Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, defendió la transparencia en la entrega de tierras en Colombia frente a los cuestionamientos de la exministra Cecilia López, quien acusó al Gobierno de inflar las cifras mediante predios no escriturados. Carvajalino aclaró que el Estado adjudica mediante resoluciones administrativas válidas y que los procesos avanzan de forma legal.La funcionaria explicó en Mañanas Blu 10:30 que el contador oficial del Ministerio de Agricultura registra un total de 351.000 hectáreas entregadas a campesinos. De esta cifra, 94.000 hectáreas ya cuentan con título definitivo y registro formal, 48.000 están en proceso de inscripción y 206.000 hectáreas se encuentran bajo la figura de entrega provisional."El Estado no se desprende de las tierras de la nación por vía de escrituras", precisó la ministra, detallando que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emite actos administrativos con plena validez jurídica que amparan el ingreso y explotación de los predios por parte de las familias beneficiarias.Para alimentar el Fondo Nacional de Tierras, el Gobierno ha gestionado la compra directa de 462.000 hectáreas a particulares, incluyendo 233.000 hectáreas adquiridas a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Asimismo, se han sumado 30.000 hectáreas provenientes del Frisco y del Fondo de Reparación de Víctimas, con otras 138.000 en proceso de adquisición.Carvajalino enfatizó que los predios provisionales entran en una fase de parcelación técnica para determinar unidades agrícolas familiares, acceso a agua y vías, un trámite que no vulnera la seguridad jurídica de los ocupantes ni puede ser revertido por futuras administraciones.La ministra advirtió sobre presiones de grupos violentos que buscan desplazar a los beneficiarios en regiones como Córdoba y el Valle del Cauca, catalogando estas acciones como el inicio de una "contrarreforma agraria". Finalmente, ofreció disculpas públicas a Cecilia López en caso de que sus declaraciones en redes sociales se interpretaran como un ataque personal.Escuche la entrevista completa aquí:
Luego de que el Ministerio de Agricultura declarara más de 13.000 hectáreas como Área de Protección para la Producción de Alimentos -APPA- en el municipio de Concordia, se generó una nueva discusión entre el Gobierno nacional y la Gobernación de Antioquia por los cuestionamientos que se hacen desde la institución departamental encabezada por Andrés Julián Rendón.El mandatario en una primera instancia aseguró que la APPA le iba a permitir a la Nación decidir sobre los usos productivos del suelo en Concordia y que por ello, “no vamos a permitir la intromisión del gobierno Petro en la autonomía territorial”. Respuesta que fue contrariada por el ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien aseguró que Rendón no estaba bien informado.Carvajalino indicó que la APP en el municipio del Suroeste antioqueño, “no limita ninguna actividad agropecuaria, recoge todas las normas de protección del suelo rural cuya capacidad y vocación es la producción de alimentos”. Destacó la ministra que será Concordia quien establezca los usos permitidos y los prohibidos en la zona donde se produce aguacates, maíz, banano o café.Ante el trino de Carvajalino, Andrés Julián Rendón manifestó que ha estudiado de manera juiciosa, “este instrumento nefasto que ustedes a la brava imponen”, recordando que, incluso, el mandatario ya le había dicho a la Corte Constitucional que el Gobierno nacional no le había permitido concertar a la Gobernación sobre estas decisiones.Ante los cuestionamientos que no son nuevos en el departamento de Antioquia, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que es importante recordar que para garantizar los alimentos hay que sembrarlos en un suelo con condiciones aerológicas adecuadas y que por ello el Gobierno nacional está declarando las APPA y no para decidir qué se siembra en las regionesFinalmente, Rendón cerró su trino con un mensaje que ha repetido en diferentes ocasiones y que lo ha puesto en una posición de disputa contra el Gobierno nacional y es que, “los antioqueños no queremos, ni necesitamos APPA”.
En medio de la controversia nacional por la implementación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) realizaron el pasado lunes, 8 de septiembre, un taller informativo. El evento, liderado por la ministra Martha Carvajalino, tuvo como objetivo aclarar los alcances de esta figura de ordenamiento territorial y responder a las acusaciones de “expropiación encubierta" que han surgido desde varios departamentos.La ministra Carvajalino, el viceministro (e) de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga, y el director de la UPRA, Juan Pablo Sandoval, explicaron que las APPA no implican restricciones sobre la propiedad privada ni obligan a sembrar cultivos específicos.La jefe de cartera aseguró que las tierras seguirán siendo de sus dueños, pero que a través de esta estrategia de protección de las tierras por los alimentos, protegiendo la vocación agropecuaria.Así mismo, la ministra se refirió ante las críticas a este programa y explicó que el Gobierno no busca ninguna expropiación, sino garantizar la seguridad alimentaria. Las APPA fueron creadas bajo la Ley 2294 de 2023 como una herramienta para proteger los suelos más fértiles del país frente al avance de la urbanización y el cambio de uso del suelo. Aunque el Gobierno las presenta como una estrategia para garantizar la soberanía alimentaria, gobernadores de Antioquia, Tolima y Cundinamarca han expresado preocupación por la falta de concertación y el impacto sobre la autonomía territorial.Por su parte, la ministra explicó que se han abierto zonas de estudio trabajando en departamentos como Casanare, Putumayo, Tolima, Antioquia, Cundinamarca. La jefe de cartera indicó que, después de este estudio, esas zonas serán declaradas como APPA.Recordemos que, el pasado 23 de agosto, el Ministerio declaró 1.951 hectáreas del municipio de Sopó como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura que busca blindar los suelos fértiles frente al avance de la urbanización. La medida busca mitigar la presión urbanística y fortalecer la vocación agropecuaria del municipio.El Gobierno anunció que continuará con talleres regionales y mesas técnicas para socializar el alcance de las APPA y recoger inquietudes de autoridades locales, productores y comunidades. La ministra Carvajalino reiteró que la soberanía alimentaria no se construye desde Bogotá, sino con los territorios.
El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, mostró cifras del mercado de ese producto que, asegura, pasa por muy buen momento. Por exportación fueron 5.400 millones de dólares en un año, dato que -afirmó- fue reconocido por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, como el aporte más importante a las exportaciones de parte de un commoditie, después del petróleo.“Este renglón económico ha venido colaborando con la reactivación de la economía colombiana (…) Al último mes, contando los últimos 12 meses, tenemos 14.6 millones de sacos, es la mejor producción desde 1992”, afirmó Bahamón, al precisar que al valor de cosecha son 21.9 billones de pesos que han generado los 23 departamentos y 608 municipiosAcuerdo con MinAgriculturaFrente a la reunión con la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, la definió como “muy buena” y recordó que la funcionaria ha venido acompañando la definición de la política cafetera y las acciones para lograr más competitividad con una caficultura amigable con el medio ambiente.Uno de los anuncios respecto al encuentro es el desarrollo de una marca de cafés para las zonas de conflicto en Colombia. Desde el gremio buscarán “promocionar marcas de productores que han decidido dejar los cultivos ilícitos en zonas como el Cañón del Micay y el Catatumbo, han sembrado café y van a tener un acompañamiento de la federación en su comercialización, para que tenga mejor valor”.Polémica con PetroContrario a ese ambiente de cordialidad que describió Bahamón, tras la reunión con la ministra, el presidente Gustavo Petro ha dejado claras sus animadversiones con la actual junta directiva de la FNC. Sin embargo, el líder gremial evitó ahondar en las controversias con el mandatario, quien reiteró el lunes que tiene grandes diferencias con el gremio. Para responderle, se limitó a recordar una frase bíblica."La respuesta nuestra no es con controversias, es con resultados", comentó, en contraste a los señalamientos de Petro de tener altos salarios y cuotas de representación diplomática en el exterior."Los árboles se reconocen por sus frutos nos decía Jesús de Nazareth y los frutos del café colombiano están a la vista, es el producto que está generando récord de exportación en términos de valor y repunte en términos de producción que no se veía desde 1992 y todas las empresas del gremio generaron récord de esta y récord de utilidades”, manifestó Bahamón.Acompañamiento internacionalEl gerente de la federación estuvo acompañado de Vanusia Nogueira, directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café (OIC), quien celebró los resultados del país en cuanto a producción y comercialización del grano.Al ser consultada sobre los aranceles de Estados Unidos a varios países, entre ellos a su natal Brasil, pidió tomarlo con paciencia, porque hacen muy poco que entraron en vigencia, además de preservar una relación cordial con un grande aliado comercial.“Tenemos que entender los principios del proceso y buscar maneras de argumentar con ellos en el diálogo. Estados Unidos ha decidido ir por una negociación bilateral, país a país, casi que hacer un análisis estratégicos antes de las reuniones para buscar negociar. Estamos todos intentando entender, pero lo principal es tener mucha calma”, señaló.Su mensaje fue claro que indiferentemente de las decisiones de EE. UU., la soberanía nacional no está en cuestión, pero instó a no olvidar que se trata de un gran cliente al ser el consumidor de café más grande del mundo.
El congresista del Centro Democrático, Christian Garcés, anunció que demandará la resolución que reglamenta las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los gremios del sector agropecuario.Según Garcés, la medida del Gobierno de Gustavo Petro sería un acto inconstitucional que vulnera el derecho a la libertad de asociatividad y agremiación, consagrado en la Constitución de Colombia.El congresista manifestó que la ministra de Agricultura podría estar incurriendo en un posible prevaricato al asumir funciones que son exclusivas del Congreso de la República. Para Garcés, esta resolución representa un claro atentado contra la democracia, pues, a su juicio, el Gobierno está limitando la autonomía de los gremios del sector agropecuario, los cuales desempeñan un papel crucial en la economía nacional.Desde el sector agropecuario, diversas voces se han alzado contra la resolución, advirtiendo que, en la práctica, esta medida podría ser utilizada para sancionar a aquellos que se opongan a la agenda del Gobierno. Los detractores de la resolución señalan que, en su implementación, los gremios podrían ser intervenidos, modificados en sus estatutos, cambiar sus directivos o incluso perder su personería jurídica. Además, se destaca que el trámite sancionatorio será de instancia única, lo que eliminaría la posibilidad de apelación."Esto es una clara persecución contra el sector agropecuario", afirmó Garcés, quien añadió que esta resolución podría ser utilizada para apropiarse de recursos, especialmente de los parafiscales, lo que abriría la puerta a un control excesivo sobre los gremios y sus recursos.En paralelo, la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) también ha expresado su preocupación por los alcances de la medida. María Claudia Lacouture, presidenta de la entidad, manifestó en un comunicado que la resolución vulnera el derecho constitucional a la libre asociación y a la libertad de empresa, establecidos en los artículos 38 y 333 de la Constitución. Lacouture subrayó que los gremios no son subordinados del Ejecutivo, sino actores legítimos e independientes de la democracia, por lo que el otorgamiento de facultades de vigilancia al Ministerio excede su competencia.AmCham hizo un llamado a revisar la legalidad y conveniencia de la resolución, argumentando que una medida de este tipo podría generar un grave precedente en la relación entre el Estado y los actores del sector privado en Colombia.
En medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno nacional por cuenta del reciente Consejo de Ministros donde, incluso, ya hay renuncias de varios de ellos, otros han venido dejando claras algunas de sus posturas aunque sin ninguna decisión.Este es el caso de las ministras de Agricultura y Ambiente, Martha Carvajalino y Susana Muhamad, respectivamente, quienes se refirieron a una posible renuncia a sus cargos desde el municipio de Támesis donde participan en un encuentro con el gobierno de Antioquia para socializar el polémico decreto de la Zonas de Protección para la Producción de Alimentos.Muhamad aseguró que cualquiera que sea la decisión esta debe de tomarse con tranquilidad, aunque reconoció que ya había posturas claras desde los diferentes frentes de acuerdo a lo evidenciado en el polémico Consejo de Ministros."Esto es una decisión que se tomará con tranquilidad, ayer se dijo lo que se tenía que decir, y esperaremos las siguientes horas y consultas para poder avanzar", destacó Muhamad.Sin embargo, la líder de la cartera de Ambiente sostuvo lo que había expresado durante el encuentro del gabinete frente a su rechazo con el nombramiento y permanencia en el proyecto político liderado por Gustavo Petro de Armando Benedetti."El proceso político, el proyecto político, necesita un proceso de integridad, de sostener principios y que el tema no sólo del maltrato de las mujeres, sino de la transparencia y de la impunidad no son temas menores", apuntó.A su vez, Martha Carvajalino fue más escueta frente a una postura al respecto y manifestó que no pudo estar en el Consejo, pues estaba llegando de una actividad en Honduras, por lo que está pendiente de reunirse con otros miembros del gabinete para tomar decisiones."Me cogió llegando de Honduras. Recibimos la presidencia del Plan de Seguridad y Soberanía Alimentaria de la CELAC y no hemos tenido la oportunidad de conversar con los compañeros del gabinete", añadió Carvajalino.Por ahora, tres funcionarios han presentado sus renuncias, sin embargo, no han sido aceptadas por parte del presidente Gustavo Petro.
Una reciente resolución del Ministerio de Agricultura, firmada el 26 de diciembre, ha encendido el debate en Colombia, especialmente en el suroeste antioqueño. La medida, que busca establecer Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APA), ha generado incertidumbre y preocupación en diversos sectores económicos, incluyendo floricultores, ganaderos y empresarios del turismo. ¿Qué implicaciones reales tiene esta resolución? ¿Cómo afectará a las diferentes actividades económicas? A esta y otras preguntas respondió la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en Mañanas Blu.El corazón del debate: las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APA)La iniciativa del Gobierno, según la ministra Carvajalino, busca "garantizar áreas para la producción de alimentos y contribuir a la lucha contra el hambre". Sin embargo, la resolución ha sido objeto de fuertes críticas, llegando a ser calificada por algunos como una "expropiación agraria". Esta percepción ha generado reacciones tanto en el Congreso como en la opinión pública, intensificando la controversia.La resolución abarca inicialmente 250,000 hectáreas en 23 municipios del suroeste antioqueño. Pero la ambición del gobierno va más allá, con planes de extender las APA a otras regiones del país, incluyendo la Sabana de Bogotá, La Guajira, Tolima, Cauca, Putumayo, Llanos Orientales, Córdoba y Santander.La ministra Carvajalino aclaró que, si bien la firma se realizó el 26 de diciembre, la resolución se publicó para comentarios el 4 de noviembre, recibiendo y respondiendo a 51 comentarios: "Es una resolución que en efecto se firmó el 26 de diciembre, pero la resolución fue publicada para comentarios el 4 de noviembre. Nosotros recibimos cerca de 51 comentarios, fueron respondidos".¿Restricciones a la ganadería, la minería y el turismo?Una de las mayores preocupaciones se centra en las posibles restricciones que la resolución podría imponer a otras actividades económicas en las áreas designadas como APA. En el suroeste antioqueño, la ganadería, la minería y el turismo representan un porcentaje significativo de la economía regional (39.3%).Sobre la ganadería, la ministra fue enfática: "No, todo lo contrario. Esto protege la actividad ganadera, la actividad de producción de alimentos se derivan de todas las actividades agrícolas que, como lo definimos en el año 93 en la ley 101, son todas las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales".Sin embargo, la ambigüedad en la redacción de la resolución ha dado pie a diversas interpretaciones. En cuanto a la minería, la ministra aclaró que no es competencia del Ministerio de Agricultura regular esta actividad: "¿Quién puede realmente generar una exclusión de la actividad minera? Es el sector ambiente, a partir de las determinantes ambientales".El caso particular de la floricultura en la Sabana de BogotáLa posible implementación de APA en la Sabana de Bogotá ha generado especial inquietud en el sector floricultor, una actividad que genera miles de empleos y representa un importante renglón de exportación para Colombia.La ministra aseguró que se están llevando a cabo mesas de trabajo con los floricultores para encontrar soluciones que no afecten su producción. "Hemos venido hablando con los floricultores, estamos en mesas técnicas ya casi por un año y yo creo que la sabana de Bogotá va a ser el mejor ejemplo de cómo construir estas áreas de especial producción para la producción". Ante la pregunta directa sobre si se acabarían los cultivos de rosas, respondió: "No, y por eso hemos venido trabajando con estos".Argumentos del Ministerio: Protección del suelo y seguridad alimentariaLa ministra Carvajalino defendió la resolución argumentando la necesidad de proteger el suelo rural agropecuario, un recurso limitado y fundamental para la producción de alimentos. "Nosotros tenemos una protección del suelo rural agropecuario desde el año 74 en el Código de Recursos Naturales. Este es un recurso que debe protegerse".Además, explicó el concepto de "determinantes del ordenamiento": "Los determinantes son esas normas del ordenamiento que están establecidas en el artículo 10 de la ley 388, nuestra ley orgánica de Ordenamiento Territorial, que deben todos los usuarios del sistema, en particular aquellos que son los que están facultados constitucionalmente para ordenar del suelo".La ministra insistió en que no se busca imponer qué sembrar: "Nosotros no vamos a decir qué sembrar y qué no sembrar en las áreas de especial protección para la producción de alimentos". Lo que se busca, según sus palabras, es "identificar dónde se está produciendo toda la actividad agrícola, toda la actividad pecuaria… para poder decir vamos a proteger esas zonas".Puntos que generan dudas y requieren mayor claridadA pesar de las explicaciones de la ministra, persisten algunas dudas:Criterios de selección de las zonas: si bien se mencionó la importancia de las condiciones agrológicas, no se detalló el proceso específico para seleccionar las 250,000 hectáreas en Antioquia, ni las de las otras regiones.Consecuencias para quienes no cumplan la resolución: no se especificaron las posibles sanciones o consecuencias para los propietarios que no deseen dedicar sus tierras a la producción de alimentos.Base legal para priorizar la producción de alimentos sobre otras actividades: si bien se citaron leyes anteriores, no se profundizó en la justificación legal específica para priorizar la producción de alimentos sobre otras actividades económicas en suelos de alta vocación agrícola.
El presidente Gustavo Petro continúa haciendo cambios en su gabinete ministerial de cara a la segunda mitad de su mandato y este martes anunció la salida de la titular de Agricultura, Jhenifer Mojica, que será reemplazada por Martha Carvajalino.Este es el tercer cambio anunciado por Petro en menos de una semana después de que en los últimos días también avanzara movimientos en las carteras de Interior y de Justicia, todos mediante mensajes en su cuenta de X."Agradezco a la doctora Jennifer Mojica (sic) su colaboración con el campo colombiano y el movimiento campesino. Las manos del azadón sabrán querer la mujer que los acompañó", afirmó el presidente en X.Carvajalino, una abogada especializada en derecho agrario y ambiental y derechos territoriales, tendrá como misión impulsar "la reforma agraria y un campo productivo con justicia social", según Petro.Se trata de la tercera persona que dirigirá la cartera de Agricultura en este Gobierno, después de que Mojica reemplazara a Cecilia López Montaño, una liberal con larga trayectoria en política y como ministra en otras administraciones.También es el tercer cambio que anuncia Petro en los últimos días: comenzó el sábado con la salida del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, del que aún no ha dicho quién lo reemplazará, y ayer se conoció la salida del titular de Justicia, Néstor Osuna, ministerio al que llegará la abogada penalista Ángela María Buitrago.La futura ministra de Justicia es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España) y en Ciencias Criminológicas del Externado.En 2008 ocupó el cargo de fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia donde lideró casos como el de la toma del Palacio de Justicia. También ha ejercido como abogada Litigante y perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).Por el momento, Petro solo conserva cuatro ministros desde el comienzo de su mandato, el 7 de agosto de 2022: Iván Velásquez, en Defensa; Gloria Inés Ramírez, en Trabajo; Susana Muhamad, en Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Catalina Velasco, en Vivienda, Ciudad y Territorio.
El presidente Gustavo Petro anunció hoy el nombramiento de Martha Carvajalino como nueva ministra de Agricultura, en reemplazo de Jennifer Mojica. En su declaración, el presidente agradeció a Mojica por su colaboración con el campo y el movimiento campesino.“Agradezco a la doctora Jennifer Mojica su colaboración con el campo colombiano y el movimiento campesino. Las manos del azadón sabrán querer la mujer que los acompañó. La tarea será continuada por la doctora Martha Carvajalino quien impulsará la reforma agraria y un campo productivo con justicia social, escribió el presidente Gustavo Petro en X.¿Quién es Martha Carvajalino?Martha Carvajalino es abogada, especialista en derecho constitucional y magíster en Derecho con énfasis en investigación de la Universidad Nacional de Colombia. Con más de 17 años de experiencia como consultora en temas agrarios y ambientales en entidades públicas y agencias de cooperación internacional, Carvajalino ha desempeñado desde 2016 como procuradora judicial para asuntos ambientales y agrarios de la Procuraduría General de la Nación.La nueva ministra llega al Ministerio de Agricultura con tres objetivos principales: reactivar el sistema nacional de reforma agraria, activar núcleos territoriales para la redistribución de la tierra y avanzar en la consolidación de la propuesta campesina.¿Qué otros ministros salen y quiénes llegan?En el ministerio de Educación, se anticipa la salida de la actual ministra, con el viceministro Óscar Sánchez posicionado como su más probable sucesor. Sánchez, un abogado especialista en derecho constitucional, ha estado profundamente involucrado en asuntos educativos y su ascenso es visto como una continuación de la política actual del ministerio.Por otro lado, la posición del ministro del Interior sigue en suspenso tras la renuncia de Luis Fernando Velasco. Aunque no se ha anunciado oficialmente un sucesor, las especulaciones apuntan a Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, ambos con estrechos lazos con el Gobierno anterior de Juan Manuel Santos y actualmente en roles diplomáticos en Brasil y Londres, respectivamente. También se menciona a Roy Barreras, aunque su interés parece estar más dirigido hacia una futura candidatura presidencial que a asumir el cargo de ministro.Estos cambios sugieren una estrategia del presidente Petro para consolidar su agenda política, particularmente en lo que respecta a la convocatoria del poder constituyente, una prioridad expresada recientemente en sus declaraciones. La situación en el Ministerio del Interior será crucial para los próximos pasos del Gobierno, especialmente en un año definido como decisivo por el propio presidente, según comentaron los periodistas y panelistas de Mañanas Blu.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
Las variaciones climáticas extremas entre temporadas de calor y lluvias están generando un impacto directo en el sector agrícola de Antioquia, donde la pérdida de cultivos por sequías e inundaciones amenaza con encarecer la canasta familiar. De acuerdo con un análisis económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, las afectaciones en las zonas de siembra del departamento reducirán la oferta de productos básicos, presionando el alza de precios en los mercados locales.El estudio, desarrollado por el docente e investigador Iván Montoya, señala que la alteración en las fuentes de agua impacta tanto a la agricultura como a la ganadería antioqueña, afectando la producción de leche, carne y vegetales. Según las proyecciones del analista, el desabastecimiento de alimentos y el incremento en los servicios de energía y agua podrían encarecer hasta en un 19 % el costo de la canasta básica de los hogares paisas, debido a los mayores costos que asumen los campesinos para mantener sus plantaciones. "Todas estas implicaciones macro muy seguramente van a tener repercusiones económicas en el bolsillo de los hogares; por un lado, se ha venido mencionando para ver un aumento, pues, en los costos de producción, sobre todo los costos agrícolas fundamentalmente, y eso va a generar un aumento en la producción de alimentos que termina generando, pues, inflación; ya había mencionado el caso", indicó el docente.El análisis económico contempla que la región Andina sufrirá el mayor impacto estructural por la disminución en los caudales de los ríos y una reducción de un tercio en las precipitaciones. Esta situación compromete a los embalses del interior del país, que concentran el 95 % de la capacidad nacional, y afecta a otras regiones como la Caribe, el Pacífico y la Orinoquía, donde la falta de agua de riego e inundaciones repentinas impiden que los cultivos prosperen, reduciendo la oferta de alimentos a nivel nacional.Ante la imposibilidad de aumentar la producción agrícola local por los daños en la tierra, la investigación prevé que el país deba recurrir a la importación de insumos y granos básicos mediante la revisión de salvaguardas comerciales; un panorama que ya se refleja en las calles de Medellín, donde comerciantes y familias observan transformaciones en sus dinámicas cotidianas y se abstienen de comprar ciertos productos que antes adquirían habitualmente, dado que, según señalan los propios habitantes, sus costos actuales se han vuelto inalcanzables. "Una semana dicen no, la otra semana sube tal cosa, entonces cada ratico están subiendo, están subiendo. Eso sí ha afectado y se han disminuido las ventas también. Nos han subido la crema de leche, nos suben el queso. Tenemos que subir de precio las cosas", indicaron algunos ciudadanos consultados por BLU Radio.Asimismo, el docente señala que este fenómeno generará una presión inflacionaria originada por la caída en la oferta de alimentos, lo que dejaría al Banco de la República con un margen muy reducido para bajar las tasas de interés en los próximos meses.
La decisión, con 23 votos a favor y ninguno en contra, se tomó en segundo debate del Proyecto de Ordenanza que busca garantizar la continuidad de los estudios y las etapas necesarias para sacar adelante el denominado Tren Multipropósito de Antioquia.Con esta capitalización se financiarán las fases 3 y 4 de la estructuración del proyecto, luego de que durante 2025 se completaran las dos primeras etapas. En ese periodo se revisaron los estudios de factibilidad, se actualizó la información técnica y la proyección de demanda de pasajeros y carga, y se evaluaron diferentes alternativas de trazado y financiación.Como resultado de ese trabajo, el corredor Bello-Puerto Berrío fue definido como prioritario para continuar con el desarrollo del proyecto ferroviario, que busca conectar el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio.La tercera fase contempla la actualización de estudios y diseños, la estructuración del modelo financiero y la definición de la matriz de asignación de riesgos. Posteriormente, en la cuarta etapa se elaborarán los documentos contractuales y los insumos necesarios para una eventual salida al mercado.Para ese proceso se contempla la posibilidad de utilizar un esquema de Asociación Público-Privada (APP) u otro mecanismo de financiación que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto.El corredor ferroviario priorizado tendrá una extensión de 182,1 kilómetros, desde Bello hasta Puerto Berrío, y conectará dos subregiones estratégicas del departamento: el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio.De acuerdo con la presentación del proyecto, su área de influencia comprende 12 municipios y una población estimada de 3.706.611 habitantes. Además, se proyecta como una alternativa para fortalecer la conexión logística de Antioquia y facilitar una eventual conexión con los puertos del mar Caribe.
Las autoridades en el departamento de Antioquia han alzado la mano para mostrar su preocupación por la guerra que se vive en el Suroeste antioqueño entre el Clan del Golfo y al menos 17 estructuras delincuenciales que están buscando apoderarse del territorio.Las alarmantes cifras fueron entregadas por la Gobernación de Antioquia quien advirtió que está buscando con el Ejército Nacional y la Policía Nacional la manera para poder acabar con la disputa que ha creado temor entre la comunidad.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que en esta subregión del departamento se han reportado algunos homicidios producto de la confrontación entre los grupos delincuenciales."Esos homicidios del enfrentamiento de criminales del clan del golfo contra criminales de 17 estructuras delincuenciales que quieren apoderarse del del microtráfico. Aquí sabemos que esta, que ha sido una zona pacífica trabajadora por excelencia, tiene una incidencia criminal bastante grande por cuenta de la factura de esa renta que persiguen estos bandidos", indicó el mandatario.Hay que mencionar que en el Suroeste antioqueño no solo hay presencia del Clan del Golfo sino también del ELN, que sería uno de los mayores dinamizadores de la violencia, y las disidencias que como en otras zonas del departamento estaría en alianza con el Clan del Golfo buscando mayor control territorial.Por ahora las autoridades en Antioquia están tras la pista de los intereses que hay detrás de los 17 grupos delincuenciales con presencia en el Suroeste antioqueño, ya que no se descarta que el ELN tenga relación con alguna de estas facciones que buscan quitarle las rentas ilícitas al Clan del Golfo.
En el Valle de Aburrá, la Policía Nacional adelantó dos operativos de control y registro que dejaron como resultado la captura de 13 personas y la incautación de cerca de 3.900 dosis de sustancias estupefacientes. Las acciones institucionales se desarrollaron de manera simultánea en el municipio de Bello y en el sector del centro de Medellín para contrarrestar el tráfico local de drogas y las economías ilícitas en ambas localidades.El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de El Carmelo, en el municipio de Bello, donde las patrullas de vigilancia interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres de 29 y 36 años. Durante la inspección, según el Teniente Coronel José Fernando Mazo, comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hallaron un bolso con cerca de 900 dosis de marihuana listas para su distribución. Los dos ciudadanos fueron capturados e individualizados para ser puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes."El procedimiento se desarrolló en el sector del Carmelo, donde nuestras patrullas de vigilancia durante actividades de registro y control interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban estos dos ciudadanos. Al realizar la inspección, nuestros uniformados encontraron en el interior un bolso con las sustancias estupefacientes, las cuales, de acuerdo con las verificaciones preliminares, iban a ser distribuidas en este sector". indicó.Por otra parte, en el barrio Estación Villa del centro de Medellín, la fuerza pública y la Alcaldía Distrital ejecutaron una intervención integral que culminó con la captura de 11 personas y la incautación de 3.000 dosis de sustancias ilícitas. En el sitio se materializaron tres órdenes judiciales por concierto para delinquir, receptación y falsedad marcaria, mientras que ocho personas más fueron judicializadas en flagrancia. Las autoridades precisaron que los detenidos presuntamente estarían vinculados al grupo delincuencial 'Los Carabanudos', alineado con la estructura 'La Terraza'.Entre los procesados en la capital antioqueña figura un hombre conocido como alias 'Cachetón', quien registra nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por tráfico de estupefacientes. Asimismo, de acuerdo con el Coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se capturó a una mujer identificada como alias 'La Cucha', señalada por las investigaciones de administrar una vivienda que era utilizada como centro de acopio y expendio de sustancias alucinógenas y otras actividades delictivas en el sector."Entre los capturados se encuentran alias Cachetón, quien registra nueve anotaciones por tráfico de estupefacientes, y alias La Cucha, señalado de administrar un inmueble utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas. Estas acciones hacen parte de una estrategia sostenida para contrarrestar las economías criminales y prevenir hechos de violencia", señaló. Durante la jornada en el centro de la ciudad, los uniformados decomisaron 97 armas cortopunzantes, recuperaron dos motocicletas reportadas como robadas y aplicaron el cierre temporal a tres establecimientos comerciales por incumplimiento normativo. Los 13 capturados en ambos municipios quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.
