El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución del Parlamento y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre.Sánchez tomó esta decisión tras la derrota parlamentaria de dos decretos sobre vivienda presentados al Congreso por su gobierno el pasado viernes, y la movilización social producida por el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años de la casa donde vivía.En una comparecencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez defendió el trabajo de su gobierno durante la legislatura y convocó a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o desean que el país siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".Sánchez, que informó ayer al rey del adelanto electoral, aseguró que su gobierno había tomado "medidas valientes" durante estos años para reforzar el Estado del bienestar, sin sacrificarlo a un aumento del gasto militar de 5 %, como exigen EE.UU. y la OTAN, también para construir "un mundo mejor" frente a "tiranos", "tecnooligarcas" y "genocidas".Reconoció, sin embargo, "errores", y dijo que el Ejecutivo no ha podido cumplir todo lo que se había propuesto, por lo que decidido convocar elecciones, para dotarse de una mayoría más amplia progresista para "doblegar a las élites", conquistar nuevos avances sociales y "seguir transformando" España.El jefe del Ejecutivo abrió el viernes un periodo de análisis y reflexión para decidir si adelantaba o no los comicios, después de que el Congreso rechazara esos dos decretos sobre alquiler de vivienda, un sector que sufre precios elevados desde hace varios años.Votaron en contra de los decretos la oposición conservadora y la extrema derecha, además de los independentistas catalanes de Junts, que fueron clave en el resultado final para el rechazo de las medidas propuestas por el Gobierno para paliar la carestía del alquiler.El debate parlamentario y la votación posterior de las medidas se produjo en un ambiente de protesta social creciente de grandes manifestaciones y acampadas en ciudades, la principal de ellas en Madrid, para reclamar el derecho a una vivienda digna y a un precio asequible, y para que se impida el desahucio de los inquilinos que se encuentren en situación personal de precariedad socioeconómica.Sánchez había repetido hasta ahora que las elecciones serían en 2027, cuando terminaba la legislatura, que comenzó en 2023, a pesar de las dificultades políticas.El Gobierno, formado por una coalición de socialistas y Sumar (izquierda), carece de mayoría parlamentaria y cada vez tenía más complicado sacar adelante las leyes por falta de apoyos parlamentarios, sobre todo de Junts."Ultraderecha o justicia social"A ello se añaden las investigaciones sobre corrupción que salpican al Partido Socialista y los casos judiciales que afectan a familiares directos de Sánchez.Aseguró hoy Sánchez que en los tres últimos años ha tenido que "lidiar con la peor oposición" de la historia democrática española, en referencia a los conservadores (Partido Popular) y la extrema derecha (Vox), "sin ningún sentido de Estado", a la que acusó de "cuestionar hasta incluso la legitimidad" del sistema electoral.También le reprochó "bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país" y de "usar su poder autonómico (regional) y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie".Por el contrario, agradeció el apoyo de otras fuerzas parlamentarias que "han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social".No obstante, admitió que, en parte de esa mayoría social, hoy hay "insatisfacción", pues a esas personas "les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos", comentó en alusión a que la oposición votara en contra de los decretos citados sobre el alquiler de vivienda.Por ello, emplazó a buscar, con el anticipo electoral, una mayoría progresista más amplia.Según Sánchez, el mundo se enfrenta a una época de "grandes peligros", con "mucha tensión" debido a la emergencia climática, los cambios sociales y una inteligencia artificial "muy disruptiva".Y a los electores españoles les toca decidir.
El Gobierno de España da por hecho que la convocatoria de elecciones generales es el escenario más probable después de la reflexión que el presidente, Pedro Sánchez, ha mantenido durante este fin de semana. La decisión definitiva corresponde al jefe del Ejecutivo, que previsiblemente la comunicará este lunes en una comparecencia desde el Palacio de La Moncloa.Según fuentes del Gobierno y del PSOE, citadas por la Cadena SER, ministros y dirigentes territoriales han trasladado a Sánchez que este es el momento más adecuado para acudir a las urnas y que no se vislumbra una oportunidad mejor en los próximos meses.El principal detonante es el rechazo del Congreso, el viernes, a los decretos relacionados con la vivienda. PP, VOX y Junts votaron en contra de las medidas, que fueron tumbadas por la Cámara Baja.Tras esa votación, la conclusión dentro del Ejecutivo es que la actual distribución de fuerzas en el Congreso dificulta la aprobación de medidas destinadas a afrontar el acceso a una vivienda en condiciones dignas, considerado por el Gobierno uno de los principales problemas que afectan a los ciudadanos.Por este motivo, según las mismas fuentes, la opción de disolver las Cortes y convocar elecciones ha ganado peso. El objetivo que atribuyen al Ejecutivo a una eventual convocatoria sería conseguir una mayor representación de las fuerzas de izquierdas para poder sacar adelante medidas como las que el Parlamento rechazó el viernes.Sánchez estudia cómo recuperar los decretosDurante el fin de semana, Sánchez también ha dedicado buena parte de su tiempo a consultar con su círculo más cercano las alternativas para que el Gobierno pueda volver a aprobar los dos decretos de vivienda.Entre las opciones que se han planteado está presentar nuevamente ante el Parlamento los textos completos o retirar de ellos las medidas que no tengan rango de ley, de modo que puedan mantenerse en vigor incluso si los decretos vuelven a ser rechazados.Lo que el Ejecutivo descarta, según las fuentes consultadas, es reabrir una negociación con Junts per Catalunya. El Gobierno considera que la confianza con la formación de Carles Puigdemont está rota y existe un fuerte malestar por el voto contrario a los decretos.La Diputación Permanente tendría la última palabraSi Sánchez convoca elecciones este lunes, como esperan en el PSOE y en el Gobierno, la convalidación o derogación de los decretos ya no correspondería al pleno del Congreso. La decisión pasaría a la Diputación Permanente, el órgano que mantiene las funciones de la Cámara cuando esta queda disuelta.En ese órgano, la composición ofrece un escenario diferente al del pleno. PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos reúnen 35 votos, frente a los 34 de PP, VOX y Junts.De esta manera, si todos los grupos que respaldaron las medidas de vivienda el viernes mantuvieran su apoyo en la Diputación Permanente, los decretos podrían quedar aprobados definitivamente.
Mientras la Fiscalía judicializa a un exviceministro Defensa, Luis Edmundo Suárez, por el direccionamiento de un contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento de los helicópteros MI-17, uno de los escándalos de contratación más recientes en el sector defensa, y la Procuraduría vigila de cerca la ejecución de los 13 billones de pesos del CONPES 4187 para la compra de armamento y equipos, el Ministerio de Defensa Nacional revela el desarrollo de una herramienta que busca anticiparse precisamente a este tipo de irregularidades: un sistema de inteligencia artificial bautizado Helios.Según un documento del Grupo de Transparencia de la cartera, elaborado bajo la dirección del ministro Pedro Sánchez, y conocido en exclusiva por Blu Radio, Helios es un sistema de información que cruza millones de registros de contratación pública proveenientes de SECOP I, SECOP II, el Registro Único Empresarial y Social y el Clasificador UNSPSC, para detectar de forma automatizada señales de alerta temprana en los procesos de compra del sector defensa, antes de que un contrato termine firmado.El problema que busca resolverEl documento parte de una cifra que dimensiona el reto: solo en 2025, SECOP II registró más de un millón de contratos en el país, con cerca de 568.000 proveedores repartidos en 4.021 entidades públicas.A eso se suma que, entre enero de 2025 y junio de 2026, las denuncias recibidas por la Línea 157, el canal anticorrupción exclusivo del sector defensa, administrado por la Dijín, comprometían cerca de 530.000 millones de pesos, una cifra que el propio informe equipara al costo de 106 escuelas, dos hospitales o el Plan de Alimentación Escolar de más de 700.000 niñas y niños.Frente a ese volumen, el documento sostiene que la verificación manual de cada contrato y cada proveedor es, en la práctica, inalcanzable para los funcionarios encargados del control.Nueve alertas automatizadasHelios no reemplaza a los investigadores humanos: les entrega, mediante tableros interactivos, listados priorizados de contratos y proveedores que activan alguna de nueve alertas construidas con algoritmos. Entre ellas:Procesos con un único oferente, que evidencian ausencia de competencia real en licitaciones que deberían ser abiertas.Plazos de adjudicación extremadamente cortos, que pueden reflejar una decisión tomada de antemano a favor de un proveedor específico.Concentración atípica de contratos, ya sea en una misma entidad, una misma ciudad o un mismo mercado, medida con el Índice Hirschman-Herfindahl, el mismo indicador que usa el Departamento de Justicia de Estados Unidos para detectar monopolios.Contratos que superan su plazo original dentro de una misma vigencia presupuestal, por adiciones sin justificación clara.Proveedores con historial de sanciones previas en SECOP I o SECOP II.Empresas con múltiples categorías de bienes y servicios, un patrón que puede indicar que una compañía funciona como fachada para varios tipos de contratación.Más allá del componente técnico, el documento incluye una caracterización de las modalidades de corrupción que el Grupo de Transparencia ha identificado en el sector defensa durante el último año: el uso de Uniones Temporales como fachada para que empresas inhabilitadas contraten a través de un socio habilitado; licitaciones diseñadas "a la medida" de un proveedor previamente escogido; el fraccionamiento de un solo proyecto grande en múltiples contratos pequeños para evadir controles; la cartelización de ofertas entre empresas que simulan competir mientras pertenecen al mismo dueño; y el abuso de la figura de urgencia manifiesta para saltarse procesos de selección abierta.El informe también documenta señales de alerta adicionales detectadas en la práctica: empresas que en poco tiempo pasaron de tener capital casi nulo a superar los mil millones de pesos, contratos que comenzaron a ejecutarse hasta 300 días antes de su fecha oficial de inicio, y compañías que cambiaron de razón social varias veces en menos de cinco años para seguir contratando con el sector."Mediante un análisis, unos algoritmos que se han involucrado, permite determinar cuáles podrían ser los riesgos que tendría dicha contratación. Si esa persona tiene contrato en todo el país y que se asocia con ciertas personas, y que su objeto social es demasiado amplio, y una persona que produce telas en su objeto social resulta también vendiendo armas. Entonces todos estos elementos le van llamando la atención al analista, pero producto de todo el análisis que hay detrás de esa tecnología, con ello también se pueden investigar posterior casos", explicó a Blu Radio el ministro de Defensa.El ministro Sánchez agregó: "Lo ideal es emplearlo en la prevención antes de la contratación. Pero si ya ocurre, hemos hablado incluso con la Fiscalía General de la Nación para que tenga usuarios y pueda mirar ello. Nuestra meta es que esto se convierta en la herramienta tecnológica nacional en la prevención y la lucha contra la corrupción, especialmente en lo que tiene que ver con contratación".Lo que Helios no esEl propio documento es enfático en delimitar los alcances de la herramienta: su aporte es preventivo, no judicial."La decisión final de investigar, sancionar y detener un proceso siempre requerirá del juicio ético y otros elementos de contexto y de debida diligencia que solo los seres humanos pueden garantizar", señala el informe, que además advierte que el sistema es "tan ético y transparente como los datos con los que se alimenta y quien lo diseña", por lo que su funcionamiento requerirá monitoreo técnico constante.Por ahora, el uso de Helios es exclusivo para funcionarios del Ministerio de Defensa y se encuentra en su primera fase de implementación.Según sus propios autores, el éxito de la herramienta no debería medirse por el número de funcionarios sancionados a partir de sus alertas, sino por la cuantía de recursos públicos que logre proteger antes de que un contrato cuestionado llegue a firmarse.Lo que hace el sistema Helios es coger información del seco 1, seco 2 y bajo una programación que tenemos, identificar patrones que podrían convertirse en posibles conductas que vayan en contra de la administración pública.
A pocas horas de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali, el ministro de Defensa saliente, Pedro Sánchez, ofreció su último balance de seguridad en el que advirtió sobre el vertiginoso cambio en las formas de lucha armada y la sofisticación tecnológica de los grupos ilegales.Sánchez, quien renunció a su carrera militar de 35 años para asumir este cargo político, destacó tanto los logros en la mitigación de ataques como los profundos desafíos que hereda el próximo gobierno.La creciente amenaza de los drones comercialesUno de los puntos más críticos abordados por el ministro saliente es el uso de vehículos aéreos no tripulados por parte de organizaciones criminales. Según Sánchez, la accesibilidad de esta tecnología ha revolucionado el conflicto, pues los delincuentes adquieren "drones que son baratos, que son comerciales, que se adquieren fácilmente y que simplemente se le adecúa un explosivo haciendo un arma muy dañina a un muy bajo costo".A pesar de la complejidad del panorama, el ministro destacó que durante el periodo de 2024 a 2026 se lograron inhibir aproximadamente 22,000 ataques en el país.No obstante, admitió que la protección absoluta es imposible en la actualidad: "en este momento no hay un sistema, hablarlo así, un solo sistema que pueda dar el 100% de la solución", agregando que "la tecnología para inhibir absolutamente todo el universo de esta amenaza no la hay aún, no existe aún". El saldo de estos ataques con drones en los últimos dos años asciende a 328 víctimas, entre militares, policías y civiles.Mercenarismo y entrenamiento en el exteriorEl ministro alertó sobre una alarmante red de reclutamiento de ciudadanos colombianos, incluidos exguerrilleros, exparamilitares y exmilitares, que viajan a combatir en conflictos extranjeros como Ucrania, Rusia, Sudán y Yemen.De acuerdo con estimaciones de la ONU citadas por el funcionario, se calcula que más de 10,000 colombianos han sido reclutados bajo esta modalidad en los últimos 11 años, principalmente a través de plataformas como Facebook y TikTok.Sánchez calificó esta situación como "una tragedia muy grande que uno podría relacionarlo como trata de personas que es enfocadas a mercenarismo".Asimismo, denunció que algunos miembros de estructuras criminales como el ELN o las disidencias de alias Iván Mordisco han viajado a estos frentes de batalla internacionales "para traer o para aprender cómo asesinar, cómo seguir matando" mediante el uso avanzado de drones.Tensiones en el empalme y el blindaje de la posesión en CaliRespecto a la seguridad de la posesión presidencial en Cali, Sánchez aseguró que se ha desplegado un robusto dispositivo que incluye el apoyo de los Estados Unidos y la prohibición total del vuelo de drones en la zona. Además, reveló que recientemente se neutralizó un vehículo cargado con explosivos de las disidencias de alias Mordisco en Santander de Quilichao.Sin embargo, el ministro no ocultó su descontento con la transición del mando, señalando que la decisión del nuevo gobierno de suspender las mesas de empalme a inicios de julio afectó la coordinación del evento. "Si el gobierno entrante, por lo menos en términos de defensa, no nos hubiera interrumpido, no hubiera cancelado más bien o suspendido el empalme, hubiera sido más fácil articular todo esto", puntualizó.'Iván Mordisco'Al hacer un balance de su administración, Sánchez resaltó que entrega una fuerza pública con el índice de favorabilidad más alto de su historia, un incremento de 20 puntos en el índice de transparencia (pasando del 64% al 83%) y una reducción del 71% en las quejas por derechos humanos.Pese a estos resultados, reconoció que le quedó una tarea pendiente de gran relevancia en la neutralización de los principales cabecillas del narcotráfico.Al ser interrogado sobre cuál líder criminal representaba su mayor frustración, el ministro saliente confesó: "indiscutiblemente, alias Iván Mordisco, el principal, el Chiquito Malo, el que sigue, alias Pablito, pero alias Mordisco".Escuche aquí la entrevista:
Cerca de 328 personas, entre civiles y militares, han resultado asesinadas o heridas en Colombia durante los últimos dos años por ataques con drones utilizados por grupos armados ilegales. Tras esta razón, entre otras, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa y del ministro Pedro Arnulfo Sánchez, radicó ante el Congreso de la República cuatro proyectos de ley.Dos fueron presentados en la Cámara de Representantes: la regulación de drones y antidrones y la reforma a la Ley de Veteranos; mientras que en el Senado fueron radicados el Estatuto de Soldados e Infantes de Marina Profesionales y la reforma al Código Disciplinario Militar.La principal apuesta del Gobierno es el proyecto de regulación de drones y sistemas antidrones, una iniciativa que fue presentada nuevamente al Congreso. Según el ministro Sánchez, el conflicto armado ha cambiado y los drones comerciales se han convertido en una herramienta utilizada por organizaciones criminales para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil, por lo que el país necesita una legislación que responda a esa nueva realidad.De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el 88% de estos hechos han sido atribuidos a las disidencias de las Farc al mando de alias "Iván Mordisco", mientras que otro 11% corresponde a estructuras del cartel del narcotráfico del ELN. Cauca es el departamento más afectado, seguido por Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.Por lo que, la iniciativa de este proyecto de ley busca establecer una estrategia integral para la importación, fabricación, comercialización, adquisición, registro, porte, transporte, vigilancia y uso de drones en Colombia. Además de fortalecer la supervisión del gobierno para garantizar que quienes emplean estos equipos con fines comerciales, agrícolas, industriales o audiovisuales puedan seguir haciéndolo bajo reglas claras y dentro de la legalidad.El proyecto también crea el marco legal para el uso excepcional de sistemas antidrones, tecnologías que permiten detectar, controlar o neutralizar drones cuando representen una amenaza para la seguridad.Durante la radicación, el ministro Pedro Arnulfo Sánchez insistió en que la iniciativa no busca frenar el desarrollo tecnológico. "No es una ley contra la tecnología; es una ley para proteger a los colombianos", afirmó, al señalar que el objetivo es encontrar un equilibrio entre el uso responsable de los drones y la necesidad de impedir que sean utilizados por el crimen organizado para afectar la vida de los colombianos y militares.Otro de los proyectos radicados corresponde a la reforma de la Ley de Veteranos, que busca fortalecer los beneficios para los más de 214.000 veteranos certificados que tiene el país.La propuesta crea el Sistema Nacional de Atención Integral al Veterano para articular a todas las entidades del Estado en la atención de esta población, fortalece el Consejo de Veteranos y amplía los mecanismos de participación y presencia institucional en las regiones.En el Senado también fue presentado el proyecto del Estatuto de Soldados Profesionales e Infantes de Marina, que beneficiaría a cerca de 86.200 uniformados. La iniciativa busca dignificar su carrera mediante mayores oportunidades de formación académica, capacitación, acceso a estudios técnicos y profesionales, criterios de ascenso basados en el mérito y un aumento de la bonificación para quienes se encuentran en formación, que pasaría del 33% al 50%.El ministro explicó que el proyecto también permitirá que los soldados con mejor desempeño puedan acceder con mayor facilidad a las escuelas de formación de oficiales y suboficiales, además de incorporar nuevos estímulos educativos.El cuarto proyecto corresponde a la reforma al Código Disciplinario Militar, que actualiza las normas que regulan la disciplina de las Fuerzas Militares de acuerdo con la Constitución y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propuesta fortalece el debido proceso, la presunción de inocencia, la doble instancia y la imparcialidad en las investigaciones disciplinarias, con el propósito de mantener la disciplina como uno de los pilares fundamentales de la Fuerza Pública.Ahora estos cuatro proyectos quedan en manos del Congreso de la República para ser debatidos y determinar si se convierten en una ley colombiana.
A pocos días de concluir el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó la firma de contratos para la adquisición de nuevas aeronaves destinadas a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares. Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el funcionario defendió las millonarias inversiones en seguridad, aseguró que obedecen a necesidades históricas del país y rechazó que se trate de decisiones improvisadas de última hora.Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos por la firma de contratos para la compra de dos aeronaves tácticas Embraer KC-390 y por el avance del programa de adquisición de los cazas Gripen, iniciativas que serán financiadas mediante vigencias futuras y cuyos efectos presupuestales recaerán en los próximos gobiernos."No es para un presidente, es para el país"Frente a las críticas por el momento en que fueron suscritos los contratos, Sánchez insistió en que las adquisiciones no responden a intereses políticos, sino a una estrategia de largo plazo para recuperar capacidades militares que, según afirmó, han sido aplazadas durante décadas."Todo eso que se está comprando ahorita no es para un presidente ni para el gobierno que está entregando, eso es para el país. Ustedes nos están exigiendo seguridad, pues hay que invertir en seguridad", sostuvo el ministro.El funcionario explicó que la necesidad de fortalecer la capacidad aérea viene desde administraciones anteriores y recordó que en 2022 ya existía un documento CONPES que advertía sobre el rezago en materia de defensa.Inversiones por 13 billones de pesosDurante la entrevista, Sánchez precisó que el Gobierno autorizó un CONPES cercano a los 13 billones de pesos destinado a modernizar las capacidades de defensa del país. Según explicó, el programa contempla la adquisición de 47 aeronaves entre aviones y helicópteros, vehículos blindados, embarcaciones, sistemas antidrones, camionetas y más de 100.000 fusiles, dentro de un plan de ejecución previsto para los próximos ocho años.El ministro aseguró que la contratación actualmente en curso asciende aproximadamente a 1,5 billones de pesos, equivalentes a cerca de 366 millones de dólares, y enfatizó que las compras militares requieren años de planeación."Comprar en defensa no se compra como ir al Éxito; eso tiene que ser una programación, porque si se compra inmediatamente sale demasiado costoso o simplemente no existe lo que se necesita", manifestó.Compra de los Gripen ya no podrá reversarseUno de los anuncios más relevantes de la entrevista fue la confirmación de que el Gobierno aprobó el mecanismo de financiación para la compra de los aviones de superioridad aérea Gripen.Pedro Sánchez explicó que ya no solo existe el documento que autoriza la adquisición de las aeronaves, sino también el esquema financiero que permitirá gestionar un empréstito internacional para cubrir la operación. Consultado sobre la posibilidad de que el próximo Gobierno revierta la compra, respondió de manera categórica."La compra no la podría reversar porque hay un contrato firmado, ya se inició. Hay unos contratos, unas cláusulas y unas obligaciones que ya fueron adquiridas", indicó. Asimismo, sostuvo que la Contraloría revisó el proceso y concluyó que responde a una necesidad estratégica para el país y cumple con los requisitos legales.Fusil Jaguar continúa en evaluaciónOtro de los temas abordados fue el futuro del fusil colombiano Jaguar, proyecto desarrollado por la industria nacional que aún presenta dificultades técnicas.El ministro confirmó que las pruebas realizadas detectaron fallas relacionadas con la caja de mecanismos y otros componentes que impiden garantizar la confiabilidad exigida por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional."No está a punto para que sea totalmente confiable como lo requieren las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Hasta que no esté confiable, no se adquirirá", afirmó.No obstante, aclaró que el proyecto no ha sido cancelado y que, de manera paralela, el Ejército adelanta un proceso para evaluar proveedores internacionales con el fin de garantizar el reemplazo del fusil Galil en caso de ser necesario."Ojalá sea el Jaguar, pero si no está a punto, no lo va a tener la Fuerza Pública", puntualizó.Defensa de la institucionalidadEn el tramo final de la entrevista, Sánchez hizo un balance sobre el papel de las Fuerzas Militares durante el proceso de transición gubernamental y resaltó el compromiso institucional con la Constitución.El ministro agradeció el reconocimiento recibido por la labor desarrollada durante las elecciones y destacó que la Fuerza Pública actúa al margen de intereses partidistas. "Nosotros respondemos a la Constitución y la ley. No elegimos al presidente, pero defenderemos y acataremos siempre su mandato cuando esté acorde con la Constitución y la ley", expresó.Además, reiteró que su paso por el Ministerio de Defensa no tuvo motivaciones políticas y recordó que renunció a su carrera militar para asumir un cargo de naturaleza civil.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el Gobierno Nacional ha identificado serias amenazas de seguridad que buscan afectar la próxima posesión presidencial. Según el funcionario, el dispositivo de seguridad, que cuenta con la movilización de más de 11.000 hombres y mujeres de la fuerza pública, está articulado para neutralizar riesgos específicos que han sido detectados por labores de inteligencia en Cali.“Si estamos allá es porque hay riesgos. Si no existieran riesgos, pues no existiría la fuerza pública”, aseguró el ministro en diálogo con Mañanas Blu, justificando el traslado del centro de operaciones a la capital del Valle del Cauca.¿Cuáles son las amenazas reales detectadas para la posesión?El general (r) Sánchez categorizó los riesgos en tres frentes principales que mantienen en alerta máxima a los organismos de seguridad:Terrorismo con explosivos: El ministro confirmó la existencia de información sobre intentos de camuflar explosivos para infiltrarlos en el evento, utilizando modalidades similares a ataques previos en Cali y el Catatumbo, donde se emplearon vehículos escolares o de carga.Ataques con drones: Se ha desplegado una capacidad antidrones especializada para proteger el espacio aéreo del evento.Vandalismo: Ante el promedio diario de 33 protestas sociales en el país, las autoridades se preparan para prevenir que la movilización ciudadana sea instrumentalizada para generar caos.Respecto a la magnitud de los explosivos, el ministro precisó: “Lo que tenemos en este momento ya concretamente, más que decir alguna cantidad, es que sí hay una amenaza y por ello es que hemos desplegado las capacidades”.¿Qué grupos ilegales estarían detrás de los intentos de sabotaje?De acuerdo con el titular de la cartera de Defensa, la inteligencia estatal ha identificado que las principales amenazas provienen de las disidencias de alias ‘Mordisco’ y el ELN. El funcionario explicó que, al ser un evento de trascendencia nacional, estos grupos buscan mostrar capacidad de daño.“Recordemos cómo actúan los criminales, tienden a mostrar poder en eventos de este tipo. A pesar de decapitar esas cabezas (con la neutralización de cabecillas como alias ‘Ñeque’ y ‘Marlon’), sigue la amenaza latente”, afirmó el ministro Sánchez.¿Por qué las cifras de criminalidad generan debate público?Durante la entrevista, se confrontaron las cifras oficiales con los informes recientes de organizaciones como Indepaz, que sugieren un crecimiento del 90% en los grupos armados ilegales. El ministro Sánchez defendió la gestión institucional argumentando que, durante los últimos cuatro años, se han neutralizado 17.000 integrantes de grupos al margen de la ley.“¿De dónde sale esa capacidad de recuperación criminal? Principalmente de la razón por la cual ellos existen, que es la economía criminal: la minería ilegal y el narcotráfico”, sostuvo el ministro. Además, insistió en que el análisis de la seguridad debe basarse en tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes y no solo en variaciones absolutas de cantidad, citando reducciones en departamentos como Putumayo y Antioquia.¿Qué falló en la política de ‘paz total’ según el Ministerio?Al ser cuestionado sobre las dificultades de la actual administración para contener a los grupos armados, el ministro Sánchez fue enfático en señalar errores de enfoque durante las negociaciones. “Aquí no hay que tapar absolutamente nada; errores que se cometieron o que no se debieron haber hecho”, puntualizó.Entre los puntos críticos, el ministro destacó tres fallas:Cese al fuego: Se implementó de manera prematura antes de lograr avances sustanciales en las negociaciones.Perfil de los negociadores: El equipo debía tener una mayor experticia en el combate a las economías ilegales.Exceso de confianza: Se dio credibilidad a promesas de paz de criminales que, según la inteligencia del Estado, solo buscaban ganar tiempo.El ministro concluyó reiterando que el Gobierno se mantiene al frente de la seguridad para garantizar que la transición presidencial ocurra bajo estrictas condiciones de tranquilidad, priorizando el trabajo de inteligencia para anticiparse a cualquier intento de alteración del orden público.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez, anunció este domingo que dejará el cargo temporalmente a partir del próximo martes para someterse a un "procedimiento médico programado" que lo mantendrá alejado de la cartera durante unos días en la recta final del Gobierno de Gustavo Petro."A partir del 14 de julio tendré un procedimiento médico programado. Durante unos días atenderé mi recuperación para poder seguir sirviendo a Colombia con la misma entrega de siempre", afirmó Sánchez Suárez -en su cuenta de X-.El ministro de Defensa detalló que durante su ausencia los más de 423.000 integrantes de la cartera "continuarán cumpliendo su misión con total normalidad", sin dar detalles de cuándo retomará sus funciones."Siempre entregaré lo mejor de mí hasta el último día como ministro, como si fuera el primero. Gracias de corazón por sus mensajes, oraciones. Dios los bendiga y les multiplique a ustedes los deseo que me envían", añadió Sánchez Suárez en su comunicado.El alejamiento de esta autoridad ocurre a menos un mes del inicio del próximo Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien sera investido el 7 de agosto y cuya intención de posesionarse en un batallón militar han generado polémica en el país.Con esta licencia, el ministro de Defensa no estará el próximo 20 de julio en el tradicional desfile militar que conmemora el Día de la Independencia de Colombia y no se sabe si regresará antes del 7 de agosto, cuando termina el actual Gobierno.El presidente saliente, Gustavo Petro, y parte de la izquierda no reconocen la elección de De La Espriella, quien se impuso en la segunda vuelta el pasado 21 de junio al oficialista Iván Cepeda, por lo que la bancada de su partido, el Pacto Histórico, ejercerá una oposición radical al nuevo Gobierno desde su asunción.
El Gobierno nacional llegó hasta Bojayá en donde en medio de un acto solemne de reconocimiento por la masacre en donde fueron asesinadas más de 100 personas en mayo de 2002, el Estado colombiano pidió perdón por su actuar durante este trágico día para el departamento de Chocó.El evento fue presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue tajante en sus palabras y no solo aceptó la responsabilidad de la Nación, sino que ofreció excusas públicas a las víctimas de la masacre cometida por las Farc y las AUC."En nombre de la Nación. Reconozco ante ustedes que el Estado falló en su deber de protegerlos frente a este acto demencial. Falló porque no actuó con la oportunidad y la eficacia que las circunstancias exigían. Falló porque existieron alertas sobre el riesgo que enfrentaban estas comunidades, y la respuesta institucional no fue suficiente para evitar la masacre", aseguró Sánchez.La conmemoración tuvo lugar en un territorio que aún guarda las cicatrices de lo ocurrido el 2 de mayo de 2002, cuando más de un centenar de personas fueron asesinadas en medio de enfrentamientos. La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, se refirió al derecho a la no repetición."Eso no pasó en la violencia de los 1990, eso no pasó en la violencia de los 2000, eso no pasó en la violencia que se ha reproducido, por ejemplo, en Quibdó y otros municipios a partir del desplazamiento, a partir de la destrucción del tejido social que había creado más violencia. Pero no hay garantía de no repetición", manifestó la mandataria.Hay que recordar que en aquel entonces y en medio del fuego cruzado, la población civil buscó refugio en la iglesia del pueblo que terminó siendo impactada por un cilindro bomba lanzado por la guerrilla, causando una de las peores masacres registradas en la historia de Colombia. "El Estado no brindó una pronta y efectiva y oportuna respuesta para proteger a la población civil del municipio de Bojayá y de las poblaciones aledañas frente al inminente enfrentamiento entre grupos armados ilegales", indicó la defensora del Pueblo, Iris Marín.Los hechos también afectaron a comunidades cercanas, como las del municipio de Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia, donde la confrontación armada causó temor y el desplazamiento forzado en decenas de familias.Este acto de perdón se dio en el marco de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en materia de verdad, justicia y reparación, especialmente frente a las víctimas del conflicto armado.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, envió un mensaje de tranquilidad al país respecto a la estabilidad institucional y el respeto por los resultados democráticos. En medio de un recorrido para supervisar la seguridad alimentaria y combatir la extorsión, el funcionario fue enfático en señalar que el proceso de transición presidencial está en marcha y que la fuerza pública acatará el mandato de las urnas.Reconocimiento del nuevo mandatario y transición constitucionalEl ministro Sánchez despejó cualquier duda sobre la postura del sector defensa frente al cambio de gobierno. Durante la entrevista, aclaró que el reconocimiento de los resultados no es un asunto de voluntad individual, sino una obligación legal. "No es una cosa personal, es un tema constitucional, es un tema institucional. Ya ocurrieron unas elecciones, la autoridad electoral ya se pronunció", afirmó el jefe de la cartera de Defensa.Sánchez fue explícito al nombrar a quien asumirá las riendas del país en agosto, asegurando que se mantiene la línea de mando y el respeto institucional. "El presidente de Colombia es el presidente actual, el doctor Gustavo Petro. A partir del 7 de agosto será el doctor De La Espriella", puntualizó el ministro, confirmando que las fuerzas militares y de policía están preparadas para la transición.Garantías de seguridad y diálogos con el presidente PetroAnte los rumores de una posible ruptura del orden constitucional o un intento de "golpe de Estado", el ministro relató detalles de sus conversaciones privadas con el presidente Gustavo Petro. Según Sánchez, el mandatario actual ha sido claro en su intención de entregar el cargo según lo estipulado por la ley. "El señor presidente me dijo: '¿Por qué están diciendo que golpe de estado, que no sé qué? Jamás, jamás voy a dar una orden... que vaya en contra de la ley'", relató el funcionario.De igual manera, el ministro informó que se han emitido directrices precisas para que el proceso de empalme se realice bajo estrictas medidas de seguridad, protegiendo tanto al mandatario saliente como al entrante. "Mi mandato termina el 6 de agosto del 2026. Por eso hay unas órdenes que se emitieron de empalme, quiere decir que hay una transición y debemos garantizar la seguridad, obviamente, del presidente actual, del presidente electo", explicó Sánchez.La fuerza pública frente a la desinformaciónEl ministro atribuyó gran parte de la tensión política a una "desinformación muy fuerte" que circula en redes sociales y que, a su juicio, extrapola apreciaciones políticas para llevarlas a extremos peligrosos. Aseguró que dentro de la cúpula militar y policial existe total claridad sobre su rol y que no hay espacio para la confusión."La fuerza pública tiene claro su rol. Obedecer a la Constitución y la ley y acatar, obviamente, los lineamientos del presidente que esté, del actual hasta el 6 de agosto y el que viene a partir del 7 de agosto", sostuvo el ministro. Asimismo, señaló que los uniformados están enfocados en su misión de brindar seguridad y que comentarios sobre supuestos ruidos de sables generan "extrañeza" en las tropas, cuyo único fin es garantizar el proceso democrático.Balance de seguridad y lucha contra la extorsiónAprovechando su presencia en Corabastos, Sánchez destacó los logros en materia de orden público. Resaltó que gracias a la confianza en la fuerza pública, el "81% de los casos de extorsión no se paga", lo que ha evitado que cerca de 800.000 millones de pesos lleguen a estructuras criminales en los últimos años.Finalmente, entregó cifras positivas de seguridad para la capital del país, indicando una reducción del 7.7% en el homicidio y del 54% en el secuestro en comparación con el año anterior, reafirmando que el papel de las autoridades es "proteger a todos los colombianos y garantizar también ese pilar fundamental del estado social de derecho que es la democracia". Aquí la entrevista:
Continúa la controversia alrededor del trámite de la reforma pensional. La veeduría ciudadana VERCONTROL pidió al Consejo de Estado estudiar una solicitud de pérdida de investidura contra la exsenadora María José Pizarro, al considerar que podría haberse configurado la causal de tráfico de influencias debidamente comprobado.La solicitud fue presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de VERCONTROL, quien también promovió la demanda que terminó con la decisión de primera instancia del Consejo de Estado de decretar la pérdida de investidura del exsenador Iván Name, en una sentencia del pasado 25 de septiembre. Precisamente, la nueva solicitud parte de varios hechos mencionados en esa decisión. Según el fallo, Iván Name se ausentó de 14 de las 16 sesiones plenarias en las que se tramitó la reforma pensional, entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024. Durante la mayoría de esas sesiones, la plenaria fue presidida por María José Pizarro, quien en ese momento era primera vicepresidenta del Senado.A esto se suma la declaración del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien aseguró que parte de la colaboración de Name con el trámite de la reforma consistió en dejarle la presidencia de las sesiones a Pizarro. Este elemento es utilizado ahora por la veeduría para solicitar que se determine si las actuaciones de la entonces senadora deben ser examinadas por el Consejo de Estado.VERCONTROL sostiene que María José Pizarro pudo haber utilizado su condición de congresista y su posición al frente de las plenarias para impulsar la aprobación de la reforma pensional promovida por el Gobierno. Sin embargo, esta es la hipótesis planteada por la veeduría y no una conclusión de la justicia.Por lo que, la organización pidió que se practiquen diferentes pruebas dentro del proceso, entre ellas los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla. La intención es que el Consejo de Estado determine qué ocurrió alrededor de las sesiones, cuál fue el papel de los involucrados y si existen elementos que puedan comprometer a la exsenadora.
Para millones de usuarios de iPhone en todo el mundo, la salud de la batería ha sido un dolor de cabeza. Mientras más ciclos de carga tenga el dispositivo, más puede disminuir la capacidad de la batería, llegando incluso, en algunos casos, a bajar del 80 % en tan solo un año.Ante ello, en redes sociales muchos usuarios comparten recomendaciones para cuidar la batería, entre ellas cargar el teléfono solo hasta el 80 %, evitar que se descargue por debajo del 20 % y usar la opción de ahorro de batería para extender su duración a lo largo del día. Sin embargo, estos métodos no serían la única forma de evitar su desgaste.El problema no estaría realmente en cargarlo o no por completo, sino en evitar que el celular se recaliente, ya sea durante la carga o en el día a día. Esta situación puede afectar directamente la batería y, en algunos casos, hacer que se infle.¿Cómo hacer para que la batería del iPhone no se desgaste rápido?El usuario de TikTok Link Strifer, referente de Apple en Colombia, reveló cómo evitar que un iPhone desgaste su batería rápidamente. Si bien explicó que el desgaste es un proceso natural del dispositivo y que necesariamente ocurrirá, señaló que se puede lograr que avance de manera más lenta.Según explicó, el secreto está en evitar que el teléfono se recaliente. Por eso, recomienda no utilizarlo mientras está cargando, no solo porque la batería tiende a calentarse durante este proceso, sino también porque la temperatura de las manos puede contribuir al aumento de la temperatura del dispositivo.Además, recomendó evitar las temperaturas extremas. Tanto el calor como el frío pueden afectar la batería, por lo que controlar la temperatura del dispositivo ayudaría a que la degradación sea más lenta.Adicionalmente, recomendó utilizar un tipo de cargador que, según explicó, reduciría los riesgos de calentamiento del celular. De acuerdo con Strifer, Apple cuenta con un cargador dinámico de 40 W, que también viene con las nuevas MacBook y que se puede comprar por separado.“Este cargador tiene una tecnología casi que única en el planeta que cuida la batería de tu celular”, señaló Strifer. Según explicó, este cargador entrega microcargas cuando el dispositivo requiere una carga pequeña, con el objetivo de cuidar la batería.Esta tecnología no sería exclusiva de Apple. Aunque, según Strifer, solo existen dos cargadores con esta tecnología en el mundo: el de Apple y otro de Google Pixel, que se vende por separado y es más costoso que el de la marca de la manzana.Por otro lado, cargar el iPhone con cualquier cargador no estaría mal, siempre y cuando se evite que el dispositivo se recaliente, pues, de acuerdo con la explicación de Strifer, este sería uno de los factores que afecta la batería del celular.¿Por qué las recomendaciones de cargar hasta el 80 % no funcionarían?Según Strifer, el mito de cargar hasta el 80 % sería una estrategia antigua que busca controlar la temperatura del celular. Es decir, entre 0 % y 20 % el celular carga más rápido, por lo que necesita más voltaje. Esto hace que el dispositivo se esfuerce más y, por ende, se caliente.Lo mismo ocurre entre 80 % y 100 %. El teléfono se esfuerza más, aunque cargue más lento, pero este sería un factor que, de acuerdo con Strifer, se eliminaría con el cargador dinámico.
Dos hermanos, Franklin Jovani Pira Sarmiento y Yurley Andrea Pira Sarmiento, fueron enviados a la cárcel y judicializados luego de ser capturados en flagrancia por su presunta participación en el secuestro y hurto de un conductor de una plataforma digital de transporte, ocurrido durante la madrugada del 3 de octubre en Bogotá. Uno de los procesados registra cuatro anotaciones por el delito de hurto.De acuerdo con el relato de la víctima y el procedimiento policial, el conductor había recogido a unos pasajeros cerca del estadio El Campín, en la localidad de Teusaquillo. Posteriormente, habría sido amenazado con armas cortopunzantes, atado de manos, encapuchado y trasladado a un segundo vehículo, donde permaneció retenido durante aproximadamente tres horas.El cautiverio terminó cuando el conductor logró golpear la puerta del automóvil al observar una patrulla de la Policía. Los uniformados escucharon las voces de auxilio y reaccionaron para detener los vehículos y rescatar a la víctima, quien, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, permanecía retenida contra su voluntad.Las capturas se produjeron cuando uniformados adelantaban labores de patrullaje en el barrio San Vicente Ferrer, en la localidad de Tunjuelito. Allí observaron un vehículo que era halado con una cuerda por otro automotor y, al escuchar voces de auxilio provenientes del interior, procedieron a intervenir.Al advertir la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida. Durante la persecución, cuadras más adelante, uno de los vehículos perdió el control y terminó volcado. El conductor logró salir por una de las puertas e intentó escapar, pero fue interceptado y capturado por una de las patrullas.La mujer que presuntamente lo acompañaba quedó atrapada dentro del vehículo volcado, situación que fue aprovechada por los uniformados para rescatar al conductor que permanecía retenido. Los dos capturados, de 26 y 28 años, fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de hurto y secuestro.Según la información del procedimiento, los hechos estarían relacionados con dos modalidades de hurto de vehículos, el denominado falso servicio de plataforma y el halado. La actuación policial se originó en el seguimiento a los automotores y en la alerta generada por la propia víctima durante el momento de su cautiverio.Después de formalizar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, la víctima pidió celeridad en el proceso judicial y reclamó que se adopten medidas frente a las amenazas de muerte que, según manifestó, ha recibido desde el ataque. También solicitó garantías para su seguridad y la de su familia mientras avanzan las actuaciones contra los dos procesados.
El embalse Topocoro, fuente de agua para la generación de energía de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, mantiene actualmente un nivel considerado adecuado, pese a las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.Mauricio Zuluaga, director del Centro Sogamoso de Isagén, explicó que el embalse se encuentra alrededor del 75 % de su nivel útil y que, al compararlo con los registros de años anteriores para esta época, está, incluso, ligeramente por encima del promedio histórico.“En este momento el nivel del embalse está bien, de hecho está un poco por encima del histórico comparativamente con años anteriores”, señaló Zuluaga.El funcionario explicó que la empresa trabaja en el mantenimiento de una de las unidades de generación de la central, con el propósito de garantizar que los tres equipos estén disponibles durante los meses en los que se prevé un mayor impacto del fenómeno de El Niño.Según Zuluaga, contar con las tres unidades en operación permitirá responder a la demanda de energía del país durante este periodo y aprovechar de manera adecuada el recurso hídrico disponible en el embalse.Por ahora, el nivel de Topocoro no genera una situación de alerta para la generación de energía y se mantiene el seguimiento a las condiciones climáticas y al comportamiento del embalse frente a la temporada seca.
Avanza este fin de semana la demolición de tres estructuras afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto en Cali, como parte de las labores de recuperación y reconstrucción de la ciudad. Los trabajos se concentran en la carrera 9 con calle 44, donde estaban ubicados los edificios del Hotel Metrópolis Plaza, D’Corpus International y Cali Express. Pese a las lluvias, las labores avanzan a buen ritmo y ya se logró derribar prácticamente una de las estructuras. Las autoridades indicaron que el objetivo es completar la demolición de los tres edificios durante la próxima semana, para dejar el sector despejado y reducir los riesgos para la comunidad. “El avance que tenemos hasta ahora ha sido muy efectivo. En tan solo tres días de trabajo ya hemos derribado prácticamente una estructura y avanzamos de forma acelerada en la segunda. A pesar de los inconvenientes causados por las lluvias. Nuestra meta es tener estos tres edificios totalmente derribados para el jueves de la próxima semana”, dijo Bairon Patichoy, ingeniero estructural de la empresa operadora Rehimac S.A.Entretanto, también se adelantan las labores de preparación técnica para intervenir otras estructuras comprometidas, entre ellas, las ubicadas en el sector de Laureles. La Secretaría de Gestión del Riesgo aseguró que estos trabajos permitirán avanzar en la recuperación de las zonas afectadas y preparar los terrenos para la reconstrucción.Le puede interesar: Habitantes de las comunas 19 y 2 de Cali piden demolición de más edificios en riesgo de colapso"Estamos avanzando para que esta zona quede totalmente libre y despejada, lista para la reconstrucción de Santiago de Cali. La semana entrante empezaremos de lleno en toda la fase de demolición para que Cali quede limpia, segura y preparada para la reconstrucción”. explicó Ricardo Peñuela, secretario de gestion del riesgo de Cali.De manera paralela, 36 edificaciones ya fueron aprobadas para demolición por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y cuentan con sus respectivos actos administrativos. Según la Alcaldía de Cali, la próxima semana se intensificarán estas labores en diferentes puntos de la ciudad.
