Luego de que los campesinos de Santander levantaran el paro que bloqueo por más de 24 horas las vías que comunican a Bucaramanga con San Gil y con Cúcuta, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, les envió un mensaje explicándoles que lo más importante para el Gobierno es proteger el agua de los páramos y al mismo tiempo las economías campesinas.“A las campesinas y campesinos del páramo de El Almorzadero, hemos llegado con el presidente de Suiza después de una agenda donde el presidente puso de presente el cuidado de los ecosistemas estratégicos del país con la gente que los ha cuidado. Yo sé que se han reunido con la delegación del gobierno en Pamplona, el presidente ha confirmado que haremos presencia en el territorio el 3 de febrero con varios de los ministros”, manifestó Muhamad.Los líderes campesinos explicaron que confiarán en que la reunión con el presidente se realizará sin mayores contratiempos en el municipio de Concepción, de lo contrario saldrán de nuevo a las carreteras a protestar y exigir que no se delimiten los páramos de Santander y Norte de Santander porque, argumentaron que esto puede ocasionar desplazamientos.“En esa reunión que vamos a hacer vamos a hablar de la delimitación del páramo, y también de la gobernanza del agua, de una gobernanza colectiva del territorio y además como parte del seguimiento de la convención nacional campesina. Ustedes saben que nosotros le apostamos al diálogo, no es la primera vez que los hemos escuchado, estuvimos en Soto Norte, en Bucaramanga, en Pamplona y entendemos la frustración de estos cinco años del proceso de delimitación y la incertidumbre”, agregó la ministra.Para los campesinos la delimitación del páramo podría dejarlos sin tierras para cultivar papa, ajo, cebolla, hortalizas, y además impediría que trabajen con ganado normando.“Entendemos los puntos claves que tenemos que trabajar y tenemos fe y confianza que juntos y juntas vamos a poder… vamos a poder escalar esto en el sentido de darle una respuesta sistemática que logre proteger el agua, mejorar la calidad de vida y la dignidad de los campesinos en los páramos y también generar unas economías sólidas, mucho más fuertes entre esta alianza público popular, espero podamos avanzar como siempre en el camino de la transformación”, explicó la funcionaria.Le puede interesar:
Hasta nueva orden el Ministerio de Ambiente suspendió las reuniones que estaban programadas para concertar con las comunidades los límites de los páramos de Santurbán, Pisba y Almorzadero."Con el fin de revisar las inquietudes y sugerencias expresadas a este ministerio durante la audiencia pública realizada en Bucaramanga y de esta forma dar las nuevas orientaciones y ajustes al proceso de delimitación se suspenden las reuniones", señala un comunicado de MinAmbiente. ReaccionesPara el reconocido ambientalista Edwin Rodriguez Salat, la decisión del Ministerio de Ambiente de suspender las reuniones para concertar los límites de Santurbán "es oportuna para poder revisar varias inquietudes jurídicas, sociales y económicas que tienen las comunidades"."Se van a presentar retrasos en el cronograma de las reuniones que deberán ser reprogramadas por el ministerio. Debemos tener en cuenta que el proceso se debe hacer de frente a las comunidades", afirmó Rodríguez Salat.Hay que decir que el Ministerio de Ambiente, en el comunicado ,mantiene las reuniones de concertación de los límites del páramo de Sumapaz. Procuraduría había pidió al gobierno agilizar delimitación del páramo de SanturbánLa Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, había solicitado al gobierno, el pasado mes de agosto, agilizar el proceso para cumplir con la sentencia T-361 de la Corte Constitucional, que ordenó en 2017 la delimitación del páramo de Santurbán.En una reunión realizada con las ministras de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, la jefe del Ministerio Público manifestó su disposición de continuar con el apoyo al proceso de delimitación del ecosistema que debe ser ajustada al fallo judicial.Durante el gobierno de Iván Duque sólo se logró concertar límites de Santurbán con habitantes y autoridades de los municipios de Vetas y Matanza.Señaló la Procuraduría que es necesario lograr un proceso de formalización minera tras la delimitación del páramo que es compartido por 48 municipios de Santander y Norte de Santander.Le puede interesar:
Hay alarma en el Páramo de Pisba luego de revelarse el estudio de la Asociación de Acueductos de Tasco y Enda Colombia en el que, luego de cuatro años, se identificó que las minas abandonadas en dicho páramo están generando contaminación en este importante ecosistema de Colombia.Puntos encontrados:El pH del agua que sale de las minas sigue siendo ácido, generando contaminación en el páramo y las corrientes de agua vecinas.Los metales pesados contaminan el agua y son un riesgo para la salud humana y de las actividades agrícolas.Se evidencia una grave y permanente destrucción del páramo por los drenajes ácidos.Los estudios se hicieron en dos de las minas abandonadas que son muchas más, por eso, los campesinos piden ayuda urgente, pues el Páramo de Pisba ayuda a regular el agua para dos de los principales ríos de Colombia: el río Magdalena y el río Orinoco.Escuche más noticias en Spotify:
Según Vallejo “hay cuatro personas que van a ser judicializadas (…) tenemos una lucha frontal con la Policía para proteger los ecosistemas y hacer cumplir la ley de biodiversidad”. (Lea también: Identifican a hombre que habría matado a oso de anteojos en Parque Chingaza) Un caso similar se presentó en inmediaciones del municipio de Junín, Cundinamarca, dos semanas atrás, cerca del Parque Natural Chingaza, donde un ejemplar de esta especie fue acribillado por cazadores; expertos calificaron el hecho como una verdadera tragedia. El pasado martes 2 de febrero la Fiscalía General de la Nación identificó al hombre responsable de este crimen, pero un juez lo dejó en libertad por considerar que no representa un peligro para la sociedad.
Habitantes del sector de Colina Campestre y del barrio Santa Helena, en la localidad de Suba, realizaron un plantón para denunciar el presunto relleno ilegal de un predio con escombros y residuos biológicos, situación que, según la comunidad, estaría generando graves afectaciones ambientales y de salud en la zona.La protesta se llevó a cabo en el Bosque Urbano Santa Helena, el martes 12 de mayo, donde vecinos bloquearon el paso de las volquetas que, según denunciaron, ingresan constantemente al terreno para depositar residuos de construcción y demolición.“Todo el tiempo hay polvo, hay olores horribles, todo el tiempo se puede ver cómo se mueven las casas por el paso de volquetas totalmente llenas de escombros”, denunció Laura una de las habitantes del sector.La comunidad afirmó que el terreno lleva cerca de un año siendo intervenido y que inicialmente las personas encargadas de las obras aseguraron que únicamente realizarían labores de limpieza y retiro de maleza. Sin embargo, los residentes denuncian que posteriormente excavaron varios metros de profundidad y comenzaron a rellenar el lugar con basura y escombros.Según los vecinos, al sitio ingresarían incluso hasta dos volquetas por minuto durante gran parte del día. Además, denunciaron presuntas agresiones por parte de trabajadores y contratistas cuando intentan impedir el paso de los vehículos.“Agredieron a una señora de la tercera edad que intentó bloquear el paso de las volquetas y también golpearon a un vecino”, agregó Laura.Ante las denuncias, el alcalde local de Suba, César Salamanca, aseguró que la actividad no cuenta con licencia y anunció medidas contra quienes estarían realizando el relleno del predio.“El lote es privado, pero lo están rellenando sin licencia. La curaduría nos confirmó que no existe permiso para esta actividad”, señaló el mandatario local.Salamanca explicó que actualmente existen 10 expedientes abiertos por este caso y anunció que la Alcaldía Local adelanta el proceso para realizar el sellamiento definitivo de la actividad.Además, indicó que también se revisará la situación de los permisos de movilidad para las volquetas y el impacto que estas han generado sobre las vías del sector.“Esperamos que la comunidad pueda ver la restauración de las vías afectadas y que todo quede como estaba antes de que comenzara esta actividad”, agregó.Salamanca también aseguró que, aunque los responsables del predio argumentaban tener permisos ambientales, la Secretaría de Ambiente habría aclarado que únicamente se emitió un PIN informativo, documento que no autoriza el ingreso, ni disposición de residuos de construcción y demolición en el lugar.
A pocas semanas del cierre de la legislatura, organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y lideresas indígenas encendieron las alarmas por el riesgo de que se hunda el proyecto de ley que busca prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina (MGF) en Colombia.La iniciativa ya superó tres debates en el Congreso y solo le falta una última discusión en la plenaria del Senado. Sin embargo, la congestión legislativa y la prioridad que han tomado otros proyectos, como el de jurisdicción agraria, tienen en vilo su aprobación antes del 20 de junio, fecha en la que termina el actual periodo legislativo.Ante este panorama, catorce organizaciones enviaron una carta urgente a la Mesa Directiva del Senado solicitando que el proyecto sea priorizado en el orden del día de la plenaria de niñez para evitar que se archive por falta de trámite.En la carta, las organizaciones advirtieron que “nos queda poco tiempo” y señalaron que la protección de niñas y adolescentes no puede seguir aplazándose. También recordaron que la mutilación genital femenina constituye una grave violación de derechos humanos y una forma de violencia basada en género que deja consecuencias físicas y psicológicas permanentes.El proyecto de ley busca llenar el vacío jurídico que existe actualmente en Colombia frente a esta práctica, reconocida oficialmente por el Estado desde hace casi 20 años. De acuerdo con cifras citadas por las organizaciones, entre 2020 y 2025 se documentaron al menos 204 casos, de los cuales 177 corresponden a niñas indígenas, especialmente en departamentos como Risaralda y Chocó.Especialistas y defensoras de derechos humanos aseguran que las cifras podrían ser mucho más altas debido al subregistro, especialmente en territorios apartados y comunidades donde la práctica persiste por razones culturales y tradicionales.La iniciativa legislativa propone una política pública integral basada en prevención, atención y producción de información. Entre las medidas contempladas están estrategias pedagógicas en las comunidades, fortalecimiento de los sistemas de registro y creación de rutas claras de atención en salud para niñas y mujeres en riesgo.Uno de los puntos que destacan las organizaciones es que el proyecto tiene un enfoque no punitivo e intercultural, construido con participación y liderazgo de mujeres indígenas. El objetivo, aseguran, es promover el diálogo comunitario y proteger a las niñas sin estigmatizar a los pueblos indígenas ni afrodescendientes.El pasado 7 de abril, la Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad la iniciativa, liderada por la senadora Clara López Obregón. Durante ese debate se reveló que el 56 % de las víctimas registradas son niñas entre los 0 y 5 años de edad y que también se han identificado casos en población afrodescendiente.Las organizaciones firmantes, entre ellas Equality Now, Profamilia, Fundación Plan, la Red Nacional de Mujeres y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, insistieron en que la aprobación de esta ley representaría un hecho histórico para la región, pues podría convertirse en la primera legislación específica contra la mutilación genital femenina en América Latina.Además, recordaron que en noviembre de 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó por primera vez una audiencia pública temática sobre esta práctica en las Américas y pidió a los Estados adoptar marcos normativos sólidos para enfrentarla.“El Senado tiene hoy la oportunidad histórica de convertir el reconocimiento del problema en una respuesta legal efectiva”, señalaron las organizaciones en la carta enviada al Congreso.Si el proyecto no alcanza a ser debatido y aprobado antes del cierre de la legislatura, deberá iniciar nuevamente todo su trámite desde cero en el próximo periodo legislativo.
En un operativo adelantado en el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia, la Policía Nacional capturó a seis personas señaladas por el porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en medio de una redada contra la minería ilegal.Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego tipo revólver, 26 cartuchos, 21 kilogramos de explosivos, 200 detonadores, 20 metros de cordón detonante y un cilindro de gas acondicionado con explosivo que, según las autoridades, representaba un grave riesgo para la población y podría ser utilizado para acciones criminales y terroristas. "Esta actividad operacional se da en el marco del amparo y la protección a un título minero que está siendo presuntamente perturbado por personas que se dedican a la minería ilegal en nuestro país", indicó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que este resultado evidencia la capacidad operativa y violenta de estas estructuras ilegales, así como la importancia de anticiparse a las amenazas para proteger a las comunidades y la infraestructura del territorio.“Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que, con valentía y compromiso, continúan protegiendo a Colombia”, expresó.Golpe a la minería ilegal en CaracolíEn otro operativo realizado en Caracolí, en la subregión del Magdalena Medio, uniformados de la Policía lograron inhabilitar un yacimiento minero ilegal y destruyeron maquinaria utilizada para la extracción ilícita de minerales, afectando de manera directa las capacidades logísticas de estas redes ilegales.Durante la operación fueron destruidas cuatro dragas tipo buzo, una retroexcavadora, ocho motobombas y tres motores generadores de aire, equipos cuyo valor aproximado asciende a 420 millones de pesos.De acuerdo con el ministro Sánchez esta acción impacta las finanzas de quienes buscan enriquecerse mediante actividades ilícitas que destruyen los recursos naturales y afectan la seguridad de las comunidades.“La minería ilegal no solo financia el crimen; también deja graves daños ambientales y sociales. Seguiremos actuando con contundencia para proteger el territorio y defender la legalidad”, afirmó, al tiempo que reiteró su reconocimiento a policías y militares por sostener esta ofensiva.
La billetera digital Nequi confirmó que durante la mañana del miércoles 13 de mayo su cuenta de la red social X fue hackeada.La situación no tardó en generar reacciones en las plataformas digitales, pues usuarios comenzaron a reportar que en el perfil estaban apareciendo publicaciones extrañas relacionadas con contenido publicitario que no tenía ningún tipo de relación con la marca.¿Qué dice la compañía sobre la situación?Por medio de un comunicado, la compañía aseguró que tan pronto identificaron la situación su equipo intervino para garantizar el control y la seguridad de la cuenta.“Desde Nequi informamos que hemos identificado un posible acceso no autorizado a nuestra cuenta oficial en X (Twitter)”, señaló la compañía.Nequi señaló que en este momento la cuenta se encuentra bloqueada y asegurada. Además, señaló que en el tiempo en la que no tuvo control, fue publicado contenido que ningún caso corresponden a productos, servicios o comunicaciones oficiales.Asimismo, destacaron que la finalidad de la cuenta de X de la compañía es para comunicación promocional con sus clientes, y les recordó a los usuarios que este no es un canal de uso transaccional.Es por esto, por lo que Nequi hizo un llamado a la ciudadanía que hace uso de la plataforma para que utilicen solos los canales autorizados para evitar caer en posibles engaños o desinformación.Finalmente, recordó que la compañía tiene un canal de atención para los usuarios en WhatsApp y por medio de su página web. Asimismo, está disponible por medio de su línea telefónica, Instagram y Facebook.
En desarrollo de operaciones militares adelantadas en Villavicencio, Meta, tropas del Ejército lograron el sometimiento a la justicia de alias ‘Sabueso’, señalado cabecilla de finanzas d la Estructura 39 ‘Arcesio Niño’ de las disidencias de las Farc que delinque en los Llanos Orientales.La operación fue desarrollada por unidades militares, con apoyo de inteligencia y componentes de la Fuerza Aeroespacial. De acuerdo con información oficial, alias ‘Sabueso’ habría recibido órdenes directas de alias ‘Efrén’, máximo cabecilla de la estructura armada ilegal.Según el análisis de inteligencia, el hombre llevaba cerca de 33 años dentro de grupos armados organizados, tiempo en el que habría adquirido experiencia y capacidad de coordinación entre diferentes estructuras criminales. Además, las autoridades señalaron que entre agosto de 2024 y julio de 2025 se desempeñó como cabecilla principal de la estructura 44 ‘Antonio Ricaurte’ en el departamento del Guaviare.Las Fuerzas Militares indicaron que este sometimiento representa un golpe estratégico contra el Bloque Amazonas ‘Manuel Marulanda Vélez’, debido a la capacidad de articulación y movilidad que tenía alias ‘Sabueso’ entre estructuras ilegales que operan en Meta, Guaviare y otras zonas de los Llanos Orientales.De acuerdo con el reporte militar, el hombre era considerado uno de los integrantes con mayor trayectoria dentro de las disidencias, especialmente en áreas relacionadas con finanzas, fortalecimiento logístico y coordinación armada.Las autoridades avanzan ahora en el proceso de judicialización y ampliación de información sobre las actividades criminales que habría desarrollado dentro de la organización ilegal.