La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, sancionó a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (Movistar) con una multa de $1.358.672.968 por considerar que la empresa vulneró los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones al no adoptar mecanismos adecuados de verificación de identidad en los procesos de reposición de SIM CARD.La decisión se originó tras varias denuncias presentadas por usuarios que aseguraron haber sido víctimas de fraude luego de perder la señal de sus teléfonos móviles. Según los reportes analizados por la entidad, al comunicarse con el operador se les informó que se había realizado una reposición de la tarjeta SIM, trámite que, presuntamente, no había sido solicitado por los titulares de las líneas.¿Qué es el SIM Swapping y cómo afectó a los usuarios?De acuerdo con la SIC, los hechos investigados corresponden a una modalidad de fraude conocida como SIM Swapping, mediante la cual terceros logran obtener el control de una línea telefónica mediante la reposición fraudulenta de una tarjeta SIM.Aunque la entidad aclaró que este tipo de fraude no es ejecutado directamente por los operadores de telefonía, sí existen protocolos y mecanismos de seguridad que deben ser implementados por las compañías para evitar que se materialicen estas conductas.Según el comunicado oficial, tras la reposición fraudulenta de las SIM CARD, varios usuarios perdieron el control de sus números celulares, lo que derivó en accesos no autorizados a servicios financieros, plataformas digitales y cuentas bancarias asociadas a esas líneas telefónicas.La SIC concluyó que Movistar omitió mecanismos tecnológicos idóneosDurante la investigación, la Superintendencia evaluó si Movistar contaba con herramientas de seguridad suficientes para validar la identidad de las personas que solicitaban la reposición de las SIM CARD.Como resultado, la entidad concluyó que el operador omitió el uso de mecanismos y herramientas tecnológicas idóneas para adelantar los procesos de verificación de identidad, situación que, según la autoridad, incrementó el riesgo de actuaciones fraudulentas y accesos no autorizados a las líneas móviles de los usuarios.La SIC señaló que estas medidas eran necesarias para prevenir fraudes y garantizar que las reposiciones de tarjetas SIM fueran solicitadas efectivamente por los titulares de las líneas.También cuestionó la respuesta entregada a los usuariosLa Superintendencia indicó además que Movistar no explicó ni acreditó de manera suficiente ante los usuarios las razones por las cuales negó la ocurrencia de los hechos reportados en las Peticiones, Quejas y Recursos (PQR) relacionadas con las reposiciones cuestionadas.Según el organismo de control, esta situación ocurrió pese a que los afectados manifestaron haber perdido el control de sus líneas móviles y del acceso a servicios financieros y plataformas digitales vinculadas a sus números celulares.Orden para fortalecer los procesos de verificación de identidadAdemás de la sanción económica, la SIC impartió una orden administrativa de carácter particular a Movistar para que fortalezca los mecanismos de verificación de identidad en los procesos de reposición de SIM CARD.La medida busca prevenir nuevas afectaciones a los usuarios y reducir el riesgo de accesos no autorizados a líneas móviles y a los servicios asociados a estas.La Superintendencia precisó que contra el acto administrativo sancionatorio proceden los recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y de apelación ante la Delegatura para la Protección del Consumidor.
La Contraloría General de la República anunció un seguimiento preventivo al proceso de venta del 32,5 % de las acciones de Movistar Colombia (Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P. BIC), que aún permanecen en manos de la Nación, luego de que Tigo (Millicom Colombia Holding S.A.S.) asumiera en febrero de 2026 el control mayoritario de la compañía con el 67,5 % de participación.El organismo de control solicitó a los ministerios de Hacienda y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) información detallada sobre la destinación de los recursos estimados en al menos $856.000 millones que ingresarán al Tesoro Nacional tras la venta de estas acciones, cuyo precio de referencia actual es de $772,38 por acción.La Contraloría busca establecer si estos recursos tendrán un impacto eficiente y un beneficio social real, especialmente en el cierre de brechas digitales en el país. Según el Ministerio de Hacienda, el dinero producto de la venta debería ingresar al presupuesto de esa cartera y podría destinarse en futuras vigencias a inversiones estratégicas relacionadas con conectividad y transformación digital.El ente de control también insistió en que el proceso de transferencia debe adelantarse bajo principios de transparencia, defensa del patrimonio público y garantía de continuidad en la prestación del servicio, siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 1481 de 2025.En la primera etapa de la enajenación se adjudicaron 3.000 acciones a destinatarios con condiciones especiales. Posteriormente, en la segunda fase de precalificación, sólo se presentó Tigo como interesado, que fue declarado inversionista precalificado. La subasta estaba prevista para este 24 de abril y el cierre del proceso para el 29 del mismo mes.La Contraloría advirtió que, mientras existan recursos públicos comprometidos, la empresa seguirá siendo sujeto de control fiscal. Asimismo, señaló que el Gobierno debe garantizar que la reinversión de estos recursos fortalezca el capital humano digital y la apropiación tecnológica, más allá de la infraestructura.De acuerdo con el análisis macro de control fiscal, que citó la Contraloría, aunque el Índice de Brecha Digital (IBD 2024) mostró una mejora del 12,7 % frente a 2018, las habilidades digitales aún representan el 34,7 % de la brecha total, lo que evidencia que los principales desafíos del sector TIC no solo están en la conectividad, sino en la capacidad de los ciudadanos para usarla de forma productiva y sostenible.
El colombiano Alfonso Gómez será el nuevo consejero delegado de Movistar Plus+, en reemplazo de Daniel Domenjó, quien dejará el cargo en los próximos meses.Sin embargo, la forma en la que se da su salida no está del todo clara. Mientras algunas versiones como la del Economista apuntan a que se trata de una decisión voluntaria para asumir nuevos proyectos, otros medios locales en España señalan que el cambio estaría relacionado con una reestructuración interna.En medio de este panorama, Gómez llega desde su rol como presidente de Telefónica Hispanoamérica y también se integrará al comité de dirección de Telefónica España. Su nombramiento responde a la intención del grupo de darle un nuevo impulso a su negocio audiovisual, uno de los frentes más estratégicos en la actualidad.Gómez cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector de las telecomunicaciones, gran parte de ellos dentro de Telefónica. A lo largo de su carrera ha liderado procesos clave en América Latina, incluyendo el desarrollo de redes como 4G y la expansión de la fibra óptica.Su experiencia reciente ha estado enfocada en mejorar la eficiencia operativa y maximizar el valor de los activos del grupo en la región, lo que ahora buscará replicar en el negocio de contenidos.El nuevo CEO asumirá el liderazgo de una plataforma que ha venido creciendo en número de usuarios y en oferta de contenidos, pero que también enfrenta un entorno altamente competitivo, debido a la presencia de múltiples plataformas de streaming.Entre sus principales desafíos estarán mantener el crecimiento, fortalecer la propuesta de valor y seguir apostando por contenidos diferenciales, especialmente en deportes y entretenimiento.
La integración empresarial entre Tigo y Movistar en Colombia continúa generando controversia, esta vez por cuenta de las medidas cautelares y las denuncias del sindicato Unitratel sobre presuntas irregularidades en procesos de retiro de trabajadores. Así lo expuso Doralba Hernández, presidenta de la organización sindical, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, donde advirtió sobre impactos laborales derivados de la fusión en el sector de telecomunicaciones.Hernández explicó que las medidas cautelares responden a los efectos que ha traído la integración, especialmente en materia de empleo. “Producto de esta integración (…) los trabajadores también somos un grupo de interés y una de las aristas que no se contempló (…) es hacer una optimización de gastos operativos (…) pero el daño lo hace con la fuerza laboral”, afirmó.Según la dirigente sindical, una de las principales preocupaciones es la implementación de planes de retiro que, en la práctica, no serían voluntarios. “Movistar lanzó unos planes de retiro voluntario que no son tan voluntarios (…) al trabajador le llega un correo, lo citan, le dan una cifra (…) y le dicen que aproveche en este momento porque después va a ser peor”, señaló.Denuncias por presunto “modus operandi” en retiros laboralesDe acuerdo con Hernández, desde la seccional de Risaralda se han documentado prácticas que buscarían evitar la autorización de despidos colectivos por parte del Ministerio de Trabajo. “Es una manera en la que (…) encuentran cómo hacerle una ‘esguince’ a la ley y retirar muchos trabajadores sin necesidad de ir al Ministerio”, sostuvo.La presión, explicó, se ejercería de forma escalonada dentro de la estructura organizacional. “Los jefes empiezan a abordar a los trabajadores de manera individual (…) inclusive a unos los presionan (…) a decirle que aproveche esa oferta económica”, indicó.Más de 1.000 empleos en riesgoAunque no existen cifras oficiales por parte de la empresa, el sindicato estima una reducción significativa de la planta laboral. “Ellos hablan de que necesitan disminuir en un 30% los empleados (…) estamos hablando de más de 1000 trabajadores”, advirtió Hernández, quien también mencionó que los más afectados serían empleados con beneficios extralegales provenientes de empresas como UNE y Edatel.Frente a este panorama, Unitratel anunció acciones conjuntas con otras organizaciones sindicales. “Estamos convocando a todos los sindicatos del grupo empresarial (…) el Ministerio de Trabajo (…) se comprometió a convocar a Millicom para que asista a unas mesas de diálogo social”, afirmó.Impacto en usuarios y acceso a serviciosLa dirigente también alertó sobre efectos en la prestación del servicio de telecomunicaciones, señalando desconexión en algunas regiones tras decisiones empresariales. “Hoy están desconectando poblaciones completas (…) es un derecho que te habilita el acceso a otros derechos”, concluyó.Escuche el programa completo acá:
El aumento en los precios de la telefonía celular y el internet en Colombia pasó de ser un dato de inflación a una señal de alerta para las autoridades. El más reciente informe del DANE, que ubicó a las comunicaciones entre los rubros que más subieron, abrió un debate que ahora entra en terreno de investigación formal.En entrevista con Mañanas Blu este miércoles 15 de abril, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, dejó claro que el panorama aún no tiene respuestas definitivas, pero sí suficientes señales para encender las alarmas en el mercado.SIC investiga alza en tarifas de telefonía en ColombiaLa funcionaria confirmó que ya se iniciaron requerimientos de información a los operadores para entender qué está detrás del incremento en los precios. El objetivo es determinar si se trata de ajustes normales o de posibles irregularidades.“No sabemos cuáles fueron las causas, ni quiénes, ni cómo, a qué obedecieron”, afirmó Rusinque, al explicar que el informe del DANE no permite identificar responsables ni razones específicas del aumento.En ese contexto, insistió en que la prioridad es analizar los datos antes de sacar conclusiones. “Lo primero que tenemos que hacer como autoridad es solicitar la información, evaluarla”, dijo.¿Cartelización o comportamiento del mercado?“Podemos estar hablando de un eventual escenario de cartelización”, advirtió la superintendente, al referirse a las hipótesis que se analizan frente al incremento en los precios.Aunque aclaró que se trata de una posibilidad y no de una conclusión, señaló que existen distintos factores que podrían explicar el alza, pero que todos deben ser verificados con información técnica.Sobre la relación entre el aumento de precios y la reciente fusión entre Tigo y Movistar, Rusinque pidió prudencia. “Que el aumento de los precios sea consecuencia de esa fusión es algo que está por determinarse”, explicó.Mercado concentrado y posibles sancionesLa superintendente recordó que el sector de telecomunicaciones en Colombia ha sido históricamente concentrado, lo que obliga a una vigilancia constante. En ese sentido, explicó que la integración de operadores buscaba equilibrar el mercado, pero que su impacto real aún está bajo análisis.También advirtió que, si se comprueba alguna irregularidad, la entidad actuará. “Tenemos toda la capacidad para accionar las respectivas medidas correctivas”, señaló.Por ahora, la investigación avanza mientras crece la preocupación de los usuarios, debido a que el costo de la conectividad sigue subiendo y aún no hay un porqué.
El costo de los servicios de telefonía celular e internet volvió a meterse en la conversación de los colombianos, luego de que el DANE advirtiera que este rubro está impulsando la inflación. En un contexto donde cada vez más hogares dependen de la conectividad, la preocupación gira en torno a cuánto más podrían subir las tarifas.En medio de ese panorama, el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Felipe Díaz, explicó en Mañanas Blu qué está pasando en el mercado y qué acciones se están tomando para evitar que los usuarios terminen pagando más de lo debido.Tarifas de celular en Colombia: ¿por qué están subiendo?Díaz reconoció que el aumento en los precios es un tema que está bajo revisión, aunque hizo una precisión clave. “El problema de los aumentos de los precios es que los aumentos sean excesivos”, señaló, al explicar que históricamente este sector ha tenido incrementos por debajo de la inflación.Sin embargo, el reciente comportamiento del índice de precios cambió el panorama. Por eso, la CRC ya participa en mesas técnicas con el Gobierno para analizar qué está impulsando estas alzas y si hay factores que puedan afectar la competencia.Uno de los puntos que genera inquietud es la alta concentración del mercado, especialmente tras la integración de grandes operadores, lo que podría limitar las opciones para los usuarios.Competencia y control: las medidas que anuncia la CRCFrente a ese escenario, la CRC puso en marcha varias estrategias para dinamizar el mercado. Entre ellas, fortalecer el acceso a infraestructura entre operadores, lo que permitiría que empresas más pequeñas compitan en mejores condiciones.Además, Díaz explicó que se han tomado decisiones para facilitar que los usuarios puedan cambiar de operador sin trabas. La idea es que haya menos barreras de salida y que las compañías se vean obligadas a ofrecer mejores precios y servicios.También anunció la creación de un sistema de vigilancia permanente. “La comisión tiene que tomar medidas activas de monitoreo para identificar dónde realmente se están dando los incrementos en los precios”, afirmó.Alertan a usuarios: qué viene para los preciosAunque no todos los usuarios han sentido incrementos en sus facturas, la CRC confirmó que está analizando en qué segmentos se están presentando las alzas, si en nuevos clientes, portabilidad o planes antiguos.Díaz indicó que algunas compañías han mantenido sus tarifas, mientras otras sí han hecho ajustes, lo que será clave para determinar si hay razones justificadas o posibles abusos. Con este seguimiento, la entidad busca anticiparse a posibles efectos negativos en el mercado y garantizar que los precios se mantengan dentro de rangos razonables.
En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Carina Murcia, expresó la profunda preocupación del Gobierno Nacional ante el incremento generalizado en los precios de los servicios de telecomunicaciones en el país. Según la funcionaria, el alza no se limita únicamente a los planes de telefonía celular, sino que afecta de manera integral a la conectividad de los hogares colombianos.“Subieron todos los servicios de telecomunicaciones. Subió el servicio fijo, se subió el servicio de voz... acá ya tenemos un panorama de que son todos los servicios”, explicó la ministra.Murcia recordó que, bajo el amparo de la Ley 1978 de 2019, las empresas operadoras tienen la facultad de establecer sus tarifas de forma autónoma: “Los operadores hoy por la ley... pueden fijar libremente los precios”.La sombra de la fusión Tigo-MovistarUno de los puntos más críticos de la discusión gira en torno a la reciente integración de las operaciones de Tigo y Movistar. La ministra reveló que desde su cartera se habían emitido conceptos técnicos advirtiendo sobre las posibles consecuencias de esta unión empresarial en el mercado. “Nuestro concepto técnico... evidencia que posiblemente podría haber un aumento como hoy lo estamos viendo”, señaló, aunque aclaró que se están analizando los datos para confirmar si esta es la causa directa del incremento.Además, Murcia mencionó que en su momento se solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizar un seguimiento estricto a los precios finales para el usuario, una petición que es fundamental para la protección del consumidor. “Lo que nosotros emitimos a la SIC del seguimiento... es porque es la preocupación que nosotros tenemos como rectores de la política pública de telecomunicaciones del país”, enfatizó la jefa de la cartera. El riesgo de ampliar la brecha digitalPara el Ministerio TIC, el principal riesgo de estas alzas es el retroceso en los indicadores de conectividad y equidad social. La ministra fue enfática en que el país enfrenta un desafío estructural denominado "pobreza digital", el cual podría agravarse si los costos de acceso siguen subiendo. “Hoy el 37,9% de la población de Colombia tiene pobreza digital y estos aumentos en los costos pues nos ayuda a que esta brecha digital se amplíe”, advirtió Murcia.Según las cifras analizadas, desde el año 2019 no se registraba una tendencia al alza tan marcada, lo que rompe con un periodo de estabilidad o incluso baja de precios que se había mantenido en años recientes.Escuche aquí la entrevista:
Nairo Quintana, quien anunció este domingo que se retirará al finalizar la temporada de 2026, dejará el ciclismo como la leyenda que le devolvió la grandeza a Colombia en este deporte como uno de los mejores escaladores del mundo y con los títulos del Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España en 2016.A sus 36 años, 'Naironman', como le dicen sus seguidores, se bajará de la bicicleta con la certeza de que lo ganó casi todo, excepto el Tour de Francia, que se le escapó en 2013 y 2015, cuando fue subcampeón, y en 2018, año en el que ocupó el tercer lugar por detrás de Chris Froome y Romain Bardet.El ciclista culmina además su carrera en el Movistar Team, el equipo al que volvió en 2024 y con el que ganó todo lo que pudo entre 2012 y 2019 bajo la dirección del español Eusebio Unzuz.Espíritu de superaciónQuintana nació el 4 de febrero de 1990 en Tunja, una ciudad ubicada a más 2.800 metros sobre el nivel del mar en el corazón de la Cordillera Oriental de los Andes.Desde niño fue un superdotado para la bicicleta y con 18 años tenía un nivel físico prodigioso. Según su descubridor, el exdirector español Vicente Belda, "en la bici era un chaval con desparpajo".La historia de Quintana tiene mucho que ver con el espíritu de superación, pues el colombiano ha repetido a lo largo de su carrera que su vida es como la de cualquiera, aunque la popularidad en su país y en el entorno de cada carrera le obligó a cambiar sus hábitos.Para él nada como su tierra y su familia para estar tranquilo y ponerse a punto para la temporada. Sus padres, Eloísa y Luis, y sus hermanos, Nelly, Willinton, Leidy y Dayer -también ciclista- fueron imprescindibles en su trayectoria.Fueron los primeros en emocionarse con sus triunfos y los primeros en apoyarlo cuando las cosas no salieron como quería.Dicen los que le conocen desde sus comienzos, que Nairo es atrevido y la vehemencia es una seña de identidad, por mucho que lo intente camuflar en su timidez.Un éxito tras otroQuintana debutó como profesional en el equipo Boyacá es para Vivirla en 2009 y al año siguiente fue fichado por el Colombia es Pasión, con el que ganó su primer título: el Tour del Porvenir de 2010.Sus dotes extraordinarios para la alta montaña llamaron la atención de la élite del ciclismo y en 2012 dio el salto a Europa de la mano del Movistar y de Unzué, con quienes forjó una relación exitosa que comenzó con los títulos de la Vuelta a Murcia, la Ruta del Sur y el Giro de Emilia en su primera temporada.En el 2013, Quintana explotó. Los títulos de las vueltas al País Vasco y a Burgos acompañaron el éxito conseguido en el Tour de Francia, en el que fue subcampeón, ganó la camiseta de mejor escalador y de mejor joven, con lo que se mostró al mundo y solo fue vencido por un imparable Chris Froome, su mayor rival.Ese nivel alto lo mantuvo durante varios años en la élite, lo que le permitió convertirse en 2014 en el primer colombiano en ganar el Giro de Italia, una gesta que solamente repitió Egan Bernal en 2021.Su palmarés lo engrosaron los títulos del Tour de San Luis (2014), la Vuelta a Burgos (2014) y la Tirreno-Adriático (2015).Sin embargo, lo mejor estaba por llegar, pues en 2015 repitió el segundo lugar en el Tour de Francia y en 2016 tuvo el mejor año de su carrera en el que se coronó campeón de la Volta a Cataluña, el Tour de Romandía y la Ruta del Sur y fue tercero del Tour.La cereza del pastel llegó el 11 de septiembre cuando, vestido con la camiseta roja de líder, cruzó en Madrid la meta de la última etapa de la Vuelta a España y le ganó el título a Froome, en la que fue la mayor hazaña de su carrera.Después de esa victoria, Quintana ganó en 2017 la Vuelta a la Comunidad Valenciana, el Tirreno-Adriático y la Vuelta a Asturias.Salida del Movistar y ocasoEn 2019, la relación entre Quintana y la escuadra española ya estaba desgastada, por lo que decidieron partir caminos y el colombiano fichó por el Arkea-Samsic, un equipo menor.Con los franceses, su mejor resultado fue en el Tour de Francia de 2022, en el que terminó sexto, pero fue descalificado dos semanas más tarde por haber dado positivo por tramadol, un producto prohibido por la UCI aunque no dopante, por lo que no fue sancionado.El Arkea-Samsic decidió apartarlo de la competencia y salió de esa escuadra en 2023, año en el que estuvo sin equipo.En 2024, el Movistar decidió ficharlo de nuevo y terminó segundo en la etapa reina del Giro de Italia, algo que tras años de lucha e irregularidad celebró como una victoria.En esta última fase, Quintana se convirtió en gregario y en una fuente de apoyo para sus compañeros, por lo que se baja de la bicicleta con la satisfacción de ser uno de los deportistas más importantes de la historia de Colombia.
Un correo interno encendió las alertas en el sector de las telecomunicaciones y en el Ministerio de Trabajo. Tras la fusión entre Tigo y Movistar, y la terminación de la relación laboral con Colombia Telecomunicaciones, la empresa de telecomunicaciones les comunicó a sus trabajadores la apertura de un Plan de Retiro Voluntario (PRV) con bonificaciones por años laborados, una decisión que ahora está bajo la lupa del Ministerio de Trabajo, que anunció una investigación para revisar cómo se está implementando.“A partir de querellas recibidas, desde el Ministerio del Trabajo activamos labores de inspección, vigilancia y control para proteger y acompañar los derechos de las y los trabajadores”, señaló el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.El ministro añadió que se realizará una mesa de diálogo social tripartito, con participación del Ministerio de Hacienda, para así garantizar que la “recomposición empresarial” se ajuste al cumplimiento de las leyes laborales.Adaptar la organización a las necesidades actuales del negocio y construir una empresa sostenible y que, además, este preparada para desafíos que se puedan presentar, es el argumento de Movistar del porqué la activación de este PRV. Que tenía un lapso de postulación del miércoles 25 de febrero hasta el viernes 27 de febrero, según la empresa de telecomunicaciones.La propuesta consiste en terminar el contrato por mutuo acuerdo y recibir una bonificación equivalente a 30 días de salario por cada año trabajado. Si el tiempo laborado no completa un año, se pagarán 30 días si la fracción supera seis meses y 15 días si es menor. La empresa incluso habilitó un simulador para que cada empleado calcule cuánto dinero recibiría y fijó un plazo corto de postulación, de apenas dos días y medio.El plan, según el correo, es “completamente libre y voluntario” y está dirigido a quienes consideren que es un buen momento para iniciar un nuevo proyecto personal o profesional.Aunque la compañía insiste en que se trata de una alternativa voluntaria y transparente, el anuncio generó inquietudes en el proceso de integración empresarial. Por eso, el Ministerio de Trabajo revisará si se están respetando todas las garantías laborales.Por ahora, Movistar sostiene que es un proceso interno y que no hará más pronunciamientos. Entretanto, crece la expectativa sobre el impacto que este plan pueda tener en la estabilidad laboral tras la fusión de dos de las principales empresas del sector.
De acuerdo con la comunicación enviada a los usuarios el pasado fin de semana, Movistar aclaró que hace parte del grupo Millicom, pero que esto no afecta los servicios ni los derechos de sus clientes bajo la legislación colombiana. Millicom informó que Tigo y Movistar seguirán operando como marcas independientes, al menos mientras se completan los trámites regulatorios derivados de la integración autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).La resolución 94169 de 2025 de la SIC avaló la integración empresarial entre ambas compañías, pero dejó claro que el proceso de convergencia comercial y eventuales cambios de marca estará sujeto a condiciones y tiempos adicionales. Por ahora, la indicación a los usuarios es no adelantar ningún tipo de trámite: no cambiar la SIM, no actualizar contratos ni modificar planes de manera preventiva. La empresa remarcó que cualquier ajuste futuro en la marca o en la oferta será informado de forma oficial y con suficiente anticipación a los clientes. En paralelo, la integración comercial ya está en marcha, lo que permitirá coordinar estrategias entre Tigo y Movistar sin que ello suponga, en esta etapa, la desaparición inmediata de la marca Movistar.¿Qué pasará con los usuarios de Movistar?Para los clientes, el mensaje central es de continuidad: no habrá cambios inmediatos en los servicios contratados ni se exigirán trámites adicionales por efecto directo de la operación. Los usuarios seguirán siendo clientes de Movistar, mantendrán las mismas condiciones contractuales y no se prevén modificaciones en planes, precios o beneficios únicamente por la integración con Tigo. La SIC estableció condicionamientos para proteger la competencia y a los consumidores, entre ellos exigencias de transparencia en ofertas empaquetadas y límites a prácticas comerciales que puedan afectar a operadores más pequeños.A mediano y largo plazo, Millicom proyecta aprovechar la escala del nuevo grupo para acelerar el despliegue de redes 5G, ampliar la cobertura de fibra óptica y lanzar paquetes convergentes más agresivos que integren servicios móviles y del hogar. Ese reforzamiento posiciona al bloque Tigo–Movistar con más de 40 millones de líneas móviles, muy cerca del liderazgo que hoy ostenta Claro en el mercado colombiano. En cualquier escenario futuro de unificación plena bajo la marca Tigo, la transición deberá pasar por nuevas evaluaciones de las autoridades y del mercado, por lo que, por ahora, Movistar continuará operando con su nombre y canales habituales.Telefónica sale y Millicom toma el controlLa integración se produce tras la venta del 67,5% de las acciones de Colombia Telecomunicaciones (Movistar Colombia) que Telefónica Hispanoamérica tenía en el país, operación que se cerró en 2026 por unos 214 millones de dólares. Con ello, Telefónica pone fin a más de dos décadas de presencia directa en Colombia, período en el que fue protagonista de la modernización de la telefonía móvil, fija y, más recientemente, de la introducción de tecnologías de quinta generación. Esta desinversión se enmarca en la estrategia global del grupo español de reducir su exposición en Hispanoamérica para concentrarse en mercados como España, Alemania, Reino Unido y Brasil.Millicom, matriz de Tigo y con sede en Luxemburgo, consolida así su posición como segundo gran operador del país, al reunir bajo su control las operaciones de Tigo y Movistar. El nuevo mapa competitivo queda dominado por tres grandes jugadores —Claro, el bloque Tigo–Movistar y otros operadores de menor tamaño— en un contexto de alta concentración que seguirá bajo la lupa de las autoridades para evitar efectos adversos sobre tarifas, calidad y opciones de servicio para los usuarios
Luz Elena Flórez, de 60 años, padece varios quebrantos de salud, entre ellos diabetes y un fuerte dolor que, según sus familiares, estaría relacionado con una posible obstrucción vascular. Al acudir al servicio de urgencias del Hospital Santa Sofía, su familia denunció que les solicitaron llevar una silla para poder asignarle un espacio, debido a que el área se encontraba completamente colapsada.Una hermana de Luz Elena relató que la familia es de escasos recursos y que, ante la situación, tuvieron que salir a comprar un butaco de plástico para llevarlo al hospital y así lograr que recibiera atención médica.“No había dinero para comprar una silla con apoyabrazos y espaldar. Nos tocó conseguirle un butaco, que no es muy cómodo, y llevárselo”, afirmó la familiar.Según el relato, una vez ingresaron la silla, a Luz Elena le asignaron un espacio en urgencias, donde fue canalizada para la administración de líquidos intravenosos y permaneció durante varias horas a la espera de exámenes diagnosticos.De acuerdo con la denuncia de sus familiares, la paciente ingresó al hospital hacia las 9:00 de la mañana y permaneció sentada en el butaco hasta las 6:00 de la tarde, cuando finalmente le asignaron una camilla.“Urgencias estaba completamente lleno. Me comuniqué con el gerente del hospital y me respondió que no había espacio para nadie porque todo estaba colapsado. Nos explicó que el Santa Sofía es el único hospital en Manizales que está atendiendo pacientes de Nueva EPS. Mi hermana tuvo que permanecer nueve horas sentada en una silla esperando que le asignaran una camilla”, relató la familiar.Este medio se comunicó con la oficina de prensa del Hospital Santa Sofía. Desde allí informaron que el centro asistencial registra una alta ocupación de pacientes y señalaron que verificarán de manera puntual el caso de Luz Elena para entregar una versión oficial este miércoles.El Hospital Santa Sofía, ubicado en Manizales, es actualmente el único centro hospitalario de la ciudad que presta servicios de urgencias a los afiliados de Nueva EPS. Además, por su condición de hospital departamental, recibe pacientes remitidos desde los diferentes municipios de Caldas.La situación se presenta en medio de la crisis que enfrenta la red hospitalaria del departamento por las deudas de Nueva EPS.En Caldas, esta entidad cuenta con cerca de 380.000 afiliados, convirtiéndose en la EPS con mayor presencia en el territorio.Actualmente, varias clínicas y hospitales de Manizales mantienen suspendida la atención programada a los usuarios de Nueva EPS debido a la cartera pendiente. Solo en Caldas, la deuda de esta EPS con hospitales y clínicas supera los 320.000 millones de pesos, situación que ha generado una fuerte presión sobre el Hospital Santa Sofía, que terminó convertido en el principal receptor de estos pacientes.
A dos semanas de concluir el periodo constitucional del gobierno del presidente Gustavo Petro, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) presentó una nueva propuesta de reforma tributaria que busca un recaudo de 22 billones de pesos. La iniciativa, que representa el cuarto intento del Ejecutivo por ajustar los ingresos del Estado, plantea modificaciones en impuestos como el IVA a los combustibles, ajustes al tributo sobre el patrimonio y cambios en las exoneraciones parafiscales de los empleadores.En entrevista con Mañanas Blu, el director de la Dian, Carlos Betancourt, explicó las razones del Ejecutivo para radicar el proyecto de ley a pocos días del cambio de mando y detalló las principales medidas que contempla la propuesta fiscal.Razones de PEtro y debate sobre la responsabilidad fiscalAnte los cuestionamientos por presentar un proyecto de ley al término del mandato, el director de la Dian justificó la medida bajo tres argumentos principales referentes a la administración de las finanzas públicas y el ordenamiento constitucional."Hay 3 aspectos que tener en cuenta. El primero es que pues todo gobierno tiene la responsabilidad fiscal y las autoridades fiscales tienen la responsabilidad de presentar alternativas para el ajuste de las finanzas públicas, incluso hasta el último momento", dijo Carlos Betancourt.Según el funcionario, el manejo de las finanzas públicas recae en tres componentes: el recaudo tributario, la gestión del gasto y el endeudamiento. Betancourt afirmó que el actual Gobierno ya realizó un recorte superior a los 30 billones de pesos en el gasto público y que el 93 % de este es inflexible, destacando que el 85 % de la nómina estatal corresponde a personal de la fuerza pública, salud y la rama judicial.Asimismo, indicó que la Constitución prevé que el Congreso saliente debe tramitar iniciativas hasta el final de la legislatura y que la propuesta busca abrir la discusión sobre el ajuste fiscal que deberá afrontar la próxima administración.Modificaciones al IVA en combustibles e impacto en la canasta familiarUno de los puntos clave del proyecto es el incremento en la tarifa del IVA para la gasolina y el diésel, que pasaría del 5 % actual al 19 %. Sobre la relación entre esta medida y el costo de vida, el director de la Dian afirmó que la iniciativa no afecta directamente los productos alimenticios ni los servicios básicos."Nosotros no tocamos nada de lo que tenga que ver con la comida, con todos los pagos de los servicios, etcétera, que son los componentes fundamentales de la canasta familiar", dijo.Al ser consultado sobre el efecto del transporte de carga en los precios de los alimentos, Betancourt sostuvo que el incremento en el precio del galón de combustible no superará los 450 pesos y que se contempla una aplicación progresiva entre los años 2027 y 2028. Añadió que la medida se alinea con recomendaciones internacionales orientadas a la reducción de subsidios a los combustibles fósiles y al fomento de la transición energética.Cambios en el impuesto al patrimonioRespecto a la tributación sobre el capital, la propuesta establece cobros para las personas naturales con patrimonios líquidos superiores a 2.100 millones de pesos, descontando el valor del inmueble de vivienda hasta por determinado tope, fijando el umbral efectivo de tributación alrededor de los 2.700 a 2.800 millones de pesos.Betancourt precisó el número de contribuyentes que estarían alcanzados por este gravamen según los rangos de patrimonio:Entre 2.100 y 3.700 millones de pesos: 76.000 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 0.2 %.Entre 3.600 y 6.500 millones de pesos: 17.000 contribuyentes.Entre 6.000 y 12.000 millones de pesos: 8.000 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 1.3 %.Patrimonios superiores a 13.000 millones de pesos: 2.900 contribuyentes, con tarifa efectiva del 2.8 %.Patrimonios superiores a 151.000 millones de pesos: 66 contribuyentes.En total, la entidad calcula que cerca de 104.000 personas estarían cobijadas por el impuesto al patrimonio.Modificación en exoneración de aportes parafiscalesEl proyecto de ley incluye una modificación al artículo 114 del Estatuto Tributario, que regula la exoneración del pago de aportes a salud, SENA e ICBF por parte de los empleadores. Actualmente, las empresas están exentas de estos pagos por los trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). La propuesta reduce dicho tope, aplicando la exoneración únicamente para los empleados que perciban hasta 3 salarios mínimos.Al respecto, el director de la Dian señaló: "El artículo 114 del Estatuto Tributario establece una exoneración para los empresarios que tengan sus empleados con hasta 10 salarios mínimos. Entonces la idea es pasar a exoneración hasta apenas 3 salarios mínimos"El funcionario sostuvo que la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas mantienen trabajadores con salarios inferiores a los 3 SMMLV, por lo que la afectación se concentraría en ciertos segmentos empresariales dentro de la meta de ajuste fiscal.Ejecución presupuestal y gasto socialDurante la entrevista se mencionaron informes sobre la contratación estatal y el volumen del gasto público en el transcurso del periodo presidencial. Frente a las cifras presentadas por organizaciones como Transparencia por Colombia sobre la firma de contratos de prestación de servicios, Betancourt manifestó no contar con los datos específicos de dicho informe al momento de la entrevista.El director de la Dian argumentó que el incremento histórico del gasto responde al diseño constitucional de 1991, el cual asigna responsabilidades en gasto social mientras limita las fuentes directas de financiamiento monetario. Detalló que las partidas presupuestales del Gobierno saliente se destinaron principalmente a programas sociales, la compra y formalización de cerca de dos millones de hectáreas para la reforma agraria, subsidios monetarios directos y el fortalecimiento salarial y logístico de la fuerza pública.
Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en cámaras de seguridad en la localidad de Engativá, en Bogotá. Una mujer fue víctima de un intento de atraco cuando esperaba frente a la entrada de una vivienda, pero decidió resistirse al robo y enfrentó al delincuente, quien la intimidó con un arma de fuego al parecer falsa.En las imágenes se observa el momento en que el ladrón, que vestía una chaqueta roja, gorra negra y llevaba una maleta, se acerca a la víctima. El hombre, que llegó al lugar en una bicicleta, desenfundó un arma falsa para amenazarla e intentar obligarla a entregar sus pertenencias.La mujer, visiblemente angustiada, le hacía gestos de negación y le suplicaba que no la robara. Sin embargo, el delincuente insistió y comenzó un fuerte forcejeo para arrebatarle el bolso y los objetos de valor que llevaba. Durante varios segundos ambos lucharon en plena vía pública hasta que terminaron cayendo al suelo. A pesar de la violencia del ataque, la víctima no soltó sus pertenencias.En el video se ve cuando el ladrón se percata de que varios vecinos se disponían a salir para auxiliar a la mujer. Ante esa situación, decidió abandonar el intento de hurto, se levantó rápidamente, tomó su bicicleta y escapó del lugar sin lograr su objetivo. Como consecuencia del forcejeo, la mujer sufrió lesiones, aunque evitó que el delincuente le quitara sus pertenencias.Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo hecho de inseguridad ocurrido en plena vía pública de Bogotá ni se conoce información sobre la identificación o captura del responsable.
Tal como previsto, desde este miércoles quedó en firme el proceso de reversión del corredor de carga Cartagena - Barranquilla, con el cual el Invías asumió oficialmente la operación de esta carretera de 249,16 km y el manejo de los seis peajes que se hallan en este tramo entre Atlántico y Bolívar, una transición que se ha visto alterada por protestas de la comunidad.Este corredor estaba a cargo de la Concesión Autopistas del Caribe, pero esta solicitó su liquidación anticipada tras no lograr su cierre financiero, entre otras, por las constantes protestas en la vía que impedían el recaudo en sus peajes.Ahora, la comunidad sigue protestando y hasta levantó las talanqueras en el peaje de Sabanagrande este miércoles, permitiendo el paso libre por la vía Oriental, pues dice que el Invías no les garantiza que continuará el cobro de una tarifa diferencial para los habitantes de la zona, quienes venían pagando a la Concesión 2.800 pesos y no los 12.700 de la tarifa plena.Rubén Llanos, líder del Comité no al Peaje, afirma que en manos del Invías debería regir una tarifa cero para ellos, pues tampoco se están haciendo las obras prometidas."Nosotros en el documento de objeciones a la resolución le pedimos que se suspendan el cobro de las casetas de peaje mientras no se tenga el estudio técnico y las socializaciones con las comunidades", afirmó Llanos.Los manifestantes dicen que mantendrán arriba las talanqueras del peaje de Sabanagrande en señal de protesta, hasta que hagan presencia funcionarios del Invías y del Ministerio de Transporte.Esta manifestación también podría extenderse hacia el peaje de Galapa, sobre La Cordialidad, donde la comunidad reclama la misma exención del cobro de la caseta.
En una iniciativa legislativa que busca transformar la interacción de los menores de edad con el mundo digital, el representante a la Cámara Jesús Lorduy, junto al senador Enrique Cabrales, radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República que pretende prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales sin una regulación estricta. La propuesta se inspira en modelos internacionales recientes, como el de Francia, y busca mitigar los riesgos asociados al uso temprano de estas plataformas.Un marco de protección y corresponsabilidadEl objetivo principal de la norma es establecer un sistema robusto que salvaguarde la integridad de la infancia en el entorno virtual. Según explicó el representante Lorduy en entrevista, “lo que buscamos es crear un marco integral de protección reforzada para los niños, niñas y adolescentes frente al riesgo derivado del acceso temprano y no regulado de redes sociales”.El parlamentario enfatizó que la seguridad digital no debe recaer únicamente en los menores, sino que es un asunto de "corresponsabilidad" que involucra al Estado, la sociedad, las instituciones educativas, las familias y, de manera crucial, a los proveedores de servicios. En este sentido, las empresas tecnológicas de redes sociales son señaladas como las principales responsables de implementar los mecanismos de control necesarios. Sanciones millonarias para las plataformasUno de los puntos más polémicos y contundentes del proyecto son las sanciones económicas para las empresas que no cumplan con la verificación de edad. Lorduy detalló que las multas están contempladas en el artículo 10 del articulado: “En caso de incumplimiento podrán ser multados hasta por 5000 salarios mínimos legales vigentes. Eso un monto de alrededor de 8.500 millones de pesos”.Estas multas estarían dirigidas a los prestadores del servicio que no establezcan requisitos claros para identificar si el usuario es menor de edad.La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sería el órgano encargado de inspeccionar, vigilar y ejercer el control sobre estos contenidos y el cumplimiento de la ley. Métodos de verificación y control parentalPara asegurar que los usuarios cumplan con el requisito de edad, el proyecto propone diversas herramientas tecnológicas. Entre ellas se encuentran el uso del documento de identidad, el consentimiento y vinculación de padres o tutores, y tecnologías avanzadas de reconocimiento facial mediante inteligencia artificial.“Esa verificación debe tener varios puntos, incluido pues el número de identificación... pero no nos basta solo con esto, sino también con un reconocimiento facial y hoy con la IA y con muchas herramientas que tenemos se puede identificar si esa persona es menor de 16 años o no”, explicó el representante.Además, la ley busca que las plataformas ofrezcan experiencias diferenciadas: “Es crear prácticamente de manera paralela dos tipos de contenidos. Los contenidos que son para menores de 16 años y los contenidos para personas adultas mayores a 17 años”.De esta forma, si un menor logra acceder, solo tendría disponible material apto para su edad, similar a como operan los controles parentales en plataformas de streaming como Netflix. El preocupante panorama de los menores en la redLa urgencia del proyecto se sustenta en cifras alarmantes sobre el consumo digital en el país. Lorduy advirtió que “los niños y niñas en Colombia pasan en promedio al día entre 8 y 9 horas en una pantalla o en un celular”.A esto se suma que el 62% de los menores de 16 años en el país no cuentan con ningún tipo de control parental sobre lo que consumen en redes sociales. Con aproximadamente 8 millones de niños menores de 15 años en Colombia, la mayoría con acceso potencial a estas redes, el debate sobre su protección se vuelve prioritario en la agenda legislativa. Escuche aquí la entrevista: