En diálogo con Mañanas Blu, Paula Bernal, country manager de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para Colombia, analizó el complejo panorama que enfrenta el sector aeronáutico en el país. La combinación de la volatilidad internacional en el precio del petróleo y una estructura de impuestos que Bernal califica como "regresiva" está poniendo bajo una presión inédita el costo de los viajes para los colombianos. El peso del combustible y la solicitud al GobiernoEl combustible de aviación representa hoy uno de los rubros más críticos para la operación aérea. Según Bernal, “cerca del 30% valor o de del total de los costos de una aerolínea hoy en día están representados por el valor del combustible de aviación”. Ante el alza internacional generada por conflictos en el Medio Oriente, la IATA ha elevado una petición formal al Ministerio de Hacienda para aliviar esta carga.“Lo que corresponde es hacer esa revisión de los IVA tanto del combustible de aviación como de los tiquetes aéreos en Colombia”, afirmó Bernal, recordando que actualmente este impuesto es del 19%. Para el gremio, el transporte aéreo es discriminado frente a otros sectores: “El único transporte público que paga IVA de 19% es el transporte aéreo. Y la verdad esto no corresponde con la realidad de los usuarios hoy en día”.Un impuesto que frena el crecimientoLa directiva explicó que el IVA no es solo un costo operativo, sino una barrera de acceso para la población. Bernal enfatizó que “el 75% de los usuarios del transporte aéreo en Colombia pertenecen a los estratos 2 y 3. Entonces, termina siendo un impuesto regresivo”. Para ilustrar el impacto de haber regresado al IVA del 19% tras los beneficios temporales de la pandemia, Bernal presentó una cifra contundente: “En el año 2024 como país hubiéramos podido tener 7 millones de pasajeros más en Colombia si no se hubiera hecho ese incremento del IVA nuevamente”.Comparativamente, Colombia mantiene una carga tributaria superior a la de otros países de la región, donde el IVA suele ser diferenciado o inexistente para este servicio.Reajuste del mercado tras la salida de SpiritSobre la salida de la aerolínea Spirit del mercado colombiano, Bernal envió un mensaje de tranquilidad respecto a la conectividad. Aseguró que la industria ha respondido rápidamente y que “la conectividad no se va a ver afectada al final. Lo que la industria hace es que se compensan con nuevas rutas, con nuevas aerolíneas para que los viajeros puedan seguir dirigiéndose a los destinos que prefieren”.Finalmente, Bernal subrayó la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura, mencionando los retos en aeropuertos como El Dorado, el José María Córdova, y las terminales de Cali y Barranquilla. “Colombia sí es un país que ha venido experimentando un incremento muy importante de pasajeros y de carga. Y sí, tenemos que tomar todas las medidas de manera permanente para que la capacidad de los aeropuertos crezca a la misma medida”, concluyó.Escuche aquí la entrevista:
El filme se llevó los galardones a la mejor película, mejor director (Tom McCarthy), mejor guión (Tom McCarthy y Josh Singer), mejor montaje (Tom McArdle) y el Robert Altman Award, entregado al director, el reparto y el director de casting de la cinta (Lea también: Superestrellas, arte y buenas críticas: así es el festival de cine de Berlín). Además, Abraham Attah, el niño de "Beasts of No Nation", se llevó el premio al mejor actor con el primer papel de su carrera, mientras que Brie Larson ("Room") ratificó su condición de favorita en vistas a los Óscar con un triunfo más en la categoría de mejor actriz. Por su parte Idris Elba, uno de los olvidados en los Óscar, se hizo con la estatuilla al mejor actor de reparto por "Beasts of No Nation", en tanto que la transexual Mya Taylor hizo historia con su victoria en el campo de mejor actriz de reparto por su trabajo en "Tangerine". "Vengo prácticamente de la nada", dijo Taylor desde el interior de la carpa montada por la organización Film Independent en la playa de Santa Mónica (California). "Mi vida ha dado un giro tremendo", agregó (Lea también: La película colombiana “La Ciénaga” recibe dos galardones en Sundance). El trofeo al mejor guión novel fue a parar a manos de Emma Donoghue ("Room") y Ed Lachman recibió el reconocimiento a la mejor fotografía por "Carol". "The Look of Silence" fue escogido como mejor documental y "The Diary of a Teenage Girl", de Marielle Heller, fue nombrada mejor ópera prima (Lea también: Ciro Guerra, Lubezki e Iññáritu, los latinoamericanos que brillan en los Oscar). Asimismo, la húngara "Son of Saul" fue elegida mejor película internacional, y el trofeo John Cassavetes, que premia al mejor largometraje hecho con un presupuesto inferior al medio millón de dólares, fue para "Krisha", de Trey Edward Shults. EFE
El comercio electrónico continúa ganando terreno en Colombia, pero su crecimiento también está acompañado por nuevos desafíos para las empresas que reciben pagos por internet.Un estudio elaborado por la empresa brasileña de prevención de fraude Koin, en alianza con Gmattos, estima que las pérdidas por chargeback (contracargo) en compras online realizadas con tarjetas de crédito podrían alcanzar los US$48 millones en Colombia durante 2026. La cifra representa un aumento frente a los US$43 millones estimados para 2025 y aparece en medio de una expansión acelerada de las ventas digitales en el país.Según el documento, las proyecciones más recientes apuntan a que el comercio electrónico crecerá 22% en Colombia, por encima del 18% previsto para México y del 10% para Brasil. En América Latina, las ventas online aumentaron 12,2% durante 2025.¿Qué es un chargeback y por qué genera pérdidas?Un chargeback o contracargo ocurre cuando una transacción realizada con tarjeta es revertida a solicitud del banco del cliente. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando una persona denuncia que no realizó una compra o cuando se detecta que la tarjeta fue utilizada de manera fraudulenta. Esta función que ofrecen los bancos se puede usar maliciosa y deliberadamente por un comprador para obtener un bien o servicio y, después, reportar la compra para recibir el dinero de vuelta.El problema para los comercios es que recuperar ese dinero no siempre resulta sencillo. De acuerdo con el estudio, en América Latina la recuperación de este tipo de operaciones apenas supera el 12%, mientras que en América del Norte se acerca al 20%.En los casos en los que el reclamo corresponde efectivamente a un fraude, el establecimiento puede terminar asumiendo el valor de la compra perdida.El documento advierte además que América Latina y Europa presentan uno de los mayores niveles relativos de fraude electrónico entre las regiones analizadas. Un estudio citado en el informe señala que 4,1% de los pedidos online terminaron en fraude, frente al 3,1% de América del Norte y al 3% de Asia-Pacífico.Las compras legítimas también pueden ser rechazadasEl estudio identifica un segundo problema para los comercios electrónicos: los llamados falsos positivos.Se trata de compras realizadas por clientes legítimos que son bloqueadas porque los sistemas de seguridad las consideran, equivocadamente, potencialmente fraudulentas.Aunque en estos casos no existe un robo de dinero, el comercio pierde una venta y el usuario puede abandonar la compra o incluso optar por otra plataforma donde no suceda este error.Koin señala que las tasas de aprobación de transacciones online en América Latina son inferiores a las registradas en América del Norte, lo que, según su análisis, evidencia una mayor cantidad de operaciones legítimas rechazadas durante el proceso de pago. El desafío que estos dos fenómenos presentan para las plataformas es bloquear operaciones sospechosas sin afectar a los compradores reales.Inteligencia artificial entra en la lucha contra el fraudeEl informe señala que el crecimiento y sofisticación del fraude está obligando a las plataformas de comercio electrónico y medios de pago a incorporar herramientas capaces de evaluar un mayor número de variables en tiempo real. Entre ellas aparece la IA, utilizada para identificar comportamientos anómalos y determinar con mayor precisión cuándo una transacción representa un riesgo y cuándo corresponde a una compra legítima.El estudio fue elaborado a partir del monitoreo de algunas de las principales tiendas online de Colombia y México y analizó además la evolución del comercio electrónico en mercados como Brasil. Entre los principales actores de la región menciona plataformas como Mercado Libre, Amazon, Falabella, Temu, Rappi, Sodimac, Éxito y Alkosto.Con unas ventas digitales que continuarían creciendo a gran ritmo en Colombia, el reto para los comercios será encontrar un equilibrio entre detectar cada vez mejor los intentos de fraude sin convertir las medidas de seguridad en una barrera para quienes simplemente quieren realizar una compra por internet.
Un sismo de magnitud 3,8 se registró este martes 11 de agosto, a las 10:43 de la mañana, en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).El movimiento hace parte de la actividad sísmica posterior al terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, cuyo epicentro también estuvo localizado en esta zona del departamento del Chocó. Tras el terremoto, se han registrado numerosas réplicas en el área.De acuerdo con la información del SGC, el nuevo sismo tuvo una profundidad de 99 kilómetros y su epicentro fue localizado a 14 kilómetros de San José del Palmar. Las coordenadas reportadas fueron 4,88 de latitud y -76,36 de longitud.¿Por qué se presentan réplicas?Las réplicas son movimientos sísmicos que ocurren después de un terremoto principal y que se producen mientras la zona afectada continúa ajustándose a los cambios generados por la ruptura.En este caso, la actividad se concentra alrededor de la zona donde ocurrió el terremoto de 7,4 del lunes, que tuvo una profundidad cercana a los 100 kilómetros y fue sentido en buena parte del territorio colombiano.El SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica y advierte que los datos de sus boletines pueden ser modificados a medida que avanza el procesamiento de la información. Por ahora, el reporte corresponde a un sismo de magnitud 3,8 y no se han informado nuevas afectaciones asociadas específicamente a este movimiento.
Tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.De acuerdo con el reporte entregado por el Instituto, hasta el momento han sido abordados 28 cuerpos y los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 22 víctimas. Entre las personas identificadas figuran tres procedentes de Manizales: Fernando Alonso González, Catalina Arango Sandoval y Oscar De Jesús Henao Marín.En Pereira se concentran la mayoría de las identificaciones reportadas hasta el momento. Las víctimas plenamente identificadas en esta ciudad son Lina María Rodas Cuadros, Julián Andrés Mejía Moreno, Sandra Patricia Chica Montoya, Gilberto De Jesús Giraldo López, Pilar Jiménez Toquica, Sergiña Moncada Aguirre, María Araenzola González Gutiérrez, Paola Andrea Franco, Dargui González Guerrero, Angela María Acosta González, Juan Manuel Toro Sánchez, Wilson Largo Trejos, Luis Fernando Ossa Hernández, Pedro Nel Díaz Díaz, Aracely Daza Valencia y Roger David Ramírez Quiroz.También fueron identificadas tres personas procedentes de Buenaventura: Mabel Cristina Carvajal Posada, Martha Patricia Correa Grueso y Carlos Alberto Rosero Pretel.Medicina Legal explicó que, debido a las afectaciones registradas en la infraestructura de su sede en Cali, el Instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía.El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.El Instituto señaló, además, que, a través de la Dirección General y la Subdirección Forense, participa en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el presidente de la República. Desde ese espacio, Medicina Legal coordina con las entidades que integran el PMU la información oficial relacionada con la emergencia.
Un incendio forestal que comenzó el pasado viernes 10 de agosto en la vereda San Francisco, zona rural de Matanza, Santander, completa cinco días activo y ha consumido entre 15 hectáreas de cobertura vegetal. La emergencia se registra en una zona montañosa de difícil acceso, donde la falta de fuentes de agua cercanas ha complicado las labores de control.Oscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que las llamas avanzan en un sector con abundante vegetación, árboles y una zona de bosque de pinos, además de una gran cantidad de material vegetal seco conocido como capote, que facilita la propagación del fuego.Según el reporte entregado por el organismo de socorro, la emergencia habría comenzado después del mediodía del viernes. De acuerdo con información suministrada por habitantes de la zona, existe la sospecha de que el incendio habría sido provocado de manera intencional, situación que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.El trabajo de los organismos de emergencia se ha extendido durante varios días y ha coincidido con la atención de otros incendios forestales en municipios cercanos. "El domingo, las llamas se reactivaron y el lunes fue necesario reforzar las labores con tres motobombas estacionarias", señaló Durán.A la emergencia también acudió durante algunas horas el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga, mientras que más de 30 habitantes de la zona se han sumado a las labores para intentar contener el avance del fuego.La principal dificultad está relacionada con el acceso al agua. El incendio se encuentra en una zona alejada de los puntos de abastecimiento, por lo que los bomberos y la comunidad han tenido que instalar un sistema para llevar el líquido hasta la parte alta de la montaña."Tuvimos que instalar cerca de 300 metros de conducción hasta una primera motobomba y posteriormente otros 300 metros para lograr acercar el agua hasta el punto donde se encuentran las llamas. Desde allí, la comunidad utiliza sus propias motobombas estacionarias para intentar atacar directamente el incendio", explicó el comandante de Bomberos de Matanza.El uso de herramientas manuales y pequeñas cantidades de agua ha sido insuficiente debido a la cantidad de material vegetal presente en el terreno. Por eso, los organismos de socorro buscan ahora llevar un mayor volumen de agua hasta la parte alta para avanzar en el control del incendio.Mientras continúan las labores, la Policía Nacional acompañó las operaciones en la zona para adelantar las verificaciones correspondientes frente a los señalamientos de habitantes de la comunidad sobre las personas que presuntamente habrían iniciado el incendio.
La empresa Metrogas S.A. explicó que las medidas adoptadas por las autoridades frente a la situación del Colegio Santa Lucía de Floridablanca obedecen a criterios de seguridad y están relacionadas con obras de ampliación ejecutadas por la institución educativa sin contar, según la empresa, con las licencias urbanísticas requeridas.De acuerdo con Metrogas, algunas de las construcciones nuevas del colegio fueron realizadas sobre el corredor de la red de gas natural, situación que derivó en actuaciones de las autoridades competentes y en la determinación de una infracción urbanística asociada a dichas obras.La empresa señaló que esta situación representaba un riesgo para la seguridad, debido a que la infraestructura de gas requiere mantener libre el corredor de la red para facilitar las labores de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de posibles emergencias y demás actividades necesarias para garantizar una operación segura.Metrogas afirmó además que el Colegio Santa Lucía tenía conocimiento de la existencia de la red de gas natural desde años atrás. Como evidencia, mencionó oficios enviados en 2020 y 2024, así como la señalización visible instalada en el corredor para advertir sobre la ubicación de la infraestructura.Ante esta situación, la empresa recordó que antes de ejecutar obras o intervenciones es necesario verificar la existencia de redes de servicios públicos y coordinar cualquier actuación con las empresas responsables de su operación.En medio de la controversia, la Alcaldía de Floridablanca ha exigido al Colegio Santa Lucía cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía, así como con las directrices establecidas por Metrogas frente a la infraestructura de gas natural.Según la información entregada en el marco del caso, el municipio sostiene que las actuaciones deben atender las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes, mientras se garantiza la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad educativa.Por su parte, el Colegio Santa Lucía ha manifestado reparos frente a las actuaciones adelantadas por las autoridades. La institución sostiene que la administración municipal no habría tenido en cuenta un peritaje contratado por el propio colegio.Según la institución educativa, dicho estudio concluye que el plantel puede continuar operando en condiciones normales, posición que contrasta con las consideraciones de seguridad expuestas por Metrogas y las medidas ordenadas por las autoridades.De esta manera, mientras Metrogas insiste en que existe un riesgo asociado a la ocupación del corredor de seguridad de la red de gas, el colegio defiende la posibilidad de continuar con sus actividades con base en el peritaje contratado por la institución.La compañía sostuvo que su actuación en este caso se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones de riesgo identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales que han sido adoptadas.Metrogas reiteró que su prioridad es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la comunidad educativa, así como mantener la continuidad y operación segura del servicio público esencial de gas natural.La situación del Colegio Santa Lucía está relacionada con la ejecución de obras de ampliación en un área donde se encuentra infraestructura de la red de gas natural. La controversia ha requerido la intervención de las autoridades competentes, que determinaron la existencia de una infracción urbanística, mientras Metrogas ha insistido en la necesidad de preservar el corredor de seguridad de la red para garantizar el acceso a la infraestructura y atender eventuales emergencias.La Alcaldía de Floridablanca, por su parte, exige el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y las directrices relacionadas con la seguridad de la red. Entretanto, el Colegio Santa Lucía sostiene que un peritaje contratado por la institución establece que sus instalaciones pueden continuar operando normalmente.El caso enfrenta así dos posiciones: la de Metrogas y las autoridades, que advierten sobre condiciones de seguridad asociadas a la infraestructura de gas, y la del colegio, que cuestiona las medidas y respalda la continuidad de sus actividades con base en el estudio técnico contratado.
