Mientras la Fiscalía judicializa a un exviceministro Defensa, Luis Edmundo Suárez, por el direccionamiento de un contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento de los helicópteros MI-17, uno de los escándalos de contratación más recientes en el sector defensa, y la Procuraduría vigila de cerca la ejecución de los 13 billones de pesos del CONPES 4187 para la compra de armamento y equipos, el Ministerio de Defensa Nacional revela el desarrollo de una herramienta que busca anticiparse precisamente a este tipo de irregularidades: un sistema de inteligencia artificial bautizado Helios.Según un documento del Grupo de Transparencia de la cartera, elaborado bajo la dirección del ministro Pedro Sánchez, y conocido en exclusiva por Blu Radio, Helios es un sistema de información que cruza millones de registros de contratación pública proveenientes de SECOP I, SECOP II, el Registro Único Empresarial y Social y el Clasificador UNSPSC, para detectar de forma automatizada señales de alerta temprana en los procesos de compra del sector defensa, antes de que un contrato termine firmado.El problema que busca resolverEl documento parte de una cifra que dimensiona el reto: solo en 2025, SECOP II registró más de un millón de contratos en el país, con cerca de 568.000 proveedores repartidos en 4.021 entidades públicas.A eso se suma que, entre enero de 2025 y junio de 2026, las denuncias recibidas por la Línea 157, el canal anticorrupción exclusivo del sector defensa, administrado por la Dijín, comprometían cerca de 530.000 millones de pesos, una cifra que el propio informe equipara al costo de 106 escuelas, dos hospitales o el Plan de Alimentación Escolar de más de 700.000 niñas y niños.Frente a ese volumen, el documento sostiene que la verificación manual de cada contrato y cada proveedor es, en la práctica, inalcanzable para los funcionarios encargados del control.Nueve alertas automatizadasHelios no reemplaza a los investigadores humanos: les entrega, mediante tableros interactivos, listados priorizados de contratos y proveedores que activan alguna de nueve alertas construidas con algoritmos. Entre ellas:Procesos con un único oferente, que evidencian ausencia de competencia real en licitaciones que deberían ser abiertas.Plazos de adjudicación extremadamente cortos, que pueden reflejar una decisión tomada de antemano a favor de un proveedor específico.Concentración atípica de contratos, ya sea en una misma entidad, una misma ciudad o un mismo mercado, medida con el Índice Hirschman-Herfindahl, el mismo indicador que usa el Departamento de Justicia de Estados Unidos para detectar monopolios.Contratos que superan su plazo original dentro de una misma vigencia presupuestal, por adiciones sin justificación clara.Proveedores con historial de sanciones previas en SECOP I o SECOP II.Empresas con múltiples categorías de bienes y servicios, un patrón que puede indicar que una compañía funciona como fachada para varios tipos de contratación.Más allá del componente técnico, el documento incluye una caracterización de las modalidades de corrupción que el Grupo de Transparencia ha identificado en el sector defensa durante el último año: el uso de Uniones Temporales como fachada para que empresas inhabilitadas contraten a través de un socio habilitado; licitaciones diseñadas "a la medida" de un proveedor previamente escogido; el fraccionamiento de un solo proyecto grande en múltiples contratos pequeños para evadir controles; la cartelización de ofertas entre empresas que simulan competir mientras pertenecen al mismo dueño; y el abuso de la figura de urgencia manifiesta para saltarse procesos de selección abierta.El informe también documenta señales de alerta adicionales detectadas en la práctica: empresas que en poco tiempo pasaron de tener capital casi nulo a superar los mil millones de pesos, contratos que comenzaron a ejecutarse hasta 300 días antes de su fecha oficial de inicio, y compañías que cambiaron de razón social varias veces en menos de cinco años para seguir contratando con el sector."Mediante un análisis, unos algoritmos que se han involucrado, permite determinar cuáles podrían ser los riesgos que tendría dicha contratación. Si esa persona tiene contrato en todo el país y que se asocia con ciertas personas, y que su objeto social es demasiado amplio, y una persona que produce telas en su objeto social resulta también vendiendo armas. Entonces todos estos elementos le van llamando la atención al analista, pero producto de todo el análisis que hay detrás de esa tecnología, con ello también se pueden investigar posterior casos", explicó a Blu Radio el ministro de Defensa.El ministro Sánchez agregó: "Lo ideal es emplearlo en la prevención antes de la contratación. Pero si ya ocurre, hemos hablado incluso con la Fiscalía General de la Nación para que tenga usuarios y pueda mirar ello. Nuestra meta es que esto se convierta en la herramienta tecnológica nacional en la prevención y la lucha contra la corrupción, especialmente en lo que tiene que ver con contratación".Lo que Helios no esEl propio documento es enfático en delimitar los alcances de la herramienta: su aporte es preventivo, no judicial."La decisión final de investigar, sancionar y detener un proceso siempre requerirá del juicio ético y otros elementos de contexto y de debida diligencia que solo los seres humanos pueden garantizar", señala el informe, que además advierte que el sistema es "tan ético y transparente como los datos con los que se alimenta y quien lo diseña", por lo que su funcionamiento requerirá monitoreo técnico constante.Por ahora, el uso de Helios es exclusivo para funcionarios del Ministerio de Defensa y se encuentra en su primera fase de implementación.Según sus propios autores, el éxito de la herramienta no debería medirse por el número de funcionarios sancionados a partir de sus alertas, sino por la cuantía de recursos públicos que logre proteger antes de que un contrato cuestionado llegue a firmarse.Lo que hace el sistema Helios es coger información del seco 1, seco 2 y bajo una programación que tenemos, identificar patrones que podrían convertirse en posibles conductas que vayan en contra de la administración pública.
A pocas horas de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali, el ministro de Defensa saliente, Pedro Sánchez, ofreció su último balance de seguridad en el que advirtió sobre el vertiginoso cambio en las formas de lucha armada y la sofisticación tecnológica de los grupos ilegales.Sánchez, quien renunció a su carrera militar de 35 años para asumir este cargo político, destacó tanto los logros en la mitigación de ataques como los profundos desafíos que hereda el próximo gobierno.La creciente amenaza de los drones comercialesUno de los puntos más críticos abordados por el ministro saliente es el uso de vehículos aéreos no tripulados por parte de organizaciones criminales. Según Sánchez, la accesibilidad de esta tecnología ha revolucionado el conflicto, pues los delincuentes adquieren "drones que son baratos, que son comerciales, que se adquieren fácilmente y que simplemente se le adecúa un explosivo haciendo un arma muy dañina a un muy bajo costo".A pesar de la complejidad del panorama, el ministro destacó que durante el periodo de 2024 a 2026 se lograron inhibir aproximadamente 22,000 ataques en el país.No obstante, admitió que la protección absoluta es imposible en la actualidad: "en este momento no hay un sistema, hablarlo así, un solo sistema que pueda dar el 100% de la solución", agregando que "la tecnología para inhibir absolutamente todo el universo de esta amenaza no la hay aún, no existe aún". El saldo de estos ataques con drones en los últimos dos años asciende a 328 víctimas, entre militares, policías y civiles.Mercenarismo y entrenamiento en el exteriorEl ministro alertó sobre una alarmante red de reclutamiento de ciudadanos colombianos, incluidos exguerrilleros, exparamilitares y exmilitares, que viajan a combatir en conflictos extranjeros como Ucrania, Rusia, Sudán y Yemen.De acuerdo con estimaciones de la ONU citadas por el funcionario, se calcula que más de 10,000 colombianos han sido reclutados bajo esta modalidad en los últimos 11 años, principalmente a través de plataformas como Facebook y TikTok.Sánchez calificó esta situación como "una tragedia muy grande que uno podría relacionarlo como trata de personas que es enfocadas a mercenarismo".Asimismo, denunció que algunos miembros de estructuras criminales como el ELN o las disidencias de alias Iván Mordisco han viajado a estos frentes de batalla internacionales "para traer o para aprender cómo asesinar, cómo seguir matando" mediante el uso avanzado de drones.Tensiones en el empalme y el blindaje de la posesión en CaliRespecto a la seguridad de la posesión presidencial en Cali, Sánchez aseguró que se ha desplegado un robusto dispositivo que incluye el apoyo de los Estados Unidos y la prohibición total del vuelo de drones en la zona. Además, reveló que recientemente se neutralizó un vehículo cargado con explosivos de las disidencias de alias Mordisco en Santander de Quilichao.Sin embargo, el ministro no ocultó su descontento con la transición del mando, señalando que la decisión del nuevo gobierno de suspender las mesas de empalme a inicios de julio afectó la coordinación del evento. "Si el gobierno entrante, por lo menos en términos de defensa, no nos hubiera interrumpido, no hubiera cancelado más bien o suspendido el empalme, hubiera sido más fácil articular todo esto", puntualizó.'Iván Mordisco'Al hacer un balance de su administración, Sánchez resaltó que entrega una fuerza pública con el índice de favorabilidad más alto de su historia, un incremento de 20 puntos en el índice de transparencia (pasando del 64% al 83%) y una reducción del 71% en las quejas por derechos humanos.Pese a estos resultados, reconoció que le quedó una tarea pendiente de gran relevancia en la neutralización de los principales cabecillas del narcotráfico.Al ser interrogado sobre cuál líder criminal representaba su mayor frustración, el ministro saliente confesó: "indiscutiblemente, alias Iván Mordisco, el principal, el Chiquito Malo, el que sigue, alias Pablito, pero alias Mordisco".Escuche aquí la entrevista:
Cerca de 328 personas, entre civiles y militares, han resultado asesinadas o heridas en Colombia durante los últimos dos años por ataques con drones utilizados por grupos armados ilegales. Tras esta razón, entre otras, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa y del ministro Pedro Arnulfo Sánchez, radicó ante el Congreso de la República cuatro proyectos de ley.Dos fueron presentados en la Cámara de Representantes: la regulación de drones y antidrones y la reforma a la Ley de Veteranos; mientras que en el Senado fueron radicados el Estatuto de Soldados e Infantes de Marina Profesionales y la reforma al Código Disciplinario Militar.La principal apuesta del Gobierno es el proyecto de regulación de drones y sistemas antidrones, una iniciativa que fue presentada nuevamente al Congreso. Según el ministro Sánchez, el conflicto armado ha cambiado y los drones comerciales se han convertido en una herramienta utilizada por organizaciones criminales para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil, por lo que el país necesita una legislación que responda a esa nueva realidad.De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el 88% de estos hechos han sido atribuidos a las disidencias de las Farc al mando de alias "Iván Mordisco", mientras que otro 11% corresponde a estructuras del cartel del narcotráfico del ELN. Cauca es el departamento más afectado, seguido por Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.Por lo que, la iniciativa de este proyecto de ley busca establecer una estrategia integral para la importación, fabricación, comercialización, adquisición, registro, porte, transporte, vigilancia y uso de drones en Colombia. Además de fortalecer la supervisión del gobierno para garantizar que quienes emplean estos equipos con fines comerciales, agrícolas, industriales o audiovisuales puedan seguir haciéndolo bajo reglas claras y dentro de la legalidad.El proyecto también crea el marco legal para el uso excepcional de sistemas antidrones, tecnologías que permiten detectar, controlar o neutralizar drones cuando representen una amenaza para la seguridad.Durante la radicación, el ministro Pedro Arnulfo Sánchez insistió en que la iniciativa no busca frenar el desarrollo tecnológico. "No es una ley contra la tecnología; es una ley para proteger a los colombianos", afirmó, al señalar que el objetivo es encontrar un equilibrio entre el uso responsable de los drones y la necesidad de impedir que sean utilizados por el crimen organizado para afectar la vida de los colombianos y militares.Otro de los proyectos radicados corresponde a la reforma de la Ley de Veteranos, que busca fortalecer los beneficios para los más de 214.000 veteranos certificados que tiene el país.La propuesta crea el Sistema Nacional de Atención Integral al Veterano para articular a todas las entidades del Estado en la atención de esta población, fortalece el Consejo de Veteranos y amplía los mecanismos de participación y presencia institucional en las regiones.En el Senado también fue presentado el proyecto del Estatuto de Soldados Profesionales e Infantes de Marina, que beneficiaría a cerca de 86.200 uniformados. La iniciativa busca dignificar su carrera mediante mayores oportunidades de formación académica, capacitación, acceso a estudios técnicos y profesionales, criterios de ascenso basados en el mérito y un aumento de la bonificación para quienes se encuentran en formación, que pasaría del 33% al 50%.El ministro explicó que el proyecto también permitirá que los soldados con mejor desempeño puedan acceder con mayor facilidad a las escuelas de formación de oficiales y suboficiales, además de incorporar nuevos estímulos educativos.El cuarto proyecto corresponde a la reforma al Código Disciplinario Militar, que actualiza las normas que regulan la disciplina de las Fuerzas Militares de acuerdo con la Constitución y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propuesta fortalece el debido proceso, la presunción de inocencia, la doble instancia y la imparcialidad en las investigaciones disciplinarias, con el propósito de mantener la disciplina como uno de los pilares fundamentales de la Fuerza Pública.Ahora estos cuatro proyectos quedan en manos del Congreso de la República para ser debatidos y determinar si se convierten en una ley colombiana.
A pocos días de concluir el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó la firma de contratos para la adquisición de nuevas aeronaves destinadas a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares. Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el funcionario defendió las millonarias inversiones en seguridad, aseguró que obedecen a necesidades históricas del país y rechazó que se trate de decisiones improvisadas de última hora.Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos por la firma de contratos para la compra de dos aeronaves tácticas Embraer KC-390 y por el avance del programa de adquisición de los cazas Gripen, iniciativas que serán financiadas mediante vigencias futuras y cuyos efectos presupuestales recaerán en los próximos gobiernos."No es para un presidente, es para el país"Frente a las críticas por el momento en que fueron suscritos los contratos, Sánchez insistió en que las adquisiciones no responden a intereses políticos, sino a una estrategia de largo plazo para recuperar capacidades militares que, según afirmó, han sido aplazadas durante décadas."Todo eso que se está comprando ahorita no es para un presidente ni para el gobierno que está entregando, eso es para el país. Ustedes nos están exigiendo seguridad, pues hay que invertir en seguridad", sostuvo el ministro.El funcionario explicó que la necesidad de fortalecer la capacidad aérea viene desde administraciones anteriores y recordó que en 2022 ya existía un documento CONPES que advertía sobre el rezago en materia de defensa.Inversiones por 13 billones de pesosDurante la entrevista, Sánchez precisó que el Gobierno autorizó un CONPES cercano a los 13 billones de pesos destinado a modernizar las capacidades de defensa del país. Según explicó, el programa contempla la adquisición de 47 aeronaves entre aviones y helicópteros, vehículos blindados, embarcaciones, sistemas antidrones, camionetas y más de 100.000 fusiles, dentro de un plan de ejecución previsto para los próximos ocho años.El ministro aseguró que la contratación actualmente en curso asciende aproximadamente a 1,5 billones de pesos, equivalentes a cerca de 366 millones de dólares, y enfatizó que las compras militares requieren años de planeación."Comprar en defensa no se compra como ir al Éxito; eso tiene que ser una programación, porque si se compra inmediatamente sale demasiado costoso o simplemente no existe lo que se necesita", manifestó.Compra de los Gripen ya no podrá reversarseUno de los anuncios más relevantes de la entrevista fue la confirmación de que el Gobierno aprobó el mecanismo de financiación para la compra de los aviones de superioridad aérea Gripen.Pedro Sánchez explicó que ya no solo existe el documento que autoriza la adquisición de las aeronaves, sino también el esquema financiero que permitirá gestionar un empréstito internacional para cubrir la operación. Consultado sobre la posibilidad de que el próximo Gobierno revierta la compra, respondió de manera categórica."La compra no la podría reversar porque hay un contrato firmado, ya se inició. Hay unos contratos, unas cláusulas y unas obligaciones que ya fueron adquiridas", indicó. Asimismo, sostuvo que la Contraloría revisó el proceso y concluyó que responde a una necesidad estratégica para el país y cumple con los requisitos legales.Fusil Jaguar continúa en evaluaciónOtro de los temas abordados fue el futuro del fusil colombiano Jaguar, proyecto desarrollado por la industria nacional que aún presenta dificultades técnicas.El ministro confirmó que las pruebas realizadas detectaron fallas relacionadas con la caja de mecanismos y otros componentes que impiden garantizar la confiabilidad exigida por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional."No está a punto para que sea totalmente confiable como lo requieren las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Hasta que no esté confiable, no se adquirirá", afirmó.No obstante, aclaró que el proyecto no ha sido cancelado y que, de manera paralela, el Ejército adelanta un proceso para evaluar proveedores internacionales con el fin de garantizar el reemplazo del fusil Galil en caso de ser necesario."Ojalá sea el Jaguar, pero si no está a punto, no lo va a tener la Fuerza Pública", puntualizó.Defensa de la institucionalidadEn el tramo final de la entrevista, Sánchez hizo un balance sobre el papel de las Fuerzas Militares durante el proceso de transición gubernamental y resaltó el compromiso institucional con la Constitución.El ministro agradeció el reconocimiento recibido por la labor desarrollada durante las elecciones y destacó que la Fuerza Pública actúa al margen de intereses partidistas. "Nosotros respondemos a la Constitución y la ley. No elegimos al presidente, pero defenderemos y acataremos siempre su mandato cuando esté acorde con la Constitución y la ley", expresó.Además, reiteró que su paso por el Ministerio de Defensa no tuvo motivaciones políticas y recordó que renunció a su carrera militar para asumir un cargo de naturaleza civil.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el Gobierno Nacional ha identificado serias amenazas de seguridad que buscan afectar la próxima posesión presidencial. Según el funcionario, el dispositivo de seguridad, que cuenta con la movilización de más de 11.000 hombres y mujeres de la fuerza pública, está articulado para neutralizar riesgos específicos que han sido detectados por labores de inteligencia en Cali.“Si estamos allá es porque hay riesgos. Si no existieran riesgos, pues no existiría la fuerza pública”, aseguró el ministro en diálogo con Mañanas Blu, justificando el traslado del centro de operaciones a la capital del Valle del Cauca.¿Cuáles son las amenazas reales detectadas para la posesión?El general (r) Sánchez categorizó los riesgos en tres frentes principales que mantienen en alerta máxima a los organismos de seguridad:Terrorismo con explosivos: El ministro confirmó la existencia de información sobre intentos de camuflar explosivos para infiltrarlos en el evento, utilizando modalidades similares a ataques previos en Cali y el Catatumbo, donde se emplearon vehículos escolares o de carga.Ataques con drones: Se ha desplegado una capacidad antidrones especializada para proteger el espacio aéreo del evento.Vandalismo: Ante el promedio diario de 33 protestas sociales en el país, las autoridades se preparan para prevenir que la movilización ciudadana sea instrumentalizada para generar caos.Respecto a la magnitud de los explosivos, el ministro precisó: “Lo que tenemos en este momento ya concretamente, más que decir alguna cantidad, es que sí hay una amenaza y por ello es que hemos desplegado las capacidades”.¿Qué grupos ilegales estarían detrás de los intentos de sabotaje?De acuerdo con el titular de la cartera de Defensa, la inteligencia estatal ha identificado que las principales amenazas provienen de las disidencias de alias ‘Mordisco’ y el ELN. El funcionario explicó que, al ser un evento de trascendencia nacional, estos grupos buscan mostrar capacidad de daño.“Recordemos cómo actúan los criminales, tienden a mostrar poder en eventos de este tipo. A pesar de decapitar esas cabezas (con la neutralización de cabecillas como alias ‘Ñeque’ y ‘Marlon’), sigue la amenaza latente”, afirmó el ministro Sánchez.¿Por qué las cifras de criminalidad generan debate público?Durante la entrevista, se confrontaron las cifras oficiales con los informes recientes de organizaciones como Indepaz, que sugieren un crecimiento del 90% en los grupos armados ilegales. El ministro Sánchez defendió la gestión institucional argumentando que, durante los últimos cuatro años, se han neutralizado 17.000 integrantes de grupos al margen de la ley.“¿De dónde sale esa capacidad de recuperación criminal? Principalmente de la razón por la cual ellos existen, que es la economía criminal: la minería ilegal y el narcotráfico”, sostuvo el ministro. Además, insistió en que el análisis de la seguridad debe basarse en tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes y no solo en variaciones absolutas de cantidad, citando reducciones en departamentos como Putumayo y Antioquia.¿Qué falló en la política de ‘paz total’ según el Ministerio?Al ser cuestionado sobre las dificultades de la actual administración para contener a los grupos armados, el ministro Sánchez fue enfático en señalar errores de enfoque durante las negociaciones. “Aquí no hay que tapar absolutamente nada; errores que se cometieron o que no se debieron haber hecho”, puntualizó.Entre los puntos críticos, el ministro destacó tres fallas:Cese al fuego: Se implementó de manera prematura antes de lograr avances sustanciales en las negociaciones.Perfil de los negociadores: El equipo debía tener una mayor experticia en el combate a las economías ilegales.Exceso de confianza: Se dio credibilidad a promesas de paz de criminales que, según la inteligencia del Estado, solo buscaban ganar tiempo.El ministro concluyó reiterando que el Gobierno se mantiene al frente de la seguridad para garantizar que la transición presidencial ocurra bajo estrictas condiciones de tranquilidad, priorizando el trabajo de inteligencia para anticiparse a cualquier intento de alteración del orden público.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez, anunció este domingo que dejará el cargo temporalmente a partir del próximo martes para someterse a un "procedimiento médico programado" que lo mantendrá alejado de la cartera durante unos días en la recta final del Gobierno de Gustavo Petro."A partir del 14 de julio tendré un procedimiento médico programado. Durante unos días atenderé mi recuperación para poder seguir sirviendo a Colombia con la misma entrega de siempre", afirmó Sánchez Suárez -en su cuenta de X-.El ministro de Defensa detalló que durante su ausencia los más de 423.000 integrantes de la cartera "continuarán cumpliendo su misión con total normalidad", sin dar detalles de cuándo retomará sus funciones."Siempre entregaré lo mejor de mí hasta el último día como ministro, como si fuera el primero. Gracias de corazón por sus mensajes, oraciones. Dios los bendiga y les multiplique a ustedes los deseo que me envían", añadió Sánchez Suárez en su comunicado.El alejamiento de esta autoridad ocurre a menos un mes del inicio del próximo Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien sera investido el 7 de agosto y cuya intención de posesionarse en un batallón militar han generado polémica en el país.Con esta licencia, el ministro de Defensa no estará el próximo 20 de julio en el tradicional desfile militar que conmemora el Día de la Independencia de Colombia y no se sabe si regresará antes del 7 de agosto, cuando termina el actual Gobierno.El presidente saliente, Gustavo Petro, y parte de la izquierda no reconocen la elección de De La Espriella, quien se impuso en la segunda vuelta el pasado 21 de junio al oficialista Iván Cepeda, por lo que la bancada de su partido, el Pacto Histórico, ejercerá una oposición radical al nuevo Gobierno desde su asunción.
El Gobierno nacional llegó hasta Bojayá en donde en medio de un acto solemne de reconocimiento por la masacre en donde fueron asesinadas más de 100 personas en mayo de 2002, el Estado colombiano pidió perdón por su actuar durante este trágico día para el departamento de Chocó.El evento fue presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue tajante en sus palabras y no solo aceptó la responsabilidad de la Nación, sino que ofreció excusas públicas a las víctimas de la masacre cometida por las Farc y las AUC."En nombre de la Nación. Reconozco ante ustedes que el Estado falló en su deber de protegerlos frente a este acto demencial. Falló porque no actuó con la oportunidad y la eficacia que las circunstancias exigían. Falló porque existieron alertas sobre el riesgo que enfrentaban estas comunidades, y la respuesta institucional no fue suficiente para evitar la masacre", aseguró Sánchez.La conmemoración tuvo lugar en un territorio que aún guarda las cicatrices de lo ocurrido el 2 de mayo de 2002, cuando más de un centenar de personas fueron asesinadas en medio de enfrentamientos. La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, se refirió al derecho a la no repetición."Eso no pasó en la violencia de los 1990, eso no pasó en la violencia de los 2000, eso no pasó en la violencia que se ha reproducido, por ejemplo, en Quibdó y otros municipios a partir del desplazamiento, a partir de la destrucción del tejido social que había creado más violencia. Pero no hay garantía de no repetición", manifestó la mandataria.Hay que recordar que en aquel entonces y en medio del fuego cruzado, la población civil buscó refugio en la iglesia del pueblo que terminó siendo impactada por un cilindro bomba lanzado por la guerrilla, causando una de las peores masacres registradas en la historia de Colombia. "El Estado no brindó una pronta y efectiva y oportuna respuesta para proteger a la población civil del municipio de Bojayá y de las poblaciones aledañas frente al inminente enfrentamiento entre grupos armados ilegales", indicó la defensora del Pueblo, Iris Marín.Los hechos también afectaron a comunidades cercanas, como las del municipio de Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia, donde la confrontación armada causó temor y el desplazamiento forzado en decenas de familias.Este acto de perdón se dio en el marco de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en materia de verdad, justicia y reparación, especialmente frente a las víctimas del conflicto armado.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, envió un mensaje de tranquilidad al país respecto a la estabilidad institucional y el respeto por los resultados democráticos. En medio de un recorrido para supervisar la seguridad alimentaria y combatir la extorsión, el funcionario fue enfático en señalar que el proceso de transición presidencial está en marcha y que la fuerza pública acatará el mandato de las urnas.Reconocimiento del nuevo mandatario y transición constitucionalEl ministro Sánchez despejó cualquier duda sobre la postura del sector defensa frente al cambio de gobierno. Durante la entrevista, aclaró que el reconocimiento de los resultados no es un asunto de voluntad individual, sino una obligación legal. "No es una cosa personal, es un tema constitucional, es un tema institucional. Ya ocurrieron unas elecciones, la autoridad electoral ya se pronunció", afirmó el jefe de la cartera de Defensa.Sánchez fue explícito al nombrar a quien asumirá las riendas del país en agosto, asegurando que se mantiene la línea de mando y el respeto institucional. "El presidente de Colombia es el presidente actual, el doctor Gustavo Petro. A partir del 7 de agosto será el doctor De La Espriella", puntualizó el ministro, confirmando que las fuerzas militares y de policía están preparadas para la transición.Garantías de seguridad y diálogos con el presidente PetroAnte los rumores de una posible ruptura del orden constitucional o un intento de "golpe de Estado", el ministro relató detalles de sus conversaciones privadas con el presidente Gustavo Petro. Según Sánchez, el mandatario actual ha sido claro en su intención de entregar el cargo según lo estipulado por la ley. "El señor presidente me dijo: '¿Por qué están diciendo que golpe de estado, que no sé qué? Jamás, jamás voy a dar una orden... que vaya en contra de la ley'", relató el funcionario.De igual manera, el ministro informó que se han emitido directrices precisas para que el proceso de empalme se realice bajo estrictas medidas de seguridad, protegiendo tanto al mandatario saliente como al entrante. "Mi mandato termina el 6 de agosto del 2026. Por eso hay unas órdenes que se emitieron de empalme, quiere decir que hay una transición y debemos garantizar la seguridad, obviamente, del presidente actual, del presidente electo", explicó Sánchez.La fuerza pública frente a la desinformaciónEl ministro atribuyó gran parte de la tensión política a una "desinformación muy fuerte" que circula en redes sociales y que, a su juicio, extrapola apreciaciones políticas para llevarlas a extremos peligrosos. Aseguró que dentro de la cúpula militar y policial existe total claridad sobre su rol y que no hay espacio para la confusión."La fuerza pública tiene claro su rol. Obedecer a la Constitución y la ley y acatar, obviamente, los lineamientos del presidente que esté, del actual hasta el 6 de agosto y el que viene a partir del 7 de agosto", sostuvo el ministro. Asimismo, señaló que los uniformados están enfocados en su misión de brindar seguridad y que comentarios sobre supuestos ruidos de sables generan "extrañeza" en las tropas, cuyo único fin es garantizar el proceso democrático.Balance de seguridad y lucha contra la extorsiónAprovechando su presencia en Corabastos, Sánchez destacó los logros en materia de orden público. Resaltó que gracias a la confianza en la fuerza pública, el "81% de los casos de extorsión no se paga", lo que ha evitado que cerca de 800.000 millones de pesos lleguen a estructuras criminales en los últimos años.Finalmente, entregó cifras positivas de seguridad para la capital del país, indicando una reducción del 7.7% en el homicidio y del 54% en el secuestro en comparación con el año anterior, reafirmando que el papel de las autoridades es "proteger a todos los colombianos y garantizar también ese pilar fundamental del estado social de derecho que es la democracia". Aquí la entrevista:
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó este viernes que exista un intento de golpe de Estado o de desconocer el resultado de las elecciones presidenciales, al afirmar que la fuerza pública tiene claro su papel constitucional y que el proceso de transición entre el actual Gobierno y el presidente electo se desarrollará con normalidad.Durante una visita a Corabastos, en Bogotá, donde encabezó una jornada de prevención contra la extorsión junto con la Policía Nacional, el jefe de la cartera de Defensa respondió a las versiones que han surgido en medio del clima de tensión política y aseguró que, al interior de las Fuerzas Militares y de Policía, no existe ninguna duda sobre el respeto a la institucionalidad."Aquí ya las elecciones pasaron, aquí es claro que el 7 de agosto hay un nuevo presidente tomando posesión del cargo. Aquí lo único que hay es seguridad y tranquilidad de todo este proceso democrático", afirmó Sánchez en entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales.Las declaraciones del ministro se producen luego de que diferentes sectores políticos plantearan dudas sobre un eventual desconocimiento de los resultados electorales, alimentadas por recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y por las denuncias públicas del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien aseguró que el Gobierno mantenía una actitud "golpista".Frente a ese escenario, Sánchez reveló que sostuvo conversaciones con el presidente Petro durante los últimos días para abordar exclusivamente los temas relacionados con la seguridad de la transición presidencial."Estoy hablando con él hace dos días y me dijo: 'Yo no sé por qué están diciendo eso. Jamás voy a dar una orden anticonstitucional'", aseguró el ministro, quien insistió en que el mandatario le reiteró que su período constitucional concluye el 6 de agosto.El titular de Defensa explicó que el papel del sector que dirige se limita al estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, independientemente del Gobierno de turno."La fuerza pública tiene claro su rol: obedecer la Constitución y la ley, acatar los lineamientos del presidente que esté, del actual hasta el 6 de agosto y del que viene a partir del 7 de agosto", sostuvo.Durante la entrevista también negó que haya existido algún enfrentamiento institucional entre el Ministerio de Defensa y la Casa de Nariño, luego de las interpretaciones que surgieron tras sus declaraciones del día anterior."Yo no fui a la Casa de Nariño a hacer un reclamo. Es el trabajo que hacemos todos los días. Algunas personas han dicho que el sector Defensa se aisló del Ejecutivo. No. El presidente de Colombia es el actual presidente Gustavo Petro; a partir del 7 de agosto será el doctor Abelardo De La Espriella", puntualizó.Sánchez aseguró que dentro de las Fuerzas Militares no existe preocupación por un eventual rompimiento institucional y atribuyó las especulaciones a la circulación de información falsa en redes sociales."Hay más bien extrañeza de esos comentarios golpistas. He visto muchísima desinformación, pero no hay confusión en lo que tenemos que hacer nosotros como sector Defensa", afirmó.El ministro añadió que las conversaciones sostenidas con la cúpula militar y policial permitieron ratificar que todas las instituciones mantienen absoluta claridad sobre el proceso de relevo presidencial."Para nosotros es muy sencillo como fuerza pública: hacer lo que dice la Constitución y la ley. Simplemente es una transición de presidente", señaló.La jornada del ministro en Corabastos estuvo centrada en fortalecer la estrategia contra la extorsión, uno de los delitos que más afecta a comerciantes y transportadores de la principal central mayorista del país. Allí invitó a los ciudadanos a denunciar y recordó que, según cifras oficiales, el 81 % de los casos conocidos no terminan con el pago de las exigencias económicas gracias a la intervención de las autoridades.Sánchez también presentó un balance de seguridad para Bogotá, indicando que el homicidio registra una reducción del 7,7 %, el secuestro del 54 % y la extorsión del 12 % frente al mismo periodo del año anterior. No obstante, insistió en que el objetivo principal sigue siendo proteger a todos los colombianos y garantizar el normal funcionamiento de la democracia durante el proceso de transición presidencial.
El actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, felicitó al mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, designado como nuevo ministro de Defensa por el presidente electo Abelardo De La Espriella, y aseguró que el proceso de empalme exige una responsabilidad superior con la Nación. “Colombia necesita que la transición en el sector Defensa se realice con altura institucional, respeto democrático y plena conciencia de Estado. La seguridad nacional no pertenece a un gobierno ni a una coyuntura política”, afirmó Sánchez a través de su cuenta de X.Sánchez también informó que ya se adelantaron los primeros contactos con el ministro designado para iniciar un empalme “transparente, responsable, profesional y colaborativo”. Con ello, reiteró la disposición del Ministerio de Defensa para llevar a cabo una transición útil para el país.Tras el anuncio también se conocieron reacciones desde distintos sectores económicos. La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, afirmó que fortalecer la seguridad en las regiones será clave para promover la inversión, la generación de empleo y el desarrollo empresarial.En la misma línea, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, señaló que la designación representa una señal importante para fortalecer la seguridad y la institucionalidad en el país. Además, el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, aseguró que los alcaldes de las 32 ciudades capitales están dispuestos a coordinar esfuerzos con el nuevo ministro y aportar su experiencia desde los territorios.Jorge Eduardo Mora López llega al Ministerio de Defensa tras 36 años de carrera en el Ejército Nacional. Durante su trayectoria fue comandante de la Octava División del Ejército entre 2021 y 2022, dirigió la División de Fuerzas Especiales y ocupó cargos relacionados con inteligencia, la lucha contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales. También se desempeñó como asesor de planificación estratégica de la Junta Interamericana de Defensa en Washington.El oficial retirado fue investigado en 2021 por un presunto fraude relacionado con viáticos. Sin embargo, en mayo de este año fue exonerado por la justicia, que concluyó que no tuvo participación en las irregularidades.
Tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, en José del Palmar, Chocó, las aerolíneas activaron medidas especiales para los pasajeros que puedan tener afectaciones en sus viajes. Avianca, LATAM y Wingo ofrecen alternativas para reprogramar vuelos, cambiar rutas o solicitar reembolsos, aunque las condiciones dependen de cada compañía.Avianca habilitó estas medidas para pasajeros con tiquetes confirmados en vuelos nacionales para este 10 de agosto. Podrán cambiar la fecha hasta 15 días después de la original, sin penalidad ni diferencia tarifaria, sujeto a disponibilidad. También podrán modificar la ruta entre puntos comunes de Colombia, bajo las mismas condiciones. En ese caso, el pasajero deberá asumir el desplazamiento hacia o desde el nuevo destino. La tercera opción es solicitar el reembolso, según las condiciones de la aerolínea.Las medidas aplican al trayecto afectado y al regreso, incluso si están en tiquetes diferentes, siempre que ambos vuelos sean operados por Avianca.LATAM estableció flexibilidades para pasajeros con vuelos entre el 10 y el 16 de agosto desde o hacia Pereira, Cali y Armenia. Podrán cambiar la fecha o el vuelo sin multa ni diferencia tarifaria, pedir la devolución sin costo adicional o solicitar un cambio de ruta, sujeto a la disponibilidad de sillas en la misma cabina del tiquete original. La compañía mantiene seguimiento de la situación junto con las autoridades y los aeropuertos, y comunicará cualquier modificación directamente a los viajeros.Wingo, por su parte, habilitó medidas para pasajeros con vuelos programados el 10 y 11 de agosto en toda su red de destinos. Pueden cambiar la fecha sin pagar penalidad ni diferencia tarifaria y viajar hasta 30 días después de la fecha original. También pueden solicitar un cambio de ruta dentro de la red de Wingo, sujeto a disponibilidad, para viajar dentro de ese mismo plazo.Este periodo podría modificarse según la evolución de la situación y las decisiones de las autoridades. Además, está disponible el reembolso del 100 % del valor pagado por el tiquete.Las aerolíneas recomiendan verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y realizar cualquier trámite únicamente a través de sus canales oficiales. Avianca dispone de su página web, aplicación móvil y demás canales de atención. LATAM tiene habilitados su página web, aplicación, la línea 601 518 5800 y el WhatsApp +56 9 68250850.Wingo recibe las solicitudes de cambio, ruta o reembolso a través de sus canales de atención en Colombia. Las compañías continuarán monitoreando la situación y actualizarán sus medidas si cambian las condiciones operacionales.
Luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y afectaciones reportadas principalmente en municipios de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) activó un corredor humanitario para apoyar la atención de las comunidades damnificadas.La iniciativa contempla la gestión y el transporte de alimentos de consumo inmediato, productos de la canasta básica, bebidas y otros artículos esenciales. Entre los alimentos que se requieren están agua, arroz, aceite, pastas, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, alimentos enlatados, harina de maíz y trigo, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche líquida UHT y alimentos listos para el consumo.También se necesitan artículos de primera necesidad como jabón, champú, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, colchonetas y mantas.Para recibir estas ayudas fueron habilitados diferentes Bancos de Alimentos en el país. En Pereira y Buenaventura, los puntos habituales se encuentran afectados y está en evaluación la habilitación de lugares alternos. También fueron dispuestos puntos de acopio en Manizales, Medellín, Cali, Bogotá, Armenia, Ibagué y Bucaramanga, desde donde se coordinará posteriormente el traslado de las donaciones hacia las zonas que requieren atención.ABACO también habilitó canales para recibir donaciones económicas destinadas a atender la emergencia:A través de la página oficial de donaciones de ABACO: https://donahoy.abaco.org.co/colombia2026Llave Bre-B: 0090989753.Cuenta corriente Bancolombia: 15264342372, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, NIT 900326456-1.Los recursos serán destinados principalmente a financiar el transporte humanitario y la compra de alimentos de la canasta básica. Las ayudas están dirigidas a personas ubicadas en albergues oficiales, centros de salud y hospitales; población autoalbergada en viviendas de familiares o conocidos dentro de las zonas afectadas; y comunidades ubicadas en sectores cercanos al área de la emergencia.
Para hacerle frente al fenómeno de El Niño, el municipio de La Ceja le apuesta a la energía limpia. Con una inversión de 800 millones de pesos, el municipio instaló 218 paneles solares en su acueducto, una medida que busca reducir los costos operativos y el consumo energéticoComo parte de las medidas de preparación ante la llegada del fenómeno de El Niño, el municipio de La Ceja inauguró 218 paneles solares en la planta de bombeo Pantanillo ubicada en El Retiro, una infraestructura clave para la captación del agua del acueducto municipal.El nuevo sistema solar fotovoltaico garantizará al menos el 20 % de la energía que consume la planta en sus picos más altos, reduciendo en un 19 % el consumo eléctrico total destinado al bombeo de agua para la comunidad."En gastos operacionales de las Empresas Públicas de La Ceja, nos va a permitir redistribuir ese ingreso para seguir mejorando la calidad de los servicios públicos que prestamos. Nosotros prestamos acueducto, alcantarillado, aseo, y tenemos que seguir fortaleciendo también la transformación de residuos sólidos. Entonces, ese recurso nos va a servir mucho para ese propósito", así lo dijo María Ilbed Santa, alcaldesa del municipio de La Ceja.El gerente de Empresas Públicas de La Ceja, Andrés Felipe Álvarez, destacó que esta iniciativa materializada con una inversión cercana a los 800 millones de pesos y el apoyo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) le permitirá al municipio un ahorro estimado en más de 2.300 millones de pesos durante los próximos 20 años.
Puerto Antioquia ubicado en el Urabá antioqueño, recibió al CMA CGM DIGNITY, un buque tipo Neo-Panamax de 366 metros de largo y una capacidad de 14.800 TEU, convirtiéndose en la embarcación más grande que ha operado hasta ahora en esta terminal marítima de la región de Urabá.Durante la estadía de la embarcación, se llevaron a cabo 211 movimientos de contenedores utilizando dos grúas STS, con las que se alcanzó una productividad promedio de 26 movimientos por hora por grúa. La maniobra logística comprendió tanto la descarga de mercancía proveniente de Asia como el embarque de productos destinados a la exportación colombiana."Esta motonave proviene de Asia y es muy importante para nosotros, porque conectamos a Asia directamente con la costa norte de Colombia. Tenemos programado realizar el descargue de 450 contenedores secos, y su principal commodity es tecnología", confirmó Gilberto peña, el vicepresidente de operaciones de Puerto Antioquia.Desde el punto de vista técnico, el CMA CGM DIGNITY pertenece a la categoría Neo-Panamax, diseñada para surcar las esclusas ampliadas del Canal de Panamá. El buque cuenta con 1.000 conexiones para contenedores refrigerados, capacidad para carga seca y tecnología de propulsión mediante Gas Natural Licuado (LNG), un sistema que apunta hacia una operación marítima más eficiente y sostenible.
Las autoridades y organizaciones sociales encendieron las alarmas ante una nueva incursión armada de presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Lejanías, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, donde se reportó la instalación de un retén ilegal.De acuerdo con la Fundación Sumapaz, hombres armados intimidaron a los habitantes de la zona y revisaron las pertenencias de quienes transitaban por los caminos de este sector.La organización defensora de derechos humanos señaló que estos hechos configuran la consumación de escenarios de riesgo previamente advertidos mediante alertas tempranas, las cuales según denuncian no habrían recibido una atención oportuna por parte de las instituciones estatales."Es muy probable que se presenten, con el pasar del tiempo, situaciones mucho más graves, y, por lo tanto, hacemos responsable a las autoridades porque, evidentemente, toda esta situación ya ha sido alertada", detalló Oscar Yesid Zapata de la Fundación Sumapaz.En esta región del departamento sirve como corredor estratégico de movilidad hacia el sur de Bolívar y constituye un territorio en constante disputa por el control de las economías ilícitas y la extracción minera.Ante este panorama, los líderes sociales hicieron un llamado urgente a las autoridades para garantizar la seguridad de los pobladores y advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas efectivas que eviten el escalamiento de la violencia en la subregión.