En respuesta a los crecientes cuestionamientos y tensiones por su visita a la capital de Santander, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, defendió de forma categórica el carácter institucional de su agenda y aseguró que su gestión se basa en la "transparencia" y el cumplimiento de mandatos judiciales fundamentales para la región, cerrando el paso a las especulaciones sobre supuestas reuniones clandestinas."La clandestinidad es para los ilegales. Nosotras somos Gobierno y hemos hecho de la participación y la transparencia un principio de gestión. Nuestra presencia en Bucaramanga responde al cumplimiento de deberes institucionales concretos y no a agendas ocultas", afirmó la jefe de la cartera ambiental a través de su cuenta de X.Según la ministra Vélez "en Santurbán existen actuaciones judiciales en curso, en las que el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán participa como accionante, entre ellas, el proceso de delimitación participativa ordenado por la Sentencia T-361 de 2017 y la acción popular relacionada con la protección del bosque altoandino y de las áreas adyacentes al ecosistema de páramo. En ambos escenarios, el @MinAmbienteCo tiene el deber de actuar con transparencia, atender los requerimientos judiciales, escuchar a los accionantes y garantizar que las decisiones públicas se adopten con soporte técnico, jurídico y participación efectiva".La ministra subrayó tres compromisos ineludibles de su despacho en la región: La protección definitiva del sistema hídrico que abastece a los santandereanos, el cumplimiento riguroso de la orden judicial de delimitación de los ecosistemas de alta montaña, y la aplicación integral de las garantías de acceso a la información y protección de defensores del territorio, bajo el marco del Acuerdo de Escazú.Uno de los puntos más críticos de la agenda ministerial fue la recepción de alertas tempranas sobre el orden público. Durante el encuentro, los líderes ambientales y miembros del Comité de Santurbán manifestaron su profunda preocupación por las condiciones de seguridad de cara a la mesa de concertación fijada para los próximos días.Al respecto, el Ministerio de Ambiente confirmó que dichas alertas ya están siendo valoradas dentro del marco institucional correspondiente para asegurar que el proceso participativo se desarrolle con plenas garantías y sin amenazas coactivas para los actores sociales.Se espera que en los próximos días se conozca la fecha de la próxima mesa de concertación sobre la delimitación del Páramo de Santurbán después de la reunión fallida del pasado sábado, 4 de julio, donde no se lograron avances significativos. Extraoficialmente se dice que será el 18 de julio, pero no se confirmó el sitio.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez, realiza este miércoles una visita reservada a Bucaramanga en medio del complejo proceso de concertación para la nueva delimitación del páramo de Santurbán, que atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión tras el fracaso de la mesa de diálogo entre comunidades y el Gobierno nacional, el pasado sábado.La presencia de la funcionaria fue confirmada a Blu Radio por la Oficina de Prensa del Ministerio de Ambiente, aunque la entidad se abstuvo de entregar detalles sobre la agenda oficial, los encuentros programados o el motivo específico del desplazamiento a la capital santandereana.La visita ocurre apenas unos días después de que se suspendiera la primera mesa de concertación con pequeños mineros, campesinos y otros actores de los municipios de California y Vetas, escenario que terminó marcado por fuertes confrontaciones entre representantes de las comunidades de Soto Norte y ambientalistas.El encuentro hacía parte del proceso ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361 de 2017, que dejó sin efectos la anterior delimitación del páramo al considerar que no se garantizó una participación efectiva de las comunidades directamente afectadas. En cumplimiento de ese fallo, el Ministerio de Ambiente debe construir una nueva delimitación mediante un proceso de concertación con todos los sectores involucrados.Sin embargo, la primera jornada concluyó sin consensos. Los pequeños mineros y campesinos cuestionaron la metodología empleada por el Ministerio y aseguraron que sus propuestas no están siendo tenidas en cuenta en una decisión que definirá el futuro económico y social de la provincia de Soto Norte. Además, insistieron en que la nueva delimitación debe reconocer la minería tradicional y contemplar alternativas para las familias que dependen de esta actividad y de la agricultura.La mesa fue suspendida y las partes quedaron convocadas para reanudar las conversaciones el próximo 18 de julio, aunque persisten las diferencias entre los distintos sectores.En ese contexto, la llegada de Irene Vélez a Bucaramanga ha despertado expectativa entre líderes sociales, autoridades y organizaciones ambientales, debido a que podría estar relacionada con el proceso de concertación o con reuniones de carácter institucional sobre el futuro de Santurbán.Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente no ha informado si la ministra sostendrá encuentros con comunidades, autoridades regionales o representantes de los sectores involucrados en la discusión, manteniendo total hermetismo sobre la agenda de la funcionaria durante su permanencia en la ciudad.
La primera mesa de concertación para avanzar en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán continúa generando reacciones. En esta ocasión, la Veeduría Ciudadana de Bucaramanga expresó su inconformidad con la metodología utilizada durante la jornada y solicitó al Ministerio de Ambiente garantizar una participación más amplia en el próximo encuentro, programado para el 18 de julio.Ramiro Vázquez, representante de la Veeduría Ciudadana de Bucaramanga, aseguró que durante la reunión no se brindaron las garantías suficientes para que todos los sectores interesados pudieran intervenir y exponer sus posiciones frente a la delimitación del ecosistema.Según el veedor, algunos habitantes de la provincia de Soto Norte, quienes consideran que son directamente afectados por las decisiones que se adopten sobre el páramo, manifestaron sentirse excluidos del proceso. Además, afirmó que durante la jornada se presentaron momentos de tensión y que algunos asistentes denunciaron haber sido increpados por otras personas presentes en el encuentro."La concertación estuvo mal convocada. Creemos que este tipo de espacios debe tener una participación mucho más amplia, donde estén presentes las comunidades, las veedurías ciudadanas, los ediles, los concejales y todos los sectores que tienen interés en el futuro de Santurbán", manifestó Vázquez.El representante de la Veeduría sostuvo que el debate sobre Santurbán no debe centrarse únicamente en la minería, sino también en las condiciones sociales de las comunidades campesinas que habitan la región y que, según afirmó, esperan respuestas sobre su permanencia en el territorio y su futuro económico."Nosotros no estamos defendiendo el oro; estamos defendiendo el agua, la calidad de vida de los campesinos y buscando garantías para quienes viven en el territorio y serán los directamente afectados por la delimitación", agregó.Vázquez también hizo un llamado al Ministerio de Ambiente para que la mesa de concertación prevista para el 18 de julio cuente con una convocatoria más amplia y transparente, que permita la participación de todos los sectores involucrados y facilite la construcción de consensos alrededor del proceso.La mesa de concertación hace parte del proceso participativo que adelanta el Ministerio de Ambiente en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional para expedir una nueva delimitación del páramo de Santurbán, garantizando la participación efectiva de las comunidades que podrían verse impactadas por la decisión.Vázquez agregó que el proceso de concertación también debe contemplar acciones para fortalecer la seguridad en la zona del páramo de Santurbán. Según manifestó, es necesario adoptar medidas que eviten la llegada de actores ilegales que puedan poner en riesgo el ecosistema y afectar a las comunidades campesinas que habitan el territorio.
Con un fuerte rifirrafe entre pequeños mineros, campesinos de Soto Norte y ambientalistas terminó la primera mesa de concertación para la nueva delimitación del páramo de Santurbán. La jornada, liderada por el Ministerio de Ambiente en Bucaramanga, concluyó sin acuerdos y con una nueva cita programada para el próximo 18 de julio.La concertación hace parte del proceso ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361 de 2017, que dejó sin efectos la delimitación expedida por el Gobierno nacional al considerar que no se garantizó una participación efectiva de las comunidades directamente afectadas. Desde entonces, el Ministerio de Ambiente debe construir una nueva delimitación escuchando a todos los sectores involucrados antes de adoptar una decisión definitiva.Sin embargo, ese objetivo no se cumplió en esta primera mesa. Durante varias horas quedaron en evidencia las profundas diferencias entre los participantes. Los pequeños mineros y campesinos de Soto Norte cuestionaron la metodología del proceso y aseguraron que no se sienten representados ni escuchados en una decisión que definirá el futuro de sus municipios. Además, insistieron en que la nueva delimitación debe reconocer la minería tradicional y ofrecer alternativas para las familias que dependen de esta actividad y del campo.En contraste, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán defendió la necesidad de avanzar en la delimitación del ecosistema para cumplir la orden de la Corte Constitucional y garantizar la protección integral de las fuentes hídricas y de los bosques altoandinos que hacen parte del complejo de páramos.Las posiciones encontradas impidieron alcanzar consensos y llevaron al Ministerio de Ambiente a convocar una nueva mesa para el 18 de julio. En esa jornada se buscará acercar a las comunidades, organizaciones ambientales y autoridades, en un proceso que lleva cerca de nueve años sin una delimitación definitiva y que sigue enfrentando la protección ambiental con las preocupaciones sociales y económicas de quienes habitan el territorio.La delimitación de Santurbán es una de las decisiones ambientales más trascendentales para el nororiente colombiano, pues de ella dependerán tanto la conservación de un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua como las condiciones en las que podrán desarrollar sus actividades las comunidades asentadas históricamente en Soto Norte.
La sanción impuesta por el Tribunal Administrativo de Santander a la ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato e incumplimiento de órdenes relacionadas con el proceso de delimitación del páramo de Santurbán, generó reacciones entre los líderes sociales y mineros de la región.Ivonne González, presidenta del Consejo del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Río Alto Lebrija, vocera y veedora del Comité de Dignidad Minera y vicepresidenta del Consejo Departamental de Planeación, aseguró que recibe con satisfacción la decisión judicial, aunque advirtió sobre lo que calificó como un intento del Gobierno saliente de acelerar el proceso de delimitación en los últimos días de su administración."Recibimos con agrado el desacato que le impuso el Tribunal de Santander a la ministra, después de más de una decena de intentos", afirmó González, quien sostuvo que la decisión representa un llamado de atención frente al manejo que ha tenido el Ministerio de Ambiente sobre este proceso.La dirigente expresó su preocupación por una convocatoria programada para el próximo 4 de julio en Neomundo, en Bucaramanga, donde se desarrollará una jornada relacionada con la delimitación del páramo. Según manifestó, teme que allí se impulse una propuesta de delimitación progresiva sin la participación adecuada de las comunidades involucradas.González recordó que, en 2022, habitantes del municipio de Vetas solicitaron al Ministerio de Ambiente una delimitación parcial del territorio, petición que, según indicó, fue rechazada bajo el argumento de que el macizo de Santurbán no podía dividirse. Por ello cuestionó que ahora se estudie esa posibilidad en la recta final del actual Gobierno.En ese sentido, hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que vigile el proceso y pidió al presidente electo, Abelardo De La Espriella, intervenir durante el empalme para evitar que se adopten decisiones de última hora sobre la delimitación del ecosistema.La líder también señaló que, a su juicio, el Ministerio de Ambiente estaría incumpliendo principios de participación ciudadana contemplados en el proceso de concertación y advirtió sobre un ambiente de tensión de cara a las actividades previstas para los próximos días, asegurando que distintos sectores saldrán a defender sus posiciones.El pronunciamiento se conoce luego de que el Tribunal Administrativo de Santander sancionara a la ministra Irene Vélez con una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por desacato y presunta negligencia en el cumplimiento de las órdenes impartidas dentro del proceso de delimitación del páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.La decisión judicial concluyó que, desde su llegada al Ministerio en agosto de 2025, la funcionaria incumplió órdenes relacionadas con la definición de un cronograma verificable, el liderazgo del proceso participativo y la adopción de medidas concretas para avanzar en la delimitación. Además, el Tribunal otorgó un plazo de diez días hábiles para que la cartera ambiental presente un informe con el cronograma definitivo municipio por municipio y advirtió que podrían imponerse nuevas sanciones si persisten los incumplimientos.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
La provincia de Soto Norte en Santander le votó ampliamente a Abelardo de la Espriella. En los seis municipios que integran esta región —Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta y Tona— el candidato obtuvo 12.799 votos, frente a los 2.311 alcanzados por Iván Cepeda.Los resultados reflejan una amplia ventaja para De la Espriella en todos los municipios de la provincia. En Tona logró 3.384 votos frente a 638 de Cepeda; en Matanza obtuvo 3.130 frente a 608; en Charta 2.234 frente a 339; en Suratá 1.979 frente a 451; en California 1.074 frente a 213; y en Vetas 998 votos frente a 62.Para líderes de la región, el resultado electoral está estrechamente relacionado con la situación que atraviesan los municipios de Soto Norte por el prolongado debate sobre la delimitación del páramo de Santurbán y el futuro de la actividad minera.Hernán Bautista, exalcalde de Vetas, aseguró que la votación constituye un mensaje de inconformidad frente al manejo que el Gobierno Nacional le ha dado a esta problemática.“La provincia de Soto Norte le dijo un sí rotundo a Abelardo de la Espriella porque es una provincia que está cansada de un gobierno que no ha entendido ni comprendido la situación real de Santurbán”, afirmó.Según Bautista, durante años los municipios han enfrentado incertidumbre jurídica, social, ambiental y económica debido a la falta de una delimitación definitiva del páramo. Recordó que Vetas fue el primer municipio en adelantar el proceso de concertación ordenado por la Corte Constitucional para avanzar en la delimitación, pero ocho años después de esa decisión el proceso sigue sin concluir.“El Gobierno desconoció los acuerdos de Vetas y dejó al municipio en una incertidumbre jurídica. Nuestras actividades mineras se siguen desarrollando con mayores dificultades, más trámites y más restricciones”, señaló.El exmandatario sostuvo que buena parte del respaldo obtenido por De la Espriella responde a su propuesta de fortalecer y organizar la actividad minera formal en el país. “La comunidad vetana vio en Abelardo de la Espriella un candidato que plantea que la minería sí va, pero bien hecha, organizada y formalizada. Eso es lo que busca la provincia: reglas claras para trabajar con tranquilidad y responsabilidad”, manifestó.Bautista explicó que Vetas ha sido históricamente un municipio minero y que la actividad se desarrolla en una pequeña fracción de su territorio. Indicó que actualmente existen cinco empresas mineras que operan cumpliendo con los requisitos legales, aunque varios procesos permanecen detenidos debido a la falta de una definición sobre la delimitación de Santurbán.También advirtió sobre las dificultades que enfrentan algunos mineros para avanzar en procesos de formalización, situación que, según dijo, ha llevado a que trabajadores desarrollen actividades en medio de un escenario de incertidumbre jurídica.“El objetivo es que se respeten los acuerdos alcanzados en la concertación de 2022, que se revisen las medidas que mantienen zonas bajo protección temporal y que se avance en la formalización para proteger tanto el empleo como el medio ambiente”, expresó.Finalmente, el exalcalde señaló que la región espera que el nuevo gobierno atienda las necesidades de las comunidades asentadas en la zona de influencia de Santurbán, garantizando la protección del ecosistema sin desconocer las tradiciones y actividades económicas de los habitantes de Soto Norte.
El candidato presidencial Iván Cepeda aprovechó la movilización de organizaciones ambientales y sindicales que se realizó este viernes en Bucaramanga para fortalecer respaldos de cara a la segunda vuelta presidencial y presentar sus propuestas relacionadas con la protección del agua y los ecosistemas estratégicos del país.La marcha, convocada en defensa del páramo de Santurbán, recorrió la carrera 27 de Bucaramanga desde La Puerta del Sol, y culminó, en la entrada de la Universidad Industrial de Santander UIS, donde el aspirante fue recibido por líderes ambientales, estudiantes y representantes de diferentes sectores sociales.Durante el encuentro, Cepeda firmó por primera vez un pacto por el agua con organizaciones defensoras del medio ambiente en Santander. En el documento se comprometió a priorizar la protección de las fuentes hídricas, los páramos, ríos y ecosistemas estratégicos por encima de intereses económicos o políticos.“Acabamos de firmar un pacto por el agua en Santander. Nos comprometemos a cuidar los páramos, el agua y los ríos del país”, expresó el candidato ante los asistentes.En su intervención, Cepeda aseguró que, de llegar a la Presidencia, no permitirá la implementación del fracking en Colombia y defendió la necesidad de fortalecer la gestión pública y comunitaria del recurso hídrico.El candidato también planteó la construcción y fortalecimiento de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana de Bucaramanga, especialmente en municipios como Girón, como parte de una estrategia para garantizar el acceso al agua potable.“La política debe entender que el desarrollo económico no puede construirse destruyendo la naturaleza ni sacrificando los territorios. El agua es la fuente de la vida y debe garantizarse para todas las comunidades”, afirmó.Cepeda aprovechó el escenario para lanzar críticas contra sectores políticos y dirigentes que respaldan la explotación de hidrocarburos mediante fracking, señalando que esas iniciativas representan una amenaza para ecosistemas como el páramo de Santurbán.La movilización reunió a organizaciones sociales, sindicales y colectivos ambientales que desde hace varios años han liderado la defensa de Santurbán, considerado una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para millones de habitantes en el nororiente colombiano.Con este acto, el candidato busca consolidar apoyos en Santander, una región donde la defensa del agua y del páramo se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate político y ambiental.
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo advirtieron que los reiterados retrasos en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán están favoreciendo el crecimiento de la minería ilegal dentro de este ecosistema estratégico para el nororiente colombiano.La alerta quedó consignada en el XXV Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, y presentado el pasado 1 de junio ante el Tribunal Administrativo de Santander, con corte al 30 de abril de 2026.Según el documento, después de más de ocho años de la orden impartida por la Corte Constitucional para realizar una nueva delimitación participativa del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, persisten incumplimientos institucionales que han impedido culminar el proceso.Para el Ministerio Público, uno de los hallazgos más preocupantes es que la demora en la delimitación ha propiciado “el incremento de la extracción ilícita de minerales al interior del ecosistema, el aumento de la informalidad y dificultades en el desarrollo socioeconómico de la región”, situación que incrementa la vulnerabilidad ambiental de este ecosistema de alta montaña.La Procuraduría fue más allá en sus conclusiones y señaló que la prolongación del proceso ha impedido ejercer un control institucional efectivo sobre fenómenos como la minería ilegal, que continúan generando graves afectaciones ambientales en la zona.Ante este panorama, el organismo anunció que remitirá copia del informe a la Fiscalía para que investigue las actividades de minería ilegal que se estarían desarrollando en el área de influencia de Santurbán.El informe también cuestiona el desempeño del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la delimitación.Entre las observaciones realizadas por la Procuraduría se encuentra la falta de entrega oportuna del informe de seguimiento correspondiente al periodo enero-abril de 2026, una situación que, según el ente de control, se viene presentando de manera reiterada desde 2019.Asimismo, señala que el Ministerio no ha entregado información técnica solicitada por la Procuraduría relacionada con las resoluciones mediante las cuales se declaró una zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en el costado occidental del macizo de Santurbán, en jurisdicción de municipios como Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.Otro de los hallazgos tiene que ver con los retrasos en la fase de concertación. De acuerdo con el cronograma oficial, durante el primer cuatrimestre de 2026 debían realizarse mesas de concertación en 15 municipios; sin embargo, el informe concluye que ninguna de las reuniones previstas fue desarrollada.El Ministerio Público también encontró deficiencias en la actualización y publicación de información a través del portal oficial “Santurbán Avanza”.Entre las inconsistencias detectadas figuran la ausencia del informe de cumplimiento más reciente, la publicación de solo seis de los 24 informes de seguimiento elaborados por la Procuraduría y la Defensoría, la falta de actualización de actuaciones judiciales recientes y diferencias entre los cronogramas publicados y los oficialmente reportados por el Ministerio de Ambiente.Frente a este panorama, los organismos de control recomendaron al Ministerio de Ambiente presentar un cronograma definitivo, público y verificable para culminar el proceso de delimitación, establecer fechas claras para las mesas de concertación pendientes y fijar un plazo concreto para la expedición del acto administrativo definitivo.También solicitaron fortalecer los mecanismos de transparencia, actualizar permanentemente el portal de seguimiento, ampliar los espacios de participación ciudadana y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades campesinas.Además del traslado del informe a la Fiscalía por las denuncias relacionadas con minería ilegal, la Procuraduría anunció que remitirá copias a las dependencias disciplinarias competentes para que evalúen posibles incumplimientos de funcionarios públicos en la entrega de información requerida para el seguimiento de la sentencia.
Un incendio forestal registrado en el sector La Lomita, vereda Ortegón, sobre la vía que comunica a los municipios de Vetas y California, encendió las alertas de las autoridades ambientales y organismos de socorro en el páramo de Santurbán, una de las principales reservas hídricas del nororiente colombiano.La emergencia fue reportada por campesinos y logró ser controlada gracias al trabajo articulado de unidades del Cuerpo de Bomberos de Vetas y Matanza, con apoyo de funcionarios de la Alcaldía Municipal y habitantes de la zona, quienes ayudaron en las labores de contención de las llamas.De manera preventiva, el Cuerpo de Bomberos de Suratá y la Defensa Civil Colombiana, seccional Santander, permanecieron en alistamiento para reforzar la atención en caso de que el fuego se extendiera hacia otras áreas del ecosistema paramuno.La operación fue coordinada desde la Sala de Crisis de la Oficina para la Gestión del Riesgo, entidad encargada de monitorear permanentemente la situación y dirigir las acciones de respuesta frente a la emergencia ambiental.El reporte preliminar fue entregado por Erika Suárez, integrante del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), quien confirmó que las autoridades continúan realizando seguimiento en la zona para evitar una posible reactivación del incendio.El hecho vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad del páramo de Santurbán frente a las altas temperaturas y la temporada seca que afecta varios municipios de Santander por el fenómeno del Niño. Este ecosistema abastece de agua a miles de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga y otros municipios del departamento, por lo que cualquier afectación ambiental genera preocupación entre las autoridades y comunidades de la región.
El exjugador Dani Alves, quien pasó por el Barcelona compartiendo camerino con figuras como Lionel Messi y Gerard Piqué, para luego defender los colores de Pumas de México y, posteriormente, estar en prisión enfrentando acusaciones por abuso sexual en España, ahora enfrenta una nueva realidad enfocada en la religión.El astro brasileño vivió una compleja y polémica situación judicial por un caso de abuso sexual. En enero de 2023 fue arrestado en Barcelona, tras ser denunciado por una presunta agresión sexual ocurrida la noche del 30 de diciembre de 2022 en los baños de la discoteca Sutton. Según la denunciante, el exfutbolista la obligó a sostener relaciones sexuales. La justicia española lo condenó inicialmente a cuatro años y seis meses de prisión; sin embargo, en marzo de 2025 fue absuelto.Tras esa difícil experiencia, el exjugador enfocó sus esfuerzos en la fe, encontrando en Dios una nueva oportunidad y un motivo para seguir adelante, por lo que decidió convertirse en pastor para predicar.Dani Alves asegura que era más feliz en prisiónDani Alves se ha dedicado a ofrecer conferencias y reunir feligreses. En esta nueva faceta como pastor ha captado la atención de miles de personas; sin embargo, recientemente una de sus declaraciones dio de qué hablar.Ante la mirada de centenares de asistentes, Alves aseguró que se sintió más feliz tras las rejas que durante la época en la que ganaba millones de euros como futbolista profesional, cuando vestía la camiseta del Barcelona."Yo ganaba millones de euros, gracias a Dios y al fútbol, pero, en la prisión, ganando 113 euros, yo era más feliz que ganando millones. Antes yo jugaba fútbol y ahora estaba en la prisión limpiando la casa, pero tenía a mi padre [Dios] conmigo. Yo decía: '¿Qué valen millones de euros sin padre?’”, comentó el exjugador brasileño.Caso de Dani Alves: así avanzó el proceso por agresión sexualTras la denuncia presentada por la presunta víctima, en febrero de 2024 la Audiencia de Barcelona condenó a Alves a cuatro años y seis meses de prisión. La decisión se sustentó en la credibilidad del testimonio de la víctima y en pruebas que demostraban lesiones físicas y secuelas psicológicas. Además, Dani debió consignar una indemnización de 150.000 euros para reparar el daño y, semanas después, pagó un millón de euros para recuperar la libertad bajo fianza.No obstante, en 2025 el caso dio un giro cuando, en marzo de ese año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocó la condena y absolvió al exjugador. Según el tribunal, durante el proceso no se respetó plenamente la presunción de inocencia debido a inconsistencias y deficiencias en la valoración de las pruebas realizadas en la primera sentencia.
Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) terminó con la muerte del colombiano de 26 años, identificado por organizaciones defensoras de derechos humanos como Joan Sebastián Guerrero. El hecho ocurrió este lunes en Biddeford, una ciudad de cerca de 22.000 habitantes en el estado de Maine, y ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos migratorios impulsados por la administración del presidente Donald Trump.Guerrero trabajaba como conductor de entregas a domicilio y residía en Biddeford junto a su esposa y su hija de tres años. Momento del incidenteSegún informó un portavoz del ICE, el fallecido era "un extranjero en situación migratoria irregular con una orden definitiva de expulsión". La entidad explicó que los agentes realizaban labores de vigilancia en el último domicilio conocido de una persona con orden de deportación cuando, hacia las 7:00 a. m. (hora local), intentaron detener un vehículo.El momento se dio cuando lo abordaron y le dispararon; el video que circula en redes sociales revela cómo los agentes lo sacan del vehículo a rastras y además le ponen las esposas. La versión oficial señala que el conductor intentó escapar del lugar y que, ante un supuesto riesgo para la seguridad pública, uno de los agentes accionó su arma de fuego. El hombre recibió un impacto de bala y, aunque se solicitó asistencia médica de inmediato, murió debido a la gravedad de las heridas.Sin embargo, un testigo identificado como Daniel Boucher aseguró que escuchó varios disparos antes de observar a agentes del ICE sacar del automóvil blanco a un hombre con sangre en la cabeza y el rostro. Según su relato, la víctima alcanzó a decir: "Intenté detenerme", antes de desplomarse. Boucher afirmó que, poco después, notó que el hombre dejó de respirar.Tras conocerse el caso, la Embajada de Colombia en Estados Unidos informó mediante un comunicado que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una explicación oficial sobre las circunstancias en las que murió el ciudadano colombiano.
La indignación y el dolor cruzan las fronteras tras la trágica muerte de Johan Sebastián Durán, un joven colombiano de 26 años originario de Bucaramanga (Santander), quien perdió la vida en un tiroteo en el que se vieron involucrados agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Biddeford, al sur de Maine, Estados Unidos.Mientras en las calles de Maine la ciudadanía se moviliza bajo el cántico de "¡ICE por fuera de las calles!", los padres de la víctima arribaron al aeropuerto El Dorado de Bogotá para ponerse al frente del doloroso trámite de repatriación del cuerpo. Desde allí, su padre, Omar Durán, rompió el silencio en un testimonio desgarrador."Tenía sus documentos legales y dos trabajos"Frente a las especulaciones sobre el estatus migratorio de su hijo, Omar Durán fue enfático en aclarar que Johan Sebastián se encontraba de manera legal en los Estados Unidos, contando con su permiso de trabajo, seguro social y tarjetas de identificación correspondientes."Mi hijo era una persona realmente que salió del país para hacerse un futuro para su familia. Él tiene su esposa y su niña de 3 años. Trabajaba por ellos... Tenía sus documentos legales, tenía su permiso de trabajo, tenía lo que requieren allá para poder trabajar. Él iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo", relató el padre a Noticias CaracolSegún el testimonio familiar, el joven santandereano era un hombre entregado a su hogar que se dividía en dos jornadas laborales para salir adelante: en las mañanas realizaba labores de aseo en una clínica veterinaria y, posteriormente, trabajaba con su vehículo haciendo entregas a domicilio (delivery)."No sé por qué le hicieron eso... realmente es un dolor muy grande que nos han causado con haberle hecho eso, esa muerte que le causaron injusta", lamentó el señor Durán.Crecen las protestas y la presión diplomáticaEl caso ha despertado una ola de protestas comunitarias. Organizaciones como la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y la plataforma ¡Presente! calificaron el hecho como un acto de "violencia estatal" profundamente inquietante y devastador. Asimismo, exigieron que la investigación sea rápida, independiente y transparente, advirtiendo que no se debe permitir que ICE se investigue a sí mismo.Por su parte, la Embajada de Colombia en Washington emitió un comunicado oficial lamentando profundamente el fallecimiento de Johan Sebastián. La delegación diplomática confirmó que se encuentra acompañando a la familia y que ya ha solicitado claridades urgentes al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) sobre las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.Un patrón preocupante en las fronteras y estados de EE.UU.El deceso de Durán no es un hecho aislado. Su muerte ocurre apenas días después de que el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo también falleciera a manos de agentes de ICE en Texas. En lo que va del año, al menos seis personas han muerto en incidentes que involucran disparos de agentes migratorios en territorio estadounidense.La policía estatal de Maine, el Departamento de Seguridad Pública y el FBI ya se encuentran coordinando las pesquisas para esclarecer el caso, mientras una esposa y una pequeña de tres años esperan respuestas en Maine, y unos padres lloran la pérdida de su hijo en Colombia.
Con una agenda enfocada en infraestructura, seguridad y conectividad, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, presentarán este martes 14 de julio al presidente electo, Abelardo De La Espriella, un paquete de proyectos estratégicos que buscan respaldo del Gobierno Nacional durante la jornada de empalme con los territorios que se realizará en la capital santandereana.El alcalde Cristian Portilla aseguró que el propósito del encuentro es exponer las principales necesidades de las regiones y gestionar el apoyo económico del Gobierno entrante para sacar adelante iniciativas que, según dijo, superan la capacidad financiera de los entes territoriales.Portilla afirmó que Bucaramanga requiere una relación permanente con la Nación para afrontar retos que, en muchos casos, corresponden al nivel central. En ese sentido, anunció que entregará un informe sobre la situación de seguridad de la ciudad con cifras, estrategias y planes de acción, como parte del llamado para integrar el bloque de defensa y seguridad urbana promovido por el presidente electo."Los territorios no salen adelante únicamente con recursos propios. Necesitamos el respaldo del Gobierno Nacional para resolver problemáticas que no podemos asumir solos", señaló el mandatario local.Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz explicó que la Presidencia entrante definió que cada departamento presentará tres proyectos en fase III y tres necesidades prioritarias, mientras que cada provincia expondrá tres iniciativas de impacto regional a través de alcaldes previamente designados.En el caso de Santander, las prioridades estarán concentradas en tres grandes frentes. El primero corresponde al proyecto integral de infraestructura turística y deportiva, que contempla nuevas fases para el centro de espectáculos la Arena Bonita, el desarrollo de Topocoro y la Aldea Guané, en el municipio de Los Santos, obras que ya se encuentran en ejecución y requieren recursos adicionales para continuar.La segunda apuesta busca ampliar la conectividad de las instituciones educativas rurales. Según el gobernador, actualmente el departamento destina más de 55.000 millones de pesos al sostenimiento del servicio de internet en escuelas y colegios, por lo que se plantea una inversión cercana a los 140.000 millones de pesos para construir infraestructura propia que garantice el servicio y reduzca esos costos de operación.El tercer proyecto corresponde al Anillo Vial Externo Metropolitano, iniciativa que ya avanza en su fase de ejecución y está a la espera de la licencia ambiental. La Gobernación espera obtener respaldo del Gobierno Nacional para acelerar las obras y dejar al menos 16 kilómetros pavimentados durante la actual administración y el primer año del nuevo gobierno.Además de las iniciativas departamentales, cada una de las provincias de Santander presentará proyectos priorizados junto con sus alcaldes, enfocados principalmente en cultura, turismo e infraestructura, sectores definidos como prioritarios por el equipo del presidente electo para esta primera jornada de empalme con las regiones.
A las 4:00 de la mañana de este martes, 14 de julio, comenzaron los bloqueos de las comunidades campesinas y pequeños mineros del Norte y Nordeste antioqueño con el propósito de exigir respuestas a un pliego de peticiones que, según los convocantes, ha sido presentado previamente a las autoridades y a Empresas Públicas de Medellín.La concentración estará en los sectores de Puente El Machete y Puente Acacia, con una participación estimada de 500 personas, mientras que aseguran que la protesta será pacífica y que busca ejercer el derecho constitucional a la protesta.No obstante, EPM denunció que estas acciones podrían afectar la operación de centrales hidroeléctricas como Porce II, Porce III, Guadalupe III, Guadalupe IV y Troneras. Las cinco centrales hidroeléctricas representan el 16 % de la demanda energética nacional, y de presentarse los bloqueos, advierte EPM que podría poner en riesgo la energía del país.Alberto Mejía Reyes, gerente Generación Energía EPM, explicó la situación que hoy tiene en máxima alerta a las autoridades en el departamento de Antioquia."En esta zona tenemos, entonces, más de 1600 megavatios de capacidad de generación hidroeléctrica, que es infraestructura crítica para el país, y es una zona que enfrenta unos desafíos importantes. Tenemos unos temas asociados a minería ilegal, a una serie de presiones que enfrentan nuestras operaciones en esta zona", aseguró el funcionario.A pesar de las advertencias, las comunidades de seis veredas de los municipios de Guadalupe y Carolina del Príncipe siguieron en firme e, incluso, emitieron un pliego y entre las principales exigencias figuran el reconocimiento de la minería artesanal y atención a las familias afectadas por la destrucción de maquinaria.Además, se ha pedido inversiones en agua potable, alcantarillado, electrificación, infraestructura comunitaria, salud, proyectos productivos, contratación de mano de obra local, legalización de predios y mayor inversión social."Están en unas áreas a donde sí son territorios de EPM, pero que no tienen ninguna afectación, y, entonces, ellos les hacen quemar la maquinaria por el Ejército a esas personas que se está rebuscando el día a día, que no tienen otras cosas qué hacer porque la empresa no les brinda las garantías y la seguridad alimentaria que necesita el territorio", explicó.Asimismo, los manifestantes solicitaron la instalación de una mesa interinstitucional de concertación con participación de EPM, autoridades locales y representantes comunitarios para acordar un cronograma de cumplimiento.Ante esta situación y la preocupación por los posibles riesgos para la generación de energía de Antioquia y Colombia, el secretario de Seguridad, Luis Martínez, aseguró que se han creado las estrategias para evitar alteraciones y afectaciones de consideración."No nos podemos dejar coger desprevenidos, y ahí tenemos un problema de minería ilegal bien delicado, como lo hay a lo largo y ancho del departamento. Cada que hay una intervención de la fuerza pública de cara a la minería ilegal, hay una respuesta por parte de los mineros ilegales", aeguró Martínez.Finalmente, los convocantes respondieron en el documento de pliegos que “en ningún momento” pretenden poner en riesgo la generación de energía, afectar la infraestructura eléctrica o promover actos de violencia o vandalismo, insistiendo en que la movilización tendrá un carácter pacífico.