El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que los operadores seleccionados para prestar los servicios de atención a la primera infancia en Antioquia han manifestado su disposición de contratar a las madres comunitarias. El anuncio se conoció en medio de la controversia que generó por la suspensión de servicios en varios hogares infantiles, que ha dejado a cerca de 3.000 niños y niñas sin atención, punto que fue resuelto en las últimas horas.
A través de un comunicado, la directora del ICBF, Carolina Restrepo, aseguró que existe la posibilidad de continuidad laboral para las madres comunitarias e insistió en que deben conocer directamente las condiciones de contratación y las garantías de sus derechos laborales.
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Sin embargo, manifestó su preocupación por reportes según los cuales desde organizaciones sindicales se estaría pidiendo a las trabajadoras que no acepten esas vinculaciones. Por eso, invitó a la dirigencia sindical a explicar públicamente esa situación. También aclaró que la selección de los operadores es competencia del Instituto y no puede ser condicionada por las organizaciones de madres comunitarias.
La directora del ICBF agregó que la entidad verifica reportes sobre posibles solicitudes de dinero a las familias bajo la figura de donaciones e invitó a denunciar estos hechos.
El Instituto anunció que mantendrá diálogos directos con las madres comunitarias y exigirá a los nuevos operadores el cumplimiento de sus obligaciones.
Así fueron las afectaciones
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En Medellín, uno de los casos que evidenció las dificultades es el del Hogar Infantil Capullos, en el barrio Calasanz, donde 110 niños, entre los 18 meses y los cinco años, quedaron sin atención tras la suspensión del servicio el pasado 31 de octubre, por la falta de renovación del contrato. La situación también dejó sin vinculación laboral a 15 trabajadoras y colaboradoras, como lo dijo la directora del centro, Aidé González.
"Prestamos un servicio de tiempo completo. La verdad no sabemos, no hay una fecha probable de inicio. Eh, ya se montaron pues como a la carpeta del ICBF. Sería aproximadamente de unos 70 millones de pesos contando pues liquidaciones y todos los pagos pues que se le que se realizan a la institución", manifestó González cuando se presentaron las afectaciones.