La Superintendencia de la Economía Solidaria dio a conocer los resultados preliminares de la intervención administrativa a Coosalud Cooperativa, tras la realización de análisis técnicos y auditorías sobre su situación jurídica y financiera.Según la entidad, se estructuró un macroinforme que describe una presunta arquitectura financiera mediante la cual, entre 2019 y 2025, se habrían trasladado obligaciones económicas originalmente a cargo de la EPS hacia la cooperativa y otras estructuras relacionadas, con el propósito de ocultar deudas.El documento identifica una dinámica en la que pasivos con clínicas y proveedores habrían sido objeto de operaciones sucesivas, como compraventa de cartera, cesiones, pagarés en blanco y estructuras fiduciarias. Estas operaciones podrían haber permitido transformar obligaciones en registros contables como inversiones o capitalizaciones, modificando la forma en que se reflejaba la situación financiera.Entre los hechos analizados se encuentran presuntas simulaciones de compras de cartera por más de 55.000 millones de pesos, contratos por más de 37.000 millones respaldados con pagarés en blanco y la constitución de un patrimonio autónomo para reorganizar obligaciones con múltiples acreedores, con transacciones que podrían alcanzar los 90.600 millones de pesos. También se reportan procesos ejecutivos superiores a 300.000 millones derivados de estas operaciones.Adicionalmente, el macroinforme advierte una diferencia en el Fondo de Aportes Sociales de los asociados, que debía registrar cerca de 15.000 millones de pesos, pero presenta un saldo inferior. Asimismo, se identificaron aspectos en la trazabilidad de recursos asociados a operaciones crediticias, incluyendo un crédito por 221.000 millones, en el que parte de los recursos no tiene una ruta claramente determinada dentro de la cooperativa.La Superintendencia informó que los hallazgos y soportes técnicos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
La Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria), anunció que intervendrá a la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios COPSERVIR LTDA, que hoy administra Drogas La Rebaja.De acuerdo con un comunicado del organismo, la medida está fundamentada en diversas infracciones normativas y administrativas que han comprometido la integridad y el funcionamiento de la cooperativa. Las principales irregularidades, según la Supersolidaria, incluyen la aprobación de decisiones en asambleas no convocadas oficialmente, la ejecución de contratos sin la autorización judicial necesaria, y discrepancias significativas en los informes financieros.“En el marco de nuestro proceso de Inspección, Vigilancia y Control, encontramos que COPSERVIR LTDA presuntamente incumplió sus estatutos al aprobar en reunión de asamblea general extraordinaria asuntos para los cuales no fue convocada; asimismo, presuntamente celebró un contrato sin autorización del juez que tenía en conocimiento la acción de extinción de dominio que versaba sobre sus bienes y activos y, finalmente, los reportes de información financiera realizados por COPSERVIR LTDA, a juicio de esta Superintendencia, no reflejan los hechos económicos que son consecuencia de la sentencia ejecutoriada de extinción de dominio del 11 de julio de 2022 que confirmó la declaración de extinción de los bienes y activos de la Cooperativa en mención en favor del Estado por tener un origen ilícito, producto de los negocios del narcotráfico de los hermanos Rodríguez Orejuela y por haberse presentado una mezcla de los bienes de origen lícito con los de origen ilícito”, dice la comunicación.En el comunicado, la entidad dice que las operaciones de distribución y comercialización de medicamentos bajo la marca "Drogas La Rebaja" continuarán sin interrupciones y, al respecto, hace tres aclaraciones:La medida administrativa NO significa la suspensión de las operaciones de distribución y comercialización de medicamentos bajo la marca “Drogas La Rebaja”.Ningún trabajador o trabajadora de los puntos de venta será apartado de su puesto de trabajo.Teniendo en cuenta que COPSERVIR LTDA cuenta con más de 5.900 asociados/as y trabajadores/as, el plan de trabajo de esta medida deberá tener como eje central la protección y el bienestar de la base social de la Cooperativa.La propuesta de Petro con Drogas La RebajaEn junio de 2023, el presidente Gustavo Petro aseguró que cada punto de drogas La Rebaja pueden ser parte de Centros de Atención Primaria, que hacen parte de su propuesta de sistema a la salud, que no avanza aún en el Congreso.“Lo proponemos en el proyecto de ley, podemos comenzar a transformarlos” dijo el presidente Petro en su momento durante el evento ‘El Gobierno Escucha’ que se realizó en la población de Paz de Río en Boyacá, donde se hizo un llamado a los funcionarios a “dejar el miedo” y avanzar en ese propósito para abaratar el costo de los medicamentos.Pero también se refirió al tema en su cuenta de X, el lunes 11 de junio: “Rebajar el precio de los medicamentos, producir vacunas es el objetivo de entregar Drogas la Rebaja al Ministerio de Salud sin perjudicar a sus trabajadores. Por aquí ya comienza la construcción de la reforma a la salud y la atención primaria y preventiva a toda la población”.Petro planteó que con la cooperativa de trabajadores se deben implementar tres grandes programas: uno, cada punto de Drogas La Rebaja desde pueden ser parte de los centros de atención primaria que propone el Gobierno en el proyecto de la hundida ley de la reforma.¿De quién era Drogas La Rebaja?Drogas La Rebaja, fue la cadena de droguerías que llegó a ser una de las más grandes del país y que fue una de las grandes empresas fachada del cartel de Cali hasta que terminó, vía extinción de dominio, en manos del Estado.Uno de los mayores activos que tuvo el Cartel de Cali fue la reconocida cadena de droguerías La Rebaja, fundada en la década del 70 por el fallecido Gilberto Rodríguez Orejuela, en Cali, quien de niño había trabajado, justamente, en una farmacia.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que los operadores seleccionados para prestar los servicios de atención a la primera infancia en Antioquia han manifestado su disposición de contratar a las madres comunitarias. El anuncio se conoció en medio de la controversia que generó por la suspensión de servicios en varios hogares infantiles, que ha dejado a cerca de 3.000 niños y niñas sin atención, punto que fue resuelto en las últimas horas.A través de un comunicado, la directora del ICBF, Carolina Restrepo, aseguró que existe la posibilidad de continuidad laboral para las madres comunitarias e insistió en que deben conocer directamente las condiciones de contratación y las garantías de sus derechos laborales.Sin embargo, manifestó su preocupación por reportes según los cuales desde organizaciones sindicales se estaría pidiendo a las trabajadoras que no acepten esas vinculaciones. Por eso, invitó a la dirigencia sindical a explicar públicamente esa situación. También aclaró que la selección de los operadores es competencia del Instituto y no puede ser condicionada por las organizaciones de madres comunitarias.La directora del ICBF agregó que la entidad verifica reportes sobre posibles solicitudes de dinero a las familias bajo la figura de donaciones e invitó a denunciar estos hechos.El Instituto anunció que mantendrá diálogos directos con las madres comunitarias y exigirá a los nuevos operadores el cumplimiento de sus obligaciones.Así fueron las afectacionesEn Medellín, uno de los casos que evidenció las dificultades es el del Hogar Infantil Capullos, en el barrio Calasanz, donde 110 niños, entre los 18 meses y los cinco años, quedaron sin atención tras la suspensión del servicio el pasado 31 de octubre, por la falta de renovación del contrato. La situación también dejó sin vinculación laboral a 15 trabajadoras y colaboradoras, como lo dijo la directora del centro, Aidé González."Prestamos un servicio de tiempo completo. La verdad no sabemos, no hay una fecha probable de inicio. Eh, ya se montaron pues como a la carpeta del ICBF. Sería aproximadamente de unos 70 millones de pesos contando pues liquidaciones y todos los pagos pues que se le que se realizan a la institución", manifestó González cuando se presentaron las afectaciones.
A menos de una semana, en las últimas horas se conocieron nuevos avances en las investigaciones por el crimen del patrullero de la Policía Nacional Jamilton Andrés Santa en medio de un cruce de disparos en el barrio Estación Villa en el centro de Medellín.Un juez de control de garantías de la capital antioqueña decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelarios solo contra uno de los dos capturados como posibles responsables del hecho durante diligencias realizadas en Medellín e Itagüí.Alias ‘Costeño’ deberá ir a la cárcel, mientras que alias ‘Ratón’, permanecerá en libertad, aunque vinculado a las etapas posteriores del proceso judicial en el que fueron imputados por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.Según el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana, los ahora judicializados lograron ser capturados tras una extensa labor investigativa por cuatro días con análisis de más de 600 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, entrevistas y reconocimientos fotográficos."En tan solo cuatro días, nuestros investigadores lograron resultados decisivos. Un trabajo que fue más allá de los procedimientos técnicos y que estuvo marcado por el compromiso y la determinación de hombres y mujeres que asumieron este caso como un asunto de honor institucional", indicpo Fajardo.Quien también reaccionó a la captura de los responsables fue el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien recalcó que el caso no quedará en la impunidad.“Quien levante un arma contra un colombiano o contra un integrante de nuestra Fuerza Pública tendrá todo el peso de la ley sobre sus hombros”, expresó en su cuenta de X.Sobre la muerte del integrante de la fuerza pública, hasta ahora se conoce que ocurrió en medio de posibles confrontaciones relacionadas con disputas por el control de plazas de vicio en esa zona de la ciudad. El intercambio de disparos dejó otras dos víctimas mortales identificadas como Edinson Rafael Itriago Briseño, de 24 años, y Lauris Rafael Lugo Ferrozo, de 39.
Una explosión en una planta siderúrgica, que trata el hierro, cerca de la ciudad portuaria de Izmir, en el oeste de Turquía, dejó este lunes al menos 17 muertos, informó el gobierno.La potente explosión se produjo alrededor de las 9:00 de la mañana, hora local, en la planta Habas Demir Celik, en Aliaga, a unos 60 kilómetros al norte de Izmir, luego de que una grúa se desplomara sobre un horno industrial.El presidente Recep Tayyip Erdogan prometió esclarecer las circunstancias del accidente."Se determinarán las circunstancias de este trágico incidente (...), en particular las razones por las que ocurrió, la posible existencia de negligencia y la identidad de los responsables", declaró el presidente en televisión, en medio de la profunda conmoción que provocó el suceso.Inicialmente se informó de 16 fallecidos, pero luego el ministro de Salud, Kemal Memisoglu, elevó a 17 la cifra, debido a que uno de los heridos críticos falleció."Durante una operación de reemplazo de una caldera (...), el puente grúa cayó y los materiales que se desprendieron terminaron dentro del horno de arco eléctrico, lo que provocó una explosión en la acería situada detrás", explicó el gobernador de Izmir, Suleyman Elban.Las imágenes de la agencia DHA mostraban una densa columna de humo elevándose hacia el cielo azul, mientras las llamas parecían envolver una estructura de gran altura dentro de la planta.Deniz Ulker, testigo del accidente, describió unas vibraciones similares a las de un terremoto."El suelo se movía bajo nuestros pies y creí que era un terremoto. Cuando miré hacia la fábrica del otro lado de la calle, salía de ella una densa humareda negra. Se había desatado un incendio a la altura de la chimenea", relató a la agencia estatal de noticias Anadolu.Según el alcalde de Izmir, Cemil Tugay, los equipos de rescate trabajaban para "despejar la plataforma que se derrumbó". Todas las víctimas eran trabajadores de la planta.El ministro de Trabajo, Vedat Isıkhan, y el de Energía, Alparslan Bayraktar, se trasladaron al lugar a última hora de la tarde, confirmó el presidente Erdogan."Las causas de la explosión, cualquier negligencia y cualquier falla en la supervisión deben esclarecerse con total transparencia, y ningún responsable debe quedar impune", exigió el partido opositor DEM, tercera fuerza política del país.
Un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, deja el grave accidente de tránsito registrado en la vía Buga–Buenaventura, a la altura del sector de El Naranjo. De acuerdo con el más reciente reporte de la emergencia, algunas de las víctimas fueron trasladadas inicialmente al hospital de Dagua; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fallecieron posteriormente. Entre las personas que perdieron la vida se encuentra Luis Felipe Domínguez, conductor del bus de servicio público, quien murió en el lugar de los hechos.Por otra parte, cerca de siete pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales de Dagua y Buenaventura. El estado de salud de los heridos es reservado. El siniestro involucró un bus de servicio público que había salido de Buenaventura con destino a Cali y una niñera que se movilizaba en sentido contrario, hacia el puerto. La fuerza del impacto fue tal que el bus terminó prácticamente destruido.Tras el accidente, las autoridades ordenaron el cierre total de la carretera mientras se adelantaban las labores de atención de la emergencia y el levantamiento de los procedimientos correspondientes. Posteriormente, se habilitó el paso por uno de los carriles; sin embargo, a esta hora se presenta congestión vehicular en el sector.Las autoridades continúan con las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este trágico accidente.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, reveló que recibió la entidad con sus sistemas hackeados y advirtió que las alertas sobre los problemas informáticos se conocían desde enero, pero no se les habría dado la importancia necesaria durante el gobierno anterior. Según explicó, esta situación terminó convirtiéndose en un problema de mucha gravedad que todavía persiste y que ya fue denunciado ante la Fiscalía.“Había unas advertencias que venían desde principio del año, desde enero y que por no darle la trascendencia y la importancia llegamos a tener un problema muy serio que además todavía persiste”, afirmó Cancino.El funcionario señaló que, cuando llegó al Ministerio, encontró que no había acceso a muchas de las herramientas y servicios de la entidad. Además, aclaró que las advertencias sobre lo que estaba ocurriendo no correspondían solamente a unos días antes del ataque, sino que venían desde comienzos de año.Entre las afectaciones mencionó la Dirección de Política de Drogas, donde se expiden licencias para empresas que necesitan determinadas sustancias para sus actividades, así como los trámites de licencias de cannabis. También se presentaron dificultades en algunas líneas de comunicación con las comisarías de familia.Ante los problemas de conectividad, el Ministerio tuvo que recurrir a alternativas manuales y al trabajo desde casa para mantener sus actividades. El jefe de cartera aseguró que, pese a las dificultades, la labor de la entidad continuó y no se paralizó el funcionamiento del Ministerio.Sobre las posibles responsabilidades, el ministro indicó que los hechos podrían tener connotaciones delictivas y que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Según explicó, ya se recopiló toda la evidencia y se espera que en los próximos días entregue resultados sobre lo ocurrido.Hay que recordar que un ciberataque se conoció públicamente el 3 de agosto, durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro. En ese momento, el Ministerio confirmó que había sido víctima de un ataque mediante un virus tipo ransomware, que comprometió parte de su infraestructura tecnológica y afectó la disponibilidad de varios servicios digitales.Sin embargo, ahora Cancino puso sobre la mesa un antecedente que no se había conocido inicialmente: las advertencias sobre posibles accesos no autorizados a los sistemas vendrían desde enero.Ahora, el ministro aseguró que ya se tomaron medidas y se ha contado con la colaboración necesaria para atender la situación, aunque reconoció que el problema todavía no está completamente superado y que será la investigación de la Fiscalía la que permita esclarecer qué pasó.
