Campesinos del Páramo del Almorzadero denunciaron presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional frente a los acuerdos firmados tras las movilizaciones realizadas en octubre de 2024 y advirtieron que podrían convocar un nuevo paro si no reciben respuestas concretas.A través de un video difundido en las últimas horas, líderes de la comunidad aseguraron que, pese a múltiples reuniones con representantes del Gobierno, aún no se ha materializado ninguno de los compromisos pactados durante las protestas que se desarrollaron el 21 de octubre de ese año.Cristian Vargas, líder campesino de la región, explicó que las movilizaciones surgieron por el desacuerdo de las comunidades frente al proceso de delimitación del páramo, el cual calificó como “arbitrario”.“Nosotros, como campesinos del Almorzadero, hicimos un paro en octubre del 2024, del cual quedaron firmados unos acuerdos con el Gobierno Nacional a fin de que tuviéramos una protección para el páramo”, manifestó.Según indicó, entre los compromisos adquiridos por el Ejecutivo estaban la creación de una reserva temporal, la titulación de tierras para los campesinos de la zona y la devolución de la frontera agrícola, además de otros puntos relacionados con la protección ambiental y la permanencia de las familias en el territorio.Sin embargo, Vargas aseguró que, casi dos años después de las protestas, no se ha avanzado en ninguno de los acuerdos.“Al día de hoy no nos han cumplido ni con una coma de los acuerdos del paro. Absolutamente el Gobierno nacional nos escuchó, nos ha atendido, hemos tenido muchas reuniones, pero no nos han cumplido”, afirmó.El líder campesino también expresó preocupación por los alcances de la delimitación del páramo, señalando que las comunidades temen que se incluyan dentro del área protegida extensas zonas productivas donde actualmente habitan y trabajan miles de familias.“El Almorzadero es un territorio bastante amplio, con una zona productiva de más de 100.000 hectáreas y un páramo que no cubre más de 30.000 hectáreas. Quieren meter dentro de la zona de páramo toda la zona productiva”, explicó.De acuerdo con Vargas, la aplicación de la Ley 1930 restringiría actividades agropecuarias y ganaderas en estas áreas, lo que, según advierten los campesinos, pondría en riesgo el sustento de más de 10.000 familias.“Nos dejan en la calle porque nos quitan el derecho a producir en nuestras tierras”, sostuvo el vocero.Las comunidades del Almorzadero solicitaron al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Ambiente un pronunciamiento claro y por escrito sobre el estado de los acuerdos firmados tras el paro.Asimismo, señalaron que esperan respuestas durante la visita prevista del mandatario este viernes al municipio de Málaga, y advirtieron que, de no haber avances, podrían retomar las movilizaciones y las vías de hecho.
En medio de la controversia por la nueva delimitación del páramo de Santurbán, la bióloga y exdirectora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, lanzó una dura crítica al Gobierno nacional, señalando que se ha incumplido la promesa de realizar un proceso técnico y concertado con las comunidades, tal como lo había ordenado la Corte Constitucional."Es muy evidente que la promesa de campaña del gobierno actual, que garantizaba que no se iba a hacer minería en el área de Soto Norte, se está cumpliendo con o sin razón", afirmó Baptiste. Según la experta, la decisión de desconocer el proceso de concertación previo con las comunidades, que estaba próximo a consolidarse, representa un grave retroceso.Para Baptiste, el Ministerio de Ambiente optó por invalidar ese trabajo previo simplemente porque no cumplía con las expectativas de la actual titular de la cartera, lo que generó una ruptura con las comunidades mineras tradicionales como Vetas."Ese municipio, que es minero por excelencia, tiene toda la razón en estar muy disgustado. Se han incumplido los acuerdos", advirtió.La bióloga también cuestionó que el debate sobre la protección del agua se haya centrado exclusivamente en la delimitación del páramo, sin considerar herramientas adicionales como la evaluación de impacto ambiental o los planes de ordenación y manejo de cuenca."No hay manera de estirar el límite del páramo para excluir completamente la minería a gran escala", precisó, insistiendo en que el Instituto Humboldt ya había propuesto un límite técnico hace casi una década.Según Baptiste, volver al punto de partida no solo dilata la protección efectiva del ecosistema, sino que lanza al limbo el ordenamiento territorial de la cuenca, afectando la seguridad jurídica de las comunidades. Además, reiteró que los argumentos esgrimidos por el Gobierno para reiniciar el proceso "no han sido en absoluto técnicos".La polémica por Santurbán sigue generando tensiones entre ambientalistas, comunidades mineras y autoridades nacionales, en un momento clave para la protección de los ecosistemas estratégicos del país.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Carlos Eduardo Correa, exministro de Ambiente del gobierno de Iván Duque. La denuncia señala presuntas irregularidades en la firma del Acuerdo del municipio de Vetas para la delimitación del páramo de Santurbán, suscrito entre 2021 y 2022, y acusa al exministro de los delitos de prevaricato por acción y fraude a resolución judicial.Según el comité, dicho acuerdo permitió la sustracción de más de 800 hectáreas del área protegida del páramo con el fin de viabilizar 16 títulos mineros para la explotación de oro.“De estos, 12 estarían en manos de multinacionales o personas que no habitan en la región, lo que contraviene la Ley 1930 de 2018 y fallos previos de la Corte Constitucional que protegen los ecosistemas de páramo”, dice el comunicado.Desde hace más de una década, el comité ha manifestado y advertido que la delimitación del páramo presenta “falencias técnicas graves”, al basarse únicamente en la altitud y la vegetación superficial, sin considerar adecuadamente la importancia de las aguas subterráneas y los bosques altoandinos en la regulación hídrica.El comunicado también hace un llamado a la actual ministra de Ambiente, Lena Estrada, y al presidente Gustavo Petro para que se realicen estudios hidrológicos e hidrogeológicos rigurosos, con base científica y sin intereses mineros, que garanticen la protección real de Santurbán y sus fuentes hídricas.Finalmente, el Comité reiteró su rechazo al proyecto minero Soto Norte, liderado por la empresa Minesa - Aris Mining, al que acusan de representar una grave amenaza para el ecosistema.
Un fuerte reclamo hizo la alcaldesa del municipio de Vetas, Santander, Angélica García, al Ministerio de Ambiente, al que le pide respetar los acuerdos de delimitación del páramo de Santurbán a los que llegaron comunidades y autoridades con esa cartera en 2022.De acuerdo con la mandataria, luego de haber quedado en un acta de conciliación pactada la línea de protección de Santurbán en ese municipio desde hace tres años, durante una audiencia que se realizó el pasado 2 de julio de 2025 de seguimiento de la delimitación, el Ministerio de Ambiente cambió las condiciones.García explicó que entre 2021 y 2022, como parte del proceso de delimitación ordenado por la Corte Constitucional, el municipio de Vetas alcanzó acuerdos de concertación sobre seis puntos clave, entre ellos el trazado de la línea del páramo. Esa línea, según indicó, fue definida con base en criterios técnicos, científicos, sociales, económicos y culturales, e incluso fue validada mediante visitas de campo.Sin embargo, durante la audiencia de seguimiento presidida por la magistrada Luisa Fernanda Flórez, el apoderado del Ministerio de Ambiente inicialmente ratificó los acuerdos con Vetas y reconoció al municipio como concertado. Pero, tras un breve receso y luego de publicaciones en redes sociales por parte de miembros del Comité del Agua, el Ministerio retiró al apoderado y cambió su postura.“De manera abrupta, le retiraron el poder al abogado que participaba en la audiencia y lo reemplazaron por otra abogada, quien desconoció los acuerdos previamente alcanzados con Vetas”, denunció la alcaldesa.Para la mandataria, este cambio representa una seria amenaza a la seguridad jurídica del proceso. “Se firmaron acuerdos con la mediación del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, lo cual hace que estos sean legalmente exigibles. El Ministerio no puede cambiar su opinión así, de un momento a otro, dejando en el limbo a nuestra comunidad”, señaló.Uno de los puntos pactados en 2022 fue la exclusión del casco urbano de Vetas y de toda la franja minera de la zona delimitada como páramo, ya que, según estudios y visitas técnicas, se trata en su mayoría de bosque andino y no ecosistema de páramo. Además, el municipio hizo ajustes a la línea propuesta en otros sectores para garantizar una mayor conservación ambiental, e incluso se corrigieron errores cartográficos presentes en la resolución 2090. Como parte de esos acuerdos, también una empresa minera entregó 250 hectáreas destinadas a la conservación del ecosistema.“La comunidad hoy siente temor, porque no hay certeza de que lo que se acuerda con el Ministerio se vaya a respetar. Esto genera una profunda inseguridad jurídica que afecta a todo el municipio”, advirtió la alcaldesa, quien insistió en que el Gobierno Nacional debe actuar con responsabilidad, transparencia y respeto hacia los procesos participativos y concertados.
En medio de la audiencia de verificación convocada este jueves por el Tribunal Administrativo de Santander, el Ministerio de Ambiente respaldó la delimitación del páramo de Santurbán, la cual contempla liberar 835 hectáreas para destinarlas a proyectos agrícolas y mineros. La decisión, avalada parcialmente por la cartera ambiental, desató una fuerte polémica entre organizaciones sociales y ambientalistas que llevan años defendiendo este ecosistema estratégico.Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, expresó su rechazo a la posición del Ministerio, señalando que se mantiene el acuerdo suscrito en 2021 en Vetas (Santander) durante el gobierno de Iván Duque, que permitiría proyectos mineros en 12 títulos de empresas foráneas y multinacionales.“Denunciamos que el Ministerio de Ambiente avaló el acuerdo que plantea la liberación de 835 hectáreas consideradas páramo para destinarlas a proyectos mineros. Esto claramente es una afrenta a la lucha que por más de 16 años hemos dado en defensa del agua y el páramo de Santurbán. Es un llamado al presidente Petro para que ordene a su ministra respetar el mandato de Santander, cumplir la promesa de defender el agua y el páramo, y hacer los estudios hidrológicos e hidrogeológicos necesarios para proteger el agua de más de 2 millones de personas del nororiente colombiano”, dijo López.Por su parte, la ministra de Ambiente, Lena Estrada, aclaró que el compromiso de la actual administración sigue siendo la protección del ecosistema de páramo y del recurso hídrico.“Mi compromiso como Ministra de Ambiente es garantizar la protección de nuestros páramos, del agua y de la vida. Estas son prioridades de la cartera y del gobierno del cambio. Respecto a los acuerdos suscritos en 2021 y 2022, nuestra posición es y ha sido la misma: reconocemos los acuerdos 2, 3, 4, 5 y 6, y de manera parcial el acuerdo 1”, explicó Estrada.La funcionaria reiteró que este proceso se realiza en cumplimiento de la sentencia T-361 de 2017, que exige mayor protección al páramo con participación comunitaria y respeto por las actividades económicas tradicionales de las comunidades que históricamente habitan la zona.“Invito a todos los actores sociales e institucionales a la calma y la sensatez. Tenemos que estar a la altura de la decisión que está en juego. Desde el Ministerio estamos del lado de la protección del páramo, del agua y de la vida”, concluyó la ministra.La audiencia continuará con seguimiento por parte del Tribunal Administrativo de Santander, mientras persisten las voces divididas entre el Gobierno y los defensores del páramo, quienes exigen protección de este ecosistema esencial para el abastecimiento de agua en el nororiente colombiano.
Una reunión que debía servir como escenario de concertación sobre la delimitación del Páramo de Santurbán entre comunidades de Vetas, Santander, y la ministra de Ambiente, Lena Estrada, se convirtió en una jornada de reclamos por parte de los habitantes, que denunciaron desconocimiento institucional, falta de voluntad política y reiterados incumplimientos por parte del Gobierno Nacional.La molestia se expresó con fuerza en el coliseo municipal, donde más de mil vetanos exigieron que se respeten los acuerdos alcanzados en los espacios de concertación establecidos tras la Sentencia T-361 de 2017, que ordenó delimitar el páramo con participación de las comunidades. Según los líderes locales, el concepto presentado por el Ministerio de Ambiente no representa lo pactado en años de trabajo conjunto, y se percibe como una imposición desconectada de la realidad del territorio.“Es evidente que la ministra Lena Estrada llegó a cumplir una orden y a leer un concepto que ni ella ni su equipo prepararon. Demostró desconocimiento del proceso y hasta tuvo que suspender la reunión por media hora para ajustar su presentación”, afirmó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y de la Fundación Dignidad Minera.Durante el encuentro, en el que participaron representantes de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, autoridades ambientales y locales, los asistentes recordaron que la comunidad ha participado en más de 30 reuniones de concertación en los últimos años. González denunció que mientras la delimitación del páramo acumula más de 2.600 días de retraso, la Zona de Reserva Temporal, rechazada por las comunidades, fue tramitada en solo 97 días.“No podemos aceptar una figura inconsulta, inconstitucional e ilegal que nos condena a la ilegalidad y destruye una vocación minera de más de 400 años. A la ministra le pedimos que no siga deslegitimando los espacios de concertación en los que participamos con argumentos técnicos y jurídicos”, reiteró la líder.Además del rechazo a los planteamientos del Ministerio, los habitantes de Vetas expresaron su inconformidad con lo que consideran una postura parcializada de la ministra. Según González, “el Ministerio ha emitido comunicados en respaldo a organizaciones externas al municipio por supuestas estigmatizaciones, mientras que se ignoran las denuncias de la comunidad minera sobre señalamientos injustos”, dijo.“El trato desigual, la improvisación y el sesgo político son evidentes. La ministra ha perdido legitimidad para liderar este proceso y por eso le pedimos públicamente que se declare impedida”, señaló.Los vetanos advirtieron, además, que los cambios reiterados en el cronograma de delimitación, ahora postergado hasta el próximo año, son una burla al mandato judicial y a las comunidades. “Ya no hay excusa de falta de recursos, pues la misma ministra reconoció que hay $7.000 millones disponibles. Pero ahora dice que tampoco será en agosto. El incumplimiento sistemático demuestra que no hay voluntad. La Corte Constitucional y el Tribunal de Santander deben intervenir con urgencia”, concluyó González.A través de su cuenta en X, la ministra de Ambiente, Lena Estrada, dijo que “la protección del Páramo de Santurbán es un compromiso innegociable del Gobierno del Cambio”.
Una fuerte advertencia lanzaron la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo al Ministerio de Ambiente, por presuntas irregularidades en la expedición de la Resolución 0221 de 2025, mediante la cual se declaró una zona de reserva de recursos naturales en el macizo de Santurbán.Ambas entidades de control solicitaron al Tribunal Administrativo de Santander suspender de manera inmediata los efectos de dicha resolución, al considerar que el proceso de delimitación ambiental habría estado plagado de omisiones que podrían afectar a más de 35 mil personas en siete municipios del departamento: Vetas, California, Suratá, Charta, Tona, Matanza y Bucaramanga.De acuerdo con el informe entregado al tribunal, se habrían excluido más de mil observaciones presentadas por las comunidades, lo que implicaría una posible violación al derecho fundamental a la participación ambiental, protegido por el Acuerdo de Escazú y reafirmado por la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional. "Falta de participación ciudadana y errores técnicos fueron hallados", dice el informe. “La resolución fue expedida sin una consulta efectiva, sin información clara y sin escuchar a las comunidades. Esta imposición vulnera nuestros derechos y pone en riesgo la supervivencia de las familias que por generaciones han vivido de la minería en Soto Norte”, denunció Ivonne González, presidenta de Asomineros.Tanto la Procuraduría como la Defensoría cuestionaron que la resolución fuera firmada por la exministra Susana Muhamad en su último día de gestión, a pesar de que estaba recusada por posibles conflictos de interés. Además, el acto administrativo contiene errores sustanciales en la delimitación del área protegida, que abarcaría 75 mil hectáreas, y fue tramitado en tan solo 97 días.Los entes de control contrastaron esta rapidez con la demora de más de siete años en cumplir la orden de la Corte Constitucional para delimitar el páramo de Santurbán. De las siete mesas de concertación prometidas con las comunidades, solo una ha sido realizada, lo que ha generado desconfianza institucional, protestas sociales y un creciente malestar ciudadano.El informe no solo pone en duda la validez legal de la resolución, sino que también sugiere la posibilidad de imponer sanciones por desacato contra la exministra Muhamad, debido al incumplimiento reiterado del mandato constitucional.A pesar de la solicitud de la Procuraduría y la Defensoría, el Ministerio de Ambiente sigue realizando reuniones con ambientalistas de Santander para aplicar la resolución que creó la zona de reserva temporal en Santurbán. "Frente a la resolución de la Zona de Reserva Temporal en Santurbán, que proteja los derechos de sus habitantes y el agua que es vital para el cuidado de nuestros páramos", dice Minambiente Las comunidades afectadas han manifestado su rechazo a lo que califican como una decisión impuesta, antitécnica y sin respaldo social, que podría llevarlas a la pobreza o al desplazamiento forzado.La solicitud de suspensión busca detener los efectos de la resolución mientras se reinicia el procedimiento con garantías reales de participación ciudadana. La decisión ahora queda en manos del Tribunal Administrativo de Santander, que deberá evaluar los argumentos presentados y definir si detiene el avance de una resolución que, según los entes de control, nació sin legitimidad ni sustento jurídico.
En un pronunciamiento oficial emitido a través de su cuenta en la red social X, la Defensoría del Pueblo expresó su rechazo a las amenazas y estigmatización sufridas por comunidades mineras, campesinas, sociales y ambientales de la provincia de Soto Norte, en el departamento de Santander. La declaración se produjo luego de una reunión sostenida con representantes de 23 organizaciones sociales, comunales y de pequeños mineros de los municipios de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta, Tona y Bucaramanga.“Reiteramos nuestro rechazo a la estigmatización y ratificamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de manera imparcial, promoviendo el liderazgo social y los espacios de diálogo”, afirmó la Defensoría, tras escuchar las denuncias contenidas en una carta abierta que las comunidades dirigieron a la opinión pública y a la entidad.La misiva colectiva que está firmada por organizaciones que representan a más de 1.500 habitantes de la región, cuestionó los discursos de algunos grupos activistas que, según sus palabras, han estigmatizado a sus comunidades y líderes, acusándolos falsamente de representar una amenaza para el ambiente, sin tener en cuenta el arraigo y la tradición de la minería legal y responsable en la zona.Durante la reunión, la Defensoría reconoció que “escuchamos el llamado sobre los pronunciamientos en relación con notas sobre estigmatización” y señaló que, tras el encuentro con lideresas, líderes campesinos y mineros, se logró “ampliar la comprensión sobre sus tradiciones y expectativas respecto a su territorio”.En ese contexto, se acordó trabajar conjuntamente con las personerías municipales de Soto Norte para desescalar la conflictividad social entre actores mineros, campesinos y ambientalistas, a través del diálogo y el respeto mutuo.“Este es un mensaje esperanzador para nuestros pueblos”, manifestó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, quien celebró la disposición de la Defensoría de escuchar y reconocer la legitimidad de su vocación minera. “Por años hemos sido injustamente señalados y excluidos solo por ejercer una vocación que ha existido en nuestros territorios desde hace más de cuatro siglos”.Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte, también destacó el ambiente conciliador de la reunión: “Se lograron acuerdos de trabajo y acciones concretas para frenar el ambiente de señalamientos, y abrir caminos de diálogo con quienes, amparados en discursos activistas, han generado fracturas en la convivencia del territorio”.Las comunidades denunciaron que desde hace más de 15 años han sido víctimas de persecución, exclusión y campañas de desinformación, e informaron que en los próximos días viajarán a Bogotá para presentar en la sede central de la Defensoría pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales sobre las campañas sistemáticas de estigmatización que han padecido.“Somos nosotros quienes vivimos y cuidamos estos territorios. Trabajamos por una minería legal, formal y sostenible. No aceptamos que se nos siga presentando como enemigos del agua o del ambiente, cuando la realidad es que también protegemos nuestros ecosistemas y buscamos convivir en paz con todas las actividades del territorio”, agregó González.Carta Asomineros:
Islandia es mundialmente famosa por sus paisajes nórdicos, donde las aguas glaciares se iluminan bajo un cielo azul radiante. Sin embargo, Colombia también alberga escenarios únicos en el mundo que evocan esta misma majestuosidad natural.En el corazón del departamento de Santander, se esconde un tesoro natural que evoca paisajes de tierras lejanas. Se trata de las Lagunas Negras, un conjunto de lagunas de origen glaciar ubicadas en el Páramo de Santurbán. A tan solo 2 horas en carro desde Bucaramanga, este mágico lugar espera a los aventureros con su naturaleza exuberante y vistas increíbles.Aunque su nombre sugiere un único cuerpo de agua, Lagunas Negras se refiere a un complejo de varias lagunas que comparten características distintivas. Sus aguas oscuras, que les dan nombre, son producto de la alta concentración de materia orgánica en descomposición y, posiblemente, la profundidad de algunas de ellas. ¿Cómo llegar a Lagunas Negras desde Bucaramanga?Si el viaje lo hace desde carro salga desde Bucaramanga y tome la vía que conduce a Vetas. En un recorrido de 110 km a unas dos horas, llegará al lugar donde iniciará la caminata hacia las Lagunas Negras. La caminata es de dificultad media y ofrece paisajes impresionantes del páramo.Una de las rutas se ubica en los límites de las veredas Duce y Monguí, a 7 kilómetros por una vía carreteable, llegando a la laguna negra, que mide 730 metros de largo por 80 metros de ancho y se encuentra a una altitud de 3.420 metros sobre el nivel del mar.Estas lagunas se formaron por la acción de antiguos glaciares que tallaron la roca, dejando depresiones donde se acumuló el agua de deshielo y las precipitaciones.Ubicadas a una altitud considerable, generalmente por encima de los 3.300 metros sobre el nivel del mar, las Lagunas Negras gozan de un clima frío y la presencia de la vegetación típica del páramo, como los emblemáticos frailejones. Como parte del Páramo de Santurbán, estas lagunas son ecosistemas estratégicos para la regulación hídrica, almacenando agua que alimenta ríos y quebradas de la región. Además, albergan una biodiversidad particular adaptada a las condiciones extremas del páramo.¿Qué hacer en las Lagunas Negras en Santander?La belleza paisajística de las Lagunas Negras es innegable. Rodeadas de la vegetación característica del páramo y con sus aguas oscuras reflejando el cielo, ofrecen paisajes de gran belleza escénica, convirtiéndolas en un atractivo creciente para el ecoturismo.El acceso a las lagunas generalmente requiere una caminata por senderos de páramo, lo que implica un esfuerzo físico debido a la altitud y las condiciones del terreno. Se recomienda encarecidamente ir con guías locales para una experiencia segura y enriquecedora. Durante la caminata, que puede ascender hasta casi 4.000 metros de altura, se pueden divisar las hermosas Lagunas Negras. Existen varias rutas para ascender, algunas con terrenos rocosos. Se recomienda llevar zapatos adecuados ("botas pantaneras") debido al terreno pantanoso y frío alrededor de la laguna. Para disfrutar plenamente de esta experiencia, se recomienda llevar vestimenta térmica, chaqueta rompe vientos, impermeable, botas pantaneras, medicina para el dolor de cabeza, suero, agua, alimentos y ropa de cambio.
El Tribunal Administrativo de Santander abrió un incidente de desacato contra la nueva ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Yanina Estrada Añokazi, por los incumplimientos relacionados con la delimitación del Páramo de Santurbán, proceso ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361 de 2017.Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas (Asomineros), cuestionó la gestión de la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, frente al proceso de delimitación del páramo de Santurbán: “Se evidenció el afán de la exministra por dejar una delimitación hecha, era una orden con un plazo de un año y han pasado ocho sin que se nos escuche, a la doctora Susana no le interesó la verdadera delimitación del páramo, firmó una reserva un día antes de dejar el cargo, sin argumentos técnicos ni jurídicos sólidos, y ahora, lamentablemente, la doctora Lena debe asumir esa responsabilidad”, expresó González.Aunque reconoció que con la nueva ministra, Lena Estrada Añokazi, el diálogo ha sido más abierto y fluido, González insistió en la necesidad de que se cumplan los fallos judiciales. “Es hora de que los mineros no solo seamos escuchados, sino que también podamos trabajar sin sentirnos perseguidos por ejercer nuestra labor”, puntualizó.Entre las fallas destacadas se encuentra el incumplimiento del cronograma oficial del proceso de delimitación, donde la Corte Constitucional exigió realizar mesas de trabajo con las partes afectadas sin embargo fueron realizadas solo 6 de las 31 mesas de trabajo previstas con las comunidades, así mismo dentro de las faltas la Corte evidenció la no priorización de recursos para cumplir con las órdenes judiciales.El Tribunal requirió a la actual ministra para que, en un plazo de cinco (5) días, justifique las razones del incumplimiento o, en su defecto, cumpla integralmente con lo ordenado por la Corte Constitucional.La providencia también establece que la funcionaria deberá firmar personalmente sus respuestas, indicar los canales digitales habilitados para notificaciones y suministrar su número de cédula para efectos de identificación legal.El incumplimiento de esta sentencia, advirtió el Tribunal, implica desconocer su carácter vinculante y coercitivo, lo que podría derivar en sanciones personales. En efecto, de persistir el desacato, la ministra Estrada podría enfrentar sanciones económicas que recaerían directamente sobre su patrimonio, conforme al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.Este nuevo capítulo en el largo proceso por la protección del Páramo de Santurbán pone nuevamente en el centro del debate la obligación del Estado de garantizar la conservación de ecosistemas estratégicos, así como de cumplir con las órdenes judiciales que protegen los derechos fundamentales de las comunidades involucradas.
El ministro de Justicia, Jorge Cuervo, confirmó que este jueves habrá una reunión con la Fiscal General y el Alto Comisionado para la Paz para solucionar las diferencias sobre las conversaciones con grupos ilegales y el traslado a las zonas de concentración.Este anuncio se dio durante el consejo de ministros que avanza en Casa de Nariño y que se realiza luego de una reunión entre el presidente Petro con el comisionado de Paz y otros negociadores involucrados en este tema, en la que se autorizó el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal, definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados.También definieron que en esta primera fase no harán presencia personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes; sin embargo, se deja claro que esto estará sujeto a una evaluación posterior por parte del mandatario.Cabe mencionar que con esta decisión se dejaría por fuera de la resolución del Clan del Golfo, que incluye a 29 miembros de esta organización criminal, a su máximo líder, alias chiquito malo, pedido en extradición en EEUU, y a otras 12 personas que figuraban en la lista y que también son extraditables.El presidente Petro señaló que esta es una discusión abierta con el gobierno de Estados Unidos. “Le pregunté a una persona que goza de representación diplomática de ese gobierno en colombia, si desmantelar una economía ilícita en un territorio concreto era mejor que extraditar al responsable de tráfico en ese territorio. Me dijo inmediatamente: la extradición, yo creo que es el desmantelamiento. Esa discusión está abierta en la relación con EEUU. Ya se hizo en el Gobierno de Santos a cambio de la desmovilización de 16.000 combatientes”
La FIFA anunció en la madrugada del jueves que la colombiana estará el primer show de medio tiempo en la final del mundial de la FIFA.Los espectáculos en eventos deportivos son una tradición en Estados Unidos. Los shows de medio tiempo del Super Bowl, con artistas como Bad Bunny, Kendrick Lamar y Rihanna, suelen superar los 100 millones de televidentes solo en ese país.La final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Se espera que el partido sea uno de los eventos deportivos con mayor audiencia global superando ampliamente los 500 millones de espectadores en vivo.Shakira tiene un vínculo especial con los mundiales. Este mes lanzó "Dai Dai", la canción oficial del torneo, junto al artista de afrobeats Burna Boy.Además, la cantante colombiana participó en la ceremonia inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010 y en 2020 encabezó junto a Jennifer Lopez el show de medio tiempo del Super Bowl LIV, recordó la FIFA en un comunicado.Los artistas fueron seleccionados por Chris Martin, vocalista de Coldplay, y la producción estará a cargo de Global Citizen, organización dedicada a conciertos de gran escala para promover causas sociales como la lucha contra el hambre y la pobreza, indicó el organismo del fútbol mundial.La FIFA y Global Citizen ya hicieron una prueba en el mismo estadio durante la final del Mundial de Clubes. En esa ocasión se presentaron Doja Cat, Tems y J Balvin en un escenario instalado en las tribunas.El mundial arranca el próximo mes de junio en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.La FIFA también anunció este mes los artistas de las ceremonias inaugurales de los países anfitriones. En Estados Unidos, antes del partido del 12 de junio en el SoFi Stadium, se presentarán Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla.
El sorteo 2.656 de Baloto y Revancha, realizado este miércoles, 13 de mayo de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo programado el sábado, 16 de mayo.Resultados Baloto: números ganadores del 13 de mayo de 2026Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores: y la superbalota Resultados Revancha: números ganadores del 13 de mayo de 2026En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: 5 y la superbalota Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.El próximo sorteo se realizará el sábado, 16 de mayo de 2026, donde los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.
El portero uruguayo Mauro Silveira le atajó un penalti al veterano goleador Dayro Moreno al minuto 103 y le dio este miércoles la clasificación a las semifinales de la liga al Junior, que igualó 2-2 en casa con Once Caldas en el partido de vuelta de los cuartos de final.Por los barranquilleros anotaron el central uruguayo Lucas Monzón y el extremo Cristian Barrios, mientras que los goles visitantes fueron obra del atacante Luis Felipe Gómez y del propio Monzón, que anotó en propia puerta.Junior, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, se llevó la serie con un 3-2 en el marcador global y se medirá en la siguiente fase al Independiente Santa Fe, que dejó en el camino al América de Cali.Sin embargo, el local sufrió porque arrancó perdiendo en casa al minuto 15 cuando el atacante Luis Felipe Gómez, de larga distancia, sacó un zapatazo imposible de atajar para el uruguayo Mauro Silveira.Los anfitriones igualaron al 41 cuando el uruguayo Monzón recibió de pecho en el área y sin dejar caer el balón sacó un remate potente que no pudo atajar Joan Parra.En el segundo tiempo, los visitantes siguieron atacando, estuvieron muy cerca de retomar la ventaja, pero el Junior consiguió el 2-1 en una muy buena jugada en la que Barrios anticipó a un defensor rival en el área y con un toque mandó el balón al fondo.El partido parecía definido, pero en una jugada fortuita Monzón mandó el balón a su propia portería al 85. El Once Caldas se volcó al ataque y el central uruguayo, gran protagonista del partido, derribó en el área a Dayro al 95.Tras varios minutos de revisión -con la expulsión incluida del centrocampista del Junior Jesús Rivas- el atacante visitante se encargó de cobrar y Silveira, al 103, atajó y celebró a rabiar la clasificación.El rival de Junior será el Independiente Santa Fe, que selló su clasificación al golear 4-0 al América de Cali para un global de 5-1, con una actuación sobresaliente del veterano goleador Hugo Rodallega, quien anotó un triplete.Junior vs. Once Caldas EN VIVOReviva la transmisión del equipo deportivo de Blu Radio con expertos analizando todos los detalles de este encuentro por el campeonato local.
El candidato Iván Cepeda insistió que si bien rechaza cualquier presión de ilegales en las elecciones, no considera pertinente decir que el próximo presidente del país llegará a la Casa de Nariño por decisión de un grupo al margen de la Ley.Desde el Congreso, el senador lamentó que se sigan presentando intimidaciones ilegales a votantes o amenazas a movimientos políticos sin importar la ideología.“Señalé que los grupos armados no pueden presionar a la población, no deben influir de ninguna manera en el proceso electoral, y que, por lo tanto, yo rechazo cualquier clase de presión (...) Ahora, dicho eso, todas las campañas, incluyendo la mía y también en mi caso personal, hemos afrontado amenazas, dificultades como las que se han afrontado en Colombia durante décadas, porque hay que recordar que en Colombia todavía no llegamos, lamentablemente, a poner punto final a décadas de conflicto armado”, aseguró Cepeda.Sin embargo, en esa línea, el candidato del Pacto Histórico manifestó que no comparte la hipótesis de que dichas presiones definirán sí o sí el ganador de las elecciones, pues este necesita una cifra superior a los 11 o 12 millones de votos. Cepeda insistió en que no está justificando ninguna presión de armados.“Pensar que hay 12 millones de personas en Colombia que van a votar porque hay un grupo armado apuntándoles a la nuca, creo que es un despropósito. (...) Hay personas y hay comunidades que sí, efectivamente, están en esa situación de riesgo, lo ha dicho claramente la señora defensora del pueblo con un informe detallado. Pero de ahí a extrapolar la situación y decir que en Colombia quien gane las elecciones lo va a hacer por obra de que tal o cual grupo presiona a su electorado, es un despropósito”, reiteró Cepeda.Estas declaraciones llegan el mismo día en que el expresidente Álvaro Uribe denunció constreñimiento electoral a favor de Iván Cepeda en el sur del Cauca, donde las presiones las estaría cometiendo el ELN y la columna Jaime Patiño de las disidencias de las Farc, y en el norte estaría siendo ejercida por las columnas Jaime Martinez y Dagoberto Ramos de las disidencias.Ante esto, Cepeda descalificó las cifras presentadas por Uribe en esa declaración asegurando que eran mentira.“Él dice que hay 54 % de los votantes del Pacto Histórico que están votando bajo la influencia de grupos armados. Yo quisiera ver cómo él sustenta semejante acusación contra 1 millón de personas, porque en las pasadas elecciones votaron por nosotros más de 4 millones de personas. Uribe está acusando, como lo hizo en su gobierno, a personas civiles de ser prácticamente instrumentos del terrorismo”, alertó Cepeda.