Los exmilitares colombianos se convierten en mercenarios en otros países debido a la debilidad del programa nacional de veteranos, la falta de oportunidades económicas y el nulo acceso a salud mental. Así lo advirtió Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), tras revelar que exmiembros del Ejército terminaron entrenando a menores de edad y combatiendo en la sangrienta guerra de Sudán.Gobertus explicó en Mañanas Blu 10:30 que Colombia es un "pool de gente apetecido" por su alta experiencia y entrenamiento en 60 años de conflicto armado. Sin embargo, los soldados y suboficiales se retiran a edades muy tempranas y quedan desamparados por el Estado."El programa de veteranos colombianos es supremamente débil", afirmó Gobertus, señalando que estas personas "no tienen acceso a la reconstrucción de un proyecto de vida en términos de inserción económica". Sin opciones legales en el país y con salarios ofrecidos en el exterior de entre 3.000 y 4.000 dólares (de 3 a 15 millones de pesos), los uniformados terminan en el "rebusque" de guerras extranjeras.La investigación de HRW detectó que las empresas colombianas reclutan al personal para conectarlo con firmas en Abu Dabi. Los exmilitares entran a Emiratos Árabes sin sellar pasaportes, entrenan en bases militares como Ghiyathi y Al Wathba, y luego son desplegados en Sudán como pilotos de drones o combatientes.El informe corroboró la presencia de estos mercenarios en la toma de Al-Fasher en octubre de 2025, junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar responsable de hambruna, abusos y violaciones sexuales masivas.HRW y alertas previas confirmaron además que los colombianos entrenaron a menores de edad reclutados por las FAR, un hecho constitutivo de crimen de guerra. Ante la gravedad de la situación, la organización solicitó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas investigue el rol de Emiratos Árabes y remita la información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.Escuche la entrevista completa aquí:
Human Rights Watch (HRW) expuso este martes que mercenarios colombianos que fueron desplegados en Sudán para luchar junto al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) recibieron entrenamiento en bases militares de Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que niega su implicación en esta guerra.La organización detalló en un informe de 83 páginas que, desde 2024, la empresa de seguridad con sede en Abu Dabi Global Security Services Group (GSSG) contrató a "cientos de mercenarios colombianos" que fueron mandados a Sudán para luchar con las FAR, en guerra con el Ejército sudanés desde abril de 2023.Esta empresa fue fundada en 2016 por el secretario general de la Corte Presidencial de Emiratos, Mohamed al Humairi, quien rinde cuentas ante el vicepresidente del país árabe, Mansour bin Zayed Al Nahyan, hermano del presidente y dueño del club de fútbol inglés Manchester City.HRW entrevistó a dos contratistas militares privados colombianos desplegados en Sudán, y uno de ellos afirmó que al llegar a EAU evitó los controles de inmigración y no le sellaron el pasaporte, mientras que fue trasladado "inmediatamente" con otros a la base de Ghiyathi, en Abu Dabi, donde "recibió entrenamiento por parte de ciudadanos emiratíes".La ONG identificó que los reclutas transitaron por dos bases militares antes de ser mandados a Sudán: la de Ghiyathi y una instalación en Al Wathba, también en el emirato de Abu Dabi."El reclutamiento de mercenarios colombianos se suma a un creciente conjunto de pruebas de que EAU proporciona apoyo militar a las FAR, que han perpetrado repetidamente atrocidades en Sudán", denunció en la nota la directora ejecutiva de la división de África de HRW, Mauso Segun.La primera evidencia pública de la presencia de colombianos en Sudán provino de videos publicados en redes sociales en noviembre de 2024, 19 meses después del inicio de la guerra, cuando grupos aliados del Ejército sudanés interceptaron un convoy de colombianos que había ingresado al país africano desde Libia.Además, según investigaciones de HRW y otras organizaciones, se descubrió que los colombianos poseían proyectiles de 81 milímetros de fabricación búlgara que fueron desviados de las reservas de las Fuerzas Armadas de EAU, en violación de los acuerdos de usuario final de este tipo de armamento.La ONG también verificó vídeos que muestran a mercenarios "aparentemente colombianos" combatiendo en Al Fasher (Darfur del Norte) durante la sangrienta toma de la ciudad por parte de las FAR en octubre de 2025, cuando se produjeron asesinatos, violaciones y abusos "generalizados".Asimismo, indicó que un contratista colombiano afirmó haber entrenado a combatientes de las FAR en campamentos de Nyala -el principal bastión de los paramilitares en Darfur del Sur- en abril de 2025, y que "muchos de los reclutas eran niños pequeños", algo que constituye un crimen de guerra según el derecho internacional.Después de más de tres años de guerra, Emiratos Árabes sigue negando categóricamente que brinde apoyo a las FAR, acusadas de haber cometido crímenes de lesa humanidad, y afirma que solo presta ayuda humanitaria a la población sudanesa.La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno y externo de unas 14 millones, mientras que más de 19.5 millones -dos de cada cinco sudaneses- sufren niveles de crisis de inseguridad alimentaria, de acuerdo con Naciones Unidas. EFE
El Sindicato de Periodistas de Sudánfue distinguido con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano Isaza 2026, un reconocimiento internacional que destaca su trabajo en la defensa del ejercicio periodístico en medio del conflicto armado que afecta al país desde 2023. La entrega se realizó en Lusaka, Zambia, durante la Conferencia Mundial sobre la Libertad de Prensa, desarrollada entre el 4 y el 6 de mayo.El galardón resalta la labor sostenida del sindicato en la documentación y denuncia de vulneraciones a la libertad informativa en un entorno altamente complejo. De acuerdo con cifras recopiladas por la organización, desde el inicio de la confrontación se han registrado 32 periodistas fallecidos, más de 556 violaciones a la libertad de prensa y el cierre de múltiples medios de comunicación, lo que refleja el impacto directo del conflicto sobre el flujo de información en el país africano.Durante la ceremonia, el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, subrayó el compromiso del sindicato con la difusión de información verificada pese a las condiciones adversas. Destacó que su trabajo contribuye a mantener informadas a las comunidades y a visibilizar la situación humanitaria, incluso en medio de limitaciones operativas y riesgos constantes.El presidente del Sindicato de Periodistas de Sudán, Abdelmoniem Abuedries Ali, señaló que el reconocimiento trasciende a la organización y se extiende a todos los periodistas sudaneses que continúan ejerciendo su labor en circunstancias extremas. Según indicó, el premio reafirma el papel del periodismo independiente como elemento clave para la transparencia y la rendición de cuentas, además de amplificar las voces de la población afectada por la crisis.La historia del sindicato se remonta a 1946, cuando surgieron los primeros esfuerzos de organización gremial entre periodistas sudaneses. Sin embargo, su funcionamiento se vio interrumpido durante décadas debido a restricciones impuestas por gobiernos anteriores, que disolvieron asociaciones independientes y limitaron la actividad sindical. Fue en 2022 cuando la organización logró reconstituirse formalmente, tras la ratificación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo por parte de Sudán.Ese mismo año se llevaron a cabo elecciones internas por primera vez en más de tres décadas, con la participación de más de 1.300 profesionales activos. El proceso incluyó mecanismos de votación electrónica que permitieron la inclusión de periodistas fuera de la capital, Jartúm, marcando un paso significativo en la reorganización del gremio.Actualmente, el sindicato continúa operando en un entorno marcado por la destrucción de aproximadamente el 90% de la infraestructura mediática del país. A esto se suman dificultades como interrupciones en las telecomunicaciones y limitaciones logísticas, que afectan la capacidad de los medios para informar de manera constante.En este contexto, la UNESCO ha implementado diversas acciones de apoyo. A través del Foro de Medios de Sudán, la organización ha facilitado la articulación entre más de 20 medios de comunicación para mantener la cobertura informativa. Además, en alianza con Media in Cooperation and Transition (MiCT), se han habilitado espacios seguros en Port Sudán y se ha brindado asistencia directa a decenas de periodistas, incluyendo apoyo para reubicación y atención en salud mental.El Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano Isaza, creado en 1997, reconoce anualmente a individuos u organizaciones que contribuyen de manera significativa a la defensa de la libertad de prensa. Este galardón lleva el nombre del periodista colombiano Guillermo Cano Isaza, en homenaje a su legado en la promoción de un periodismo independiente.La edición 2026 del premio pone en el centro de la atención internacional la situación de los periodistas en Sudán y resalta la importancia de preservar el acceso a la información en escenarios de conflicto, donde el ejercicio periodístico enfrenta desafíos constantes.
La Autoridad de Aviación Civil de Sudán del Sur confirmó la muerte este lunes de catorce personas, entre ellos dos kenianos, que iban a bordo de una avioneta que se estrelló cerca de la capital del país, Yuba, revisando a la baja la anterior cifra aportada por una fuente oficial.En un comunicado, la autoridad indicó que la aeronave, una Cessna 208 Caravan operada por CityLink Aviation Ltd., volaba de Yei al Aeropuerto Internacional de Yuba cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo."La aeronave despegó de Yei a las 09.15 hora local (07.15 GMT) y perdió la comunicación a las 09:43 (07.43 GMT)", informó la autoridad, que añadió que a bordo "viajaban 13 pasajeros y un piloto. Lamentablemente, no hubo supervivientes".Según la autoridad, entre las víctimas se encontraban dos ciudadanos kenianos y doce sursudaneses.Los equipos de emergencia se han desplazado al lugar del accidente para apoyar las labores de recuperación e iniciar las investigaciones preliminares, de acuerdo con la nota, que afirma que los primeros hallazgos sugieren que las malas condiciones meteorológicas pudieron haber influido en el incidente."Los informes preliminares indican que la aeronave pudo haberse estrellado debido a condiciones meteorológicas adversas, en concreto por la baja visibilidad", apuntó.La autoridad enfatizó que las investigaciones continúan y advirtió de que no se deben sacar conclusiones definitivas hasta que se recopile más evidencias: "Se proporcionarán actualizaciones a medida que se disponga de más información verificada", indicó.El incidente ha reavivado la preocupación por la seguridad aérea en Sudán del Sur, especialmente en condiciones meteorológicas adversas.El 29 de enero de 2025, al menos 20 personas murieron y solo una sobrevivió al estrellarse una avioneta poco después de despegar de un campo petrolífero en el estado de Unity con destino a Yuba.Las víctimas eran trabajadores de la compañía Greater Pioneer Operating Company (GPOC) y dos miembros de la tripulación.
Un ataque con dron contra un camión que transportaba personas hacia un funeral dejó 40 muertos el martes en la región de Kordofán, en Sudán, informaron el miércoles a AFP una fuente médica y un testigo.La guerra implacable que enfrenta desde 2023 a antiguos aliados se intensificó en los últimos meses con la multiplicación de ataques mortales con drones contra zonas residenciales densamente pobladas, escuelas u hospitales.Kordofán, región crucial para el control de Sudán, está en el centro de los intensos combates entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), con anuncios diarios de bombardeos y balances sangrientos.El martes, "40 personas, en su mayoría mujeres, murieron cuando un camión fue alcanzado por un ataque de dron entre Abu Zubayd y Al Fula", dos ciudades situadas en el oeste de Kordofán, indicó una fuente médica.Los pasajeros, muchos de ellos de la misma familia, "se dirigían a Al Fula para presentar sus condolencias" después de un ataque que había golpeado el domingo el mercado de una localidad cercana, en esta zona controlada por los paramilitares, según un testigo contactado por AFP.Ni el testigo ni la fuente médica pudieron precisar el origen del ataque con dron del martes.El 8 de marzo, ataques con drones atribuidos al ejército dejaron 33 muertos y 59 heridos en los mercados de Abu Zabad y Wad Banda, según un médico del hospital local contactado por AFP.Ese mismo día, otro ataque con dron, también atribuido al ejército, mató a 11 personas e hirió a 20 en un mercado de Nyala, la capital regional de Darfur donde tiene su sede la administración paralela de las RSF, según un comunicado de Médicos Sin Fronteras Sudán.Las autoridades civiles de Darfur del Sur denunciaron ese ataque con dron y hablaron de 10 muertos, pero AFP no pudo confirmar esa información con fuentes independientes en esta zona inaccesible controlada por las RSF.
Según datos de Migración Colombia, este año emigraron 174 connacionales con destino a Ucrania. De ellos, 75 argumentaron que viajaban por trabajo, mientras que el resto indicó motivos como turismo, residencia, eventos, estudios y negocios. Del total, 25 fueron mujeres y el resto, hombres entre los 30 y 38 años.Ucrania es uno de los destinos, junto con Sudán, donde el fenómeno de los mercenarios colombianos se ha convertido en un problema creciente. Desde el Congreso, el representante Alejandro Toro impulsó un proyecto de ley que ya pasó a sanción presidencial y que busca tipificar como delito esta práctica.“Son datos escabrosos. Unos 1.500 mercenarios en Sudán, con grupos paramilitares entrenando niños de 12, 13 y 14 años. Además, según información del sector funerario, están llegando entre 15 y 20 cuerpos por semana desde Ucrania, de colombianos que fallecen en ese conflicto”, aseguró el congresista.Toro denunció que las empresas que reclutan connacionales para combatir en guerras extranjeras convirtieron en un negocio la no repatriación de los cuerpos de quienes mueren en estas actividades, ya sea argumentando que no fueron encontrados o cobrando por la repatriación sin realizarla. Señaló, además, que no solo estarían llevando militares retirados, sino también médicos y enfermeros, a quienes entrenan entre 20 y 30 días antes de enviarlos a zonas de combate.La ley aprobada busca frenar estos casos. “Lo que creamos es un marco para que exista el delito, que es la principal dificultad que tenemos hoy en Colombia. Actualmente, cualquier empresa puede hacer financiamiento, entrenamiento y reclutamiento sin que tengamos herramientas para decir que eso es ilegal”, explicó.La Cancillería está respaldando esta iniciativa.
Estados Unidos anunció el martes que impuso sanciones a una red transanacional que según dijo recluta a exmilitares colombianos, e inclusive a niños, para combatir con paramilitares en la guerra civil en Sudán.La guerra en Sudán, que estalló en abril de 2023, enfrenta al ejército sudanés y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).El conflicto ha causado miles de muertos y desplazado a millones de personas, sumiendo al país en la "peor crisis humanitaria" del mundo según la ONU.El mes pasado, el jefe del ejército sudanés, el general Abdel Fatah al Burhan, pidió al presidente estadounidense Donald Trump que ponga fin a la guerra civil, pero los intentos de negociar la paz han fracasado repetidamente a lo largo del conflicto.El martes, el Departamento del Tesoro estadounidense dijo que sancionó a cuatro personas y cuatro entidades.Las medidas apuntan contra una red transnacional que "recluta exmilitares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños" para luchar para las FAR, según un comunicado."Las FAR han mostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños", dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, citado en el texto.Uno de los sancionados es Álvaro Andrés Quijano Becerra, un militar colombiano retirado que también tiene ciudadanía italiana y reside en Emiratos Árabes Unidos. Washington lo acusa de desempeñar "un papel central en el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en Sudán".También fue sancionada una agencia de empleo que cofundó Quijano Becerra, y su esposa, quien ha estado involucrada en su gestión.Las últimas sanciones también apuntaron a otros grupos y sus gerentes.Estas sanciones impiden esencialmente el ingreso a Estados Unidos, la congelación de activos bajo jurisdicción en ese país y la prohibición de apoyo financiero o material."La guerra civil en Sudán corre el riesgo de desestabilizar la región y convertir a Sudán en un refugio seguro para quienes amenazan a Estados Unidos", dijo el Tesoro estadounidense.En enero, el Departamento de Estado dijo que miembros de las FAR habían cometido un genocidio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó este miércoles su conmoción por informaciones que hablan de más de 460 muertos en un hospital de la ciudad sudanesa de El Fasher, tomada recientemente por los paramilitares en su guerra contra el Ejército regular.La OMS "está consternada y profundamente conmocionada por las informaciones sobre la trágica muerte de más de 460 pacientes y acompañantes en la Maternidad Saudita de El Fasher, en Sudán, tras los recientes ataques y secuestros de personal de salud", indicó el jefe de la agencia de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la red X.El jefe de los paramilitares sudaneses, el general Mohamed Daglo, dijo el miércoles que quiere "la unidad de Sudán por la paz o por la guerra", en un discurso difundido en su cadena oficial Telegram, desde un lugar no precisado."Sentimos mucho la catástrofe que les ocurrió a los habitantes de El Fasher (...) pero la guerra nos fue impuesta", añadió Daglo, luego de que la Unión Europea denunció la "brutalidad" de los paramilitares.Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) anunciaron el domingo haber tomado el control total de El Fasher, la última gran ciudad de la vasta región occidental de Darfur que no estaba en sus manos, un punto de inflexión en la guerra civil iniciada en abril de 2023.Desde entonces, Sudán es escenario de una guerra por el poder entre el general Abdel Fatah al Burhan, comandante del ejército regular y líder de facto del país desde el golpe de Estado de 2021, y el general Mohamed Daglo, al frente de las FAR.Este miércoles, el poder acusó a los paramilitares de haber atacado las mezquitas y la Cruz Roja en El Fasher, al tomar la ciudad que llevaban 18 meses asediando."Más de 2.000 civiles murieron durante la invasión de la milicia (paramilitar) en El Fasher, que atacó las mezquitas y a los voluntarios de la Cruz Roja", afirmó desde Port Sudan, donde tiene su sede el gobierno, Mona Nur Al Daem, encargada de ayuda humanitaria.Los análisis de imágenes satelitales "corroboran las pruebas de que las masacres continuaron en las 48 horas consecutivas a la toma" de El Fasher por parte de las FAR, abundó el Humanitarian Research Lab de la Universidad de Yale.Dicho centro reportó ejecuciones cerca de dos hospitales, y masacres "sistemáticas" en la periferia de la ciudad.Desde el domingo, más de 33.000 personas huyeron de la violencia, hacia la periferia de El Fasher y Tawila, una ciudad a 70 km al oeste, que ya alberga a unos 650.000 desplazados según la ONU.En El Fasher, donde antes de la guerra vivía más de un millón de personas, quedan alrededor de 177.000 civiles, de acuerdo con los datos más recientes de Naciones Unidas.Los accesos a El Fasher siguen bloqueados, pese a los llamados a abrir corredores humanitarios. Lo que significa que es muy difícil contactar con fuentes locales independientes.
Un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias sepultó el pasado domingo la aldea de Tarsin, en el oeste de Sudán, provocando la muerte de unas mil personas y dejando un solo sobreviviente, según informó este martes el Movimiento Ejército de Liberación de Sudán en un comunicado."Seguimos con profunda tristeza y preocupación los trágicos sucesos que afectaron a los residentes de la aldea de Tarsin, a causa de los masivos y devastadores deslizamientos de tierra que azotaron la aldea, ubicada en medio de Jebel Marra, en el distrito de Amo", indicó en el texto el grupo liderado por Abdelwahid Mohamed Nour.Según las primeras informaciones la totalidad de los aldeanos, unas mil personas entre las cuales se cuentan "hombres, mujeres y niños", murieron por el deslizamiento de tierra que ocurrió el domingo y solo una persona logró sobrevivir.El Movimiento Ejército de Liberación de Sudán resaltó que la aldea de Tarsin quedó "completamente arrasada", por lo que hizo un llamado a las Naciones Unidas para brindar apoyo en la recuperación de cuerpos y el movimiento de escombros.Sudán está inmersa en una guerra entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el estado de Darfur del Norte, lo que ha obligado al desplazamiento forzado de personas que buscan refugio en las montañas de Marra.El Movimiento Ejército de Liberación es un grupo rebelde de Darfur que controla precisamente esa zona montañosa de Jebel Marra y que se ha mantenido neutral en los choques entre las FAR y el Ejército.
Como una promesa de un mejor futuro cientos de exmilitares colombianos, y ahora incluso civiles, están saliendo del país para convertirse en mercenarios en la devastadora guerra civil de Sudán, según una investigación de Noticias Caracol, un coronel retirado estaría detrás de este negocio. Videos impactantes obtenidos por Noticias Caracol muestran a estos hombres combatiendo para las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una facción paramilitar que lleva dos años enfrentada al régimen militar sudanés. La cruda realidad es que, según sobrevivientes, al menos 20 connacionales muertos yacen en neveras desde hace meses. ¿Por qué colombianos en Sudán? Un mercado de mercenarios en expansiónColombia es reconocida mundialmente por la alta calidad y experiencia de su mano de obra militar. Sin embargo, analistas como Juan Pappier de Human Rights Watch señalaron en Noticias Caracol un problema grave: la falta de apoyo y oportunidades laborales para los exmilitares al retirarse. Esta vulnerabilidad es aprovechada por empresas intermediarias que los reclutan para conflictos extranjeros.Dante Hincapié, sargento retirado con experiencia en la industria de seguridad, revela que muchos de estos hombres son "engañados" con promesas lucrativas de salarios entre $1.500 y $3.000 mensuales. Una vez en el extranjero, no hay vuelta atrás; se ven obligados a seguir combatiendo para proteger sus vidas y las de sus familias en Colombia.Quién es el coronel (r) que estaría detrás del negocio de los mercenarios colombianos en Sudán Los testimonios recogidos por Noticias Caracol apuntan a dos figuras centrales en este oscuro negocio: el excoronel colombiano Álvaro Quijano y su esposa, Claudia Olivares. Quijano, investigado en el pasado por supuestos nexos con el Cartel del Norte del Valle, creó hace una década una empresa para enviar exmilitares a Emiratos Árabes Unidos. Lo que comenzó como un servicio de seguridad, se ha transformado en una "trata de personas", según un mercenario anónimo.Para evadir la atención, las convocatorias de reclutamiento se trasladaron de oficinas a habitaciones de hotel y apartamentos de alquiler en Bogotá. Según la investigación periodística, las empresas de Quijano y Olivares operan junto a Global Security Services Group, una compañía con sede en Emiratos Árabes Unidos que actúa como contratista de los mercenarios. Los pagos se "triangulan" a través de la empresa panameña Global Staffing, también vinculada a Quijano, para borrar cualquier conexión con los Emiratos. Se ha revelado que muchos eran inicialmente engañados con destinos como Emiratos Árabes para trabajar en petróleo o Libia, solo para ser redirigidos a Sudán.La situación es crítica: se está reclutando a cualquier colombiano que acepte viajar, sin necesidad de ser exmilitar. Dante Hincapié advierte que estos hombres son llevados "de carnada" y a menudo no se les paga el salario prometido, dejándolos sin recursos y en peligro extremo. Se estima que hay entre 300 y 2.000 mercenarios colombianos en Sudán, aunque no hay cifras claras sobre muertos o heridos. Quienes más ganan son los dueños de las empresas intermediarias, recibiendo alrededor de 1.500 dólares mensuales por cada hombre enviado.
La visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping, para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha despertado comparaciones entre las limusinas blindadas que acompañan a los dos hombres más poderosos del mundo: 'La Bestia' de Trump y la llamada 'Bandera Roja' de Xi.Trump y la primera dama, Melania Trump, recibieron el miércoles a pie de pista, en la base aérea Andrews, a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, y, tras la ceremonia de bienvenida, ambas parejas partieron en sus respectivos vehículos oficiales.Ambos mandatarios buscan proyectar una imagen de buena sintonía pese a las tensiones entre Washington y Pekín por asuntos como los aranceles, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán o la carrera por la inteligencia artificial.Las características de sus limusinas, que funcionan también como símbolos de poder de Estados Unidos y China, están rodeadas de secretismo por motivos de seguridad, lo que alimenta las especulaciones sobre sus capacidades.La Bestia, un búnker sobre ruedas'La Bestia' estadounidense, uno de los grandes símbolos de la Presidencia junto al avión Air Force One, es un Cadillac, la emblemática marca de automóviles de lujo propiedad de General Motors.El actual modelo utilizado por Trump, fabricado específicamente para el presidente estadounidense, entró en servicio en 2018, con un coste estimado de 1,5 millones de dólares.Aunque el Servicio Secreto no ha difundido detalles específicos sobre sus sistemas de seguridad, medios estadounidenses estiman que pesa entre 6,8 y 9,1 toneladas y que combina rasgos de Cadillac con componentes propios de vehículos pesados.Considerada un búnker sobre ruedas, a 'La Bestia' se le atribuyen un blindaje multicapa, puertas con un peso similar al de las de un Boeing 757 y neumáticos capaces de seguir operativos tras sufrir daños, además de un habitáculo sellado con sistemas de filtración de aire para proteger al presidente frente a un ataque químico.El hermetismo del HongqiEl automóvil utilizado por Xi es un modelo N701 de la marca de lujo Hongqi (que en chino significa 'Bandera Roja') perteneciente al grupo estatal FAW que el mandatario chino utiliza en sus desplazamientos desde 2022 y cuyo precio algunas estimaciones sitúan en torno a los 700.000 dólares.El Hongqi llamó la atención en 2023 del entonces presidente estadounidense, Joe Biden, durante una reunión en San Francisco."Es un vehículo hermoso", le dijo el demócrata a Xi durante un breve intercambio en el que compararon el automóvil chino con su Cadillac, después de que el mandatario chino le explicara que era un "Hongqi, de fabricación doméstica".El N701 mantiene el icónico adorno de la bandera roja en el capó, característico de la marca, pero presenta un aspecto más alargado que los modelos tradicionales de la marca y conserva un diseño que recuerda a los automóviles de los años 50 del pasado siglo, en un guiño estético al primer Hongqi, que data de 1958.Diversos reportes sitúan su longitud por encima de los 5,5 metros y estiman su peso en unas tres toneladas, lo que lo haría considerablemente más ligero que 'La Bestia', aunque Pekín no ha hecho públicos sus datos técnicos ni sus sistemas de protección.Mientras el vehículo de Trump está diseñado para resistir un ataque directo, el Hongqi de Xi apuesta por la potencia de su motor para poder escapar a gran velocidad en caso de una emboscada.Ambas limusinas se desplazan en avión para acompañar a los presidentes en sus viajes internacionales.Pero mientras 'La Bestia' ha sido durante años objeto de cobertura mediática, el Hongqi de Xi permanece prácticamente fuera del escrutinio público, en un hermetismo que alimenta las especulaciones sobre las capacidades de la industria automovilística china.
Decenas de hogares migrantes venezolanos en Bucaramanga están enfrentando retrasos de varios meses en el pago del subsidio de arrendamiento otorgado por el Ministerio de Vivienda, a través de Fonvivienda. Ante la falta de desembolsos, algunos beneficiarios ya acudieron a la tutela.El programa hace parte de una estrategia de subsidios de arrendamiento para hogares migrantes venezolanos y cuenta con recursos de cooperación internacional del Banco Mundial. En Bucaramanga, Fonvivienda abrió convocatorias durante 2025 y asignó subsidios para cubrir parcialmente el canon de arrendamiento durante un periodo de hasta 12 meses.De acuerdo con los beneficiarios, los retrasos comenzaron a presentarse desde finales de 2025 y se han extendido durante 2026. Mientras algunos hogares que finalizaron el beneficio en julio todavía tendrían meses pendientes por recibir, quienes iniciaron el subsidio en enero aseguran que, en varios casos, solo les han pagado los primeros meses del año.El subsidio corresponde a un porcentaje del salario mínimo y el dinero es girado directamente al arrendador, no al beneficiario. Según la convocatoria de Fonvivienda, para el programa financiado por el Banco Mundial el aporte podía llegar al 45 % de un salario mínimo mensual y otorgarse durante 12 meses consecutivos.La demora en los pagos ha generado dificultades entre los beneficiarios y sus arrendadores. Algunos propietarios, según los testimonios recogidos, estarían reclamando directamente a los hogares migrantes el pago de los cánones atrasados e incluso se han presentado casos en los que las personas han tenido que buscar otro lugar para vivir.La situación ya llegó a la Alcaldía de Bucaramanga. El secretario de Desarrollo Social, Iván Torres, explicó que el municipio participó en la etapa inicial del programa, principalmente en la focalización de los hogares beneficiarios, pero que no es la entidad responsable de administrar o girar los recursos.La Alcaldía de Bucaramanga también quedó vinculada a una de las acciones de tutela interpuestas por los beneficiarios.Torres señaló que en Bucaramanga fueron identificados cerca de 140 beneficiarios y reconoció que los pagos han presentado retrasos. Según explicó, en algunos casos se acumulan dos o tres meses y posteriormente se realiza el desembolso.“No es que no se les vaya a pagar o se haya dejado de pagar. Se presentaron fue demoras”, explicó el funcionario.El secretario también confirmó que envió una comunicación al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para poner en su conocimiento la situación y buscar una solución. El funcionario señaló que, ante la incertidumbre generada por los retrasos, ya se han presentado tutelas y se prevé que se interpongan nuevas acciones judiciales.Ahora, los beneficiarios esperan que el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda aclaren qué está ocasionando los retrasos y definan cuándo serán desembolsados los recursos pendientes.
Un total de 69 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que cumplen medidas no privativas de la libertad, avanzan en su proceso educativo en Bucaramanga mediante la estrategia ‘Rescatando Sueños’, liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.La iniciativa busca garantizar que estos jóvenes puedan continuar con su formación académica y, al mismo tiempo, fortalecer sus proyectos de vida mediante el acompañamiento de diferentes instituciones.El proceso cuenta con la participación de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la Institución Educativa Andrés Páez de Sotomayor y Corpoadases.Los participantes fueron distribuidos en cinco grupos de acuerdo con sus trayectorias educativas, con niveles que van desde primaria hasta educación media.La formación contempla dos horas diarias de clases, de lunes a viernes, además de actividades académicas para desarrollar en casa.Uno de los jóvenes beneficiarios, identificado como Leandro, destacó la importancia de contar con este acompañamiento para continuar sus estudios y pensar en su futuro.“Estoy muy agradecido porque nos están dando la posibilidad de estudiar, de recibir apoyo para nuestras carreras y, sobre todo, porque no nos están dejando solos”, señaló.Desde el ICBF Regional Santander señalaron que la estrategia busca que la educación también llegue a quienes cumplen medidas no privativas de la libertad, como parte del proceso de atención y garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.La entidad destacó que la articulación con el sector educativo permitirá fortalecer las capacidades de los participantes y brindarles herramientas para avanzar en la construcción de sus proyectos de vida.
Las autoridades de Bucaramanga investigan una balacera registrada entre los barrios Villas de Girardot y La Feria, que dejó a una persona herida que posteriormente murió. Según el reporte, un ciudadano venezolano murió en el Hospital Universitario de Bucaramanga luego de resultar herido, al parecer, por una bala perdida durante una balacera registrada en el sector de la calle 27 con carrera 2, en inmediaciones de los barrios La Feria y Villas de Girardot. La víctima fue identificada como Andri Jhoan Márquez Castillo, de 28 años, natural del estado de Maracay, Venezuela.De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, el auxiliar de información del CAI Villas de Girardot recibió información de la comunidad sobre una persona lesionada. Al llegar al lugar, los uniformados establecieron que, minutos antes, se habían escuchado varias detonaciones que, al parecer, correspondían a disparos de arma de fuego.Posteriormente, encontraron al hombre lesionado mientras se encontraba sentado sobre una motocicleta en un taller del sector. La víctima fue trasladada en motocicleta hasta el Hospital Universitario de Bucaramanga para recibir atención médica, pero pese a los esfuerzos del personal médico falleció.La principal hipótesis que manejan las autoridades es que Márquez Castillo habría sido alcanzado por una bala perdida durante el intercambio de disparos. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho son materia de investigación.Tras conocerse el caso, la Policía inició la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el sector y entrevistó a habitantes y testigos con el propósito de establecer cómo ocurrió la balacera y obtener información que permita identificar a los responsables.Además, se activó un plan candado en diferentes sectores de Bucaramanga para tratar de ubicar a los posibles agresores.Las autoridades adelantan las labores de investigación y recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer el homicidio y determinar quiénes participaron en la balacera.En las últimas horas en Bucaramanga, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre sobre una cañada en la calle 45. "Al parecer murió por temas de salud. Era un habitante en condición de calle", señalaron.También, se presentó un accidente de tránsito donde falleció una mujer de 27 años. El choque entre una motocicleta y un camión se registró en la vía que comunica al barrio Porvenir con Girón.
La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este jueves que los compromisos expresados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellos el de la celebración de elecciones, se traduzcan "de inmediato en hechos concretos y verificables"."Ya basta de retórica. El país necesita garantías para ejercer los derechos políticos, recuperar las tarjetas y los símbolos de los partidos, eliminar las inhabilitaciones, liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos, asegurar la independencia de los poderes y contar con un CNE (Consejo Nacional Electoral) confiable, plazos claros y un cronograma electoral verificable", dijo la PUD en un mensaje en X.La coalición señaló que también debe garantizarse el regreso de los venezolanos en el exterior "sin persecución ni obstáculos y el pleno ejercicio de sus derechos"."Delcy Rodríguez ha sido parte de los 27 años durante los cuales se produjo la falta de democracia, se consolidó el privilegio por pertenecer a un partido y se profundizó la persecución política", aseveró la coalición.Por tanto, prosiguió, sus compromisos "deben estar acompañados de acciones concretas, verificables y coherentes con la urgencia que vive Venezuela"."La Plataforma Unitaria Democrática seguirá articulando a las fuerzas democráticas. Venezuela exige hechos, no más promesas. La democracia no admite más excusas", agregó.Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas, prometió el miércoles ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas que "habrá elecciones" en su país, sin anticipar una fecha, con garantías para "todas las fuerzas políticas".En ese sentido, explicó que se inició "un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos".Además, expresó que las instituciones venezolanas "estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente".Este jueves, cientos de opositores salieron a las calles en Caracas para exigir unas elecciones presidenciales en 2027 y que se permita el regreso a Venezuela de su líder y premio nobel de la paz María Corina Machado, quien ha intentado viajar desde Panamá tres veces esta semana y se lo han impedido, según su equipo.
