Tras el ataque del ELN en Ocaña, Norte de Santander, que dejó tres militares asesinados en el cantón militar El Trapiche, el alcalde Emiro Cañizares pidió al Gobierno Nacional replantear la estrategia de seguridad para enfrentar las nuevas modalidades de violencia, entre ellas el uso de drones por parte de grupos armados ilegales.El ataque ocurrió el pasado viernes en el oriente del país y también generó afectaciones y zozobra entre la población civil debido a la cercanía del cantón militar con la Universidad Francisco de Paula Santander. Ante la situación, la Fuerza Pública desplegó operaciones por tierra y aire para responder a la ofensiva.En diálogo con Mañanas Blu, Cañizares advirtió que el uso de drones representa un nuevo desafío para las autoridades y obliga a revisar las capacidades de defensa en regiones como el Catatumbo.“Esta situación de los drones no existía hace algunos años y nos lleva, seguramente el Estado colombiano va a tener que repensar la forma de actuar frente a estos nuevos hechos que se están presentando”, afirmó el alcalde de Ocaña.Alcalde de Ocaña pide fortalecer la seguridadLuego del atentado del ELN, el mandatario local pidió aumentar las capacidades de seguridad, inteligencia y reacción de la Fuerza Pública en Ocaña, una ciudad considerada estratégica por su ubicación y cercanía con el Catatumbo.El Gobierno Nacional hizo presencia en la zona con el ministro de Defensa y la cúpula militar, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de las medidas necesarias para responder a las nuevas dinámicas del conflicto armado. Para Cañizares, Ocaña requiere un fortalecimiento especial de las instituciones de seguridad debido a las problemáticas que enfrenta la región.“Ocaña es una ciudad que debería tener un distrito especial de Policía que debería tener mayores capacidades en materia de inteligencia y demás”, puntualizó el funcionario.Preocupación por la población civilUno de los principales llamados del alcalde está relacionado con la protección de los habitantes de Ocaña, especialmente porque los enfrentamientos y operaciones militares pueden desarrollarse cerca de zonas residenciales, instituciones educativas y sectores comerciales.Cañizares señaló que la reacción de la Fuerza Pública es necesaria para responder a los ataques de los grupos armados, pero insistió en que las autoridades deben garantizar la protección de los civiles que quedan en medio de estas situaciones. “Es un momento difícil, complejo. Está la sociedad civil de por medio, que no es usual que una persona vea escenas como las que se presenciaron”, explicó.El mandatario también hizo referencia al impacto que tuvieron los sobrevuelos de aeronaves militares durante la respuesta al ataque. “Desde luego, la reacción que tuvo que hacer la Fuerza Pública para la defensa es entendible, pero es complejo para menores de edad, para la población civil, escuchar un helicóptero, escuchar un avión actuando”, agregó.Economías ilegales, en el centro del conflictoMás allá de las acciones militares, el alcalde de Ocaña sostuvo que la estrategia del Estado frente a la violencia en el Catatumbo debe abordar las causas económicas que permiten la permanencia de los grupos armados ilegales. Cañizares señaló que, después de años de diferentes intentos de pacificación en la región, se requiere una estrategia integral que combine seguridad, desarrollo económico y fortalecimiento institucional.“Cualquier intervención del Estado en territorios no solamente como nosotros, también en el Bajo Cauca, en Caquetá, en Putumayo, deben tener una estrategia de integralidad, de integralidad que permita que estos desarrollos se potencien como nodos de desarrollo”, sostuvo.El alcalde insistió en que las economías ilegales son uno de los principales factores que alimentan la violencia y permiten la financiación de las estructuras armadas: “Cuál es la columna vertebral del problema: las economías ilegales. El día que se desmonten, dejaríamos de estar hablando de estos temas”, concluyó.
El Ejército Nacional confirmó este sábado la muerte del soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez luego del ataque perpetrado con drones cargados de explosivos contra el cantón militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander."A su familia y seres queridos extendemos nuestra solidaridad y nuestro más sentido pésame en este difícil momento. Como institución, hemos dispuesto un equipo humano para brindar acompañamiento integral a sus familiares", indicó la Segunda División del Ejército en su cuenta de X.El militar permanecía bajo atención médica tras resultar herido en este hecho, pero falleció pese a los esfuerzos del personal de salud que atendía su condición.Vale recordar que este ataque, en la noche del viernes, había dejado dos militares muertos y otros cinco lesionados. Ahora asciende a tres los fallecidos y cuatro los que permanecen heridos, intentado recuperarse de este ataque que del cual el ELN es el señalado responsable.Este atentado ocurrió alrededor de las 7:20 de la noche y las autoridades lo atribuyeron al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.Las explosiones también afectaron una aeronave de la Fuerza Aérea y parte de la infraestructura militar. El Ejército activó sus protocolos de seguridad y adelanta la evaluación de los daños.Ante el ataque, el presidente Abelardo De La Espriella expresó solidaridad con las familias de las víctimas y anunció una nueva estrategia de seguridad para el Catatumbo, enfocada en combatir las estructuras, cabecillas, finanzas y economías ilícitas de los grupos armados que operan en la región."Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal", señaló el mandatario en su cuenta de X.Por este ataque se decretó el toque de queda en Ocaña para evitar otro atentado que pudiera afectar a la fuerza pública o a la población civil.
Momentos de angustia vivieron cerca de 800 estudiantes y docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, durante el ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar El Trapiche. Vale recordar que la institución educativa está ubicada muy cerca de la unidad militar, por lo que quienes se encontraban en clase tuvieron que permanecer dentro de los salones y buscar refugio ante las detonaciones y los disparos.En medio del temor, varios estudiantes se protegieron debajo de los pupitres, mientras intentaban resguardarse de los efectos del ataque ocurrido en horas de la noche. Un video conocido durante la noche del viernes evidencia la tensión que se vivió dentro de las aulas, mientras los jóvenes permanecían agachados y buscaban mantenerse a salvo ante la situación de orden público.El ataque comenzó alrededor de las 7:15 de la noche contra el cantón militar El Trapiche, ubicado en las afueras de Ocaña, sobre la vía que conduce hacia Ábrego y Cúcuta. De acuerdo con el informe radial, al menos 16 drones cargados con explosivos fueron utilizados contra la unidad militar, ocasionando daños en diferentes instalaciones y dejando cinco militares heridos. Posteriormente, se registraron combates en una zona rural cercana entre integrantes del ELN y las Fuerzas Militares.No hay clases este sábadoLa cercanía del campus universitario con el batallón llevó a las directivas de la Universidad Francisco de Paula Santander a suspender las clases durante este sábado. El director de la institución, Edwin Espinel, tomó la decisión junto con las directivas con el propósito de proteger a estudiantes y docentes, teniendo en cuenta además los controles de seguridad desplegados en las vías de acceso a la zona.La situación también generó preocupación por la ubicación de otras infraestructuras consideradas importantes para Ocaña. En inmediaciones del Batallón Santander se encuentran una subestación eléctrica que permite suministrar energía al municipio y a la provincia, además de la planta de captación de agua potable que abastece a la población. Por esta razón, las autoridades mantienen vigilancia sobre el sector mientras avanzan las verificaciones tras el ataque.El hecho dejó dos militares muertos, el capitán Marco David Parajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, además de cinco uniformados heridos. Mientras las autoridades atribuyeron el ataque al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, la Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido. Entre tanto, Ocaña permanece bajo medidas especiales de seguridad y con una comunidad todavía afectada por la zozobra provocada por la violencia.
El ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, dejó dos militares asesinados y otros cinco soldados heridos. Las víctimas mortales fueron identificadas como el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, quienes fallecieron durante la acción armada registrada en la noche del viernes.De acuerdo con el reporte preliminar entregado por el presidente Abelardo De La Espriella, el ataque ocurrió alrededor de las 7:20 de la noche, cuando artefactos explosivos fueron lanzados desde drones contra la guarnición militar. Además de los dos uniformados asesinados, cinco soldados profesionales resultaron heridos y una aeronave de la Fuerza Aérea fue alcanzada por esquirlas.Las autoridades atribuyeron inicialmente el atentado al Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura que opera en esta zona de Norte de Santander. Los explosivos impactaron diferentes puntos de la instalación militar y también afectaron un helicóptero, mientras que las autoridades avanzaban en la evaluación de los daños ocasionados en la infraestructura.Tras conocer la muerte del oficial y del soldado profesional, el mandatario expresó su solidaridad con sus familiares y destacó el servicio de los uniformados. “A las familias de nuestros dos héroes asesinados, toda mi solidaridad, mis oraciones y la gratitud de Colombia. A nuestros soldados heridos, mi deseo de pronta recuperación”, manifestó De la Espriella.Por su parte, el Ejército Nacional informó que activó los protocolos de seguridad establecidos luego del ataque y comenzó la verificación de las afectaciones provocadas por las explosiones. El presidente De La Espriella anunció, además, una nueva estrategia de seguridad para enfrentar a los grupos armados que operan en el Catatumbo.“Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal”, concluyó el jefe de Estado.
Un fuerte hostigamiento contra una instalación militar en Ocaña, Norte de Santander, habría sido ejecutado con más de 16 drones, además de ataques con artillería. La situación generó afectaciones al interior del batallón y activó un amplio dispositivo de seguridad en la zona.El secretario de Gobierno de Ocaña entregó detalles de la situación en Recap Blu, de Blu Radio, y confirmó que los responsables del ataque utilizaron tecnología aérea para intentar hostigar las instalaciones del Ejército Nacional.“Al parecer fueron más de 16 drones los que utilizaron”, explicó el funcionario, quien agregó que el ataque estuvo acompañado de un ejercicio de artillería que involucró tanto a las unidades militares como a los integrantes del grupo armado que habría perpetrado el hostigamiento.La ubicación del batallón aumentó la preocupación de las autoridades, debido a que en sus inmediaciones se encuentran la Universidad Francisco de Paula Santander, instituciones educativas, infraestructura energética y otros activos considerados estratégicos para Ocaña.Hasta el momento del reporte, las autoridades indicaron que no había civiles heridos por el ataque al batallón. Los afectados eran militares, mientras equipos de emergencia adelantaban labores para establecer si había más personas lesionadas dentro de la instalación militar.La emergencia también provocó el sobrevuelo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana sobre el sector. Según explicó el secretario de Gobierno, desde la aeronave se realizaron disparos, situación que generó preocupación entre los habitantes de esta zona de Ocaña.Ocaña decretará toque de queda tras hostigamiento al batallónComo consecuencia de la situación de orden público, las autoridades anunciaron un toque de queda en Ocaña a partir de las 10 de la noche. La medida busca reducir la circulación de personas mientras continúan las labores de seguridad y vigilancia en el municipio.“Lo importante es que la comunidad cañera entienda que se va a decretar un toque de queda y que todos, por seguridad, debemos estar en casa”, explicó el secretario de Gobierno durante la entrevista con Blu Radio.Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de Ocaña para permanecer en sus viviendas y evitar desplazamientos innecesarios mientras se mantiene el operativo militar y policial en diferentes sectores del municipio.Además, el municipio cuenta con sistemas antidrones destinados a reforzar la protección de puntos estratégicos. Estos dispositivos se encuentran disponibles para establecer perímetros de seguridad alrededor de instalaciones como la Policía, la Fiscalía y sectores del batallón de infantería.Más de 800 estudiantes fueron evacuados por el ataque en OcañaLa cercanía del batallón con centros educativos obligó a activar protocolos de emergencia. En medio del hostigamiento, más de 800 estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander fueron evacuados para evitar que quedaran expuestos al enfrentamiento.“En ese momento más de 800 estudiantes estaban recibiendo clases en esta instalación. Tocó generar, de la mano con el director de la universidad, un protocolo de evacuación”, explicó el secretario de Gobierno de Ocaña.El procedimiento permitió evacuar rápidamente a los estudiantes que permanecían en la universidad. Las autoridades también activaron rutas para quienes se movilizaban en vehículos particulares y transporte público, con el objetivo de facilitar su regreso a casa.La medida de emergencia también se extendió a la Normal Superior de Ocaña, donde se desarrollaban actividades académicas durante la noche. Los estudiantes de esta institución igualmente pudieron ser evacuados ante la situación de seguridad registrada cerca del batallón.Según el reporte entregado por las autoridades, los estudiantes evacuados ya se encontraban en sus viviendas. La prioridad durante el hostigamiento fue proteger a la población civil que permanecía en instituciones educativas ubicadas cerca de la instalación militar.¿Por qué atacaron el batallón del Ejército en Ocaña?El secretario de Gobierno explicó que el sector donde ocurrió el ataque tiene una importancia estratégica por la concentración de infraestructura militar y servicios esenciales para el municipio de Ocaña.Dentro del terreno militar se encuentran instalaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido y otros batallones. En los alrededores también están una subestación eléctrica, la planta de servicios públicos que suministra agua potable y la Universidad Francisco de Paula Santander.A esto se suma la ubicación geográfica del batallón, que limita con una zona montañosa que conecta con veredas cercanas al Catatumbo. Esta condición, según las autoridades, representa un desafío adicional para las labores de seguridad.“Detrás del batallón empiezan unas montañas que en un lapso de 15, 20 minutos usted ya está cerca a unas veredas que comunican con el Catatumbo”, explicó el funcionario.Las autoridades reconocen que las características del terreno dificultan la protección de toda esta zona con las capacidades actuales. Por esa razón, se viene trabajando con el Ejército para fortalecer la seguridad y responder a las acciones de los grupos armados.Gobierno analiza refuerzo de seguridad para OcañaAnte el ataque con drones contra el batallón, las autoridades locales pidieron al Gobierno Nacional adoptar nuevas medidas para reforzar la seguridad en Ocaña. La solicitud contempla tanto un aumento del pie de fuerza como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas.El secretario de Gobierno señaló que el alcalde de Ocaña mantiene comunicación permanente con el ministro de Defensa, quien ya tendría conocimiento de los hechos registrados en el municipio de Norte de Santander.La situación también había sido abordada durante un consejo de seguridad interregional realizado en Aguachica, donde las autoridades expusieron las dificultades de orden público que se vienen presentando en esta zona del país.“Esperamos que se tomen las medidas necesarias por parte del Gobierno Nacional para poder reforzar tanto en pie de fuerza como en temas tecnológicos”, señaló el funcionario en Recap Blu, de Blu Radio.
En horas de la noche de este viernes, 4 de septiembre, se reportó un ataque contra el Batallón de Infantería N.° 15 “General Francisco de Paula Santander”, ubicado en Ocaña, Norte de Santander, situación que generó preocupación y alteró la seguridad en la zona.El hecho ocurrió hacia las 7:30 de la noche. La alerta de personas que se encontraban cerca del lugar permitió activar rápidamente los protocolos de seguridad para atender la situación.Al lugar también llegaron helicópteros y más personal militar para apoyar las labores de seguridad. De manera preliminar, el ataque dos muertos, un capitán y un soldado, además dejó tres uniformados heridos, quienes fueron trasladados a un centro médico para recibir atención.“En una cobarde acción que viola de manera flagrante el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, se registró un ataque con aeronaves no tripuladas, acondicionadas con artefactos explosivos, contra las instalaciones del Cantón Militar Trapiche, en Ocaña”, señaló el Ejército Nacional.Videos compartidos por habitantes de la zona evidencian el momento en que se escuchan explosiones y ráfagas de fusil en inmediaciones del batallón. Ante la situación, varios uniformados llegaron al lugar para reforzar la seguridad y controlar la emergencia.Asimismo, docentes y estudiantes de instituciones educativas cercanas al batallón tuvieron que permanecer resguardados durante un tiempo, mientras esperaban instrucciones de las autoridades frente a lo ocurrido.“Ante esta situación, fueron activados los protocolos de seguridad establecidos y se está verificando las afectaciones causadas”, indicó el Ejército.Frente a las ráfagas de fusil registradas durante el ataque, se conoció que fueron efectuadas por los propios soldados, quienes reaccionaron ante la presencia de los drones con el objetivo de neutralizarlos y evitar una situación de mayor gravedad.Minutos después, además, se reportaron combates en una zona rural de Ocaña, cerca del casco urbano y del sector donde funciona el relleno sanitario. En esta área se ha identificado presencia del ELN.Este nuevo hecho se registra pocos días después de otro ataque con explosivos en la zona. Ante el incremento de estos hechos, las autoridades han desplegado diferentes operaciones de seguridad para tratar de controlar la situación y garantizar la seguridad de los habitantes de Ocaña.
Un grave enfrentamiento armado en el barrio Juan XXIII del municipio de Ocaña dejó un saldo de tres personas muertas y dos heridas. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta una vivienda con el fin de realizar un robo, según lo confirmó la Policía. Por motivos que aún se encuentran bajo investigación, en el lugar se desató una balacera. Al arribar los uniformados de la policía para atender el caso, el fuerte cruce de disparos cobró la vida de uno de los presuntos ladrones, una mujer, identificada como Lina Marcela Bayona, quien sería víctima del hurto y un menor de 13 años, quien horas después falleció por la gravedad de sus heridas. Le puede interesar: Violento ataque armado en el sur de Bogotá: balacera en parqueadero dejó 1 muerto y 4 heridosPolicías heridos El violento hecho dejó, además, dos personas heridas, quienes serían dos agentes de la policía que atendieron la emergencia. Hay que decir que, durante el procedimiento, uno de los presuntos asaltantes fue neutralizado al interior de la vivienda. Los dos uniformados lesionados fueron trasladados al Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde recibieron atención médica. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias de este hecho y dar con el paradero del segundo presunto asaltante.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a nueve integrantes del Ejército Nacional, entre oficiales, suboficiales y un uniformado en retiro, señalados de presuntamente desviar más de 100 millones de pesos destinados a la alimentación de las tropas de un batallón ubicado en Ocaña, Norte de Santander.Los procesados fueron identificados como los mayores Juan Camilo Lasso Leyton, David Leandro Hernández Ramírez y Daniel Camilo Rodríguez Guerrero; los sargentos Gilberto Valencia Vargas, Jair Alberto Polo Pedraza, Richard Josué Rodríguez Pontón, Luis Carlos Tafur Tafur y Carlos Arturo Hurtado Ayala; y el suboficial en retiro Jorge Armando Mejía Quevedo.De acuerdo con la investigación, entre abril y octubre de 2024, los hoy judicializados habrían aprovechado las funciones que desempeñaban para apropiarse de recursos públicos destinados al suministro de raciones alimentarias para los soldados.La Fiscalía señala que, presuntamente, los involucrados habrían alterado documentos y suscrito planillas para intentar ocultar las irregularidades. En dichos registros se certificaba la supuesta entrega de víveres secos a seis pelotones, aunque las cantidades reportadas no corresponderían a las necesidades reales de la unidad militar.Además, según las evidencias recopiladas, en las planillas aparecían alimentos destinados a escuadras que no estaban agregadas operacionalmente al batallón. También se habrían registrado raciones para uniformados que se encontraban en novedades administrativas o adelantaban actividades de entrenamiento y reentrenamiento en Aguachica, Cesar.Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander imputó a los nueve procesados, de acuerdo con su posible participación, los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Los cargos formulados por la Fiscalía no fueron aceptados por los involucrados.Las capturas fueron realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en diferentes municipios y ciudades del país: Bogotá, Cúcuta, San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja, Fusagasugá, Nilo, Puerto Boyacá, Caucasia y Túquerres.El caso se relaciona con el manejo de recursos públicos destinados a garantizar la alimentación de los integrantes de la Fuerza Pública. La investigación busca determinar el alcance de las presuntas irregularidades y la responsabilidad individual de los nueve procesados.
Tres integrantes de la Policía Nacional fueron secuestrados cuando se movilizaban por la vía que comunica a Ocaña con Cúcuta, en inmediaciones del corregimiento de La Curva, jurisdicción de Norte de Santander.De acuerdo con la información conocida, hombres armados que se movilizaban en dos camionetas interceptaron el automóvil en el que viajaban los uniformados y los obligaron a descender. Posteriormente, los sujetos se llevaron a los policías con rumbo desconocido.El vehículo en el que se desplazaban fue dejado en el lugar y, según las primeras versiones, habría sido marcado con letreros alusivos a las FARC, situación que es materia de investigación por parte de las autoridades.Los uniformados secuestrados fueron identificados como el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña.El presidente de la República se pronunció frente al hecho y condenó el secuestro de los tres integrantes de la Policía Nacional.“Condeno el secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra Policía Nacional”.El mandatario aseguró que ordenó desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para lograr la ubicación de los uniformados y garantizar su regreso con vida.“He ordenado desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal”.Finalmente, el presidente advirtió que habrá una respuesta de las autoridades frente a quienes atenten contra integrantes de la fuerza pública.Las autoridades adelantan las acciones correspondientes para establecer quiénes estarían detrás del secuestro y determinar el paradero de los tres policías.
Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial Colombiana dejó como resultado la muerte de ocho integrantes de la subestructura criminal “Ferney Antonio López Polo” del Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Ocaña, Norte de Santander.Según las autoridades, el operativo tenía como objetivo principal hacer efectiva la captura de alias “Walter”, señalado como segundo cabecilla de esta organización criminal. Durante el desarrollo de las diligencias judiciales se registraron intensos combates, tras los cuales fueron abatidos ocho integrantes del grupo armado.En la zona fueron incautados nueve fusiles, 17 proveedores, 967 cartuchos de diferentes calibres, equipos de comunicación y material logístico alusivo a la organización, elementos que serán fundamentales para el avance de las investigaciones.Según la Policía Nacional, esta estructura era señalada de promover homicidios selectivos, desplazamientos forzados y disputas armadas por el control de corredores del narcotráfico en municipios de Norte de Santander y Cesar, afectando la seguridad de la región.Durante la operación falleció el patrullero Francisco Javier Jaimes Angarita, integrante del Grupo de Operaciones Especiales Rurales (GOER), quien recibió impactos de fusil mientras enfrentaba a los integrantes del grupo armado.La institución rindió homenaje a su memoria y destacó su valentía en cumplimiento del deber.
Al menos diez personas fallecieron y dieciséis más resultaron heridas este jueves durante una riña en el penal de El Castillo en Mazatlán, en el estado de Sinaloa (noroeste de México), lo que generó un fuerte despliegue de fuerzas federales en la zona, según confirmaron las autoridades locales.Entre los fallecidos hay nueve reclusos y un menor de edad que estaba de visita, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa -en un mensaje en X-. La institución agregó que los dieciséis lesionados también son personas privadas de la libertad. "El resto de la población penitenciaria se encuentra bien", aseguró el comunicado.La riña fue controlada tras la intervención de un grupo interinstitucional y será la Fiscalía de Sinaloa la encargada de esclarecer los hechos, añadió la Secretaría.Finalmente, el mensaje señaló que las instalaciones permanecerán resguardadas por las autoridades sin acceso temporal de visitas.Los hechos ocurrieron en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) en la localidad de El Castillo, al sur de Mazatlán, uno de los principales centros turísticos del Pacífico mexicano.De acuerdo con los primeros reportes, se escucharon disparos dentro de la prisión, y posteriormente se restringió el acceso al recinto mientras las fuerzas de seguridad intervenían para controlar la situación.Al menos ocho ambulancias ingresaron al centro penitenciario, según informes de la prensa local. En el exterior del penal, las familias de personas privadas de la libertad exigían información sobre sus seres queridos, mientras las visitas permanecían suspendidas, según los reportes.El motín ocurre en un estado sacudido por una prolongada crisis de violencia. Sinaloa vive desde septiembre de 2024 una escalada de hechos violentos ligada a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'el Mayo' Zambada.Aunque la disputa comenzó en Culiacán, con el paso de los meses se extendió a municipios del sur del estado, como Mazatlán, donde las autoridades han reportado homicidios, desapariciones, ataques armados y decomisos de armas y explosivos.Esa ola de violencia ha persistido pese a los sucesivos operativos policiales y al refuerzo de tropas federales en la región, con recientes nuevos despliegues hacia Culiacán y Mazatlán.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó 30 medidas de cumplimiento inmediato para corregir situaciones que afectan la calidad, oportunidad y seguridad de la atención en el Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De estas, 23 fueron dirigidas a la institución hospitalaria y 7 a la Gobernación del Archipiélago.La decisión se tomó, luego de las visitas de inspección y seguimiento realizadas por la Supersalud, en las que se identificaron reiterados incumplimientos relacionados con la prestación de servicios, seguridad del paciente, pagos de servicios médicos especializados, disponibilidad de medicamentos e insumos, infraestructura, capacidad resolutiva y gestión administrativa y financiera.La Superintendencia ordenó al hospital fortalecer la prestación de los servicios de salud mediante la vinculación de un director científico de tiempo completo, la normalización de los pagos por servicios médicos especializados y el fortalecimiento de áreas críticas como urgencias, hospitalización, UCI, salud mental, unidad renal, cirugía, laboratorio clínico y banco de sangre.Además, deberá reducir los represamientos en estudios diagnósticos, gestionar las listas de espera quirúrgicas, garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos, mejorar la infraestructura y la dotación de sus sedes y corregir los retrasos en los pagos al talento humano.La Secretaría Departamental de Salud deberá fortalecer el seguimiento al hospital para verificar que los servicios reportados correspondan a los que realmente están disponibles para los usuarios. También tendrá que hacer control al mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria, garantizar que existan las condiciones necesarias para la prestación de los servicios y contar con el personal idóneo para adelantar los procesos administrativos sancionatorios que correspondan.Además, deberá consolidar y revisar los recursos asignados al hospital en el año 2023, evaluar los proyectos financiados, actualizar los planes de acción a financiar con recursos 2024, 2025 y 2026 y establecer los mecanismos permanentes de monitoreo que permitan asegurar la correcta inversión de estos recursos, la transparencia en su manejo y la adopción de medidas oportunas ante cualquier irregularidad identificada.La Superintendencia ha activado un plan de seguimiento permanente y continuo para verificar el cumplimiento de estas órdenes y seguir con el análisis de la situación de la prestación de los servicios en el hospital de San Andrés, con el fin de establecer si hay lugar a medidas adicionales.
Una persona resultó herida este jueves en el barrio de Marble Hill, en Nueva York, en un incidente en el que estarían involucrados agentes del ICE, informó la Policía de Nueva York (NYPD).La New York Immigration Coalition (NYIC), una organización de defensa de los inmigrantes, afirmó en un comunicado que el disparo fue efectuado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).El suceso ocurrió alrededor de las 16:00 hora local (20:00), señaló la NYPD a través de X. La persona herida fue trasladada a un hospital cercano, donde se encontraba consciente y recibía atención médica, agregó la institución.La Policía de Nueva York señaló que no estuvo involucrada en el incidente ni se encontraba en la escena en el momento del tiroteo.La NYIC reclamó una investigación inmediata y la publicación de las imágenes de las cámaras corporales de los agentes.El presidente y director ejecutivo de la NYIC, Murad Awawdeh, pidió que se depuren responsabilidades si se determina que los agentes utilizaron una fuerza excesiva y reclamó mayor transparencia sobre el incidente.Marble Hill es un barrio pequeño situado en el extremo norte de Manhattan, aunque el NYPD lo identificó en su comunicado como parte del Bronx.Nueva York es una ciudad "santuario" para los inmigrantes, por lo que las autoridades locales limitan su cooperación con las agencias federales de inmigración, aunque estas pueden realizar sus propias operaciones en la ciudad.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó oficialmente la presencia del fenómeno de El Niño en Colombia, un evento climático que podría prolongarse hasta el final del primer semestre de 2027 y que representa riesgos para el abastecimiento de agua, la generación de energía y la ocurrencia de incendios forestales.Andrés Herkrath, director general del Ideam, explicó que se cumplieron las condiciones técnicas para declarar oficialmente el fenómeno, cuya intensidad se encuentra entre fuerte y muy fuerte. Según las proyecciones presentadas, existe una probabilidad del 83 % de que se mantenga al menos hasta marzo de 2027.Ante este escenario, el Gobierno nacional ordenó la articulación de las entidades responsables de la gestión del riesgo, con el objetivo de que los planes de contingencia estén formulados y activados a más tardar el 30 de noviembre.La instrucción se enmarca en la Directiva Presidencial 03 y la Ley 1523 de 2012. Entre las medidas previstas se encuentran la actualización de los planes municipales y departamentales de respuesta, la identificación de fuentes alternas de agua y el fortalecimiento de las capacidades de los organismos de emergencia.“Los alcaldes deben reunir su consejo municipal de gestión del riesgo, actualizar la estrategia de respuesta y los planes de contingencia, asegurar fuentes alternas de agua y tener vigentes los convenios con los bomberos (...). Los gobernadores deben convocar su consejo departamental, acompañar a los municipios con menos capacidad y saber con qué equipos y personal cuenta el departamento”, explicó Herkrath al detallar las responsabilidades de las autoridades locales.La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) deberá coordinar las capacidades de respuesta en los territorios y consolidar información para hacer seguimiento a las acciones de las distintas entidades. También se contempla el uso de herramientas satelitales para fortalecer el monitoreo de los incendios forestales.Por su parte, el Ministerio de Ambiente deberá acompañar a los territorios en la protección de las fuentes hídricas y los ecosistemas estratégicos. Los ministerios de Minas y Energía, Agricultura, Vivienda y Salud, con el apoyo de las carteras de Defensa, Transporte e Interior, tendrán responsabilidades relacionadas con el abastecimiento de agua y energía, la producción de alimentos, la salud y la movilidad.“Las empresas de acueducto y energía, bajo la vigilancia de las Superservicios, deben activar y reportar sus planes de emergencia conforme al Decreto 2157 de 2017”, aseguró el director general del Ideam.Uno de los principales desafíos será mantener la seguridad energética del país, debido a la dependencia de la generación hidroeléctrica de los niveles de agua en los embalses.En su declaración, Herkrath indicó que el Gobierno puso en marcha un plan de choque para adoptar medidas preventivas frente al riesgo de afectaciones en el sistema eléctrico. La estrategia contempla cuatro líneas de acción: promover el ahorro de energía, garantizar la disponibilidad de gas y otros combustibles, fortalecer el despacho de las plantas térmicas y aprovechar al máximo la capacidad de generación existente.“La meta no es explicar el apagón, es evitarlo. El Ideam sigue monitoreando y entregando la información al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo”, afirmó el director del instituto.El Gobierno también hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar de manera eficiente el agua y la energía, evitar las quemas y fogatas, y reportar oportunamente los incendios forestales.Mientras el Ideam mantiene el monitoreo de las condiciones oceánicas y atmosféricas, las autoridades deberán avanzar en la preparación de sus territorios para reducir los riesgos asociados a El Niño durante los próximos meses.¿Habrá lluvias durante el fenómeno de El Niño?Aunque Colombia atraviesa la segunda temporada de lluvias del año, el fenómeno de El Niño no significa que las precipitaciones desaparezcan por completo. El pronóstico del Ideam apunta a lluvias por debajo de los niveles esperados, principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.“Octubre y diciembre son la segunda temporada de lluvias y lloverá por debajo de lo esperado, sobre todo en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, siendo diciembre el mes de mayor déficit”, advirtió el director del Ideam.Herkrath también señaló que la preparación debe contemplar otros riesgos asociados a las condiciones climáticas de la temporada, como las crecientes súbitas, los deslizamientos y las inundaciones.“Prepararse solo para la sequía e ignorar crecientes, deslizamientos e inundaciones de esta temporada sería un error”, sostuvo.El panorama también genera preocupación por el aumento de las temperaturas, la reducción de la disponibilidad de agua y la propagación de incendios forestales.
Tras una labor de inteligencia y después de recibir información de una fuente humana, autoridades lograron la captura de dos personas, quienes tenían en su poder más de 83 kilogramos de material explosivo que iban a ser utilizados en un atentado terrorista en la capital de Nariño.Durante la inspección al automotor en el que se desplazaban estos hombres, el cual, según el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, registraba adulteración en el sistema de placas, se logró la incautación de dos cilindros que contenían material explosivo.El mandatario dijo que esta acción permitió a las autoridades actuar oportunamente y neutralizar la amenaza tras la aprehensión de dos hombres personas que, de acuerdo con la información oficial, tienen varias anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos, porte ilegal de armas y rebelión.El alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, reconoció el trabajo de inteligencia tras advertir que la coordinación institucional permitió actuar de manera rápida para evitar que el material explosivo fuera utilizado afectando la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía."Una estructura armada ilegal intentó dañar la tranquilidad del municipio introduciendo artefactos de alto poder explosivo. Hoy, estos artefactos han sido destruidos de manera controlada y los responsables, capturados. Damos un parte de tranquilidad porque las autoridades y los organismos de inteligencia siguen trabajando en nuestro municipio”, aseguró el mandatario.El jefe de la administración local dijo que la alcaldía mantiene su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública y las demás instituciones para fortalecer la seguridad y contribuir a preservar la tranquilidad de los habitantes del municipio.Mientras tanto, la comandante de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, coronel Andrea Carolina Cáceres, informó que los dos hombres capturadas fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien de inmediato los judicializó. Además, se realizó la destrucción controlada de más de 83 kilogramos de material explosivo encontrados en los cilindros neutralizados.Por su parte, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar se reunió con los comandantes de la Policía, Ejército y el alcalde de Pasto y afirmó que en lo que va corrido del año se han frustrado cerca de nueve amenazas.Manifestó Escobar que este resultado refleja la importancia del trabajo de inteligencia, el intercambio de información y la articulación entre las instituciones para anticiparse a situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de la comunidad nariñense.