"Luego de que le fuera negada la condición de refugio por parte del Gobierno Colombiano, Migración Colombia expulsó del territorio nacional al ciudadano panameño Mayer Mizrachi", dijo a Efe una fuente de Migración Colombia. Detalló que el empresario "fue embarcado en un vuelo comercial en el aeropuerto El Dorado de Bogotá" en compañía de dos custodios. Durante el procedimiento, "Migración Colombia garantizó los derechos del ciudadano extranjero y, luego de que no prosperaran las diferentes acciones legales a que tenía derecho, Mayer Mizrachi fue expulsado hacia Panamá, respetando siempre el debido proceso", dijo la autoridad migratoria colombiana en un comunicado. La medida contra Mizrachi, según Migración Colombia, se hizo con fundamento en la legislación interna que establece que "se podrán expulsar los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social". La información añade que Mizrachi "enfrenta en Panamá un proceso en su contra, por el delito de fraude contra la administración pública". Mizrachi fue capturado hoy en el norte de Bogotá y se procedió a hacer los preparativos para expulsarlo del país. El propio Mizrachi confirmó su situación en mensajes vía Twitter en los que señaló que Migración Colombia y la Policía coordinaron "otra detención ilegal" en su contra a pesar de tener un "salvoconducto vigente". "Me quieren sacar por vuelo chárter, me llevan a Catam", la base aérea anexa al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, añadió en la red social Mizrachi, quien dijo sospechar que todo fue coordinado por la Cancillería de su país. Según dijeron a Efe las fuentes oficiales, al momento de la detención, Mizrachi, que se movilizaba en una camioneta blindada, increpó a las autoridades e incluso intentó atropellar a uno de los agentes. El panameño, sobre el que pesaba una circular roja de Interpol, fue detenido el pasado 30 de diciembre en el aeropuerto de Cartagena al llegar procedente de Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.), pero quedó en libertad el 22 de junio pasado. El empresario de 22 años había solicitado a Colombia "asilo" por lo que considera una "persecución política en su país", donde se le acusa de supuesta corrupción por presuntas irregularidades en un contrato público cuyo valor ascendía a 13,3 millones de dólares. La Cancillería panameña solicitó su extradición días después de la detención, pero el 6 de junio pasado un juzgado de ese país revocó la orden de captura y extradición debido a que en enero le había concedido una fianza de excarcelación de 100.000 dólares para enfrentar el proceso en libertad. Mizrachi estuvo recluido en la cárcel bogotana La Picota desde diciembre de 2015 hasta junio pasado cuando se ordenó su expulsión del país, pero las autoridades carcelarias, en vez de entregarlo a Migración Colombia, lo dejaron en libertad. En los días siguientes, Mizrachi pidió que se le concediera asilo y más adelante pidió refugio argumentando ser objeto de persecución política, pero ambas fueron negadas por el Gobierno Colombiano. El joven empresario es hijo de Aaron Roni Mizrachi, cuñado de Martinelli, quien lleva más de un año fuera de Panamá y es investigado y requerido por la Justicia de su país por supuestamente haber ordenado la interceptación de las comunicaciones a más de 150 personas durante su mandato.
La canciller colombiana María Ángela Holguín se refirió al caso del empresario panameño Mayer Mizrachi y explicó que hay un plazo hasta el 22 de julio para que su defensa apele la decisión del Gobierno colombiano de negarle el asilo. “Aquí no hay absolutamente nada político, aquí estamos respondiendo a una solicitud y con unas condiciones que hemos sido lo más garantistas posibles, tiene su salvoconducto, estará hasta que quede en firme la decisión”, explicó Holguín. La ministra aclaró que el Gobierno colombiano le notificó a Mizrachi sobre su expulsión del país por vía administrativa, ya que él no se presentó personalmente para la notificación. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, defendió el plebiscito por la paz en la que se busca avalar los acuerdos de La Habana mediante una sola pregunta ya que la totalidad de los acuerdos indagados a la ciudadanía haría más difícil su estudio. -Más de 70 billones en pago de impuestos han recaudado la Dian durante el primer semestre del año. Junio fue el mes en el que se registraron las mayores contribuciones. -En Cali capturan a un joven de 20 años quien lideraba una banda sicarial y quien ejecutó 50 homicidios en esa ciudad. -En Reino Unido Theresa May, la sucesora del Primer Ministro, David Cameron afirmó que hará del Brexit un éxito para su país. -Deprimido de la calle 94 será entregado en su totalidad hasta marzo de 2017 por la prórroga que ha solicitado el contratista. -A propósito del balance que publicó este lunes el alcalde Enrique Peñalosa donde muestra logros y avances en sus primeros 6 meses de gestión, Blu Radio consultó a los bogotanos si efectivamente han visto alguna mejoría en la capital.
El apoderado Alex Vernot, manifestó que la Comisión señaló que ellos no pueden estudiar la solicitud de asilo porque hay una resolución de expulsión de Migración Colombia. “Esa decisión tiene recursos que los tenemos que presentar dentro de los 10 días, pero durante todo el tiempo va a tener salvoconducto que puede ser un ms, dos meses, el tiempo que ellos se demoren”, dijo. Por su parte la Canciller, María Ángela Holguín aseguró que tras la decisión de la CONARE el ciudadano panameño podrá solicitar la prórroga de un salvoconducto de movilidad mientras se resuelve su situación migratoria en segunda instancia. “Mientras toso ese proceso la ley le otorga la posibilidad del salvoconducto. Eso se lo vamos a prolongar”, señaló.
El Órgano Judicial (OJ) remitió hoy a la Cancillería la solicitud para que gestione el traslado del panameño Mizrachi, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, que señaló que la misma "está siendo tramitada para evaluación de las autoridades colombianas". La petición se tramita de acuerdo con lo que dictan las normas y acuerdos vigentes y se envía a Colombia, que dará luego una respuesta, para lo cual "no existe un tiempo determinado", indicó la Cancillería. Mizrachi, sobre el que pesaba una circular roja de la Interpol, fue detenido cuando pretendía ingresar en Cartagena de Indias procedente de Fort Lauderdale (Florida), detalló la Policía de Colombia en un comunicado.(Lea también: Detienen en Cartagena a familiar de expresidente panameño Ricardo Martinelli) La Justicia panameña le reclama por supuestas irregularidades en el cumplimiento de un contrato de mejora y digitalización de los sistemas de comunicación de la Fuerza Pública de ese país, cuyo valor ascendía a 13,3 millones de dólares. La Policía colombiana subrayó que se tenía conocimiento de que Mizrachi residía en Nueva York, donde dirigía una compañía de desarrollo tecnológico, por lo que se determinó que llegó a Cartagena para pasar las vacaciones de fin de año. El detenido es hijo de Aaron Roni Mizrachi, cuñado de Martinelli, quien reside actualmente en Estados Unidos y tiene una orden de detención provisional en su país por supuestas escuchas ilegales a más de 150 personas durante su mandato (2009-2014). Además de las escuchas ilegales, al exgobernante se le siguen otras cinco causas penales en la Corte Suprema de Panamá. EFE
Este lunes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
La intensa ola de calor que golpea a Santander mantiene encendidas las alertas de las autoridades por el riesgo de nuevos incendios forestales y el deterioro de las fuentes de agua, una situación que afecta con mayor fuerza a las comunidades rurales, veredas y corregimientos.Los municipios de Gámbita, Coromoro, Palmar, Suratá, Vetas y Barrancabermeja permanecen bajo seguimiento ante las condiciones de altas temperaturas y sequía que favorecen la propagación de incendios. En varias zonas del departamento, los organismos de socorro mantienen vigilancia y llaman a la comunidad a evitar cualquier acción que pueda generar fuego.La emergencia también se refleja en el abastecimiento de agua. Cuatro municipios de Santander han declarado la calamidad pública, mientras que otros 13 mantienen medidas de racionamiento debido a la reducción de los niveles de sus fuentes de abastecimiento.El impacto es especialmente fuerte en veredas y corregimientos, donde algunas comunidades enfrentan mayores dificultades para acceder al recurso, varios municipios tienen racionamiento de 12 horas mientras en otros pasan días sin agua.La disminución de los caudales también preocupa a las autoridades en sectores del departamento hay fuentes hídricas que presentan niveles críticos cómo los ríos Magdalena, Chicamocha, Fonce y Opón. De acuerdo con los reportes, varios de ellos registran caudales por debajo de los 90 centímetros y a los puntos de interconexión como quebradas no les llega agua.Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a hacer un uso eficiente del preciado líquido, evitar el desperdicio y reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo las fuentes hídricas o generar incendios forestales.También se recomienda desconectar los electrodomésticos y equipos que no estén en uso, incluso durante las horas de la noche, como parte de las medidas para optimizar el consumo de los servicios públicos en medio de las actuales condiciones climáticas.La preocupación aumenta mientras persisten las altas temperaturas y la escasez de lluvias, las autoridades mantienen el monitoreo en los municipios con mayor afectación y piden a las comunidades extremar las medidas de prevención para evitar que la emergencia por falta de agua termine acompañada de una nueva ola de incendios forestales.
Sin respuestas: 10 días lleva un bebé del municipio de Nechí, Antioquia, esperando una remisión a un hospital de mayor nivel. El gobernador Andrés Julián Rendón denunció que las demoras son por parte de CoosaludEl gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció las demoras de la EPS Coosalud en el traslado de Juan José Barroso Betín, un bebé de tres meses, oriundo de Nechí, cuyo estado de salud se deteriora mientras permanece hospitalizado.A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que el menor lleva 10 días esperando una remisión y señaló que, desde el primer momento, la Secretaría de Salud de Antioquia gestionó el traslado, así como la consecución de una cama y los equipos necesarios para su tratamiento.“Por esta negligencia, se perdieron días valiosos para que el bebé pueda recuperarse”, afirmó Rendón, quien anunció que la Gobernación acudió a la Superintendencia Nacional de Salud para intervenir en el caso.Según el gobernador, la entidad ya intervino para gestionar el traslado del menor a Bogotá, donde una institución médica confirmó su aceptación. Por eso, exigió a Coosalud garantizar el desplazamiento de manera inmediata.El bebé permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica de la Clínica Materno Infantil Casa del Niño, en Montería, Córdoba, donde fue diagnosticado con una infección respiratoria aguda grave.De acuerdo con la información entregada por sus familiares, Juan José requiere una terapia de oxigenación por membrana extracorpórea, conocida como ECMO, la cual no está disponible en Montería. Aunque inicialmente se había reportado la aceptación de un centro médico en Barranquilla para que fuera remitido a allí, el traslado no se concretó por la falta de una ambulancia medicalizada aérea.
Este lunes se confirmó la muerte, en el desarrollo de operaciones de la Policía, de alias 'El Cholo', jefe militar y segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Este hombre era considerado uno de los más cercanos de alias 'Pinocho', cabecilla que en las últimas horas había manifestado su intención de someterse a la justicia.Según el presidente Abelardo De La Espriella, alias 'El Cholo' además tenía más de 15 años de trayectoria delictiva y se encargaba de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica.“La operación deja siete integrantes dados de baja, tres capturados y la incautación preliminar de 10 fusiles —entre ellos un Barrett calibre .50—, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas de 40 mm y abundante material de guerra”, agregó el mandatario.Sin embargo, la comunidad denunció que, en represalía, miembros del grupo armado están promoviendo un paro armado y han quemado varios vehículos en la Troncal del Caribe.“Ahora pretenden intimidar a la población promoviendo un paro armado. No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror. He dispuesto todas las capacidades de la fuerza pública y me dirijo a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad, evaluar la situación en el territorio y coordinar directamente las acciones necesarias para proteger a la población”, dijo a través de redes sociales.
En paralelo al plantón que este lunes realizaron artistas y gestores culturales frente a la sede del Ministerio de las Culturas, en el centro de Bogotá, la ministra Paola Holguín explicó las razones por las que el Gobierno decidió suspender para 2026 la designación de ganadores de los Premios Nacionales y Reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos.La funcionaria defendió la decisión y aseguró que estuvo relacionada con la situación presupuestal que encontró al asumir el cargo y con la falta de recursos para completar las etapas pendientes de la convocatoria.“Es mejor decir la verdad que no continuar engañando a un sector tan importante como los artistas, los gestores culturales y los creadores”, afirmó Holguín al explicar la determinación.Según la ministra, el problema se remonta a la programación de la convocatoria que había sido abierta en febrero de este año, durante el gobierno de Gustavo Petro. Dijo la ministra que la resolución para designar a los jurados encargados de evaluar las propuestas debía expedirse el 15 de julio, dos meses antes de la fecha prevista para anunciar los ganadores.Sin embargo, cuando Holguín llegó al Ministerio, el 7 de agosto, ese acto administrativo todavía no había sido expedido. La ministra señaló que, además de encontrar pendiente la resolución de los jurados, recibió una cartera con una deuda superior a $185.000 millones, de los cuales más de $75.000 millones correspondían a estímulos anteriores que estaban sin pagar.En esa línea, el Ministerio informó que, con corte a agosto de 2026, la deuda pendiente por pagos del Plan Anual de Caja (PAC) ascendía a $185.482 millones. De ese monto, $75.436 millones correspondían a obligaciones de los Portafolios del Programa Nacional de Estímulos y del Programa Nacional de Concertación Cultural.Holguín sostuvo que, ante ese escenario y las restricciones de presupuesto, el Ministerio determinó suspender únicamente por este año la resolución que obligaba a continuar con la designación de los ganadores.La resolución que formalizó la decisión fue expedida el 14 de septiembre de 2026, un día antes de la fecha que estaba prevista para publicar los actos administrativos con los resultados.En total, 1.308 propuestas habilitadas quedaron sin pasar a la evaluación de jurados: 351 correspondían a Premios Nacionales y 957 a Reconocimientos.La Resolución 1887 también argumentó dificultades de capacidad institucional y falta de personal técnico especializado para asumir la evaluación de las propuestas, además de las restricciones en la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja. Sin embargo esa falta de personal se habría originado tras la llegada del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.Además del plantón realizado este lunes, la decisión del Ministerio derivó en el rechazo de los tres ministros de las Culturas que tuvo la administración de Gustavo Petro. Por ejemplo, la exministra Patricia Ariza acompañó las manifestaciones realizado frente a la cartera y pidió que no se reduzcan los recursos destinados a la cultura.Por su parte, el exministro Juan David Correa cuestionó la decisión del Gobierno y señaló que, a su juicio, existe una reducción de la capacidad presupuestal y administrativa del Ministerio. También manifestó preocupación porque, según dijo, todavía no se ha lanzado la convocatoria del Programa Nacional de Concertación, lo que podría afectar proyectos culturales que requieren evaluación previa.Correa también cuestionó que la falta de disponibilidad de caja sea utilizada como argumento para suspender programas culturales, al señalar que los recursos habían sido apropiados dentro del presupuesto nacional.Otra de las críticas vino de la exministra Yannai Kadamani, quien sostuvo que una de las responsabilidades de la ministra es defender los recursos asignados a su cartera. Kadamani cuestionó específicamente los argumentos relacionados con la falta de personal y de flujo de caja.Según su posición, los funcionarios y contratistas encargados de las convocatorias cumplen funciones técnicas necesarias para diseñar, evaluar y ejecutar las políticas públicas. También cuestionó que una restricción de liquidez pueda utilizarse para interrumpir programas culturales que, según afirmó, constituyen una fuente de financiación para miles de artistas.
