cárcel.Vitali Ivanov, un jubilado de 63 años, declaró el domingo a la AFP que ha votado "por los comunistas". "Tengo una pensión pequeña, no me da para vivir", explicó. Otra votante, Tatiana, no escondía el sábado su apoyo a Rusia Unida. "Es el partido más grande, el que más trabaja y el más productivo", dijo la mujer de 71 años.Algunos rusos temen que después de las elecciones haya una movilización militar como la de 2022, cuando la llamada de 300.000 reservistas provocó el éxodo de numerosos hombres en edad militar. Putin lo niega.CiberataqueLos adversarios políticos de Putin fueron en su mayoría empujados al exilio y su principal opositor, Alexéi Navalni, murió en una prisión del Ártico en 2024. La oposición rusa en el exilio instó a los rusos contrarios al Kremlin a no boicotear las elecciones, sino a votar "contra el partido de Putin".La viuda de Navalni, Yulia Naválnaya, llamó a los rusos contrarios a la guerra a emitir su voto de forma sincronizada al mediodía del domingo, una táctica que en las elecciones presidenciales de 2024 atrajo multitudes a las urnas.Pero Yábloko discrepó y argumentó que era mejor abstenerse."¿Sugieren que, una vez más, sigamos como ovejas, bailando al son que ellos tocan, y votemos por aquellos que han provocado la muerte de personas en Rusia y Ucrania?", declaró a principios de esta semana el presidente del partido, Nikolái Ribakov.El voto también se lleva a cabo de forma electrónica en unas treinta regiones. El sábado la Comisión Electoral informó de un "ciberataque muy potente".También aseguró que unos saboteadores habían cortado las líneas de comunicación en el extremo oriental de Rusia, lo que tildó de "un intento de perturbar la votación en la región".
Por las torturas y lesiones personales agravadas que venía sufriendo un niño de solo 7 años, la Fiscalía en Barranquilla judicializó a la madre y su pareja sentimental. Las dos mujeres, presuntamente sometían al menor a todo tipo de vejámenes psicológicos y físicos como arrancarle parte del labio superior de su boca.La diligencia judicial se realizó este sábado a las capturadas, identificadas como Mileidys Nohemí Viloria Sanjuanelo, madre del niño, y Sindy Patricia Santiago Echeverría, su pareja sentimental. El ente acusador sostuvo que los actos de tortura fueron cometidos entre el 2024 y 2026.Las agresiones se habrían presentado en diferentes viviendas ubicadas en los barrios Simón Bolívar, de Barranquilla, y Costa Hermosa, de Soledad, en el Atlántico, señaló el representante de la Fiscalía 12 Seccional de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) del Atlántico.De acuerdo con la investigación, al parecer las procesadas sometieron a la víctima a reiteradas agresiones físicas y psicológicas, causándole intensos dolores físicos y afectaciones a su integridad física y emocional.En ese sentido, el dictamen de Medicina Legal determinó una incapacidad médico legal de 25 días por las heridas en su rostro. Agregó el funcionario del ente acusador que producto de las agresiones, la víctima también sufrió una deformidad permanente en otras partes de su cuerpo.Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas, cargos que las procesadas no aceptaron. La entidad también solicitó al juez de control de garantías medida de aseguramiento en un centro carcelario, para proteger al niño.Esto dijo el representante del ente acusador durante la diligencia de judicialización.“Medicina Legal generó una incapacidad definitiva de 25 días con secuelas médico legales que afectan el rostro y deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente. Por lo tanto, la ejecución de sus acciones (de la madre y la pareja) resultó suficiente para producir por sí solas este resultado lesivo al cuerpo del niño, configurándose de esta manera el delito de lesiones ya expuesto, tipificado conforme a los artículos mencionados. Se tiene entonces que, igualmente, dichas conductas se ejecutaron quebrantando los deberes de las señoras de llevar un cuidado sano frente a este niño, de violar sus derechos fundamentales, de no ser tratado de manera denigrante”, expresó el fiscal durante la audiencia.Frente a las lesiones sufridas, un familiar contó que al niño le arrancaron parte de su labio superior y varias uñas de sus manos, entre otros vejámenes. Agregó que la madre del niño se lo llevó mediante engaños en el 2024 de Cartagena, donde vivía con su padre, y después de eso le perdieron el rastro. En este momento el menor se encuentra con su progenitor.La captura de las dos mujeres fue realizada mediante orden judicial por el CTI, en coordinación con la Policía y el Ejército en Soledad.La audiencia en la que se definirá si las dos judicializadas tendrán medida de aseguramiento en un centro carcelario o en sus casas se realizará el próximo 5 de octubre a las 4:00 de la tarde.
