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La posibilidad de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, deje su cargo ha generado una situación política llena de incertidumbres, aunque la mayoría de estas situaciones están previstas y reguladas por la Constitución y la ley electoral, incluyendo la forma en que el Congreso elegiría a un nuevo presidente del Gobierno.
El propio Sánchez anunció el miércoles que se tomará unos días para pensar si renuncia o no a su posición luego de una acusación judicial contra su esposa, Begoña Gómez, por supuestos actos de corrupción. Sánchez comunicará su decisión el próximo lunes, 29 de abril.
El artículo 101 de la Constitución Española contempla la renuncia o fallecimiento del jefe del Gobierno, o la pérdida de confianza parlamentaria, como podría ser el caso de una moción de censura.
“El Gobierno cesa después de la celebración de elecciones generales, en casos de pérdida de la confianza parlamentaria como indica la Constitución, o por renuncia o fallecimiento de su presidente”, establece la Constitución española.
Si el jefe del Gobierno renuncia, su gabinete seguiría en funciones hasta que se designe a un nuevo presidente, lo que significa que sus poderes estarían limitados y no podría legislar, similar a lo que ocurre después de elecciones generales hasta que se forme un nuevo Gobierno.
Sería el Congreso de los Diputados el encargado de elegir al nuevo presidente, en un proceso similar al de las investiduras postelectorales.
El rey convocaría consultas con los líderes de los partidos con escaños en la cámara baja y, tras oír sus opiniones, propondría a un candidato a presidente del Gobierno.
Este candidato tendría que enfrentarse a un debate de investidura y una votación subsiguiente. Para ser elegido, necesitaría el apoyo de la mayoría absoluta en la primera votación, o más votos a favor que en contra en una segunda votación.
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Si en dos meses ningún candidato consigue el apoyo necesario, el Parlamento se disolvería automáticamente y se convocarían nuevas elecciones generales.
En cualquier caso, si Sánchez opta por no renunciar, no podría convocar a elecciones generales ese mismo lunes, sino que debería esperar al menos hasta el 31 de mayo para hacerlo, ya que la ley impide disolver el Parlamento antes de que pase un año desde la última disolución.
Otra opción es que Sánchez decida no renunciar, pero sí presentar una moción de confianza para buscar el respaldo del Congreso a su gestión. La confianza se consideraría otorgada si la mayoría simple de los diputados vota a favor.
Si no consigue el respaldo necesario, se procedería como si hubiera renunciado, iniciando el proceso para elegir a un nuevo presidente del Gobierno.
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