Tras varias semanas de revisión por parte de la Registraduría Nacional, finalmente la entidad avaló las firmas necesarias para que la el referendo de autonomía territorio para las regiones del país siga su trámite.El Comité del Referendo entregó más de 4 millones de firmas, de las cuales fueron avaladas un poco más de dos millones.Tras esta determinación el referendo impulsado especialmente por el gobernador Andrés Julián Rendón, ahora pasará a estudio por parte del Congreso de la República, el cual determinará su viabilidad.En caso de que este trámite resulte positivo surtirá un análisis similar por parte de la Corte Constitucional para así poder convocar a las urnas.Para ser aprobado, el mecanismo deberá contar con una participación en favor de la mitad más uno por parte del 25% del censo electoral del país, es decir, deberán votar cerca de 9.5 millones de ciudadanos.Con el referendo se busca que cada uno de los departamentos del país puedan tener mayores recursos para la inversión disponiendo de tributos como renta y patrimonio sin que tengan que ir al Gobierno nacional.Para el caso de Antioquia esto significaría pasar de percibir unos 6 billones de pesos a 9 billones vía Sistema General de Participaciones.
Este lunes comienza la votación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) en el Congreso, una iniciativa que busca una reestructuración profunda en la distribución de recursos entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales.La medida ha suscitado una gran polémica debido a los riesgos fiscales que conlleva, según lo advierten exministros de Hacienda como José Manuel Restrepo y José Antonio Ocampo, quienes expresaron su preocupación en Mañanas Blu.El Sistema General de Participaciones es el mecanismo por el cual el Gobierno Nacional transfiere parte de sus ingresos a los departamentos y municipios, permitiendo financiar áreas críticas como la salud, educación, y saneamiento básico.La propuesta actual busca modificar la Constitución para aumentar considerablemente el porcentaje de los ingresos nacionales asignados a estos entes territoriales, lo cual, según el exministro Restrepo, implicaría un aumento del 23.8% al 46.5% en la proporción de ingresos corrientes destinados a las regiones.Restrepo resaltó que, aunque la descentralización es un objetivo deseado por muchos, los costos asociados con esta reforma son alarmantes: “Esta transferencia de recursos no puede ser de manera irresponsable. Duplicar el monto de recursos le costaría a la nación aproximadamente $60 billones adicionales anuales, es decir, casi lo equivalente a cuatro reformas tributarias”.El exministro explicó que el acto legislativo sugiere que las regiones asumirían responsabilidades que actualmente recaen en el Gobierno central, pero hasta el momento no hay claridad sobre cuáles competencias se transferirán. Sin esta definición, se corre el riesgo de un desbalance fiscal significativo. La carga sobre el Estado y el riesgo de sostenibilidad fiscalSegún Restrepo, la medida podría “desangrar el ingreso corriente de la nación”, ya que se destinaría una porción considerable de los ingresos del Gobierno central a las regiones, dejando al Estado con menos recursos para cumplir sus compromisos.Este cambio podría implicar una reorganización de las competencias, de modo que las regiones tendrían que asumir la financiación de servicios que actualmente son responsabilidad del gobierno central, como infraestructura en educación y saneamiento básico.La posición de José Antonio OcampoJosé Antonio Ocampo, otro de los exministros firmantes de la carta de advertencia, expresó en la misma entrevista su preocupación por los efectos fiscales de esta propuesta, afirmando que la reforma podría llevar a una “crisis fiscal aún más profunda”.Ocampo, quien fue el primer ministro de Hacienda bajo la administración de Petro, advirtió sobre la necesidad de prever con precisión los gastos asociados a las nuevas competencias de las regiones antes de incrementar los recursos transferidos.“El peligro mayor es que genere una crisis fiscal aún más profunda de la que tenemos, porque prácticamente duplica en un periodo de 10 años las participaciones de las regiones en los impuestos nacionales”, enfatizó Ocampo.Uno de los puntos críticos señalados tanto por Restrepo como por Ocampo es la falta de capacidad administrativa y técnica en muchos entes territoriales para asumir estas nuevas responsabilidades.Para Restrepo, es crucial evaluar si todos los departamentos y municipios tienen los recursos y habilidades necesarias para gestionar proyectos de infraestructura y servicios en áreas tan esenciales como la educación y la salud.“Existen regiones, como Antioquia o Atlántico, que podrían asumir estas responsabilidades sin mayores problemas, pero ¿qué pasa con lugares menos desarrollados como Chocó?”, cuestionó Restrepo. Según él, muchos departamentos no cuentan con los recursos suficientes para asumir las competencias que se les pretende transferir, lo que podría llevar a una ejecución ineficiente de los recursos y agravar las desigualdades regionales.Ocampo coincidió en la importancia de la descentralización, pero insistió en que esta debe implementarse de forma ordenada y con una base fiscal equilibrada.“Es fundamental en este proceso que se diga que no va a ser el Gobierno Nacional quien tenga que cubrir el fondo en su totalidad, y para eso es indispensable determinar con claridad las funciones que recaerán sobre los departamentos y municipios”, explicó el exministro.Otro aspecto que añade complejidad a la situación es la falta de consenso dentro del mismo Gobierno. Restrepo reveló que, hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda ha cambiado su posición en torno a la reforma en varias ocasiones, lo que genera incertidumbre sobre el verdadero apoyo de esta entidad a la propuesta. Según el exministro, esto podría deberse a que el acto legislativo condiciona la transferencia de competencias a un futuro proyecto de ley, el cual aún no ha sido presentado ni debatido. "Hoy veo una posición disonante, incluso al interior del propio Gobierno”, comentó Restrepo, aludiendo a la falta de alineación entre el Ministerio del Interior, Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda sobre los efectos de la reforma.
En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, en medio de la sección ‘Patos al Agua’, el aspirante a la Gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó detalles sobre sus propuestas para gobernar ese departamento.Rendón es economista y especialista en regulación económica de la Universidad Eafit, ha sido concejal y alcalde de Rionegro. También fue secretario de Gobierno de Antioquia de 2008 a 2011 y durante este período fungió como gobernador encargado del departamento.Una de las propuestas que más ha llamado la atención de este aspirante es la descentralización de las finanzas de las regiones.“Colombia padece un centralismo asfixiante desde hace un sigo, lo que ha venido aconteciendo es que las regiones se quedaron sin capacidad de respuesta para atender las necesidades de la gente”, señaló.Rendón explicó que su propuesta se basa en la modificación de la Constitución con el fin de beneficiar económicamente a las regiones: “Así sea vía referendo modifiquemos la Constitución puntualmente el artículo 298 que habla del que hacer de los departamentos y agreguemos un parágrafo que rece de la siguiente manera: solo los departamentos podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas domiciliada en el territorio”.Y agregó que, de esta manera, los ingresos serán casi que doblados en todos los departamentos y en Antioquia especialmente le favorecerá en términos de economía.En este sentido aclaró que no se trataría de una “Antioquia federal”, sino por el contrario lo que plantea es el mejoramiento y la mitigación del centralismo en el país y las regiones.Vea la entrevista con el aspirante a la Gobernación de Antioquia Andrés Julián Rendón:Vea aquí nuestra transmisión en vivo:
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se refirió al calificativo que hizo el senador de Cambio Radical Arturo Char sobre la Ley de Regiones en medio de un evento político en Malambo, Atlántico. Verano dijo en Mañanas BLU que su comentario puede ser producto del "calor de una campaña".Lea también: Senador Arturo Char calificó como "marihuana" la regionalización del Caribe"Yo pienso que es parte de la efervescencia y el calor de una campaña. Vamos a esperar que los temas fluyan y después las aguas volveran a su rumbo", aseguró el mandatario departamental. Hay que recordar que el congresista Char calificó la Ley de Regiones como "la marihuana" de la región Caribe, declaraciones que han generado polémica en redes sociales y en todo el ámbito político."Yo creo que ellos tienen su punto de vista y no habíamos tenido la oportunidad de discutirlo. Vamos a hacer los acercamientos necesarios", puntualizó Verano.Lea también: Ley de Regiones es una esperanza para los departamentos: Duque Sobre un supuesto descuido de los problemas de los municipios del departamento por dedicarle mucho tiempo a la Ley de Regiones, según Arturo Char, el mandatario departamental desmintió lo anterior y aseguró que la regionalización no ha sido impedimento para atender las necesidades del Atlántico. "Eso no nos ha quitado nada de tiempo para manejar el departamento", finalizó Verano. Escuche aquí la entrevista en Mañanas BLU con el gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa:
Polémica ha causado en el ambiente político del Atlántico el comentario del senador Arturo Char Chaljub durante una manifestación en el municipio de Malambo, Atlántico, lugar en el que se apoyaba al candidato a la Alcaldía de esa localidad, Jair De la Cruz, y a Elsa Noguera a la Gobernación del Atlántico.En medio de su discurso en la plaza pública, con micrófono en mano, el congresista de Cambio Radical le pidió a la candidata Noguera que, en caso de llegar al cargo, no se desgaste en lo que calificó como la “marihuana esa de la región Caribe”, sino que se concentré en los problemas de las poblaciones.“Ella (Elsa Noguera) no va a estar en Bogotá con la marihuana esa de la región Caribe, y dale con la región Caribe y la región Caribe. Elsa, no le puedes dedicar un minuto a esa vaina”, pidió Char a la candidata.Esto ha sido tomado como una indirecta o una alusión tácita al actual gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, quien ha liderado las campañas en pro de la regionalización, lo mismo que a los políticos que durante años han luchado por la descentralización administrativa y una mayor autonomía.“Esos manes siempre tienen una vaina de que quieren ser presidenciables”, agregó Arturo Char durante su candente intervención, matizada con evidentes gestos de burla.El gobernador Eduardo Verano, quien es considerado el padre de la denominada Ley de Regiones, no se ha pronunciado sobre este comentario en la plaza pública de Arturo Char. El mes pasado el presidente Iván Duque estuvo en Barranquilla para firmar esta Ley y reconoció el liderazgo de Verano para tramitarla en el Congreso.El comentario llama la atención porque no se conocían disputas ni desencuentros entre la Casa Char y la Administración Departamental. Incluso, el gobernador Verano y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char (hermano de Arturo), han liderado varios procesos de la mano.
Incrementar en un 67 % las regalías que reciben los departamentos para gobernar con mayor equidad ha sido el primer paso que el gobierno de Duque, en apenas 11 meses, ha dado para eliminar la brecha social y económica en los territorios, así lo afirmó el presidente Iván Duque al firmar simbólicamente el pasado miércoles en Barranquilla la Ley de Regiones.Dicha ley, según el mandatario, debería llamarse 'Ley Verano' por el trabajo del gobernador del Atlántico para conseguirla. Otro ejemplo de la manera como se está gobernando desde y con las regiones, según Duque, es la actualización del catastro en el país, para lo cual se pidió un préstamo de 150 millones de dólares al Banco Mundial con el fin de tenerlo actualizado al 60 % al término de 2022.Lea también: Presidente Duque entrega la Ley de Regiones en BarranquillaDuque se refirió también al tema Electricaribe y aseguró que espera que, al finalizar este año, ya se cuente con un nuevo operador. También garantizó la entrega del puente Pumarejo para el 31 de diciembre.Durante la clausura del foro ‘+ Región, hacia un nuevo modelo de Estado’ realizado en Barranquilla, el presidente Iván Duque anunció la firma de la ley exigirá que todas las transacciones en el sistema de salud se hagan a través de factura electrónica. Lo anterior, para acabar con los abusos y las dobles contabilidades que han afectado el bolsillo de los colombianos.Lea también: Presidente Duque inaugura primera sede del Sena para formación en economía naranjaHay que decir que con esta ley se crea un sistema integrado de control, inspección y vigilancia para todo el sector salud, de la cual harán parte la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Nacional de Salud.La norma promueve, además, “la unificación de los sistemas de información de gestión financiera y asistencial, la publicación de información esencial para el control social y rendición de cuentas de los agentes del sector”.
A dos semanas de concluir el periodo constitucional del gobierno del presidente Gustavo Petro, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) presentó una nueva propuesta de reforma tributaria que busca un recaudo de 22 billones de pesos. La iniciativa, que representa el cuarto intento del Ejecutivo por ajustar los ingresos del Estado, plantea modificaciones en impuestos como el IVA a los combustibles, ajustes al tributo sobre el patrimonio y cambios en las exoneraciones parafiscales de los empleadores.En entrevista con Mañanas Blu, el director de la Dian, Carlos Betancourt, explicó las razones del Ejecutivo para radicar el proyecto de ley a pocos días del cambio de mando y detalló las principales medidas que contempla la propuesta fiscal.Razones de PEtro y debate sobre la responsabilidad fiscalAnte los cuestionamientos por presentar un proyecto de ley al término del mandato, el director de la Dian justificó la medida bajo tres argumentos principales referentes a la administración de las finanzas públicas y el ordenamiento constitucional."Hay 3 aspectos que tener en cuenta. El primero es que pues todo gobierno tiene la responsabilidad fiscal y las autoridades fiscales tienen la responsabilidad de presentar alternativas para el ajuste de las finanzas públicas, incluso hasta el último momento", dijo Carlos Betancourt.Según el funcionario, el manejo de las finanzas públicas recae en tres componentes: el recaudo tributario, la gestión del gasto y el endeudamiento. Betancourt afirmó que el actual Gobierno ya realizó un recorte superior a los 30 billones de pesos en el gasto público y que el 93 % de este es inflexible, destacando que el 85 % de la nómina estatal corresponde a personal de la fuerza pública, salud y la rama judicial.Asimismo, indicó que la Constitución prevé que el Congreso saliente debe tramitar iniciativas hasta el final de la legislatura y que la propuesta busca abrir la discusión sobre el ajuste fiscal que deberá afrontar la próxima administración.Modificaciones al IVA en combustibles e impacto en la canasta familiarUno de los puntos clave del proyecto es el incremento en la tarifa del IVA para la gasolina y el diésel, que pasaría del 5 % actual al 19 %. Sobre la relación entre esta medida y el costo de vida, el director de la Dian afirmó que la iniciativa no afecta directamente los productos alimenticios ni los servicios básicos."Nosotros no tocamos nada de lo que tenga que ver con la comida, con todos los pagos de los servicios, etcétera, que son los componentes fundamentales de la canasta familiar", dijo.Al ser consultado sobre el efecto del transporte de carga en los precios de los alimentos, Betancourt sostuvo que el incremento en el precio del galón de combustible no superará los 450 pesos y que se contempla una aplicación progresiva entre los años 2027 y 2028. Añadió que la medida se alinea con recomendaciones internacionales orientadas a la reducción de subsidios a los combustibles fósiles y al fomento de la transición energética.Cambios en el impuesto al patrimonioRespecto a la tributación sobre el capital, la propuesta establece cobros para las personas naturales con patrimonios líquidos superiores a 2.100 millones de pesos, descontando el valor del inmueble de vivienda hasta por determinado tope, fijando el umbral efectivo de tributación alrededor de los 2.700 a 2.800 millones de pesos.Betancourt precisó el número de contribuyentes que estarían alcanzados por este gravamen según los rangos de patrimonio:Entre 2.100 y 3.700 millones de pesos: 76.000 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 0.2 %.Entre 3.600 y 6.500 millones de pesos: 17.000 contribuyentes.Entre 6.000 y 12.000 millones de pesos: 8.000 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 1.3 %.Patrimonios superiores a 13.000 millones de pesos: 2.900 contribuyentes, con tarifa efectiva del 2.8 %.Patrimonios superiores a 151.000 millones de pesos: 66 contribuyentes.En total, la entidad calcula que cerca de 104.000 personas estarían cobijadas por el impuesto al patrimonio.Modificación en exoneración de aportes parafiscalesEl proyecto de ley incluye una modificación al artículo 114 del Estatuto Tributario, que regula la exoneración del pago de aportes a salud, SENA e ICBF por parte de los empleadores. Actualmente, las empresas están exentas de estos pagos por los trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). La propuesta reduce dicho tope, aplicando la exoneración únicamente para los empleados que perciban hasta 3 salarios mínimos.Al respecto, el director de la Dian señaló: "El artículo 114 del Estatuto Tributario establece una exoneración para los empresarios que tengan sus empleados con hasta 10 salarios mínimos. Entonces la idea es pasar a exoneración hasta apenas 3 salarios mínimos"El funcionario sostuvo que la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas mantienen trabajadores con salarios inferiores a los 3 SMMLV, por lo que la afectación se concentraría en ciertos segmentos empresariales dentro de la meta de ajuste fiscal.Ejecución presupuestal y gasto socialDurante la entrevista se mencionaron informes sobre la contratación estatal y el volumen del gasto público en el transcurso del periodo presidencial. Frente a las cifras presentadas por organizaciones como Transparencia por Colombia sobre la firma de contratos de prestación de servicios, Betancourt manifestó no contar con los datos específicos de dicho informe al momento de la entrevista.El director de la Dian argumentó que el incremento histórico del gasto responde al diseño constitucional de 1991, el cual asigna responsabilidades en gasto social mientras limita las fuentes directas de financiamiento monetario. Detalló que las partidas presupuestales del Gobierno saliente se destinaron principalmente a programas sociales, la compra y formalización de cerca de dos millones de hectáreas para la reforma agraria, subsidios monetarios directos y el fortalecimiento salarial y logístico de la fuerza pública.
Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en cámaras de seguridad en la localidad de Engativá, en Bogotá. Una mujer fue víctima de un intento de atraco cuando esperaba frente a la entrada de una vivienda, pero decidió resistirse al robo y enfrentó al delincuente, quien la intimidó con un arma de fuego al parecer falsa.En las imágenes se observa el momento en que el ladrón, que vestía una chaqueta roja, gorra negra y llevaba una maleta, se acerca a la víctima. El hombre, que llegó al lugar en una bicicleta, desenfundó un arma falsa para amenazarla e intentar obligarla a entregar sus pertenencias.La mujer, visiblemente angustiada, le hacía gestos de negación y le suplicaba que no la robara. Sin embargo, el delincuente insistió y comenzó un fuerte forcejeo para arrebatarle el bolso y los objetos de valor que llevaba. Durante varios segundos ambos lucharon en plena vía pública hasta que terminaron cayendo al suelo. A pesar de la violencia del ataque, la víctima no soltó sus pertenencias.En el video se ve cuando el ladrón se percata de que varios vecinos se disponían a salir para auxiliar a la mujer. Ante esa situación, decidió abandonar el intento de hurto, se levantó rápidamente, tomó su bicicleta y escapó del lugar sin lograr su objetivo. Como consecuencia del forcejeo, la mujer sufrió lesiones, aunque evitó que el delincuente le quitara sus pertenencias.Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo hecho de inseguridad ocurrido en plena vía pública de Bogotá ni se conoce información sobre la identificación o captura del responsable.
Tal como previsto, desde este miércoles quedó en firme el proceso de reversión del corredor de carga Cartagena - Barranquilla, con el cual el Invías asumió oficialmente la operación de esta carretera de 249,16 km y el manejo de los seis peajes que se hallan en este tramo entre Atlántico y Bolívar, una transición que se ha visto alterada por protestas de la comunidad.Este corredor estaba a cargo de la Concesión Autopistas del Caribe, pero esta solicitó su liquidación anticipada tras no lograr su cierre financiero, entre otras, por las constantes protestas en la vía que impedían el recaudo en sus peajes.Ahora, la comunidad sigue protestando y hasta levantó las talanqueras en el peaje de Sabanagrande este miércoles, permitiendo el paso libre por la vía Oriental, pues dice que el Invías no les garantiza que continuará el cobro de una tarifa diferencial para los habitantes de la zona, quienes venían pagando a la Concesión 2.800 pesos y no los 12.700 de la tarifa plena.Rubén Llanos, líder del Comité no al Peaje, afirma que en manos del Invías debería regir una tarifa cero para ellos, pues tampoco se están haciendo las obras prometidas."Nosotros en el documento de objeciones a la resolución le pedimos que se suspendan el cobro de las casetas de peaje mientras no se tenga el estudio técnico y las socializaciones con las comunidades", afirmó Llanos.Los manifestantes dicen que mantendrán arriba las talanqueras del peaje de Sabanagrande en señal de protesta, hasta que hagan presencia funcionarios del Invías y del Ministerio de Transporte.Esta manifestación también podría extenderse hacia el peaje de Galapa, sobre La Cordialidad, donde la comunidad reclama la misma exención del cobro de la caseta.
En una iniciativa legislativa que busca transformar la interacción de los menores de edad con el mundo digital, el representante a la Cámara Jesús Lorduy, junto al senador Enrique Cabrales, radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República que pretende prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales sin una regulación estricta. La propuesta se inspira en modelos internacionales recientes, como el de Francia, y busca mitigar los riesgos asociados al uso temprano de estas plataformas.Un marco de protección y corresponsabilidadEl objetivo principal de la norma es establecer un sistema robusto que salvaguarde la integridad de la infancia en el entorno virtual. Según explicó el representante Lorduy en entrevista, “lo que buscamos es crear un marco integral de protección reforzada para los niños, niñas y adolescentes frente al riesgo derivado del acceso temprano y no regulado de redes sociales”.El parlamentario enfatizó que la seguridad digital no debe recaer únicamente en los menores, sino que es un asunto de "corresponsabilidad" que involucra al Estado, la sociedad, las instituciones educativas, las familias y, de manera crucial, a los proveedores de servicios. En este sentido, las empresas tecnológicas de redes sociales son señaladas como las principales responsables de implementar los mecanismos de control necesarios. Sanciones millonarias para las plataformasUno de los puntos más polémicos y contundentes del proyecto son las sanciones económicas para las empresas que no cumplan con la verificación de edad. Lorduy detalló que las multas están contempladas en el artículo 10 del articulado: “En caso de incumplimiento podrán ser multados hasta por 5000 salarios mínimos legales vigentes. Eso un monto de alrededor de 8.500 millones de pesos”.Estas multas estarían dirigidas a los prestadores del servicio que no establezcan requisitos claros para identificar si el usuario es menor de edad.La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sería el órgano encargado de inspeccionar, vigilar y ejercer el control sobre estos contenidos y el cumplimiento de la ley. Métodos de verificación y control parentalPara asegurar que los usuarios cumplan con el requisito de edad, el proyecto propone diversas herramientas tecnológicas. Entre ellas se encuentran el uso del documento de identidad, el consentimiento y vinculación de padres o tutores, y tecnologías avanzadas de reconocimiento facial mediante inteligencia artificial.“Esa verificación debe tener varios puntos, incluido pues el número de identificación... pero no nos basta solo con esto, sino también con un reconocimiento facial y hoy con la IA y con muchas herramientas que tenemos se puede identificar si esa persona es menor de 16 años o no”, explicó el representante.Además, la ley busca que las plataformas ofrezcan experiencias diferenciadas: “Es crear prácticamente de manera paralela dos tipos de contenidos. Los contenidos que son para menores de 16 años y los contenidos para personas adultas mayores a 17 años”.De esta forma, si un menor logra acceder, solo tendría disponible material apto para su edad, similar a como operan los controles parentales en plataformas de streaming como Netflix. El preocupante panorama de los menores en la redLa urgencia del proyecto se sustenta en cifras alarmantes sobre el consumo digital en el país. Lorduy advirtió que “los niños y niñas en Colombia pasan en promedio al día entre 8 y 9 horas en una pantalla o en un celular”.A esto se suma que el 62% de los menores de 16 años en el país no cuentan con ningún tipo de control parental sobre lo que consumen en redes sociales. Con aproximadamente 8 millones de niños menores de 15 años en Colombia, la mayoría con acceso potencial a estas redes, el debate sobre su protección se vuelve prioritario en la agenda legislativa. Escuche aquí la entrevista:
Lo que comenzó como una aparente ayuda por una llanta pinchada terminó en un violento secuestro y atraco en los accesos a Bogotá. Tres ciudadanos venezolanos fueron capturados en las últimas horas, señalados de integrar una peligrosa banda que interceptaba conductores en la vía entre Chipaque y Bogotá para despojarlos de sus pertenencias y de sus vehículos.El caso se conoció luego de que varias personas pidieran ayuda tras sufrir el pinchazo de una llanta cuando transitaban por el municipio de Chipaque, en límites entre Cundinamarca y Bogotá. Según la investigación, tres hombres que se movilizaban en motocicletas aprovecharon la situación para abordarlos y, mediante intimidaciones y agresiones físicas, obligarlos a permanecer dentro de la camioneta en la que se movilizaban.Las víctimas denunciaron que fueron golpeadas, mantenidas en contra de su voluntad y trasladadas por distintos sectores mientras los delincuentes les robaban sus pertenencias, entre ellas los teléfonos celulares. Con esos mismos dispositivos, los criminales contactaron a familiares de las víctimas para exigir dinero a cambio de su supuesta liberación, en un intento por obtener una segunda ganancia del crimen.Mientras se desarrollaban patrullajes en los sectores de Los Soches y El Boquerón, en la localidad de Usme, policías detectaron una camioneta y dos motocicletas cuyos ocupantes reaccionaron de manera sospechosa al notar la presencia policial. Paralelamente, la Central de Radio alertó sobre el secuestro y el hurto denunciados horas antes, lo que permitió relacionar ambos hechos y desplegar un operativo de búsqueda.Las labores de rastreo llevaron al rescate de las víctimas, quienes fueron encontradas abandonadas en el sector de El Boquerón. Allí relataron que habían sido retenidas contra su voluntad, amenazadas, agredidas físicamente y despojadas tanto de sus pertenencias como de la camioneta en la que viajaban.Poco después, las víctimas reconocieron a los tres hombres que ya habían sido interceptados por los policías como los presuntos responsables del secuestro y del robo, por lo que fueron capturados en el lugar.Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron la camioneta robada e inmovilizaron las dos motocicletas que, al parecer, eran utilizadas para ejecutar los asaltos. Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos de secuestro y hurto.Las autoridades investigan si esta estructura estaría relacionada con otros casos ocurridos en los corredores de ingreso a Bogotá, bajo la modalidad de pinchar llantas para obligar a los conductores a detenerse y convertirlos en víctimas de robos o secuestros exprés.
