Un nuevo logro obtuvo la empresa barranquillera Tecnoglass, la cual se dedica a la manufactura de ventanas de aluminio y vinilo y vidrio arquitectónico, pues a partir de inversiones realizadas en eficiencia energética, con la mejora de generadores y la implementación de sistemas de cogeneración, lograron la neutralidad de carbono para avanzar en el objetivo de cero emisiones que tienen trazado para 2050. “Nuestro compromiso con la sostenibilidad es una prioridad para Tecnoglass,” comentó José Manuel Daes, CEO de Tecnoglass, quien destaca esto como un hito para reafirmar el compromiso de la compañía con una actividad industrial sostenible que reduce su impacto ambiental. “Reconocemos la importancia de tomar medidas proactivas para combatir el cambio climático y estamos orgullosos de estar a la vanguardia de los esfuerzos de sostenibilidad en nuestra industria. Como parte de nuestra hoja de ruta de sostenibilidad, hemos establecido objetivos ambiciosos para reducir aún más nuestra huella de carbono y promover prácticas sostenibles a lo largo de nuestra cadena de valor", añadió Daes. Debido a que este es un logro en medio de un plan de largo plazo para la empresa, la compañía se compromete con la inversión de recursos en más proyectos de energía renovable y con la mejora continua de los procesos de producción que realizan para la producción de aluminio y vidrio. "En 2023, Tecnoglass declaró su objetivo de convertirse en una empresa Carbono Neutro, respaldada por importantes inversiones en eficiencia energética, a través de proyectos como la mejora de generadores y la implementación de sistemas de cogeneración; lo cual, a pesar de un aumento de la producción, ascendió a emisiones totales de GEI en todos los alcances de 390.411 tCO2eq/año", explicó la empresa en un comunicado de prensa.
El Gobierno presentó este jueves al Congreso una polémica reforma tributaria que busca financiar la crisis económica generada por la pandemia, pero el proyecto enfrenta obstáculos en un Legislativo sin mayoría en el bando oficialista.Aunque ha sido presentada como una herramienta para mitigar la pobreza en medio de la emergencia sanitaria, la iniciativa enfrenta el rechazo de sindicatos y expertos que denuncian un ensañamiento con la clase media.Durante una presentación virtual, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, defendió la necesidad de ir "ampliando paulatinamente la base de personas gravables" en el país."Tenemos una propuesta de reforma que recaudaría 23 billones de pesos (unos 6.300 millones de dólares) en promedio entre el año 2022 y el año 2031", y que busca generar una mayor austeridad en gastos oficiales, afirmó.De acuerdo con el texto divulgado, la iniciativa incrementa el IVA de 5% a 19% para la gasolina y aplica esta misma tasa a los servicios básicos en zonas de clase media-alta.También gravará por primera vez con impuesto sobre la renta a las personas que ganen más de 656 dólares mensuales, una medida rechazada por sindicatos en un país donde el salario mínimo es de 248 dólares.Además, crea un impuesto temporal a la riqueza para altos salarios y prolonga los subsidios mensuales para hogares más pobres que oscilarán entre 22 y 100 dólares, según el numero de integrantes."Es cierto hay personas que vamos a pagar un poco más, pero también es cierto que estamos ayudando solidariamente a bajar la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema", que afectan al 36 y al 10% de los colombianos respectivamente, alegó Carrasquilla.Alrededor de 74% del recaudo provendrá de personas y apenas 3,7 billones de pesos de empresas, reconoció.- Golpetazo a la clase media" -Desde su anuncio, la iniciativa fue rechazada por la oposición y sindicatos que anunciaron movilizaciones para el 28 de abril."Evidentemente es un golpetazo a la clase media", denunció Fabio Arias, fiscal general de la Central Unitaria de Trabajadores, en W Radio.Para Alejandro Useche, profesor de la escuela de administración de la Universidad del Rosario, la reforma, necesaria para sostener el gasto en un país endeudado, fue mal formulada."Puede estar generando un perjuicio mayor sobre el bolsillo de los contribuyentes de menores ingresos y de pronto no tanto sobre personas y empresas de altos niveles de ingresos y de patrimonio", advirtió a la AFP.La iniciativa tampoco tiene el camino despejado en el Congreso, donde el gobierno no mantiene mayorías claras y enfrenta la reticencia de sus aliados a un año de elecciones presidenciales. El proyecto deberá ser aprobado por el legislativo antes del 20 de junio.Colombia estuvo confinada entre marzo y septiembre de 2020 para enfrentar al nuevo coronavirus que deja más de 2,5 millones de contagios y casi 67.000 muertes.Pero el gobierno fue relajando las medidas ante el descalabro de la economía, que se hundió 6,8% en 2020 frente a 2019, su peor desempeño en casi medio siglo. Tras un año de pandemia cerca de la mitad de los ciudadanos trabajan en la informalidad.Para este año, el Fondo Monetario Internacional espera que el Producto Interno Bruto crezca 5,1% en la cuarta economía de América Latina, con 50 millones de habitantes.Sin embargo, los nuevos cierres decretados para frenar la tercera ola de contagios en curso y el lento avance de la inmunización podrían reducir estas previsiones.Este es el texto de la Ley de Solidaridad Sostenible:
El anuncio fue hecho por la propia alcaldesa Bello, Lorena González, quien señaló que el servicio de recolección de basuras, así como el de la gestión de los residuos sólidos entró en una fase de crisis irreversible que está afectando a todo el municipio.González indicó que la administración municipal tomó la decisión de comenzar la transición con el retiro de su participación accionaria de la empresa Bello Aseo, por lo que se les notificó formalmente a sus directivos de la medida."Iniciaremos un proceso de transición que nos permite retirarnos de la Sociedad Bello Aseo, de la que solo tenemos como administración el 25 por 100 de participación, por lo que se nos imposibilita tomar decisiones", aseguró la mandataria.La alcaldesa de Bello explicó que la determinación responde al deterioro cada vez más evidente en la prestación de este servicio y que se ha venido manifestando por las fallas logísticas en la recolección en las comunas y barrios del municipio, lo que ha derivado en la acumulación de basuras en vías y espacios públicos del casco urbano."Emprenderemos la búsqueda de un nuevo operador que haga alianza con nuestra empresa de servicios públicos, desde donde sí podamos tomar decisiones en beneficio de toda la comunidad. No aguantamos más ver nuestros entornos llenos de basuras, y por eso nos corresponde tomar medidas de fondo como lo estamos haciendo", manifestó González.La tensión entre la administración municipal y la empresa privada de aseo, Interaseo, vienen desde el tercer trimestre de 2025, pero más en diciembre, cuando la Alcaldía de Bello le dio un plazo de 30 días para que mejorara su operación, sin embargo, no se presentaron cambios relevantes, por lo que se reportaron las irregularidades a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.Si bien se registraron unas mejoras en la prestación del servicio, como lo admite la Alcaldía de Bello, estos fueron leves o someros, lo que derivó en una crisis para el mes de julio, en el que la recolección de basuras por parte del operador privado ya era deficiente.
En acciones conjuntas entre la fuerza pública y las autoridades judiciales, se propinaron nuevos golpes a las economías ilícitas de grupos armados en Antioquia mediante la intervención de frentes de explotación minera ilegal en los municipios de Mutatá y Cocorná.El primer operativo se desarrolló en el corregimiento de Pavarandó, en Mutatá. Allí, el Ejército Nacional a través de la Séptima Brigada y el Batallón de Ingenieros en articulación con la Policía Nacional intervinieron una mina ilegal que generaba rentas cercanas a los 310 millones de pesos semanales para el Clan del Golfo.De acuerdo con el coronel Jovanni Cepeda, comandante del departamento de Policía Urabá, durante la intervención realizada con el apoyo de Carabineros, Protección Ambiental e Investigación Criminal, se capturó a seis personas y se destruyó maquinaria avaluada en unos 300 millones de pesos, entre ella una retroexcavadora, dos clasificadoras y un motor industrial."Como resultado de esta operación conjunta, fueron capturadas seis personas y se logró la destrucción de una retroexcavadora, dos clasificadoras y un motor industrial", indicó el uniformado.Por otra parte, en el municipio de Cocorná, soldados de la Cuarta Brigada incautaron dos dragas tipo buzo utilizadas para la extracción ilícita de yacimientos mineros.Esta intervención sobre dos Unidades Productoras Mineras afectó las finanzas del Clan del Golfo, generando una pérdida directa en equipos de 88 millones de pesos y frenando una producción estimada de 3.000 gramos de oro mensuales, valorada en aproximadamente 1.300 millones de pesos.
La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre el proyecto de paneles solares que se desarrolla en Barrancabermeja, Santander, y abrió un seguimiento preventivo para verificar cómo avanza la iniciativa y si las entidades involucradas están cumpliendo las obligaciones establecidas.La actuación busca establecer si el proyecto se desarrolla de acuerdo con la normatividad vigente, además de revisar la coordinación entre las autoridades y el cumplimiento de los compromisos institucionales.La Provincial de Barrancabermeja mantiene el acompañamiento a las entidades y actores vinculados a la iniciativa, con el propósito de identificar de manera anticipada cualquier situación que pueda representar un riesgo para su ejecución y promover correctivos antes de que se convierta en un problema.El organismo de control puso especial atención en aspectos relacionados con la protección del medio ambiente, el patrimonio público y los derechos de las comunidades que puedan verse involucradas en el desarrollo del proyecto.La Procuraduría aclaró que este seguimiento no significa que haya establecido irregularidades ni responsabilidades. Se trata de una actuación preventiva para vigilar que las decisiones y actuaciones de las entidades se ajusten al ordenamiento jurídico.El Ministerio Público señaló que continuará acompañando el proceso y verificando que exista una gestión pública articulada, transparente y ajustada a la ley, mientras avanza el proyecto de generación de energía solar en Barrancabermeja.
La falta de agua en Vélez, Santander, dejó de ser un problema exclusivo de los hogares y se convirtió en una emergencia que amenaza la economía del municipio. El alcalde Orlando Ariza asegura que las pérdidas ya son millonarias y que más de 2.000 empleos relacionados con la industria del bocadillo están en riesgo si el desabastecimiento continúa.La administración municipal mantiene un plan de contingencia con cuatro carrotanques para llevar agua a los sectores que más lo necesitan, aunque el mandatario reconoce que esta estrategia no es suficiente para atender toda la demanda.“Estamos llevando agua con cuatro carrotanques, pero no es suficiente”, señaló Ariza, quien además advirtió que la situación está golpeando actividades económicas como el turismo y la producción del tradicional bocadillo veleño.En Vélez funcionan alrededor de 30 fábricas de bocadillo, una actividad que genera empleos directos e indirectos y que depende del suministro de agua para diferentes etapas del proceso de producción.La dimensión del consumo se puede entender con el caso de una de estas fábricas: durante una anterior emergencia de abastecimiento, uno de los productores explicó que su planta necesitaba alrededor de 15.000 litros de agua al día y producía cerca de 50 toneladas de bocadillo al mes.La cifra corresponde a esa fábrica en particular y no significa que las 30 plantas tengan el mismo consumo. Sin embargo, permite dimensionar por qué una interrupción prolongada del servicio puede afectar directamente la producción.El agua es necesaria para actividades como el lavado de la guayaba y la generación de vapor en las calderas, además de otras labores propias del proceso industrial.El problema ya se refleja en otros sectores. El alcalde aseguró que los hoteles prácticamente están vacíos, porque los visitantes están dejando de llegar ante la falta de agua.La situación también genera preocupación en la Escuela de Carabineros de la Policía, que recibe visitantes para diferentes actividades y ceremonias, pero que enfrenta dificultades para garantizar el abastecimiento necesario para la permanencia de personas en sus instalaciones.A esto se suma la necesidad de garantizar agua para servicios esenciales como el hospital, la cárcel y el ancianato.“Nos preocupa la salud, entre pacientes y visitantes”, señaló el mandatario.La emergencia tiene además un problema de infraestructura. De acuerdo con el alcalde, la red que conduce agua desde Bolívar hacia Vélez permanece dañada desde hace cerca de dos meses, después de que una creciente súbita destruyera parte de la conexión.La administración municipal trabaja en soluciones de corto, mediano y largo plazo, mientras mantiene el abastecimiento mediante carrotanques.El mandatario insistió en que la solución temporal no alcanza para cubrir las necesidades del municipio y que se requieren obras para recuperar el sistema de abastecimiento.A la crisis del agua se suma la situación vial de la región. Según Ariza, las dificultades en la vía Bucaramanga-San Gil han obligado a que vehículos de carga pesada utilicen la ruta del Carare, una carretera que presenta un deterioro importante y que también está afectada por una falla geológica.Esto complica el transporte de productos y aumenta las dificultades logísticas que enfrenta Vélez en medio del desabastecimiento.
Capitanejo, Santander, enfrenta una situación crítica por las altas temperaturas y el desabastecimiento de agua. El alcalde Jaime Sepúlveda aseguró que las condiciones climáticas ya están generando afectaciones en las actividades agrícolas y ganaderas del municipio.“Estamos pasando una situación complicada por el fenómeno de El Niño. Para estas fechas sufrimos de altas temperaturas, somos de los tres municipios más altos del país con estas temperaturas”, señaló el mandatario.A la ola de calor se suma un grave desabastecimiento de agua. Según Sepúlveda, aunque Capitanejo está ubicado cerca del río Chicamocha, el municipio no cuenta con un sistema de acueducto con la capacidad suficiente para atender las necesidades de la población.“Tenemos una problemática de desabastecimiento de agua grande. Estamos cerca del Chicamocha y no tenemos un acueducto decente, a la capacidad de la población”, explicó.Las altas temperaturas y la falta de agua ya están dejando consecuencias en el campo. El alcalde confirmó que se han perdido cultivos, mientras que la sequía también está afectando las zonas de pastoreo.La falta de humedad hace que los pastos se sequen y disminuya el alimento disponible para el ganado, aumentando las dificultades para los productores pecuarios de la región.La situación representa un doble impacto para el sector rural: por un lado, las pérdidas de cultivos y, por otro, la reducción de las áreas de pastoreo como consecuencia de las condiciones de sequía.La administración municipal busca alternativas para enfrentar el desabastecimiento y mejorar la capacidad del sistema de acueducto, mientras mantiene la atención sobre las comunidades más afectadas.En Capitanejo, las autoridades temen que la continuidad de las altas temperaturas y la falta de agua profundicen las pérdidas en el campo y agraven la emergencia que actualmente enfrenta el municipio.
