Los exmilitares colombianos se convierten en mercenarios en otros países debido a la debilidad del programa nacional de veteranos, la falta de oportunidades económicas y el nulo acceso a salud mental. Así lo advirtió Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), tras revelar que exmiembros del Ejército terminaron entrenando a menores de edad y combatiendo en la sangrienta guerra de Sudán.Gobertus explicó en Mañanas Blu 10:30 que Colombia es un "pool de gente apetecido" por su alta experiencia y entrenamiento en 60 años de conflicto armado. Sin embargo, los soldados y suboficiales se retiran a edades muy tempranas y quedan desamparados por el Estado."El programa de veteranos colombianos es supremamente débil", afirmó Gobertus, señalando que estas personas "no tienen acceso a la reconstrucción de un proyecto de vida en términos de inserción económica". Sin opciones legales en el país y con salarios ofrecidos en el exterior de entre 3.000 y 4.000 dólares (de 3 a 15 millones de pesos), los uniformados terminan en el "rebusque" de guerras extranjeras.La investigación de HRW detectó que las empresas colombianas reclutan al personal para conectarlo con firmas en Abu Dabi. Los exmilitares entran a Emiratos Árabes sin sellar pasaportes, entrenan en bases militares como Ghiyathi y Al Wathba, y luego son desplegados en Sudán como pilotos de drones o combatientes.El informe corroboró la presencia de estos mercenarios en la toma de Al-Fasher en octubre de 2025, junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar responsable de hambruna, abusos y violaciones sexuales masivas.HRW y alertas previas confirmaron además que los colombianos entrenaron a menores de edad reclutados por las FAR, un hecho constitutivo de crimen de guerra. Ante la gravedad de la situación, la organización solicitó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas investigue el rol de Emiratos Árabes y remita la información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.Escuche la entrevista completa aquí:
Human Rights Watch (HRW) expuso este martes que mercenarios colombianos que fueron desplegados en Sudán para luchar junto al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) recibieron entrenamiento en bases militares de Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que niega su implicación en esta guerra.La organización detalló en un informe de 83 páginas que, desde 2024, la empresa de seguridad con sede en Abu Dabi Global Security Services Group (GSSG) contrató a "cientos de mercenarios colombianos" que fueron mandados a Sudán para luchar con las FAR, en guerra con el Ejército sudanés desde abril de 2023.Esta empresa fue fundada en 2016 por el secretario general de la Corte Presidencial de Emiratos, Mohamed al Humairi, quien rinde cuentas ante el vicepresidente del país árabe, Mansour bin Zayed Al Nahyan, hermano del presidente y dueño del club de fútbol inglés Manchester City.HRW entrevistó a dos contratistas militares privados colombianos desplegados en Sudán, y uno de ellos afirmó que al llegar a EAU evitó los controles de inmigración y no le sellaron el pasaporte, mientras que fue trasladado "inmediatamente" con otros a la base de Ghiyathi, en Abu Dabi, donde "recibió entrenamiento por parte de ciudadanos emiratíes".La ONG identificó que los reclutas transitaron por dos bases militares antes de ser mandados a Sudán: la de Ghiyathi y una instalación en Al Wathba, también en el emirato de Abu Dabi."El reclutamiento de mercenarios colombianos se suma a un creciente conjunto de pruebas de que EAU proporciona apoyo militar a las FAR, que han perpetrado repetidamente atrocidades en Sudán", denunció en la nota la directora ejecutiva de la división de África de HRW, Mauso Segun.La primera evidencia pública de la presencia de colombianos en Sudán provino de videos publicados en redes sociales en noviembre de 2024, 19 meses después del inicio de la guerra, cuando grupos aliados del Ejército sudanés interceptaron un convoy de colombianos que había ingresado al país africano desde Libia.Además, según investigaciones de HRW y otras organizaciones, se descubrió que los colombianos poseían proyectiles de 81 milímetros de fabricación búlgara que fueron desviados de las reservas de las Fuerzas Armadas de EAU, en violación de los acuerdos de usuario final de este tipo de armamento.La ONG también verificó vídeos que muestran a mercenarios "aparentemente colombianos" combatiendo en Al Fasher (Darfur del Norte) durante la sangrienta toma de la ciudad por parte de las FAR en octubre de 2025, cuando se produjeron asesinatos, violaciones y abusos "generalizados".Asimismo, indicó que un contratista colombiano afirmó haber entrenado a combatientes de las FAR en campamentos de Nyala -el principal bastión de los paramilitares en Darfur del Sur- en abril de 2025, y que "muchos de los reclutas eran niños pequeños", algo que constituye un crimen de guerra según el derecho internacional.Después de más de tres años de guerra, Emiratos Árabes sigue negando categóricamente que brinde apoyo a las FAR, acusadas de haber cometido crímenes de lesa humanidad, y afirma que solo presta ayuda humanitaria a la población sudanesa.La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno y externo de unas 14 millones, mientras que más de 19.5 millones -dos de cada cinco sudaneses- sufren niveles de crisis de inseguridad alimentaria, de acuerdo con Naciones Unidas. EFE
El Sindicato de Periodistas de Sudánfue distinguido con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano Isaza 2026, un reconocimiento internacional que destaca su trabajo en la defensa del ejercicio periodístico en medio del conflicto armado que afecta al país desde 2023. La entrega se realizó en Lusaka, Zambia, durante la Conferencia Mundial sobre la Libertad de Prensa, desarrollada entre el 4 y el 6 de mayo.El galardón resalta la labor sostenida del sindicato en la documentación y denuncia de vulneraciones a la libertad informativa en un entorno altamente complejo. De acuerdo con cifras recopiladas por la organización, desde el inicio de la confrontación se han registrado 32 periodistas fallecidos, más de 556 violaciones a la libertad de prensa y el cierre de múltiples medios de comunicación, lo que refleja el impacto directo del conflicto sobre el flujo de información en el país africano.Durante la ceremonia, el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, subrayó el compromiso del sindicato con la difusión de información verificada pese a las condiciones adversas. Destacó que su trabajo contribuye a mantener informadas a las comunidades y a visibilizar la situación humanitaria, incluso en medio de limitaciones operativas y riesgos constantes.El presidente del Sindicato de Periodistas de Sudán, Abdelmoniem Abuedries Ali, señaló que el reconocimiento trasciende a la organización y se extiende a todos los periodistas sudaneses que continúan ejerciendo su labor en circunstancias extremas. Según indicó, el premio reafirma el papel del periodismo independiente como elemento clave para la transparencia y la rendición de cuentas, además de amplificar las voces de la población afectada por la crisis.La historia del sindicato se remonta a 1946, cuando surgieron los primeros esfuerzos de organización gremial entre periodistas sudaneses. Sin embargo, su funcionamiento se vio interrumpido durante décadas debido a restricciones impuestas por gobiernos anteriores, que disolvieron asociaciones independientes y limitaron la actividad sindical. Fue en 2022 cuando la organización logró reconstituirse formalmente, tras la ratificación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo por parte de Sudán.Ese mismo año se llevaron a cabo elecciones internas por primera vez en más de tres décadas, con la participación de más de 1.300 profesionales activos. El proceso incluyó mecanismos de votación electrónica que permitieron la inclusión de periodistas fuera de la capital, Jartúm, marcando un paso significativo en la reorganización del gremio.Actualmente, el sindicato continúa operando en un entorno marcado por la destrucción de aproximadamente el 90% de la infraestructura mediática del país. A esto se suman dificultades como interrupciones en las telecomunicaciones y limitaciones logísticas, que afectan la capacidad de los medios para informar de manera constante.En este contexto, la UNESCO ha implementado diversas acciones de apoyo. A través del Foro de Medios de Sudán, la organización ha facilitado la articulación entre más de 20 medios de comunicación para mantener la cobertura informativa. Además, en alianza con Media in Cooperation and Transition (MiCT), se han habilitado espacios seguros en Port Sudán y se ha brindado asistencia directa a decenas de periodistas, incluyendo apoyo para reubicación y atención en salud mental.El Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano Isaza, creado en 1997, reconoce anualmente a individuos u organizaciones que contribuyen de manera significativa a la defensa de la libertad de prensa. Este galardón lleva el nombre del periodista colombiano Guillermo Cano Isaza, en homenaje a su legado en la promoción de un periodismo independiente.La edición 2026 del premio pone en el centro de la atención internacional la situación de los periodistas en Sudán y resalta la importancia de preservar el acceso a la información en escenarios de conflicto, donde el ejercicio periodístico enfrenta desafíos constantes.
La Autoridad de Aviación Civil de Sudán del Sur confirmó la muerte este lunes de catorce personas, entre ellos dos kenianos, que iban a bordo de una avioneta que se estrelló cerca de la capital del país, Yuba, revisando a la baja la anterior cifra aportada por una fuente oficial.En un comunicado, la autoridad indicó que la aeronave, una Cessna 208 Caravan operada por CityLink Aviation Ltd., volaba de Yei al Aeropuerto Internacional de Yuba cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo."La aeronave despegó de Yei a las 09.15 hora local (07.15 GMT) y perdió la comunicación a las 09:43 (07.43 GMT)", informó la autoridad, que añadió que a bordo "viajaban 13 pasajeros y un piloto. Lamentablemente, no hubo supervivientes".Según la autoridad, entre las víctimas se encontraban dos ciudadanos kenianos y doce sursudaneses.Los equipos de emergencia se han desplazado al lugar del accidente para apoyar las labores de recuperación e iniciar las investigaciones preliminares, de acuerdo con la nota, que afirma que los primeros hallazgos sugieren que las malas condiciones meteorológicas pudieron haber influido en el incidente."Los informes preliminares indican que la aeronave pudo haberse estrellado debido a condiciones meteorológicas adversas, en concreto por la baja visibilidad", apuntó.La autoridad enfatizó que las investigaciones continúan y advirtió de que no se deben sacar conclusiones definitivas hasta que se recopile más evidencias: "Se proporcionarán actualizaciones a medida que se disponga de más información verificada", indicó.El incidente ha reavivado la preocupación por la seguridad aérea en Sudán del Sur, especialmente en condiciones meteorológicas adversas.El 29 de enero de 2025, al menos 20 personas murieron y solo una sobrevivió al estrellarse una avioneta poco después de despegar de un campo petrolífero en el estado de Unity con destino a Yuba.Las víctimas eran trabajadores de la compañía Greater Pioneer Operating Company (GPOC) y dos miembros de la tripulación.
Un ataque con dron contra un camión que transportaba personas hacia un funeral dejó 40 muertos el martes en la región de Kordofán, en Sudán, informaron el miércoles a AFP una fuente médica y un testigo.La guerra implacable que enfrenta desde 2023 a antiguos aliados se intensificó en los últimos meses con la multiplicación de ataques mortales con drones contra zonas residenciales densamente pobladas, escuelas u hospitales.Kordofán, región crucial para el control de Sudán, está en el centro de los intensos combates entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), con anuncios diarios de bombardeos y balances sangrientos.El martes, "40 personas, en su mayoría mujeres, murieron cuando un camión fue alcanzado por un ataque de dron entre Abu Zubayd y Al Fula", dos ciudades situadas en el oeste de Kordofán, indicó una fuente médica.Los pasajeros, muchos de ellos de la misma familia, "se dirigían a Al Fula para presentar sus condolencias" después de un ataque que había golpeado el domingo el mercado de una localidad cercana, en esta zona controlada por los paramilitares, según un testigo contactado por AFP.Ni el testigo ni la fuente médica pudieron precisar el origen del ataque con dron del martes.El 8 de marzo, ataques con drones atribuidos al ejército dejaron 33 muertos y 59 heridos en los mercados de Abu Zabad y Wad Banda, según un médico del hospital local contactado por AFP.Ese mismo día, otro ataque con dron, también atribuido al ejército, mató a 11 personas e hirió a 20 en un mercado de Nyala, la capital regional de Darfur donde tiene su sede la administración paralela de las RSF, según un comunicado de Médicos Sin Fronteras Sudán.Las autoridades civiles de Darfur del Sur denunciaron ese ataque con dron y hablaron de 10 muertos, pero AFP no pudo confirmar esa información con fuentes independientes en esta zona inaccesible controlada por las RSF.
Según datos de Migración Colombia, este año emigraron 174 connacionales con destino a Ucrania. De ellos, 75 argumentaron que viajaban por trabajo, mientras que el resto indicó motivos como turismo, residencia, eventos, estudios y negocios. Del total, 25 fueron mujeres y el resto, hombres entre los 30 y 38 años.Ucrania es uno de los destinos, junto con Sudán, donde el fenómeno de los mercenarios colombianos se ha convertido en un problema creciente. Desde el Congreso, el representante Alejandro Toro impulsó un proyecto de ley que ya pasó a sanción presidencial y que busca tipificar como delito esta práctica.“Son datos escabrosos. Unos 1.500 mercenarios en Sudán, con grupos paramilitares entrenando niños de 12, 13 y 14 años. Además, según información del sector funerario, están llegando entre 15 y 20 cuerpos por semana desde Ucrania, de colombianos que fallecen en ese conflicto”, aseguró el congresista.Toro denunció que las empresas que reclutan connacionales para combatir en guerras extranjeras convirtieron en un negocio la no repatriación de los cuerpos de quienes mueren en estas actividades, ya sea argumentando que no fueron encontrados o cobrando por la repatriación sin realizarla. Señaló, además, que no solo estarían llevando militares retirados, sino también médicos y enfermeros, a quienes entrenan entre 20 y 30 días antes de enviarlos a zonas de combate.La ley aprobada busca frenar estos casos. “Lo que creamos es un marco para que exista el delito, que es la principal dificultad que tenemos hoy en Colombia. Actualmente, cualquier empresa puede hacer financiamiento, entrenamiento y reclutamiento sin que tengamos herramientas para decir que eso es ilegal”, explicó.La Cancillería está respaldando esta iniciativa.
Estados Unidos anunció el martes que impuso sanciones a una red transanacional que según dijo recluta a exmilitares colombianos, e inclusive a niños, para combatir con paramilitares en la guerra civil en Sudán.La guerra en Sudán, que estalló en abril de 2023, enfrenta al ejército sudanés y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).El conflicto ha causado miles de muertos y desplazado a millones de personas, sumiendo al país en la "peor crisis humanitaria" del mundo según la ONU.El mes pasado, el jefe del ejército sudanés, el general Abdel Fatah al Burhan, pidió al presidente estadounidense Donald Trump que ponga fin a la guerra civil, pero los intentos de negociar la paz han fracasado repetidamente a lo largo del conflicto.El martes, el Departamento del Tesoro estadounidense dijo que sancionó a cuatro personas y cuatro entidades.Las medidas apuntan contra una red transnacional que "recluta exmilitares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños" para luchar para las FAR, según un comunicado."Las FAR han mostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños", dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, citado en el texto.Uno de los sancionados es Álvaro Andrés Quijano Becerra, un militar colombiano retirado que también tiene ciudadanía italiana y reside en Emiratos Árabes Unidos. Washington lo acusa de desempeñar "un papel central en el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en Sudán".También fue sancionada una agencia de empleo que cofundó Quijano Becerra, y su esposa, quien ha estado involucrada en su gestión.Las últimas sanciones también apuntaron a otros grupos y sus gerentes.Estas sanciones impiden esencialmente el ingreso a Estados Unidos, la congelación de activos bajo jurisdicción en ese país y la prohibición de apoyo financiero o material."La guerra civil en Sudán corre el riesgo de desestabilizar la región y convertir a Sudán en un refugio seguro para quienes amenazan a Estados Unidos", dijo el Tesoro estadounidense.En enero, el Departamento de Estado dijo que miembros de las FAR habían cometido un genocidio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó este miércoles su conmoción por informaciones que hablan de más de 460 muertos en un hospital de la ciudad sudanesa de El Fasher, tomada recientemente por los paramilitares en su guerra contra el Ejército regular.La OMS "está consternada y profundamente conmocionada por las informaciones sobre la trágica muerte de más de 460 pacientes y acompañantes en la Maternidad Saudita de El Fasher, en Sudán, tras los recientes ataques y secuestros de personal de salud", indicó el jefe de la agencia de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la red X.El jefe de los paramilitares sudaneses, el general Mohamed Daglo, dijo el miércoles que quiere "la unidad de Sudán por la paz o por la guerra", en un discurso difundido en su cadena oficial Telegram, desde un lugar no precisado."Sentimos mucho la catástrofe que les ocurrió a los habitantes de El Fasher (...) pero la guerra nos fue impuesta", añadió Daglo, luego de que la Unión Europea denunció la "brutalidad" de los paramilitares.Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) anunciaron el domingo haber tomado el control total de El Fasher, la última gran ciudad de la vasta región occidental de Darfur que no estaba en sus manos, un punto de inflexión en la guerra civil iniciada en abril de 2023.Desde entonces, Sudán es escenario de una guerra por el poder entre el general Abdel Fatah al Burhan, comandante del ejército regular y líder de facto del país desde el golpe de Estado de 2021, y el general Mohamed Daglo, al frente de las FAR.Este miércoles, el poder acusó a los paramilitares de haber atacado las mezquitas y la Cruz Roja en El Fasher, al tomar la ciudad que llevaban 18 meses asediando."Más de 2.000 civiles murieron durante la invasión de la milicia (paramilitar) en El Fasher, que atacó las mezquitas y a los voluntarios de la Cruz Roja", afirmó desde Port Sudan, donde tiene su sede el gobierno, Mona Nur Al Daem, encargada de ayuda humanitaria.Los análisis de imágenes satelitales "corroboran las pruebas de que las masacres continuaron en las 48 horas consecutivas a la toma" de El Fasher por parte de las FAR, abundó el Humanitarian Research Lab de la Universidad de Yale.Dicho centro reportó ejecuciones cerca de dos hospitales, y masacres "sistemáticas" en la periferia de la ciudad.Desde el domingo, más de 33.000 personas huyeron de la violencia, hacia la periferia de El Fasher y Tawila, una ciudad a 70 km al oeste, que ya alberga a unos 650.000 desplazados según la ONU.En El Fasher, donde antes de la guerra vivía más de un millón de personas, quedan alrededor de 177.000 civiles, de acuerdo con los datos más recientes de Naciones Unidas.Los accesos a El Fasher siguen bloqueados, pese a los llamados a abrir corredores humanitarios. Lo que significa que es muy difícil contactar con fuentes locales independientes.
Un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias sepultó el pasado domingo la aldea de Tarsin, en el oeste de Sudán, provocando la muerte de unas mil personas y dejando un solo sobreviviente, según informó este martes el Movimiento Ejército de Liberación de Sudán en un comunicado."Seguimos con profunda tristeza y preocupación los trágicos sucesos que afectaron a los residentes de la aldea de Tarsin, a causa de los masivos y devastadores deslizamientos de tierra que azotaron la aldea, ubicada en medio de Jebel Marra, en el distrito de Amo", indicó en el texto el grupo liderado por Abdelwahid Mohamed Nour.Según las primeras informaciones la totalidad de los aldeanos, unas mil personas entre las cuales se cuentan "hombres, mujeres y niños", murieron por el deslizamiento de tierra que ocurrió el domingo y solo una persona logró sobrevivir.El Movimiento Ejército de Liberación de Sudán resaltó que la aldea de Tarsin quedó "completamente arrasada", por lo que hizo un llamado a las Naciones Unidas para brindar apoyo en la recuperación de cuerpos y el movimiento de escombros.Sudán está inmersa en una guerra entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el estado de Darfur del Norte, lo que ha obligado al desplazamiento forzado de personas que buscan refugio en las montañas de Marra.El Movimiento Ejército de Liberación es un grupo rebelde de Darfur que controla precisamente esa zona montañosa de Jebel Marra y que se ha mantenido neutral en los choques entre las FAR y el Ejército.
Como una promesa de un mejor futuro cientos de exmilitares colombianos, y ahora incluso civiles, están saliendo del país para convertirse en mercenarios en la devastadora guerra civil de Sudán, según una investigación de Noticias Caracol, un coronel retirado estaría detrás de este negocio. Videos impactantes obtenidos por Noticias Caracol muestran a estos hombres combatiendo para las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una facción paramilitar que lleva dos años enfrentada al régimen militar sudanés. La cruda realidad es que, según sobrevivientes, al menos 20 connacionales muertos yacen en neveras desde hace meses. ¿Por qué colombianos en Sudán? Un mercado de mercenarios en expansiónColombia es reconocida mundialmente por la alta calidad y experiencia de su mano de obra militar. Sin embargo, analistas como Juan Pappier de Human Rights Watch señalaron en Noticias Caracol un problema grave: la falta de apoyo y oportunidades laborales para los exmilitares al retirarse. Esta vulnerabilidad es aprovechada por empresas intermediarias que los reclutan para conflictos extranjeros.Dante Hincapié, sargento retirado con experiencia en la industria de seguridad, revela que muchos de estos hombres son "engañados" con promesas lucrativas de salarios entre $1.500 y $3.000 mensuales. Una vez en el extranjero, no hay vuelta atrás; se ven obligados a seguir combatiendo para proteger sus vidas y las de sus familias en Colombia.Quién es el coronel (r) que estaría detrás del negocio de los mercenarios colombianos en Sudán Los testimonios recogidos por Noticias Caracol apuntan a dos figuras centrales en este oscuro negocio: el excoronel colombiano Álvaro Quijano y su esposa, Claudia Olivares. Quijano, investigado en el pasado por supuestos nexos con el Cartel del Norte del Valle, creó hace una década una empresa para enviar exmilitares a Emiratos Árabes Unidos. Lo que comenzó como un servicio de seguridad, se ha transformado en una "trata de personas", según un mercenario anónimo.Para evadir la atención, las convocatorias de reclutamiento se trasladaron de oficinas a habitaciones de hotel y apartamentos de alquiler en Bogotá. Según la investigación periodística, las empresas de Quijano y Olivares operan junto a Global Security Services Group, una compañía con sede en Emiratos Árabes Unidos que actúa como contratista de los mercenarios. Los pagos se "triangulan" a través de la empresa panameña Global Staffing, también vinculada a Quijano, para borrar cualquier conexión con los Emiratos. Se ha revelado que muchos eran inicialmente engañados con destinos como Emiratos Árabes para trabajar en petróleo o Libia, solo para ser redirigidos a Sudán.La situación es crítica: se está reclutando a cualquier colombiano que acepte viajar, sin necesidad de ser exmilitar. Dante Hincapié advierte que estos hombres son llevados "de carnada" y a menudo no se les paga el salario prometido, dejándolos sin recursos y en peligro extremo. Se estima que hay entre 300 y 2.000 mercenarios colombianos en Sudán, aunque no hay cifras claras sobre muertos o heridos. Quienes más ganan son los dueños de las empresas intermediarias, recibiendo alrededor de 1.500 dólares mensuales por cada hombre enviado.
Una propuesta del alcalde de Quinchía (Risaralda), Jader Bañol, generó una fuerte controversia luego de que se conociera un video en el que habría pide imponer comparendos a las personas que suministren comida o agua a perros en condición de calle.En la grabación, el mandatario habría hecho un llamado a las autoridades para sancionar a quienes alimenten a estos animales en espacios públicos. Según se escucha en el video, solicita "empezar a hacer comparendos" y evitar que ciudadanos les den alimento o agua.La iniciativa provocó reacciones en redes sociales y el pronunciamiento de la senadora animalista Andrea Padilla, quien cuestionó la postura del alcalde y aseguró que las administraciones municipales tienen responsabilidades legales frente a la protección de los animales.¿Qué le respondió la senadora?La congresista respondió a través de sus redes sociales con un mensaje en el que rechazó la propuesta del mandatario."Alcalde, está usted miando fuera del tiesto", apuntó la senadora. Padilla sostuvo que, antes de plantear sanciones contra quienes ayudan a los animales sin hogar, la administración debería informar qué acciones ha desarrollado en materia de bienestar animal."No puede multar la solidaridad; más bien asuma su responsabilidad", señaló. La senadora también preguntó por las jornadas de esterilización, la atención veterinaria para animales abandonados, la existencia de un centro de bienestar animal o convenios con fundaciones, así como por la implementación de la Ley Ángel y otras obligaciones relacionadas con la protección animal.¿Por qué la medida ha generado controversia?El caso ha despertado debate porque la propuesta del alcalde coincide con cuestionamientos sobre las responsabilidades de las autoridades locales frente a los animales en condición de abandono.En su pronunciamiento, Andrea Padilla recordó que la Ley 1774 de 2016 establece deberes de protección hacia los animales y sostuvo que el cuidado de los perros sin hogar no puede centrarse en sancionar a quienes les brindan alimento o agua.Hasta el momento, la discusión continúa en redes sociales, donde usuarios han expresado opiniones divididas sobre la iniciativa anunciada por el alcalde de Quinchía y la respuesta de la congresista.
Un nuevo episodio de intolerancia en las vías de Barranquilla se viralizó en redes sociales tras difundirse un video grabado el pasado 11 de julio en la intersección de la calle 79 con carrera 42F, en el norte de la ciudad.En la grabación se ve cuando el trabajador de una plataforma de domicilios terminó en el techo de un carro en movimiento, luego de una discusión por el supuesto no pago de un pollo por parte de la conductora.Enerson Díaz, el repartidor o domiciliario, explicó en un video en redes sociales que el conflicto inició cuando la cliente recibió la comida pero se rehusó a pagarla, porque, al parecer, ya le habían descontado un pedido previo que no le entregaron.Ante la falta de acuerdo y para evitar perder el valor del producto, el joven narra que decidió pararse frente al automotor para impedir que la mujer se marchara mientras llegaba la Policía, pero en ese momento el carro avanzó y decidió subirse al techo con el vehículo en movimiento durante varias cuadras.Añadió que también se sintió agredido por haber sufrido maltratos verbales por parte de la mujer, por ser ciudadano venezolano.Por otro lado, la ciudadana involucrada entregó una versión opuesta en sus redes, manifestando que su intención nunca fue actuar con agresividad, sino reclamar por una entrega anterior que no recibió.Agregó que se sintió acorralada e intimidada cuando un grupo de motociclistas domiciliarios, a los que llamó "delincuentes", rodeó su vehículo, pero que al final pagó $100.000, cuando el costo era de $35.000.Hasta el momento, ni la Policía ni la plataforma se han manifestado sobre el hecho que es viral en redes sociales.
Venezuela sumó este domingo otros 157 muertos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, por lo que totalizan al menos 4.490 fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial.El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó en redes sociales que 120.794 familias han sido atendidas y que hay 19.583 personas en un total de 108 campamentos transitorios habilitados, principalmente, en escuelas de Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira, la región más afectada.Según esta actualización, hay 14 nuevos refugios temporales respecto al sábado, cuando había 94. El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que han sido distribuidas 9.995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua.Por otra parte, hay 30.535 voluntarios registrados y 31.837 funcionarios de distintos organismos desplegados en el país, donde, además, ha habido 1.222 réplicas desde el 24 de junio.Míster Venezuela despide a su novio tras 17 días de búsquedaEn una funeraria en Caracas, Lenin Peña, Míster Universo Venezuela 2025, despidió este domingo a su novio, cuyo cuerpo fue encontrado tras 17 días de búsqueda entre los escombros del edificio donde vivían juntos, en la devastada región costera de La Guaira, y que colapsó por el doble terremoto."Sé que lo intenté, sé que lo encontré, pero siento que no llegué a tiempo. Queríamos durar toda la eternidad juntos", dijo a EFE durante el velorio en una funeraria en el sector La Florida de la capital.Durante las dos semanas y dos días que duró la búsqueda, Peña compartía en tiempo real detalles en su cuenta en Instagram, donde también pedía ayuda y equipos, como un martillo de aire, un compresor de remolque y una planta eléctrica, para facilitar la misión.Pese a que con el tiempo disminuían las probabilidades de encontrarlo con vida, tenía su "fe intacta" y guardaba la esperanza de que Yordy Paredes, Míster Mérida 2025 y estudiante de Psicología de veintidós años, siguiera vivo."Siempre va a ser el amor de mi vida, siempre, y espero que algún día nos volvamos a encontrar", expresó el también médico de treinta años de edad.La búsquedaEl 24 de junio, feriado en Venezuela, Peña había salido de su casa para visitar a su madre e hijos, en otra localidad de La Guaira.Los terremotos también desplomaron la vivienda de su mamá, pero ellos lograron salir, tras lo que intentó comunicarse con su novio, pero no contestaba, y la señal de telefonía móvil colapsó, así como otros servicios. El joven doctor corrió hasta llegar a su edificio, uno de los numerosos inmuebles que colapsaron en La Guaira."Cuando llegué, me encontré con el edificio devastado. Yo no paraba de gritar intentando localizarlo, porque no sabía si le dio chance de bajar", recordó Peña, quien recorrió los alrededores y visitó un hospital en su búsqueda.Entonces, dijo, entendió que "estaba en casa". Empezó entre los escombros solo y luego, poco a poco, se formó un pequeño grupo al que posteriormente se sumaron rescatistas y bomberos.Peña insistió, pese a que los rescatistas "abandonaron la misión porque se ponían en riesgo, al ver lo peligroso" que era. "Amor, espérame un poco más. Ya casi llego, amor, por favor", escribió en Instagram el 7 de julio, día del cumpleaños de su novio.El último mensajeEl 8 de julio, cuando se cumplieron dos semanas de los sismos, ya estaban más cerca: habían logrado llegar a lo que era la cocina de su apartamento, y dos días después, a la sala.Fue ahí donde, en la madrugada del sábado, lo encontraron. Lo primero que vio fueron sus dedos. "Ya sabía que era él. Cuando tú conoces a una persona, sabes todo", afirmó.Entre las ruinas también encontró el peluche que le regaló el 14 de febrero de este año, Día del Amor y la Amistad, así como un reloj y dos camisetas."Ver nuestras cosas en el apartamento ya era desgarrador, y después encontrarlo a él...", relató.En su teléfono, guarda el último mensaje que Paredes le envió: "Te amo muchísimo, siempre voy a estar a tu lado, en cada rincón".
La emergencia por la temporada de lluvias en Casanare sigue agravándose. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) actualizó este domingo el balance de afectaciones y confirmó que 13 municipios permanecen en emergencia, con 3.632 familias damnificadas y 51 vías bloqueadas o destruidas.Ante la magnitud de la situación, el Ejército Nacional mantiene desplegadas sus capacidades de atención y prevención de desastres en los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad, donde soldados de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres apoyan las labores de rescate, evacuación y asistencia humanitaria.Dos pelotones especializados trabajan en cinco frentes de atención junto con el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, autoridades locales y organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.En San Luis de Palenque, las tropas han evacuado y rescatado a 15 personas que se encontraban en riesgo por el aumento del nivel de las aguas. En Trinidad, las labores se concentran en las veredas Bélgica, San Vicente, Bucare, La Cañada, San Pedro y La Soledad, donde fueron rescatadas tres personas y se brindó asistencia directa a 80 habitantes afectados.Como parte de la respuesta institucional, el Ejército también apoyó el embarque y distribución de ayudas humanitarias para cerca de 450 personas, además de la entrega de 15.000 litros de agua potable. Las autoridades priorizan la atención de unas 800 familias, mientras continúan evaluando las necesidades en las zonas inundadas.La emergencia no solo afecta a Casanare. Las intensas lluvias y el desbordamiento de los ríos mantienen impactos en otras regiones de los Llanos Orientales y la frontera con Venezuela. En Arauca, el balance supera las 9.000 familias afectadas, mientras que en Boyacá también se reportan daños en varios municipios. Del lado venezolano, la población de La Victoria, en el estado Apure, continúa inundada tras la ruptura de un dique y el incremento del caudal del río Arauca, pese a que el nivel del agua ha comenzado a descender paulatinamente.
Un nuevo hecho de intolerancia se registró en el Portal Suba de Transmilenio, luego de que un vigilante le reclamara a unos usuarios por evadir el pasaje.Según un video difundido en redes sociales, varios vigilantes le reclamaron a dos hombres por evadir el pago y en medio de esta acción uno de los usuarios que evadió el pago del pasaje, sacó un arma blanca y comenzó un enfrentamiento con uno de los vigilantes del sistema.La empresa Transmilenio informó que, debido a la acción, el vigilante resultó herido por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde recibe la atención médica requerida.“TRANSMILENIO S.A. rechaza cualquier acto de violencia contra el personal que presta sus servicios en el Sistema. Los equipos operativos y de vigilancia cumplen una labor esencial para el funcionamiento del transporte público y para la atención de los más de cuatro millones de usuarios que se movilizan diariamente en Bogotá”, aseguró la empresa.Asimismo, señaló que los presuntos agresores fueron detenidos por la Policía y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.Desde Transmilenio, recuerdan que el pago del pasaje es fundamental para la sostenibilidad del transporte público, por lo que evadirlo afecta la calidad del servicio y perjudica a los millones de usuarios que diariamente cumplen con este deber.Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto, adoptando comportamientos que contribuyan a la sana convivencia y al uso adecuado del sistema, para de esta forma evitar que hechos como este se repitan.
