Un matrimonio colectivo permitirá que 100 parejas de escasos recursos formalicen su unión en Bucaramanga el próximo 15 de mayo, en una ceremonia que se realizará en la plazoleta cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.La iniciativa, liderada por la Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se desarrollará en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Familia y busca brindar una oportunidad a quienes, por razones económicas o situaciones de vulnerabilidad, no han podido legalizar su relación.El programa se llevará a cabo en convenio con la Notaría Séptima de Bucaramanga, lo que permitirá garantizar el proceso legal de las uniones durante esta jornada especial.El secretario de Desarrollo Social, Iván Darío Torres, destacó que esta convocatoria representa una oportunidad para cumplir el sueño de muchas parejas. “Queremos ayudar a quienes no han podido formalizar su unión y, al mismo tiempo, rescatar principios y valores que fortalezcan la familia en Bucaramanga”, señaló.Las parejas interesadas en participar deberán cumplir con algunos requisitos, entre ellos residir en Bucaramanga, estar registradas en el Sisbén, pertenecer al régimen subsidiado de salud y presentar un recibo de servicio público.La Alcaldía invitó a las parejas interesadas en casarse a realizar el proceso de inscripción a través de los canales oficiales.
En medio de la creciente tensión por el futuro del sistema de salud, el exsuperintendente de Salud Fabio Aristizábal respondió con contundencia a las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien durante un reciente Consejo de Ministros lo señaló de presuntos vínculos contractuales con las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Aristizábal calificó las declaraciones del mandatario como “infames, cínicas y descaradas”, y negó categóricamente cualquier relación contractual con dichas entidades tras su salida del cargo.“Yo le puedo decir con absoluta tranquilidad, desde que salí de mi cargo no volví a tener prácticamente un solo contrato, no con ninguna EPS, con ningún vigilado”, afirmó Aristizábal, desmintiendo así las afirmaciones presidenciales que sugerían un conflicto de intereses.Acusaciones del presidente Petro y defensa de AristizábalDurante el Consejo de Ministros, el presidente Petro no solo cuestionó la supuesta relación contractual del exfuncionario con las EPS, sino que también insinuó que Aristizábal habría influido en la designación de interventores que actualmente administran entidades intervenidas. Frente a esto, el exsuperintendente fue enfático en rechazar cualquier responsabilidad directa.Aristizábal explicó que su trayectoria en el sector salud precede ampliamente su paso por la Superintendencia, aclarando que su experiencia incluye roles como asegurador, asesor hospitalario y consultor en entidades territoriales, todos ellos antes de asumir el cargo público.El debate sobre el RILCO y la designación de interventoresUno de los puntos centrales de la controversia gira en torno al Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO), herramienta que, según Aristizábal, fue fortalecida durante su gestión para garantizar transparencia en la elección de interventores.“Ese registro se construyó con criterios de transparencia, eficiencia y meritocracia. Incluso los aspirantes debían presentar un examen avalado por la Universidad Nacional de Colombia”, explicó.El exsuperintendente detalló que el sistema clasificaba a los candidatos según su experiencia en categorías, lo que permitía seleccionar perfiles adecuados dependiendo de la complejidad de cada EPS. Sin embargo, cuestionó que el actual gobierno no esté utilizando adecuadamente estos mecanismos.Además, lanzó críticas directas al proceso actual de nombramientos, señalando presuntas irregularidades: “El propio superintendente Leal dijo públicamente que nombró interventores porque le enviaron hojas de vida. Eso es ridículo y absurdo”.Liquidación de EPS: una decisión “predecible” pero cuestionadaEn relación con el anuncio del Gobierno de liquidar varias EPS, Aristizábal consideró que la medida era “totalmente predecible”, aunque cuestionó el momento y la forma en que se está implementando.Explicó que la función de la Superintendencia no es liquidar de manera inmediata, sino agotar medidas progresivas para salvar las entidades. Solo cuando estas fallan, se procede a la liquidación. No obstante, criticó que el Gobierno haya esperado hasta una fase crítica para tomar decisiones definitivas.Riesgos para los usuarios del sistema de saludUno de los aspectos más delicados señalados por Aristizábal es el destino de los millones de usuarios que quedarían sin cobertura tras la liquidación de las EPS. Según el exfuncionario, trasladar pacientes a entidades también intervenidas o con problemas financieros podría agravar la crisis.“No pueden entregarle usuarios a entidades que tienen problemas financieros. Están jugando con la vida de los colombianos”, advirtió. Recordó que durante su gestión se liquidaron 13 EPS y se trasladaron cerca de 10 millones de usuarios a entidades con indicadores sólidos. En contraste, teme que el actual proceso derive en decisiones contraproducentes.
El fabricante chino Leapmotor sigue dando pasos para consolidarse fuera de su mercado local. La compañía confirmó que comenzará a ensamblar carros eléctricos en Europa, específicamente en España, como parte de su estrategia de crecimiento global.La producción se realizará en la planta de Stellantis ubicada en Zaragoza, donde ya se fabricó una primera unidad piloto del modelo que encabezará este proceso.¿Desde cuándo empezarán a ensamblar en España?Según informó la compañía en su reporte financiero presentado en la Bolsa de Hong Kong, el ensamblaje en masa del SUV eléctrico Leapmotor B10 está previsto para iniciar en octubre de 2026.El proyecto se desarrollará bajo el esquema CKD (vehículos ensamblados a partir de kits), lo que permitirá a la marca producir localmente sin necesidad de fabricar todos los componentes en Europa.Además del B10, Leapmotor también planea incorporar el modelo Leapmotor B05, un vehículo compacto que entrará primero en fase de pruebas de producción en junio de este año, con miras a su fabricación en serie en 2027.El plan industrial incluye también el soporte de una planta de baterías que ya está siendo acondicionada para atender estas nuevas líneas de producción.De acuerdo con la compañía, las pruebas en esta instalación comenzarían en abril, mientras que la producción general arrancaría en julio, antes del inicio del ensamblaje masivo del B10.Alianza con Stellantis, clave en la expansiónEl avance de Leapmotor en Europa se apoya en su relación con Stellantis, uno de los grupos automotores más grandes del mundo.Ambas compañías señalaron que están explorando nuevas oportunidades de cooperación, no solo en vehículos completos, sino también en componentes. Algunos de estos proyectos, según el informe, ya se encuentran en etapas avanzadas de negociación.Esta alianza ha sido determinante para que la marca china pueda acelerar su entrada en mercados fuera de Asia, aprovechando la infraestructura industrial ya existente en Europa.Leapmotor ya está en LatamLa estrategia de crecimiento de Leapmotor no se limita a Europa. La marca también ha comenzado a posicionarse en otras regiones, incluida Latinoamérica.Su llegada se dio a través de Brasil, donde inició operaciones en noviembre con modelos como el B10 y el C10, ampliando su presencia internacional.En total, la compañía exportó cerca de 67.000 vehículos en 2025, lo que representa un crecimiento significativo frente al año anterior y refleja su avance en mercados de Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente, África y América Latina.El reporte financiero también dejó otro dato relevante: 2025 fue el primer año en el que Leapmotor registró beneficios. La compañía obtuvo ganancias por unos 538 millones de yuanes, impulsadas por la venta de aproximadamente 597.000 vehículos, más del doble que en 2024.Tras la publicación de estos resultados, las acciones de Leapmotor en Hong Kong registraron un incremento superior al 6 % en las primeras horas de negociación.
El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, puso en marcha este lunes la construcción de barreras en la frontera con Perú, para frenar el ingreso desde ese país y Bolivia de migrantes irregulares, constató la AFP. El ultraderechista Kast, de 60 años, prometió en campaña detener la llegada de migrantes irregulares a Chile, en su mayoría venezolanos, que él vincula al aumento de la crimminalidad.Cinco días después de asumir el poder en reemplazo del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026), Kast viajó hasta la región de Arica, en la frontera con Perú, para supervisar el inicio de la construcción de los obstáculos en esa zona."Hoy comenzamos a frenar la migración irregular", dijo a la prensa el mandatario, al frente de una máquina excavadora conducida por un militar, que hacía una profunda zanja en las cercanías del paso fronterizo de Chacalluta, unos 2.000 km al norte de Santiago.El plan contra los indocumentados también incluye Antofagasta y Tarapacá, donde se encuentra Colchane, paso limítrofe con Bolivia y que se ha convertido en el principal punto del ingreso de migrantes irregulares.Esa zona limítrofe abarca una extensión de 800 kilómetros. El gobierno dio un plazo de 90 días para la construcción de estas barreras, aunque no precisó el tipo específico de infraestructura que cerrará el paso en las tres regiones del norte del país.Además se ampliará el número de militares desplegados y mejorarán sus tecnologías de supervisión, que incluye drones, cámaras, sensores y equipamiento especializado. De acuerdo con lo informado horas antes por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las "barreras físicas" tendrán una extensión aproximada de unos 500 km. Según datos oficiales, en Chile, con 20 millones de habitantes, viven cerca de 337.000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos.- Disminución sostenida -Kast dijo este lunes que en los últimos años "Chile ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado". El mandatario hizo del combate a la migración irregular y el crimen sus principales su principal bandera durante la campaña electoral.Al tomar posesión, lanzó su anunciado "gobierno de emergencia" para enfrentar ambos fenómenos. Los ingresos irregulares han registrado una "disminución sostenida" a partir del pico registrado en el año 2021, de acuerdo al Servicio Nacional de Migraciones.En 2025, se registró una caída del 10,2% frente al año previo, con un total de 26.275 denuncias de ingresos por pasos no habilitados, según la cifra oficial. Aunque los asesinatos y secuestros aumentaron y han llegado al país bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua, Chile es todavía uno de los países más seguros de la región.La tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, una de las más bajas de Latinoamérica. El gobierno anunció además este lunes el envío al parlamento de dos proyectos de ley destinados también para frenar la migración. Uno sancionaría a quienes ayuden a los migrantes a ingresar irregularmente a Chile, mientras que el otro convertiría en delito el acceso ilegal al país.
En las últimas horas, la Corte Constitucional explicó en detalle, los motivos para decretar la suspensión provisional de la emergencia económica y social decretada a finales del año pasado por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.Para los magistrados, hay dudas significativas sobre el cumplimiento por parte del gobierno, de los requisitos constitucionales para declarar el estado de excepción, es decir, que exista una crisis grave e imprevisible, que no pueda resolverse mediante mecanismos ordinarios y que justifique darle poderes legislativos al Ejecutivo.La Corte demás considera que la emergencia podría afectar principios fundamentales como la separación de poderes y el equilibrio institucional entre el Ejecutivo y el Congreso. De hecho, la Corte dice de manera textual que el decreto puede provocar “afectaciones serias al principio democrático y a la separación de poderes”.En la práctica, lo que dicen los magistrados es que el Gobierno estaría suplantando al Congreso, por medio de decretos con fuerza de ley sin que existan razones suficientemente claras para hacerlo, con lo que el Ejecutivo podría haber expandido indebidamente su poder.La Corte además señala que su intervención obedece a que busca evitar abusos del poder excepcional del Ejecutivo y advierte que permitir esta actuación del gobierno sin una debida justificación sería equivalente a que los ciudadanos queden sometidos a un estado de excepción “espurio” o sin fundamento constitucional.Mientras se conoce este documento de la Corte, la Procuraduría emitió su concepto dando vía libre al paquete tributario creado al amparo de la emergencia económica, pero condiciona su validez a que se declare exequible el famoso decreto madre que justificó el estado de excepción, sumado al uso exclusivo de los recursos.En últimas, el balón está en la cancha de la Corte Constitucional que debe definir muy pronto si tumba o no de forma definitiva el famoso decreto 1390 de 2025, que fue el que creo la emergencia económica y social.
