Salazar señaló que se trataba de una mala interpretación de algunos sectores de la prensa y aseguró que con Páez no sucedió nada que no esté contemplado dentro del ‘calor de un partido’. “Esto es producto del calor de un partido, se demostró la falacia de que no había habido agresión física, se veía al profesor de espaldas cogiendo a Luis Páez que estaba muy caliente”, indicó Salazar. Por su parte el delantero del equipo antioqueño, aseguró que se dejó llevar por el momento y confundió las circunstancias de su relevo. “Creo fue una mala interpretación mía de pensar que mi salida fue por instrucción de Fernando y no por decisión del profe (…) Fue un momento de calentura, cuando salí del partido, en ningún momento hubo agresión por parte de José Fernando hacía mí o de mí hacia él”, señaló el delantero. La plantilla del Rionegro Águilas sostuvo un almuerzo en el que los implicados, Salazar y Páez dieron explicaciones de lo sucedido para disuadir los rumores sobre la situación que se presentó en el juego ante el Atlético Junior. “El equipo y nosotros sabemos para dónde queremos ir y estamos tirando para el mismo lado y este almuerzo que tuvimos es para evitar esos malos entendidos que hay”, concluyó Páez.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, anunció cambios en su funcionamiento y en los procesos de contratación, con los que busca fortalecer la calidad de los servicios dirigidos a niños, niñas, adolescentes y familias colombianas, prevenir posibles hechos de corrupción y exigir resultados a quienes trabajan con la entidad.En medio de los cuestionamientos por los cambios de operadores y las denuncias sobre posibles cortes en la contratación, el instituto aseguró que las decisiones sobre la selección y permanencia de estas organizaciones corresponden exclusivamente a las instancias competentes, de acuerdo con el manual de contratación y las normas vigentes.La entidad también se refirió al papel de las madres comunitarias y los sindicatos. Reconoció la importancia de su trabajo y el derecho de estas organizaciones a representar a sus afiliados, pero advirtió que ninguno de estos sectores tiene facultades para escoger operadores, exigir que permanezcan o vetar las decisiones de contratación.Frente a los cuestionamientos por la llegada de operadores de otros departamentos, el ICBF sostuvo que su procedencia geográfica no constituye, por sí sola, una irregularidad ni demuestra que exista un perjuicio en la prestación de los servicios. Según explicó, la evaluación debe centrarse en la capacidad, idoneidad y cumplimiento de los requisitos para atender a la población.El instituto también señaló que acudir a organizaciones y directivos de otras regiones puede contribuir a prevenir conflictos de interés, favorecimientos o presiones sobre las decisiones institucionales.Sobre las denuncias de posibles interrupciones en la atención, indicó que es necesario revisar cada caso y establecer si se trata de cambios de operador, terminaciones de contratos o suspensiones efectivas de los servicios, pues cada situación requiere medidas diferentes.Finalmente, el ICBF aseguró que todos sus funcionarios, operadores y contratistas deberán cumplir los mismos requisitos de idoneidad, integridad, capacidad y resultados. Advirtió que la antigüedad, las relaciones personales, la cercanía política o las presiones de distintos sectores no serán criterios para mantener contratos.La entidad afirmó que escuchará los reclamos y corregirá cuando encuentre errores o irregularidades, pero insistió en que continuará tomando las decisiones necesarias para garantizar la continuidad y calidad de los servicios dirigidos a la niñez colombiana.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez los preacuerdos suscritos con 9 de los 11 presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado PPP, investigados por su posible participación en hechos violentos y actos de vandalismo registrados en Bogotá durante jornadas de protesta. Los nueve procesados aceptaron cargos y los acuerdos contemplan penas de prisión que van desde los 5 años hasta los siete años y diez meses, de acuerdo con los términos expuestos para cada caso.La investigación está relacionada con ataques contra buses del Sistema Integrado de Transporte Público, daños a estaciones de TransMilenio, fabricación y lanzamiento de artefactos explosivos improvisados y hechos de violencia contra integrantes de la Policía y ciudadanos. Entre las conductas investigadas se encuentran el concierto para delinquir, terrorismo, daño en bien ajeno, perturbación del servicio de transporte público y violencia contra servidor público, entre otros delitos.El proceso también ha estado relacionado con hipótesis investigativas sobre una presunta financiación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el supuesto uso de universidades públicas de Bogotá como lugares de refugio. En junio de 2026, la fiscal general Luz Adriana Camargo expidió la Resolución 171, mediante la cual ordenó reasignar el expediente a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa para revisar las conductas investigadas, las responsabilidades individuales y la posibilidad de mecanismos de terminación anticipada cuando se cumplieran los requisitos legales.Durante la diligencia, la Fiscalía explicó que, conforme a los elementos materiales probatorios y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los elementos del caso no acreditarían una estructura orientada permanentemente al terrorismo ni una jerarquía vertical, sino una dinámica de violencia colectiva urbana en contextos de protesta y un colectivo de tendencia anarquista con organización horizontal. También precisó que el concierto para delinquir se configura por una asociación, sin que ello implique necesariamente un plan terrorista preconcebido o una subordinación estricta. En el proceso fueron reconocidas como víctimas TransMilenio y la Universidad Nacional.Entre los procesados está Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias ‘Salvatore’, quien aceptó cargos por ocho delitos y tendría una pena acordada de siete años y nueve meses de prisión. Juan Sebastián Manios Lozano, alias ‘Tolima’, aceptó cargos por siete delitos y tendría una pena de siete años y diez meses. En el expediente se relaciona a Manios con un ataque a un SITP en el que, de acuerdo con la descripción del caso, habría lanzado una papa bomba al interior del vehículo cuando llevaba aproximadamente 12 pasajeros.Camilo Andrés Portilla Castañeda, alias ‘Copete’, aceptó cargos por seis delitos y tendría una pena pactada de siete años y siete meses. Cristhian Camilo Medina Rojas, alias ‘Topo’, aceptó cargos por cuatro delitos y tendría una pena de siete años y dos meses. Silvia María Camargo Pinzón, alias ‘Chimal’, aceptó cargos por tres delitos y tendría una pena de cinco años y cinco meses.También aceptaron cargos Daniel Felipe Pulido Sarmiento, alias ‘Chinche’, con una pena acordada de siete años; Kennet Steven Mestra Montes, con cinco años y diez meses; Carlos Raúl Torres Laguna, alias ‘El Pri’, con siete años y siete meses; y Brayan Stiven Valderrama Cubies, alias ‘Garu’, con cinco años y diez meses.En cuanto a Omar Araya y Johan Castellanos, inicialmente no aceptaron cargos. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, se evaluará si el próximo 25 de noviembre, en una nueva diligencia, se formula acusación contra ellos o se alcanza un preacuerdo con la Fiscalía.
Las circunstancias que rodearon la muerte de un bebé de apenas siete meses de edad en el nororiente de Medellín son materia de investigación por parte de las autoridades, mientras sus padres esperan los resultados de Medicina Legal para conocer qué ocurrió con su hijo.El menor, identificado como Zhamir Eziel Rojas Medrano, fue encontrado sin vida en un hogar infantil del barrio Guadalupe, en la comuna Manrique, donde sus padres, de nacionalidad venezolana, lo habían dejado bajo cuidado mientras cumplían con sus jornadas laborales.De acuerdo con el relato preliminar entregado por Eliezer Rojas, padre del niño, horas después de dejarlo en el establecimiento recibieron una llamada en la que les comunicaron el fallecimiento. Según la información que les proporcionaron, el bebé se encontraba tomando una siesta de la cual no despertó."Nos dijeron que el niño estaba durmiendo y ya no despertó más. El niño está completamente sano, pues ya tocaría esperar a que le hagan la autopsia a ver qué fue lo que le pasó", indicó.Por ahora no se conocen las causas de la muerte ni las circunstancias médicas que pudieron desencadenarla. La familia permanece a la espera de los exámenes forenses que permitan establecer con precisión qué sucedió y si existen elementos adicionales que deban ser considerados dentro de la investigación.A las dificultades propias de esta situación se suma que los padres llevan poco tiempo en Colombia y todavía no cuentan con toda la documentación necesaria para adelantar los trámites correspondientes.Ante esta situación, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín brinda acompañamiento a la familia para facilitar las gestiones institucionales, contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y agilizar la entrega del cuerpo.
El proyecto de Ley Anticapuchos fue aprobado en primer debate, tras una discusión de más de cuatro horas en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.Esta iniciativa busca sancionar los actos vandálicos que se cometen mediante el ocultamiento de la identidad de una persona durante manifestaciones públicas. El proyecto contempla penas de entre 54 y 96 meses de prisión y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.También contempla agravantes cuando se utilicen explosivos, sustancias corrosivas u otros elementos capaces de causar daños graves, así como cuando los actos afecten instalaciones educativas, centros hospitalarios, organismos de socorro o infraestructura de servicios públicos.Según lo planteado en la iniciativa, el uso de una capucha o de cualquier elemento para cubrirse el rostro no constituye, por sí solo, el nuevo delito.Un debate que comenzó con cuatro proposiciones de archivoLa discusión comenzó con cuatro proposiciones de archivo: tres presentadas por congresistas del Pacto Histórico y una por el Partido Verde. Los legisladores cuestionaron los alcances de la iniciativa y sus posibles consecuencias para quienes participan en manifestaciones.Estas proposiciones fueron negadas con 21 votos por el no y 15 por el sí, lo que permitió que continuara el trámite del proyecto.Uno de los principales cuestionamientos fue planteado por la congresista Laura Beltrán, quien aseguró que la iniciativa podría afectar el derecho a la protesta."Ustedes no quieren castigar el vandalismo, lo que quieren es criminalizar la protesta social", afirmó Beltrán.Durante la discusión, el representante del Pacto Histórico Daniel Monroy también cuestionó el proyecto y, para sustentar su posición, se puso una capucha al finalizar su intervención."Si yo esto me lo coloco acá, señor presidente, ¿estoy cometiendo un delito? ¿Estoy delinquiendo? ¿Van a criminalizar esto? ¿Van a volver esto un delito? Esto es parte de mi libertad de expresión", manifestó Monroy.Autores del proyecto defendieron las sanciones propuestasEl representante del Centro Democrático Jaime Arizabaleta, ponente de la iniciativa, defendió el proyecto y sostuvo que quienes se manifiestan por una causa justa no necesitan ocultar su identidad: "Esta ley incluso, creo yo, se debería llamar ley valentía, porque quien defiende una causa justa no necesita una capucha. Yo he salido a manifestarme muchas veces en este país. Lideré prácticamente, junto con Miguel Uribe Turbay, todas las marchas contra el expresidente Petro. Nunca, nunca utilizamos una sola capucha", afirmó.En otro momento de su intervención, Arizabaleta señaló que, aunque una persona o su entorno atraviesen una situación dramática, esto no justifica, a su juicio, "bloquear la vía y la vida a millones de ciudadanos"."Cuando ustedes bloquean una vía, cuando ustedes bloquean el TransMilenio en las mañanas, ustedes no están jodiendo a la clase política. La clase política va en sus camionetas blindadas. Ustedes no están jodiendo a los más grandes empresarios. Esos hasta se movilizan en helicópteros. Ustedes lo que están jodiendo es al pueblo de a pie, al pueblo que quiere madrugar a trabajar. Elemental: hay que respetar las normas cuando se protesta", añadió.Entre tanto, el representante del Centro Democrático Miguel Ángel Pinto, coautor de la iniciativa, se refirió a los argumentos expuestos por quienes cuestionaron el proyecto."Quiero confesarles que casi me convencen de votar el archivo. Cuando me dijeron que la capucha protegía vidas y yo me puse a pensar: ¿será que entonces Miguel Uribe, si hubiera puesto la capucha, ellos hubieran protegido la vida de Miguel? Y yo creo que la respuesta nos llevó a la situación por la que no permitimos el archivo. Y es que la capucha no puede ser tampoco un sinónimo de vandalismo", manifestó Pinto.Otro de los coautores, el representante de Cambio Radical Julio César Triana, explicó que la Ley Anticapuchos no busca criminalizar la protesta ni prohibir el uso de la capucha."Los ciudadanos pueden salir a protestar ocultando su rostro, pueden hacerlo como lo ha dicho la Corte Constitucional. Lo que no pueden hacer es ocultar el rostro para cometer actos delictivos", explicó.Triana también señaló que la ley es una herramienta jurídica que permitirá que el delito ya no sea excarcelable."Aquel encapuchado que entra a una universidad a apuñalar a los funcionarios, o aquel encapuchado que prende o incendia el transporte público, o aquel encapuchado que se infiltra en las protestas para acabar con bienes privados y bienes públicos, ahora tendrá que pagar cárcel intramural", señaló.Discusión del articulado y aprobación del proyectoDurante la discusión de la ponencia positiva también se presentó una situación relacionada con el desarrollo de la votación. El presidente de la Comisión Primera, Jaime Uscátegui, anunció que todas las bancadas habían tenido la oportunidad de intervenir, por lo que cerró la discusión y ordenó abrir la votación.En ese momento, algunos representantes del Pacto Histórico se levantaron y abandonaron el recinto. Ante esta situación, Uscátegui señaló que los congresistas que habían estado presentes tenían la obligación de votar.Posteriormente, la ponencia positiva fue aprobada y la Comisión Primera comenzó la discusión del articulado. Durante esta etapa también se presentó una proposición que buscaba eliminar la totalidad de los artículos del proyecto, pero fue negada.Tras la aprobación de la ponencia positiva, la representante del Pacto Histórico Ana Herazo lamentó la decisión y aseguró que la iniciativa está "criminalizando la protesta"."Lamentablemente, no deja claros los marcos normativos y taxativos que tienen que ver con una persona que pueda tener dentro de una manifestación algo que le esté cubriendo su cara y puedan directamente relacionarla con hechos vandálicos o con daños a bien ajeno. Lo que nosotros estamos diciendo es que esos delitos ya existen y que, en ese sentido, crear o tipificar un nuevo delito autónomo no va a brindar garantías para una persona que esté en la movilización, y eso puede brindar las bases para que se criminalice a las personas que están en la movilización", aseguró.Finalmente, con 20 votos por el sí y dos por el no, la Comisión Primera aprobó el título y la pregunta del proyecto de Ley Anticapuchos, con lo que la iniciativa superó su primer debate.El representante Jaime Arizabaleta quedó designado como ponente para el segundo debate, que deberá desarrollarse en la plenaria de la Cámara de Representantes.De esta manera, el proyecto de Ley Anticapuchos superó su primera discusión en el Congreso de la República, en medio de posiciones encontradas sobre sus alcances. La iniciativa deberá continuar su trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde enfrentará su segundo debate.
La Junta Directiva Nacional de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó el trato que recibió su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie, por parte del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante una reunión realizada el 3 de noviembre.En un comunicado divulgado este miércoles, 4 de noviembre, la organización ratificó su respaldo al dirigente gremial y defendió la administración de los recursos del Fondo Nacional del Ganado.En el pronunciamiento, la federación expresó su rechazo a lo ocurrido durante el encuentro convocado por el jefe de la cartera de Agricultura para discutir asuntos relacionados con las cadenas cárnica y láctea del país. La controversia se produjo luego de que se conociera un audio en el que Dangond le ordena a Lafaurie abandonar la reunión.“Expresamos nuestro rechazo al trato dado por el señor ministro a nuestro presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie Rivera, quien fue conminado a abandonar una reunión oficial convocada para discutir asuntos de especial trascendencia para las cadenas cárnica y láctea del país”, señaló la junta directiva.La organización también cuestionó la manera en que se produjo el enfrentamiento y advirtió que las diferencias entre el Gobierno y los gremios no justifican este tipo de situaciones.“Las diferencias de criterio, por profundas que sean, no justifican las descalificaciones personales ni la exclusión de quienes ejercen legítimamente la representación de los sectores productivos. El respeto institucional no es una concesión entre interlocutores, sino una condición esencial para el ejercicio democrático y la construcción de políticas públicas”, agregó Fedegán.Uno de los puntos centrales del comunicado fue la ratificación de la confianza de la junta directiva en José Félix Lafaurie, quien lleva más de dos décadas al frente de la organización.La federación destacó su trabajo en el fortalecimiento de la sanidad animal, la recuperación y preservación del estatus sanitario, el desarrollo de la ganadería sostenible, la apertura de mercados internacionales y la defensa de la institucionalidad gremial.En ese sentido, aseguró: “Ratificamos nuestra confianza y pleno respaldo a José Félix Lafaurie Rivera, quien durante más de dos décadas ha ejercido la Presidencia Ejecutiva de Fedegán con compromiso, independencia y firmeza en la defensa de los intereses de los ganaderos colombianos”.La junta también salió en defensa de la administración de los recursos parafiscales del sector ganadero, uno de los asuntos que generó la discusión entre el ministro y el dirigente gremial. Al respecto, expresó su confianza en la gestión de Jaime Rafael Daza Almendrales, representante legal del Fondo Nacional del Ganado.Según Fedegán, estos recursos han estado sometidos permanentemente a la vigilancia de la Contraloría General de la República y a los demás mecanismos de control establecidos en la ley. Además, sostuvo que los resultados de las auditorías constituyen un respaldo importante a la gestión institucional.En el pronunciamiento, la federación también se refirió a su relación con el Gobierno nacional. Aseguró que mantiene su disposición a trabajar conjuntamente con el Ejecutivo en iniciativas que contribuyan al desarrollo del sector agropecuario, pero insistió en que debe respetarse la autonomía de los gremios y la legitimidad de sus representantes.Incluso, reconoció los esfuerzos del Gobierno en materia de seguridad, particularmente en las acciones para recuperar el control territorial y proteger a los ciudadanos y las actividades productivas. También reiteró su disposición a acompañar las medidas dirigidas a garantizar la tranquilidad de las familias rurales.Sobre las diferencias relacionadas con la administración de los recursos parafiscales, Fedegán señaló que está dispuesta a examinar las propuestas que busquen mejorar la productividad, la asistencia técnica, la competitividad y la sostenibilidad de la ganadería colombiana. “Las diferencias sobre estas materias deben resolverse con argumentos, evidencia y respeto institucional”, indicó.La junta directiva hizo un llamado a evitar que las confrontaciones personales afecten la construcción de acuerdos entre el Gobierno y los sectores productivos.
