La experta indica que en su libro reseñó varios casos reales que dan cuenta de lo común que es encontrar pacientes que se sienten mal pese a tratarse con medicamentos y someterse a diferentes exámenes médicos que no encuentran afectaciones puntuales. (Lea también: ¿Cómo adoptar la disciplina japonesa sin perder la pasión latina?) “En el síndrome de colon irritable existen factores genéticos y factores nutricionales, medioambientales y obviamente el propio estrés de la persona. Básicamente las emociones que generan estrés el organismo las interpreta como una amenaza para su equilibrio”. Indica la doctora Quintero que “cuando este estrés es percibido por meses, años, actúa directamente en cosas como los corticoides, que bajan las defensas y alteran el sistema inmunológico”. Añade que en ciudades como Bogotá, “una ciudad estresada”, como médica debe ayudar a los demás pero no hundirse con nadie, una práctica que recomienda para evitar sufrir afecciones en la salud por cuenta de las preocupaciones diarias. Escuche en este audio la entrevista completa de la doctora Patricia Álvarez Quintero.
El hallazgo de una cabeza humana dentro de una bolsa de basura en California llevó a las autoridades a resolver un caso de asesinato que permaneció sin identificar durante cuatro años. La investigación permitió establecer que la víctima era Paul Wesley Fitzmaurice Jr., un hombre de 73 años, cuya muerte habría sido ocultada por su esposa y su hija, quienes fueron detenidas en noviembre de 2026.El caso comenzó el 28 de septiembre de 2022, cuando una residente que paseaba a su perro encontró restos humanos en el área de Todd Valley, en Foresthill, al norte de California. La Oficina del Sheriff del Condado de Placer recibió el reporte y, debido al estado en que se encontraba la cabeza, inicialmente no logró establecer la identidad de la víctima.Los investigadores adelantaron análisis forenses y enviaron los restos a la Universidad Estatal de California, en Chico. Posteriormente, recurrieron a pruebas de ADN y genealogía genética para reconstruir los vínculos familiares y determinar quién era el hombre.¿Cómo identificaron al hombre encontrado en una bolsa de basura?En enero de 2024, el ADN fue incorporado a un proceso de análisis genético que permitió encontrar posibles familiares de la víctima. Los detectives contactaron a parientes lejanos y obtuvieron muestras que ayudaron a confirmar que se trataba de Paul Wesley Fitzmaurice Jr.Durante las pesquisas, las autoridades establecieron que el hombre vivía en Citrus Heights, en la misma casa que su esposa y su hija, antes de su muerte. Sin embargo, nunca había sido reportado como desaparecido.Los investigadores también descubrieron que las dos mujeres habrían mantenido ante familiares y amigos la versión de que Paul seguía con vida, aunque ya había sido asesinado.¿De qué acusan a la esposa y a la hija de Paul Fitzmaurice?El martes 17 de noviembre de 2026, detectives ejecutaron una orden de registro en la vivienda familiar y detuvieron a Georgia 'Gwenn' Fitzmaurice, de 75 años, y Mary Fitzmaurice, de 45.La hija fue acusada de asesinar a su padre y quedó ingresada en la cárcel de South Placer. Su madre, por su parte, enfrenta cargos por presunta complicidad en el crimen y por ayudar a deshacerse de los restos de Paul.El sheriff Wayne Woo señaló que, según la investigación, ambas habrían sostenido que Paul tenía problemas de consumo de sustancias, se había aislado y desaparecía durante días, pero que regresaba a la casa periódicamente.Además, las autoridades indicaron que las mujeres habrían seguido cobrando los beneficios del Seguro Social y la pensión de Paul. La investigación continúa y las autoridades no han revelado qué habría motivado el asesinato.
De cara al inicio de la temporada decembrina, se conoció una denuncia sobre el incremento de los cobros extorsivos en Medellín bajo la modalidad denominada por los grupos delincuenciales como "aguinaldo navideño".De acuerdo con los reportes revelados desde el Concejo Distrital, estructuras armadas están exigiendo pagos extraordinarios de hasta 2'500.000 pesos a los establecimientos comerciales, sumados a las cuotas periódicas que ya afectan a miles de hogares y negocios en la ciudad.La alerta fue expuesta públicamente por el concejal Andrés Tobón, quien señaló que durante las últimas semanas ha recibido múltiples reportes ciudadanos sobre estas exigencias económicas asociadas a las festividades de fin de año.Según detalló el corporado, en el sector limítrofe entre la comuna 12 (La América) y la comuna 13 (San Javier), integrantes de la estructura criminal conocida como La Agonía estarían exigiendo el pago de 2,5 millones de pesos a cada comercio bajo el argumento de financiar actividades comunitarias en diciembre."Nos informa, por ejemplo, en un sector muy conocido, El Límite, en la Comuna 12 y la Comuna 13, entre la América y San Javier, la estructura criminal de La Agonía está cobrando a los establecimientos un aguinaldo, dicen ellos, del valor de 2.5 millones de pesos supuestamente para las actividades dirigidas a la comunidad, dicen estos desgraciados", afirmó el corporado.El reporte conocido sobre este fenómeno indica que, más allá de los cobros extraordinarios de temporada, la extorsión afecta de manera permanente a cerca de 150.000 hogares y establecimientos comerciales en Medellín. Bajo el concepto de la llamada "cuota de seguridad", los cobros regulares comienzan desde los 2.000 pesos semanales en las viviendas residenciales y alcanzan hasta los 50.000 pesos diarios en el caso de los locales comerciales.Durante su intervención en la corporación, el concejal Andrés Tobón pidió acciones concretas frente a esta modalidad delictiva que suele intensificarse con la llegada de diciembre, mientras las autoridades mantienen habilitadas las líneas de atención del Gaula para recibir las denuncias de los comerciantes y residentes afectados en las distintas comunas de la capital antioqueña.
La crisis humanitaria en el Catatumbo, en Norte de Santander, continúa generando preocupación. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el deterioro de las condiciones de seguridad para la población civil y denunció nuevas intimidaciones contra sus equipos, que adelantan labores de acompañamiento y atención en los territorios afectados por el conflicto armado.De acuerdo con la entidad, las comunidades siguen enfrentando ataques con drones, enfrentamientos entre grupos armados, secuestros y desplazamientos forzados, situaciones que afectan sus derechos fundamentales y limitan la movilidad en diferentes municipios de la región.A este panorama se suma la situación de los funcionarios encargados de desarrollar las misiones humanitarias. La Defensoría denunció que sus equipos han sido objeto de interceptaciones, amenazas e intimidaciones por parte del ELN mientras adelantaban labores en terreno. Incluso, en algunas ocasiones, los integrantes de estas misiones habrían recibido advertencias sobre las condiciones en las que podían movilizarse.La institución también manifestó preocupación por los señalamientos difundidos por el frente 33 contra la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales y otras entidades que trabajan en la protección de las comunidades, especialmente en el municipio de Tibú.La gravedad de la situación quedó reflejada en el balance presentado por la Defensoría del Pueblo. Entre el 12 y el 21 de noviembre se documentaron al menos 17 nuevos hechos de violencia en el Catatumbo.Según el reporte, estos acontecimientos dejaron cinco personas muertas, cuatro de ellas integrantes de la fuerza pública y una civil, además de 17 heridos, entre los que se encuentran cinco militares y 12 civiles. También se reportó el secuestro de dos mujeres, quienes posteriormente fueron liberadas.Entre los hechos documentados se encuentran ataques con explosivos lanzados desde drones contra viviendas, instalaciones y zonas rurales de municipios como Tibú, El Tarra y Sardinata.Uno de los episodios ocurrió el 20 de noviembre, cuando un ataque con explosivos contra una vivienda en la vereda Kilómetro 77, en El Tarra, dejó herida a una niña de dos años. Ese mismo día, en Tibú, otros ataques con drones provocaron lesiones a dos personas y la muerte de un civil. Además, 27 familias, integradas por 57 personas, se desplazaron hacia el casco urbano del municipio.Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la misión humanitaria y se abstengan de realizar señalamientos, amenazas o acciones de intimidación contra quienes trabajan en la protección de la población.La entidad insistió en que las labores humanitarias se desarrollan bajo principios de independencia, neutralidad e imparcialidad, y que las intimidaciones ponen en riesgo a sus funcionarios y dificultan la atención de las comunidades que necesitan acompañamiento.
Someterse a un trasplante capilar implica más que elegir una clínica y comparar precios. Antes de realizarse la cirugía, el paciente debe verificar la formación del profesional, las condiciones del establecimiento, los riesgos del procedimiento y los controles posteriores, aspectos que pueden influir en su salud y en el resultado de la intervención.Nicole Saaibi Nisimblat, directora médica de Medicapilar, advierte que una consulta debe priorizar la información clínica y no la venta del procedimiento. Por eso, cuando la atención comienza con descuentos y ofertas, pero no incluye explicaciones sobre las técnicas, los riesgos y las condiciones del paciente, recomienda detenerse y buscar una segunda opinión.¿Qué debe verificar antes de elegir una clínica para un trasplante capilar?Una de las primeras recomendaciones es revisar las credenciales del médico y la habilitación del establecimiento donde se realizará la cirugía. Antes de contratar el servicio, el paciente debe comprobar:Que las acreditaciones de la clínica estén visibles.Que el establecimiento tenga vigente su habilitación.Que el médico esté inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).Que el profesional cuente con la formación y las certificaciones correspondientes para realizar este tipo de intervenciones.Que exista claridad sobre quién realizará cada etapa de la cirugía.La consulta previa también debe incluir una revisión de los antecedentes y la historia clínica del paciente, además de un examen con tricoscopio para identificar las causas de la caída del cabello y evaluar tanto las condiciones del cabello como la zona donante.No todas las personas con pérdida capilar son candidatas a esta cirugía. Algunas formas de alopecia no responden favorablemente al trasplante, por lo que identificar el origen de la caída es un paso necesario antes de recomendar la intervención.¿Qué riesgos tiene un trasplante capilar y qué debe preguntar?En la técnica FUE, el médico debe tener participación durante las diferentes etapas del procedimiento, incluida la extracción de folículos, el diseño, la anestesia y la supervisión de la intervención. Por eso, el paciente debe preguntar quién realizará cada tarea y si el profesional estará presente durante la cirugía.Entre las posibles complicaciones están el sangrado, las infecciones, las dificultades de cicatrización, la pérdida de folículos y los resultados diferentes a los esperados. También pueden aparecer molestias durante la aplicación de la anestesia.Una extracción excesiva de la zona donante o una distribución inadecuada de los folículos puede dejar cicatrices, generar una apariencia artificial o afectar la dirección del crecimiento del cabello.Antes de firmar el consentimiento informado, el paciente debe recibir las órdenes de laboratorio, las recomendaciones pre y posoperatorias, la información sobre medicamentos, los riesgos de la cirugía y un contacto de emergencia con los signos de alarma.Las fotografías de antes y después también deben revisarse con criterio, buscando casos de personas con características similares y sin basar la decisión únicamente en las imágenes promocionales de las clínicas.La decisión de realizarse un trasplante capilar debe partir de una evaluación médica individual y de información transparente, no únicamente de las ofertas comerciales.
Diferentes instituciones del país se sumaron a las voces de rechazo contra el ataque terrorista sufrido en la noche del sábado contra un batallón militar en La Jagua de Ibirico, Cesar. El hecho dejó un soldado muerto y al menos 22 heridos, según las cifras entregadas por la Alcaldía del municipio.A esas voces que condenaron el hecho, se sumó el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, quien expresó su “solidaridad con el Ejército, las víctimas y familias del cruel y cobarde ataque terrorista que se registró contra el Batallón Especial Energético y Vial en La Jagua de Ibirico”.“Rechazamos estos actos y hacemos un llamado al respeto por la vida y las instituciones”, enfatizó el Procurador en una publicación que hizo en su cuenta de X.Así mismo, la Defensoría del Pueblo, también a través de redes sociales, lamentó la muerte del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina durante el ataque.La entidad expresó su preocupación por la creciente utilización de tecnologías y artefactos explosivos por los grupos criminales y los riesgos que esto representa tanto para los integrantes de la fuerza pública y las comunidades.Más temprano el presidente Abelardo De La Espriella condenó fuertemente el hecho y reiteró que este y todos los ataques contra la Fuerza Pública y la población civil “los narcoterroristas los van a pagar con sangre”. Agregó en su cuenta en la red social X que “cada acción criminal tendrá una respuesta contundente” del Estado “más fuerte, letal e implacable”.“¡Vamos a acabar con esa plaga, con ese cáncer del narcoterrorismo que tanto daño le ha hecho a Colombia!”, escribió el mandatario.Por su parte, el secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel, se trasladó hasta La Jagua de Ibirico en la mañana de este domingo, para liderar una mesa de seguridad extraordinaria junto al alcalde, Leonardo Hernandez, y autoridades de Policía y Ejército.Reveló Esquivel que presuntamente el ataque terrorista contra el Batallón Especial Energético y Vial se realizó con “tatucos”. Además, un vehículo fue quemado en la carretera para distraer a los uniformados y varios drones sobrevolaron el municipio.Sobre el uso de drones, el alcalde Leonardo Hernández dijo que estos incluso sobrevolaron los alrededores del hospital de La Jagua, cuando los soldados heridos eran atendidos. Por la tensa situación decidió declarar el toque de queda por 24 horas.Agregó el mandatario municipal que la población civil tiene zozobra y mucha preocupación ante la posibilidad de que se presenten nuevos ataques.Por último, destacó Hernández que este ataque que él atribuye al ELN, se dio por los últimos golpes que se vienen propinando contra todas sus economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, entre esos el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de cocaína en la Serranía del Perijá.