“Lo importante es que, entre 6 y 10 de la mañana, se evite la exposición al aire libre, especialmente para la población vulnerable”, dijo. Además, indicó que para contrarrestar la contaminación, recomienda a los ciudadanos evitar el uso del carro particular. También señaló que es importante estar muy atentos a las indicaciones de la autoridad ambiental. La funcionaria dijo que espera que esta situación, que es frecuente en esta época del año, pase prontamente.
La Defensoría del Pueblo rechazó lo que calificó como una “campaña de desprestigio y desinformación” contra la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre Ripoll.La entidad pidió a la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, y al senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, rectificar las afirmaciones que considera falsas o carentes de sustento. La entidad advirtió que los señalamientos incluyen expresiones de violencia de género y pueden afectar la independencia judicial.En un pronunciamiento divulgado este 24 de octubre, la defensora del pueblo, Iris Marín, cuestionó la difusión de fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales que, según la institución, se han utilizado para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de Lemaitre con antiguos integrantes de las extintas Farc.La entidad también rechazó expresiones de carácter personal relacionadas con presuntas relaciones sentimentales de la magistrada, al considerar que recurren a estereotipos de género para cuestionar su capacidad y autoridad profesional.Para la Defensoría, las diferencias sobre las decisiones de la JEP deben tramitarse mediante argumentos jurídicos y evidencia verificable, sin recurrir a la estigmatización ni a ataques contra quienes ejercen funciones judiciales.En su pronunciamiento, la entidad destacó que, de acuerdo con la JEP, el despacho de Lemaitre ha emitido nueve autos de imputación contra 74 comandantes de las extintas Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluidos secuestros, asesinatos, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas.También señaló que las investigaciones adelantadas por la magistrada en el Caso 01 contribuyeron a las condenas impuestas por el Tribunal para la Paz a integrantes del antiguo Secretariado de esa guerrilla por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio.La Defensoría advirtió que presentar fragmentos aislados de audiencias como prueba de una supuesta complicidad, sin considerar el desarrollo de las investigaciones ni las decisiones judiciales posteriores, puede distorsionar los hechos y revictimizar a quienes participaron en estos procesos.Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es el impacto de los ataques contra mujeres que desempeñan funciones públicas. Según la Defensoría, insinuar que las actuaciones de una magistrada responden a supuestas relaciones sentimentales, en lugar de examinar sus decisiones judiciales, constituye una descalificación basada en estereotipos de género.La entidad alertó, además, que la violencia digital no se limita a las redes sociales, pues puede tener consecuencias sobre la vida personal, el trabajo, la salud y la seguridad de quienes la padecen.Marín también recordó que los integrantes del Congreso tienen derecho a cuestionar las decisiones judiciales, evaluar los resultados de las instituciones y proponer reformas. Sin embargo, señaló que la responsabilidad pública de los congresistas exige rigor en la información que difunden y respeto por la autonomía de la justicia.Por eso, la Defensoría solicitó a Posada y Rodríguez rectificar las afirmaciones que considera falsas o sin sustento y abstenerse de reproducir contenidos descontextualizados o expresiones que promuevan la violencia de género.La entidad aclaró que defender la independencia judicial no significa impedir que se examinen las actuaciones de la JEP ni que se propongan cambios para mejorar su funcionamiento.
Este sábado, 24 de octubre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:Presupuesto para la reconstrucción tras el terremoto: El gobierno nacional ajustó a 54,3 billones de pesos el costo calculado para atender los daños causados por el sismo del 10 de agostoEntrevista sobre las elecciones en Brasil: El analista Leandro Ferreira abordó el impacto del último debate presidencial entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro de cara a la segunda vueltaAtentado terrorista en Casanare: Las autoridades ofrecieron recompensa tras un ataque con carro bomba atribuido al ELN en el peaje San Pedro de Villanueva que dejó cuatro personas heridasEntrevista sobre las protestas en Francia: El experto geopolítico Pascal Drouhaud analizó desde París el despliegue de seguridad, las demandas sociales y el ambiente político en territorio francésRenuncia de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior: La divulgación de su carta de renuncia generó polémica por las acusaciones de su esposa respecto a presiones políticas para nombramientos
Francia desplegó 70.000 policías y gendarmes ante una nueva jornada de protestas convocadas por estudiantes, sindicatos y ciudadanos inconformes con el costo de vida. Pascal Droujot, experto en geopolítica e investigador, explicó en entrevista con Blu Radio que las manifestaciones pacíficas coinciden con episodios de vandalismo y acciones de grupos de ultraizquierda, en medio de la tensión política y la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027.Desde París, Droujot señaló que las movilizaciones tienen distintas motivaciones y que es necesario diferenciar el derecho constitucional a protestar de los hechos violentos registrados en algunas ciudades.¿Por qué aumentó el despliegue policial en Francia?El experto sostuvo que las autoridades buscan responder a los actos de vandalismo y a las acciones de grupos que, según el Gobierno francés, pretenden destruir símbolos de la República. Aclaró que estos hechos no representan al conjunto de los manifestantes.“Las manifestaciones son pacíficas. El derecho de manifestar en Francia es constitucional y está totalmente autorizado”, afirmó Droujot. El investigador explicó que los disturbios durante movilizaciones masivas no son nuevos en el país y recordó episodios registrados durante las protestas de los chalecos amarillos y las manifestaciones de 2023.También rechazó que la situación pueda describirse como una guerra civil. “Francia tiene primero un marco de Estado sólido. El Estado está sólido, no estamos en guerra civil”, aseguró.¿Cómo influye la crisis política en las protestas?Droujot relacionó las movilizaciones con la inestabilidad institucional que, a su juicio, se profundizó después de que Emmanuel Macron disolviera el Parlamento en 2024 y su sector perdiera las elecciones legislativas.El experto recordó que Francia se acerca al final del mandato de Macron, cuya presidencia termina en 2027, y advirtió sobre la polarización entre movimientos políticos con visiones opuestas sobre el papel del Estado, la autoridad y la seguridad.Según explicó, el malestar económico y las dudas sobre la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades sociales alimentan parte de las reclamaciones.¿Qué papel tiene la migración en el debate francés?El investigador señaló que la migración es un asunto recurrente en la política francesa desde hace décadas y que se ha convertido en uno de los ejes de la discusión pública.A su juicio, parte del debate se relaciona con la percepción de pérdida de control y con las tensiones sobre la integración social. Explicó que el modelo republicano francés se fundamenta en una comunidad nacional con iguales derechos y deberes, pero considera que la sociedad enfrenta una creciente fragmentación.Droujot advirtió que estos factores se combinan con las preocupaciones de seguridad y el debate sobre la autoridad estatal, en un escenario de polarización que podría influir en la campaña presidencial.Las protestas, concluyó, reflejan tanto los problemas de orden público como las tensiones económicas, sociales y políticas que atraviesa Francia.
Las primeras demoliciones de viviendas que resultaron afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto comenzaron este sábado en Buenaventura, Valle del Cauca. La primera intervención se realizó en el barrio La Comuna, donde está siendo demolida una edificación de tres pisos. Según la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, también se adelantarán trabajos en el sector del Eucarístico y en otras zonas del distrito, con tres frentes de trabajo simultáneos.Diana Vanesa Cabrera, jefa de esta dependencia, explicó que el propósito es avanzar en la intervención de los inmuebles que presentan daños y dar paso al proceso de reconstrucción."La primera vivienda va a ser en el barrio La Comuna, una vivienda de tres pisos; simultáneamente va a ser una vivienda en el Eucarístico y en otro sector. Van a haber tres frentes de trabajo y eso quiere decir que se van a demoler tres viviendas simultáneamente", señaló la funcionaria.En cuanto al bono de arrendamiento temporal para las familias que perdieron sus viviendas, la funcionaria indicó que están a la espera de un segundo corte por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de incluir a quienes todavía no han recibido este apoyo económico."La Unidad Nacional hizo un corte del 10 de agosto al 24 de agosto. Las personas que no han recibido el bono económico estamos esperando que la Unidad Nacional haga el segundo corte. La ayuda está prevista para que las familias cuyas viviendas tuvieron pérdida total puedan contar con un lugar provisional durante tres meses, mientras avanzan las acciones para recuperar sus hogares", precisó.La funcionaria agregó que ya están identificados los lotes necesarios para el proceso de reconstrucción y que se ha establecido una ruta de trabajo con acompañamiento departamental y empresarial.
Hay desesperación en una familia de Barranquilla que suma cuatro meses esperando que EPS Sanitas autorice una cirugía de cadera a una mujer que fue atropellada por un conductor en estado de embriaguez. Tras los desacatos de una acción de tutela que ordena la intervención, un juez ordenó el arresto por tres días de la gerente de la entidad en el Atlántico, María Rosa Lacouture.La historia comienza el 13 de diciembre de 2025, cuando Jackeline Altamar Gutiérrez, de 59 años, sufrió un accidente de tránsito en Barranquilla junto con su hijo, causado por una persona que conducía una camioneta en estado de embriaguez, según reportaron las autoridades en ese momento. Desde entonces, está postrada en una cama, sin poder caminar ni atender sus necesidades básicas.De acuerdo con el relato de la familia, la paciente ya se ha sometido a tres cirugías, pero no ha logrado recuperar su movilidad. Por lo tanto, ahora necesita un reemplazo total de cadera, un procedimiento que, según su hija Kathy Rincón, lleva más de cuatro meses esperando la autorización de Sanitas EPS.Kathy describió que, mientras esperan, el estado de salud de su madre se ha deteriorado de manera considerable, no solo a nivel físico, sino también emocional."Han sido unos meses muy trágicos. Mi mamá ni siquiera puede soportar la cama, no duerme en ella, duerme en una silla con un montón de almohadas. Mi mamá no puede hacer bien sus necesidades; su soporte, digamos que en estos momentos, hemos sido nosotros. La vida cambió drásticamente porque ella era una pieza fundamental en la casa".Llama la atención que ni siquiera con el fallo de una tutela a su favor, notificado en septiembre, se ha logrado garantizar la intervención quirúrgica. Por este motivo, un juez emitió un incidente de desacato contra María Rosa Lacouture, gerente regional de Sanitas, y la sancionó con tres días de arresto y una multa de dos salarios mínimos.Además, el despacho ordenó a Sanitas EPS autorizar de manera integral los procedimientos dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del fallo. No obstante, ha transcurrido una semana desde dicha orden y la familia de Jackeline aún no ha recibido una respuesta positiva.
