La ratificación de los acuerdos sobre la delimitación del páramo de Santurbán generó una reacción de celebración entre los líderes sociales, el sector minero y las autoridades de Vetas, Santander. Tras más de cuatro años de incertidumbre, el Ministerio de Ambiente reconoció los compromisos alcanzados con las comunidades en 2021 y 2022 y confirmó que se mantiene la línea de delimitación concertada durante ese proceso.El anuncio se conoció durante una jornada realizada en Vetas, en cumplimiento de una orden del Tribunal Administrativo de Santander. Allí, el Gobierno Nacional manifestó que reconoce los componentes de las tres actas de mediación y sus anexos, incluida la línea de páramo acordada con el municipio, cuya discusión no será reabierta.Para Ivonne González, presidenta de Asomineros y vocera de Dignidad Minera, la decisión representa el reconocimiento de un trabajo técnico, jurídico y social que, según indicó, las comunidades habían defendido durante años.“Hoy es un día histórico porque aunque hace 4 años estábamos celebrando porque sabíamos que habíamos hecho un trabajo perfecto, pero con ideología y politiquería quisieron dañar este trabajo. Hoy hemos probado técnica, jurídica y socialmente, que los acuerdos estaban bien”, expresó.La dirigente también agradeció al actual Gobierno por revisar los documentos y estudios presentados por las comunidades y ratificar los compromisos. Además, anunció que próximamente comenzarán mesas de trabajo para avanzar en su implementación.“Santurbán en Vetas va tener su mejor protección con nosotros, las comunidades que vivimos aquí y lo hemos protegido desde siempre. Hoy Vetas celebra lleno de alegría, porque el pueblo siempre triunfa, y la voz del pueblo es la voz de Dios”, manifestó González.Por su parte, la alcaldesa Angélica García aseguró que la ratificación representa un triunfo para el municipio, sus habitantes y el sector minero de la provincia de Soto Norte, luego de varios años de espera por una definición del Gobierno Nacional.“El municipio de Vetas está muy feliz porque después de 4 años de sufrir el olvido del Gobierno Nacional, hoy el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella llega aquí a ratificar los acuerdos firmados por la comunidad y el Ministerio de Ambiente en 2021 y 2022, manifiesta que no tiene reparo alguno. Esto es un gran triunfo para el municipio, la comunidad, y el sector minero de todo Soto Norte”, señaló la mandataria.El proceso de concertación con Vetas se desarrolló entre 2020 y 2022 e incluyó más de 29 reuniones, nueve mesas de concertación y aportes técnicos y jurídicos de las comunidades. También contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otros organismos de control.Los acuerdos abordaron los seis temas ineludibles establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017, que ordenó adelantar una nueva delimitación participativa del páramo de Santurbán.Con la decisión anunciada por el Ministerio de Ambiente, las comunidades de Vetas esperan avanzar ahora en la implementación de los compromisos, con participación de las autoridades locales y los diferentes sectores del municipio.
La delimitación del páramo de Santurbán sigue siendo un tema clave para las comunidades de Santander, especialmente para los habitantes de Vetas, quienes han pedido que se respeten los acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional. Este lunes 9 de noviembre, el Ministerio de Ambiente confirmó que cumplirá lo pactado con el municipio durante las mesas de diálogo de 2021 y 2022.Uno de los principales compromisos es mantener la línea de delimitación que fue acordada con Vetas. Esto significa que el trazado no volverá a discutirse ni será sometido a una nueva negociación. Además, los acuerdos deberán quedar incluidos en la resolución con la que se definirá la delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.Los compromisos no se limitan a definir hasta dónde llega el páramo. También buscan que las familias que dependen de la agricultura y la minería puedan contar con alternativas para desarrollar sus actividades sin dejar de lado la protección del medioambiente.Entre los puntos acordados están la revisión de los terrenos para identificar qué familias necesitan apoyo para cambiar sus actividades productivas, el control de las actividades mineras, la protección de las fuentes de agua y la participación de la comunidad en las decisiones ambientales.Otro de los compromisos establece que la industria minera de Vetas destinará al menos 200 hectáreas para recuperar y proteger zonas ambientales. También se plantearon opciones de financiación, como la creación de un fondo mixto y los pagos por servicios ambientales.Tras la reunión de este 9 de noviembre, el Ministerio de Ambiente anunció que tendrá cinco días hábiles para entregar y publicar el acta del encuentro, junto con los documentos de soporte y la ruta de trabajo. Esta información también deberá ser presentada ante el Tribunal Administrativo de Santander.Además, se estableció un plazo de 60 días hábiles para avanzar en los asuntos técnicos y en la puesta en marcha de los compromisos que todavía están pendientes.Esto no significa que la resolución definitiva de delimitación estará lista en esos 60 días. El proceso debe continuar con las reuniones y acuerdos con los demás municipios que hacen parte del complejo de páramos.Con esta decisión, los habitantes de Vetas buscan tener garantías de que lo acordado con el Gobierno no se quede solamente en compromisos escritos y que se cumplan las medidas relacionadas con la actividad económica de la población y la protección del páramo de Santurbán.
Una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional para buscar soluciones a la situación de los pequeños mineros tradicionales solicitó el alcalde de California, Santander, Danilo Valbuena Pabón, luego de los recientes operativos contra la explotación ilícita de oro realizados por el Ejército, la Fiscalía y la Policía Nacional en esta zona del departamento.A través de un pronunciamiento institucional, publicado el 29 de octubre, el mandatario expresó su preocupación por los procedimientos adelantados el pasado 27 de octubre y pidió que se prioricen alternativas para que las familias que históricamente han dependido de la minería puedan desarrollar esta actividad dentro de la legalidad.Aunque manifestó su respeto por las competencias de las autoridades y la importancia de proteger el medioambiente, Valbuena señaló que los procesos de formalización deben traducirse en acciones concretas y compromisos verificables por parte del Gobierno Nacional.El alcalde también defendió la tradición minera del municipio y pidió que la imagen de California no quede reducida a los operativos de control y a la problemática de la informalidad. Según indicó, detrás de esta actividad hay familias que buscan alternativas para mantener su sustento y avanzar hacia una minería sostenible.En ese sentido, aseguró que desde la administración municipal se han adelantado gestiones y espacios de concertación con diferentes entidades, pero advirtió que varios compromisos adquiridos en procesos anteriores todavía no se han materializado.Por esta razón, solicitó la convocatoria prioritaria de una Mesa Interinstitucional de Formalización Minera, en la que participen representantes del Gobierno Nacional, autoridades mineras y ambientales, asociaciones de mineros tradicionales y la Alcaldía de California.La propuesta busca establecer una ruta de trabajo con responsables, compromisos y plazos definidos para atender las dificultades que enfrenta el sector.El pronunciamiento se conoce luego de los ocho allanamientos realizados en las veredas La Baja, en California, y La Nueva, en Suratá, donde las autoridades incautaron explosivos, mercurio, cianuro, maquinaria, oro y más de 92 millones de pesos en efectivo, en una operación contra la minería ilegal.Finalmente, el mandatario invitó a los habitantes y representantes del sector minero a participar en las próximas reuniones y mesas de trabajo para discutir el futuro de esta actividad económica en el municipio.
¿A quién pertenecían los explosivos y las sustancias químicas halladas en la zona de Santurbán? Esa es una de las preguntas que deberán esclarecer las autoridades tras una operación contra la explotación ilícita de oro en los municipios de California y Suratá, en Santander.Durante los procedimientos fueron incautados materiales explosivos, sustancias químicas, maquinaria, oro y dinero en efectivo que, según las autoridades, presuntamente serían utilizados en actividades de minería ilegal.Entre los elementos decomisados se encuentran 700 metros de cordón detonante, 120 kilogramos de explosivos, 147 barras de Indugel y 62 detonadores eléctricos. También fueron encontrados 200 kilogramos de cianuro y 1.902 gramos de mercurio, sustancias empleadas en determinados procesos de extracción y beneficio del oro que pueden generar graves afectaciones ambientales si se manipulan o disponen de manera inadecuada.El balance de la operación incluye además 12 motores, taladros neumáticos, un equipo de oxicorte, una bala de oxígeno, grameras, 114 gramos de oro en joyas, 211 gramos de oro en amalgama, 54 libras de relaves mineros y más de $92,8 millones en efectivo.Por ahora, la información entregada por las autoridades no identifica a una persona, organización o estructura criminal como propietaria de todos los elementos encontrados. Tampoco precisa si hubo capturas durante los ocho allanamientos.La procedencia de los explosivos y las sustancias químicas, así como su posible relación con explotaciones auríferas ilegales en la zona, deberá establecerse dentro de las investigaciones correspondientes. El operativo también pone el foco sobre los riesgos ambientales asociados a la extracción ilegal de oro. El uso inadecuado de mercurio y cianuro puede contaminar suelos y fuentes hídricas, mientras que la utilización de explosivos puede alterar el terreno y afectar los ecosistemas.El páramo de Santurbán es un ecosistema estratégico para Santander por su importancia en la regulación hídrica y el abastecimiento de agua para numerosas comunidades. Por ello, las actividades mineras que se desarrollan en su área de influencia son objeto de controles ambientales y operativos.Con la incautación de estos materiales, el Ejército y las demás autoridades buscan limitar la capacidad operativa y financiera de quienes se benefician de la explotación ilícita de oro. La investigación deberá determinar la procedencia de los elementos, su destino y las posibles responsabilidades penales relacionadas con los hechos.La intervención se desarrolló en el marco del Plan Amazonía, una estrategia dirigida a combatir actividades ilícitas que afectan los recursos naturales. De acuerdo con el reporte militar, las economías ilegales relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros en esta zona estarían generando ingresos superiores a los $1.200 millones mensuales. Sin embargo, no se precisó qué estructura o responsables recibirían esos recursos ni cómo se calculó esa cifra.
Un total de 120 kilogramos de explosivos, 200 kilogramos de cianuro y cerca de dos kilogramos de mercurio fueron incautados durante una operación contra la minería ilegal en el área de influencia del páramo de Santurbán, en Santander.El operativo fue adelantado por tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 5, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y con la participación de la Fiscalía General de la Nación, en el marco del Plan Amazonía.De acuerdo con el reporte oficial, se realizaron ocho diligencias de registro y allanamiento de manera simultánea en diferentes sectores de las veredas La Baja, en California, y La Nueva, en Suratá, con el objetivo de afectar las estructuras económicas vinculadas con la extracción ilícita de oro.Entre los elementos incautados se encuentran 700 metros de cordón detonante, 147 barras de Indugel y 62 detonadores eléctricos. También fueron decomisados 12 motores, taladros neumáticos, un equipo de oxicorte y una bala de oxígeno, materiales que, según las autoridades, presuntamente serían utilizados en actividades de explotación minera ilegal.Durante las diligencias, las autoridades también encontraron 114 gramos de oro en joyas, 211 gramos de oro en amalgama, 54 libras de relaves o pelusa y más de 92 millones de pesos en efectivo.Según las estimaciones del Ejército, las economías ilícitas afectadas por esta intervención estarían generando ingresos superiores a los 1.200 millones de pesos mensuales.La operación también busca reducir los riesgos ambientales asociados a la minería ilegal en el páramo de Santurbán, considerado un ecosistema estratégico por su importancia para las fuentes hídricas y la biodiversidad de Santander.El uso de sustancias como el mercurio y el cianuro, así como de explosivos, puede provocar contaminación del agua, alteraciones en los suelos y daños a los ecosistemas. Por esta razón, las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones busca frenar las actividades de extracción ilícita de oro y contribuir a la protección ambiental de la región.
La revocatoria de la reserva ambiental de la Amazonía llegó a los estrados judiciales. Hernán Alberto Morantes Avendaño, director de la Comunidad Legal Derecho Vivo, presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la Resolución 1405 del 23 de octubre de 2026, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.La acción judicial busca dejar sin efectos la decisión del Gobierno nacional que revocó la Resolución 0961 de agosto de 2026, mediante la cual se había declarado como reserva de los recursos naturales renovables y del ambiente un área de aproximadamente 48,3 millones de hectáreas del bioma amazónico.Uno de los principales argumentos de la demanda es que la revocatoria podría representar un retroceso en la protección ambiental, al retirar la medida que impedía otorgar nuevas concesiones mineras y celebrar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos dentro del área delimitada, con las excepciones contempladas en la resolución original.Derecho Vivo sostiene que las figuras de protección existentes no garantizan, por sí solas, la conservación de todo el bioma frente a las actividades extractivas. Según las cifras incluidas en la demanda, la minería está prohibida en cerca de 11,8 millones de hectáreas; otros 20,7 millones están sujetos a restricciones que podrían modificarse mediante la sustracción de áreas, mientras que 7,1 millones no cuentan con instrumentos que determinen expresamente si esa actividad está prohibida.Esa norma, adoptada durante el gobierno de Gustavo Petro, había declarado la zona como reserva definitiva de recursos naturales renovables y del ambiente. Además, de impedir nuevas concesiones y contratos, la declaratoria restringía el otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones ambientales para esas actividades."Nuestra Amazonía necesita una política integral de protección, construida con rigor técnico, seguridad jurídica y participación territorial; una política que responda a los problemas reales de la región y no una resolución expedida a las carreras, más útil para acaparar titulares que para garantizar resultados", dijo el ministro de Ambiente, Fabio Arjona. La exministra de Ambiente, Irene Vélez, defendió lo aprobado durante el gobierno anterior para proteger ese ecosistema. "Si les hubiera interesado la conservación de la Amazonía, habrían seguido la ruta de participación que quedó trazada en la resolución y en los documentos técnicos. Ni leyeron ni se aparecieron en el empalme", escribió en sus redes sociales. La organización ambiental, Derecho Vivo, también advierte que el 26 % del territorio del bioma amazónico carecería de una figura de protección ambiental, de acuerdo con los datos de la Resolución 0961 de 2026.Con base en estas cifras, el demandante cuestiona que el Ministerio haya sostenido que la revocatoria no implica una reducción de la protección ambiental. Además, señala que la decisión no estableció un plazo para adoptar una nueva medida de conservación ni contempló mecanismos transitorios que mantuvieran las restricciones mientras se adelantaban nuevos procedimientos.El Ministerio de Ambiente justificó la revocatoria, entre otras razones, en que no había culminado la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Sin embargo, Derecho Vivo argumenta que la resolución original ya contemplaba una salvaguarda transitoria para que la reserva no produjera efectos sobre los territorios colectivos y en trámite de estas comunidades ni sobre sus prácticas tradicionales de producción mientras finalizaba la consulta.La demanda también señala que los pueblos indígenas habían protocolizado acuerdos relacionados con la reserva en la Mesa Regional Amazónica, en julio de 2026, y cuestiona que no se les hubiera consultado antes de retirar la medida.El documento plantea siete razones para solicitar la nulidad, entre ellas posibles irregularidades en la aplicación de las normas sobre revocatoria directa, el desconocimiento de los principios de prevención y no regresión ambiental y la falta de publicación del proyecto de revocatoria para comentarios ciudadanos.Además de la nulidad, el demandante pidió al Consejo de Estado suspender provisionalmente los efectos de la Resolución 1405 de 2026 y restablecer, mientras se resuelve el proceso, la eficacia de la reserva declarada en agosto.La solicitud busca evitar que, durante el trámite judicial, se radiquen nuevas propuestas mineras o se adelanten procedimientos para asignar áreas destinadas a actividades de hidrocarburos que puedan generar situaciones jurídicas difíciles de revertir."Una consulta previa pendiente se termina; no se usa de excusa para abrir media Colombia a la minería y a los hidrocarburos", afirmó el abogado Hernán Morantes.Por ahora, la demanda y la solicitud de suspensión están pendientes de decisión judicial. La presentación de la acción no significa que el Consejo de Estado haya anulado la revocatoria ni que haya ordenado restablecer provisionalmente la reserva.
El Cañón de la Hondura, ubicado en el municipio de Gámbita, Santander, obtuvo la aprobación del Ministerio de Ambiente para su registro como Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en áreas (OMEC), un reconocimiento que fortalece la protección de este ecosistema de los Andes orientales colombianos.La confirmación fue recibida por la Fundación Montecito, organización que administra y protege esta reserva natural. Con esta decisión, el sector del cañón bajo su manejo suma una nueva figura de reconocimiento para la conservación ambiental, que se complementa con su registro como Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) ante Parques Nacionales Naturales.La reserva comprende aproximadamente 294 hectáreas en el cañón del río Huertas, afluente de la cuenca del río Suárez. Este paisaje natural se extiende desde una altitud cercana a los 1.850 metros sobre el nivel del mar, en el nivel del río, hasta los 2.300 metros.De acuerdo con la información divulgada por la organización, la aprobación como OMEC corresponde al costado izquierdo del cañón, mientras que el costado derecho cuenta con el registro previo como Reserva Natural de la Sociedad Civil ante Parques Nacionales Naturales.El reconocimiento permite que el área protegida sea reportada en la base de datos internacional Protected Planet, una plataforma global que reúne información sobre áreas protegidas y otras medidas de conservación.La incorporación de esta figura de conservación destaca el papel de las iniciativas privadas y comunitarias en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad del departamento."Este reconocimiento permite visibilizar iniciativas que llevan años protegiendo nuestra biodiversidad. Y hay un dato importante: el 85 % de las nuevas OMEC corresponde a iniciativas privadas, el 11 % a mixtas y el 4 % a públicas, reflejando las diferentes formas de contribuir a la conservación del país", dijo el viceministro Gustavo Guerrero. La Fundación Montecito continuará con el manejo y la protección de este territorio, considerado un referente natural de Gámbita y de la cuenca del río Suárez.El reconocimiento ambiental también representa una oportunidad para visibilizar la importancia de conservar los paisajes naturales de Santander y fortalecer las estrategias de protección de sus recursos hídricos y ecosistemas.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Santander decretar la medida cautelar solicitada por el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adelante y concluya el trámite administrativo que permita definir el futuro de la protección preventiva del páramo de Santurbán.El organismo de control busca que el Ministerio adopte, antes del 4 de marzo de 2027, una decisión sobre la continuidad de las medidas de protección ambiental establecidas para esta zona mediante la Resolución 0221 de 2025, corregida posteriormente por la Resolución 0239 del mismo año.En su solicitud, la Procuraduría también pide que se establezca un plazo concreto y razonable para completar el procedimiento, de manera que la decisión se tome antes del vencimiento de la reserva temporal y se evite un posible vacío de protección ambiental.La entidad aclaró que su petición no pretende imponer una solución técnica al Ministerio ni reemplazar sus competencias, sino garantizar que la autoridad ambiental tome una decisión oportuna frente a los riesgos que motivaron la protección preventiva del territorio.La solicitud se produce después de que el Ministerio de Ambiente expidiera la Resolución 1277 del 28 de septiembre de 2026, mediante la cual revocó integralmente la Resolución 0970 de 2026, que había extendido la vigencia de la reserva temporal hasta 2029.Con la revocatoria de esa prórroga, la protección volvió a tener como fecha límite el 4 de marzo de 2027.De acuerdo con la Procuraduría, hay estudios ambientales que siguen pendiente como la identificación de las zonas de recarga hídrica y el análisis de la relación entre la recarga y la regulación de los cuerpos de agua.También están pendientes el monitoreo de la calidad del agua, la evaluación de impactos acumulativos, la caracterización de las dinámicas sociales y la identificación de medidas prioritarias para la restauración y conservación de la cuenca.A esto se suman la evaluación de estrategias de manejo y la definición de lineamientos de ordenamiento mineroambiental.De acuerdo con los argumentos presentados por la Procuraduría, el tiempo inicialmente previsto para desarrollar estas actividades resultó insuficiente, situación que había motivado la prórroga posteriormente revocada.El organismo de control advierte que, si la reserva temporal vence sin que se adopte una nueva decisión o una medida de protección que garantice la continuidad, podría generarse un escenario de incertidumbre y desprotección mientras se completan los estudios.
La decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la resolución 0970 de 2026, con la que se había prorrogado hasta marzo de 2029 la zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en el costado occidental del macizo de Santurbán, generó reacciones entre los mandatarios de los municipios de Soto Norte y el gobernador de Santander.Con la decisión queda vigente la resolución 0221 de marzo de 2025, que estableció la zona de reserva temporal por un periodo que se extiende hasta marzo de 2027. El área comprende 75.444 hectáreas en jurisdicción de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.La alcaldesa de Vetas, Angélica María García, destacó que la decisión abre la posibilidad de que las comunidades participen en las discusiones sobre el futuro de la zona.“Eso quiere decir que la zona de reserva no se cayó, sino que la prórroga que iba hasta el 2029 se derogó y la zona de reserva temporal se encuentra vigente hasta marzo del 2027. Lo que celebramos es que más allá de lo que se diga en medios es que se garantice el derecho a la participación”, señaló la mandataria.Le puede interesar: Santander busca recuperar vía de entrada al páramo de Santurbán: Provincia de Soto NorteGarcía pidió que las decisiones relacionadas con el territorio sean concertadas con las comunidades y que se resuelvan los recursos jurídicos que han sido presentados ante el Ministerio de Ambiente.En cuanto a la actividad minera en Vetas, la alcaldesa señaló que el municipio cuenta con cuatro titulares mineros que desarrollan pequeña minería legal y que otros 11 títulos se encuentran suspendidos, situación en la que, según indicó, se presenta minería informal.También aseguró que las actividades mineras señaladas se desarrollan por fuera del área de páramo y del Parque Natural Regional de Santurbán. Según García, uno de los objetivos del municipio es avanzar en la formalización y garantizar seguridad jurídica para los mineros.“La vocación del territorio y de los habitantes se ha dedicado a la minería durante más de 470 años”, afirmó la alcaldesa, al explicar que las condiciones geográficas y climáticas de Vetas dificultan una transición inmediata hacia otras actividades económicas.Desde Tona, el alcalde Jesús Santiago Gutiérrez también valoró la decisión y señaló que las determinaciones del Gobierno nacional deben tener en cuenta a las comunidades que habitan los territorios.“Creemos que el diálogo es la forma de poder concertar con nuestras comunidades y, de esta manera, lograr un acuerdo armónico entre el Estado, en este caso el Ministerio de Ambiente, y nuestras comunidades”, manifestó.El mandatario señaló que en el municipio se desarrollan actividades relacionadas con la minería de arrastre y recordó que en el pasado también hubo explotación de mármol.Gutiérrez insistió en que cualquier decisión sobre el territorio debe considerar, además de la protección ambiental, las condiciones sociales, económicas y culturales de las comunidades.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que la revocatoria de la prórroga permite retomar el proceso para definir la delimitación del páramo de Santurbán dentro del plazo que queda establecido por la Resolución 0221.“Hay que cumplir con todas las normas para poder hacer la delimitación del páramo y la prórroga de la reserva temporal lo que hacía era alargar las penurias de los habitantes de Soto Norte y dejarlos en el limbo”, afirmó.El gobernador señaló que ahora los diferentes actores con intereses en Soto Norte deberán trabajar para avanzar en la delimitación antes de marzo de 2027.Díaz también cuestionó el proceso adelantado por la administración anterior y sostuvo que, a su juicio, no se escuchó suficientemente a las comunidades ni se cumplieron las normas relacionadas con el Acuerdo de Escazú.“Al derogarla, pues se deroga también por todos los errores que cometió el gobierno anterior, no escucharon a las comunidades, no cumplieron con las normas del Acuerdo de Escazú”, puntualizó.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella revocó la decisión que había prorrogado hasta marzo de 2029 la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables en un sector del macizo de Santurbán, una medida que había sido adoptada en agosto por el Ministerio de Ambiente en el gobierno de Gustavo Petro. La decisión la tomó el ministro de Ambiente ad hoc para temas de Santurbán, Indalecio Dangond Baquero, ministro de Agricultura, quien fue designado como ministro de Ambiente ad hoc mediante el Decreto 1407 del 17 de septiembre de 2026. La designación se produjo después del impedimento del ministro de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, para intervenir en estos asuntos.La reserva temporal había sido prorrogada mediante la Resolución 0970 de 2026 y contemplaba un área de 73.432,42 hectáreas. La medida tenía vigencia hasta el 4 de marzo de 2029, mientras avanzaban estudios técnicos, ambientales, sociales, económicos y jurídicos sobre la zona.Con la nueva decisión, vuelven a regir las resoluciones 0221 y 0239 de marzo de 2025, con sus respectivos anexos y en las condiciones que tenían antes de la expedición de la Resolución 0970.En la práctica, esto significa que se pierde la prórroga que había establecido la Resolución 0970, así como las modificaciones realizadas sobre el área geográfica y la cartografía de la reserva. La figura de reserva temporal no desaparece automáticamente, pero queda nuevamente sometida al plazo de vigencia establecido originalmente en la Resolución 0221.La revocatoria se fundamenta en el numeral 1 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, que contempla la revocación directa de los actos administrativos cuando sean manifiestamente contrarios a la Constitución o a la ley. Por esta razón, la decisión del Ministerio plantea que el cuestionamiento a la Resolución 0970 tiene un fundamento jurídico y no corresponde únicamente a un cambio de criterio sobre la conveniencia de la medida. La Resolución 0970 había modificado la reserva temporal para actualizar su área, precisar su cartografía y prorrogar su vigencia; todos esos cambios quedan sin efecto con la revocatoria.Uno de los efectos concretos de la decisión está relacionado con la información minera. La resolución ordena comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Minería para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes, se realicen las actualizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Gestión Minera.La decisión también será comunicada a entidades como la CDMB, ANLA, Parques Nacionales Naturales, Gobernación de Santander, Ministerio de Minas y Energía y la ANM, además de las alcaldías de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.La revocatoria no elimina por sí sola la figura de protección, pero sí devuelve el proceso al marco establecido por las resoluciones de marzo de 2025 y deja sin efecto la prórroga y las modificaciones introducidas en agosto de 2026.El caso vuelve a quedar así en el centro de la discusión sobre la delimitación de Santurbán, la protección de sus recursos hídricos y las actividades mineras en la región.La decisión genera críticas del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, organización que cuestionó las recientes actuaciones del Gobierno Nacional frente a las medidas de protección del ecosistema.“En menos de dos meses de su mandato ha tumbado tres resoluciones que protegían el agua de 2,5 millones de colombianos y no ha tomado ni una sola medida en favor de Santurbán”, señaló el Comité.La organización también relacionó la decisión con el futuro proyecto minero de Aris Mining en la región y advirtió que la compañía podría presentar una solicitud de licencia ambiental el próximo año.Otro de los puntos planteados por la organización es la consulta pública relacionada con la reserva definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander. El Comité estableció el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para que el Ministerio de Ambiente reabra dicha consulta y advirtió que, de no hacerlo, convocaría movilizaciones en Bogotá.Esta controversia se suma a la decisión adoptada en agosto por el Ministerio de Ambiente de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto, que había declarado una reserva definitiva sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja. El Gobierno argumentó entonces que el trámite presentaba irregularidades y que debía reiniciarse para garantizar transparencia y participación ciudadana.Santurbán es considerado un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua de Santander y Norte de Santander. El propio Ministerio de Ambiente ha señalado que el sistema hídrico asociado al páramo es fundamental para la seguridad hídrica de la región y que beneficia a más de 2,5 millones de habitantes.
Este martes se conoció el borrador del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2026-2030, redactado por el gobierno de Abelardo De la Espriella. El documento lleva por título “Colombia, la Patria Milagro” y propone una transformación económica, social e institucional sustentada en cuatro principios: “la vida, la familia, la libertad y la seguridad”, valores que, además, quiere convertir en decisiones de gobierno.En materia económica, el plan fija una de sus metas más ambiciosas: llevar al país a un crecimiento cercano al 6 % anual. Para lograrlo, propone elevar la inversión pública y privada hasta el 25 % del PIB en 2030 y reducir la pobreza monetaria al 20 %. El documento apuesta por impulsar la productividad, las exportaciones y el empleo formal, con sectores como energía, infraestructura, agroindustria, turismo, ciencia y tecnología y bioeconomía como motores de expansión.Además, bajo el lema “Colombia desde las Regiones”, el borrador organiza la planeación alrededor de trece regiones estratégicas y busca romper con el centralismo en la definición de las grandes inversiones. Para acelerar los proyectos introduce el concepto de “decisiones habilitantes”: en lugar de esperar indefinidamente a que aparezcan las condiciones para invertir, el Estado deberá identificar los obstáculos y convertirlos en responsabilidades, trámites y decisiones concretas. Los megaproyectos, según el texto, deberán atraer capital y generar empleo en los territorios.En el frente social, el Gobierno plantea pasar de las ayudas permanentes a mecanismos que faciliten la generación de ingresos, la formalización y la acumulación de patrimonio. El horizonte que propone es un “capitalismo popular”, en el que trabajadores, productores y ciudadanos puedan convertirse en accionistas de empresas y participar en los beneficios de la actividad productiva. La apuesta incluye ampliar el acceso al crédito, fortalecer pequeños negocios y conectar la creación de riqueza con oportunidades de movilidad social.El documento sostiene además que el Gobierno “romperá con la falsa paz que presenta la negociación con la ilegalidad como único camino para la convivencia”. Su enfoque prioriza el fortalecimiento de la justicia, la investigación penal y la acción contra las organizaciones criminales, a las que el texto atribuye un propósito delictivo y económico.En la reforma institucional, el borrador propone la “Operación Destrabe”, una estrategia para revisar normas, simplificar trámites y reducir barreras que, a juicio del Gobierno, frenan la actividad económica y la gestión pública. Su principio rector es: “lo que no tiene propósito se elimina; lo que lo tiene se modifica u optimiza”. La iniciativa contempla herramientas tecnológicas y el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de hacer más ágiles los procedimientos estatales.El plan dedica un capítulo a la reconstrucción y atención de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, el cual dejó daños valorados en $38,66 billones y pérdidas económicas estimadas en $5,99 billones. La respuesta contempla recuperar viviendas, servicios esenciales y corredores de transporte, además de fortalecer la resiliencia de los territorios afectados.Para articular la reconstrucción y las demás apuestas económicas, el plan contempla instrumentos de financiación y coordinación entre entidades. Entre ellos, está el Fondo Milagro, concebido para apoyar la recuperación de las zonas afectadas, y la Misión Crecer, coordinada por la Vicepresidencia de la República. Esta última deberá facilitar la inversión y coordinar iniciativas en financiación, talento, energía y modernización del Estado, sin reemplazar las competencias de los ministerios y demás entidades.
Este martes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.Escuche el programa completo acá:
Los amantes del regional mexicano en Colombia tendrán su propio espacio este 2025 con el regreso del Orale Wey Fest, un evento que, en 2025, llevó a cabo su primera edición en El Campín con Grupo Firme como la cabeza principal del mismo.En esta ocasión, Christian Nodal y Tito Double P serán los encargados de liderar la fiesta de este evento que, hasta ahora, ha sido un éxito en Colombia gracias a la estrecha relación entre ambas culturas, en especial a través de la música.“El cartel de esta edición reúne a grandes exponentes y nuevas figuras de la música mexicana. Tito Double P llegará con los corridos que lo han posicionado como uno de los nombres destacados de la nueva generación; Christian Nodal, con su propuesta que conecta el regional mexicano con sonidos contemporáneos”, expresaron desde la organización.¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Orale Wey Fest en Bogotá?Esta edición 2026 se llevará a cabo en el Vive Claro el próximo 12 de diciembre, en donde se espera la llegada de miles de fanáticos del regional mexicano para disfrutar de un día lleno de artistas de este género.Un encuentro que reunirá en un mismo escenario a Tito Double P, Christian Nodal, Julión Álvarez, Los Dos Carnales, Lenin Ramírez, Emmanuel Cortes, Patria Chica y Cumbia Pedregal.Precios y localidades del Orale Wey Fest 2026Gradería 117 - 124 (Numerado): Precio $139.500 + Servicio $29.000 = Precio Full $168.500Gradería 125 - 132 (Numerado): Precio $180.000 + Servicio $37.000 = Precio Full $217.000Gradería 109 - 116 (Numerado): Precio $315.000 + Servicio $64.000 = Precio Full $379.000Preferencial (De pie): Precio $315.000 + Servicio $64.000 = Precio Full $379.000Gradería 101 - 108 (Numerado): Precio $495.000 + Servicio $101.000 = Precio Full $596.000Palco Bronce (x10 personas): Precio $9.000.000 + Servicio $1.400.000 = Precio Full $10.400.000Palco Plata (x10 personas): Precio $13.500.000 + Servicio $2.090.000 = Precio Full $15.590.000Palco Oro (x10 personas): Precio $18.000.000 + Servicio $2.790.000 = Precio Full $20.790.000Palco Patrocinadores (x10 personas): Precio $22.500.000 + Servicio $3.490.000 = Precio Full $25.990.000
China avanza en el desarrollo de una tecnología que podría introducir una nueva alternativa para el tratamiento de la obesidad. La compañía de neurotecnología BrainCo trabaja en un dispositivo portátil capaz de estimular determinadas regiones del cerebro con el propósito de reducir el apetito, una propuesta que ha comenzado a describirse como un «Ozempic electrónico» por su posible aplicación en el control del peso sin necesidad de recurrir a medicamentos.La iniciativa busca trasladar los avances de las interfaces cerebro-computadora al ámbito de la salud metabólica. De acuerdo con información publicada por Bloomberg, la empresa pretende desarrollar un sistema que intervenga sobre los mecanismos cerebrales relacionados con la sensación de hambre y la regulación de la ingesta de alimentos.El proyecto representa una nueva línea de investigación comercial para BrainCo, compañía establecida en Hangzhou, China, que busca ampliar las aplicaciones de su tecnología de estimulación cerebral. Su propuesta apunta a un mercado en el que actualmente tienen presencia tratamientos farmacológicos como Wegovy y Zepbound, utilizados para el control del peso.BrainCo apuesta por la estimulación cerebral para controlar el apetitoLa tecnología que desarrolla la compañía se basa en las interfaces cerebro-computadora, conocidas internacionalmente por las siglas BCI. Estos sistemas permiten establecer una conexión entre determinados procesos cerebrales y dispositivos tecnológicos, mediante mecanismos diseñados para registrar o intervenir sobre señales relacionadas con la actividad neuronal.En el caso del proyecto de BrainCo, la finalidad sería utilizar la estimulación cerebral para modificar las señales asociadas con el apetito. De esta manera, el dispositivo intentaría influir en los mecanismos que participan en la sensación de hambre, con el objetivo de disminuir la necesidad de consumir alimentos.La diferencia frente a los tratamientos farmacológicos existentes estaría en el método empleado. Mientras algunos medicamentos actúan sobre procesos hormonales y metabólicos vinculados con la regulación del apetito, la propuesta de la empresa china pretende alcanzar un efecto relacionado mediante tecnología de estimulación cerebral.Esta característica permitiría explorar una modalidad de intervención distinta a la administración de sustancias farmacológicas. Sin embargo, el dispositivo todavía se encuentra en fase de desarrollo y no se han presentado resultados que permitan establecer su eficacia o compararlo directamente con los tratamientos disponibles.Cuándo podría llegar al mercado el Ozempic electrónicoBrainCo contempla introducir el dispositivo comercialmente dentro de un plazo aproximado de dos a tres años. Según explicó Nyx He, socia fundadora de la compañía, el lanzamiento inicial estaría previsto para China, con una posible expansión posterior hacia Estados Unidos.El calendario anunciado sitúa el proyecto en una etapa de desarrollo tecnológico y planificación comercial. Por ahora, la empresa no ha comunicado una fecha concreta de lanzamiento ni ha detallado todas las características que tendrá el producto definitivo.La estrategia de comercialización también contempla diferentes posibilidades para llegar a los consumidores. Entre las alternativas que estudia BrainCo figura la creación de versiones diferenciadas para aplicaciones médicas y para el mercado de consumo.Esta separación permitiría atender distintos segmentos, dependiendo del uso previsto para cada dispositivo. Una presentación orientada al ámbito médico tendría un enfoque diferente al de un producto diseñado para consumidores que buscan herramientas tecnológicas relacionadas con el control del apetito.No obstante, la compañía todavía debe definir cómo estructurará su oferta y cuáles serán las condiciones de acceso a cada versión.
A escasas tres semanas de la consulta popular que definirá la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, las autoridades electorales y departamentales continúan afinando los aspectos logísticos y operativos para garantizar el desarrollo de la jornada en los ocho municipios del Oriente antioqueño convocados a las urnas.Los avances se conocieron durante un nuevo comité departamental de garantías electorales, que contó con la participación del registrador nacional, Hernán Penagos, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.Al término del encuentro, las autoridades señalaron que siguen dadas las condiciones para llevar a cabo el mecanismo de participación ciudadana el próximo 29 de noviembre.De acuerdo con las cifras entregadas por Penagos, el censo electoral ya está conformado por 383.952 personas habilitadas para votar. De ellas, 196.512 son mujeres y 187.440 hombres. Para atender a los votantes se dispondrán 87 puestos, distribuidos en 51 urbanos, 35 rurales y uno ubicado en un centro carcelario, con un total de 501 mesas."La convocatoria está llevada a cabo y se ha cumplido todos los requisitos que la ley determina para este tipo de convocatorias. En segundo lugar, que los recursos también están absolutamente dispuestos y ya la parte operativa desplegada", informó el funcionario.Uno de los aspectos determinantes de la jornada será la verificación del umbral de participación. El registrador explicó que, antes de comenzar el escrutinio de los votos por el sí y por el no, se comprobará que en cada municipio haya acudido a las urnas al menos el 5% de su respectivo censo electoral. Solo después de cumplir esa condición se procederá a establecer el resultado de la consulta."Se hace la verificación del umbral y no se llega a ese umbral, ya no se revisa si hay mayorías en uno u otro sentido. Es decir, son unos requisitos que son excluyentes. Primero debe cumplirse el uno para poder llegar al segundo", dijo el registrador.La organización también contempla la participación de más de 3.600 jurados de votación. Su designación se realizará mediante un sorteo programado para el viernes 13 de noviembre, mientras que las jornadas de capacitación están previstas para los días 26 y 27 del mismo mes.