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El enjambre de sismos registrado en Chaparral, Tolima, durante las últimas 48 horas podría estar relacionado con los cambios que se han producido en la corteza terrestre después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, de acuerdo con Mónica Arcila Rivera, directora Técnica encargada de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC).En entrevista con Mañanas Blu, Arcila explicó que la Red Sismológica del SGC ha localizado más de 200 eventos con magnitudes iguales o superiores a 2 en la zona de Chaparral durante las últimas 48 horas. De ese conjunto, 10 tuvieron magnitudes iguales o superiores a 4.La funcionaria aclaró que el fenómeno puede ser denominado un enjambre sísmico, debido a la concentración de eventos registrada durante un periodo determinado y a que, hasta el momento, no corresponde al comportamiento típico de un sismo principal seguido por sus réplicas.“Esta sismicidad, y si lo referías como un enjambre, que pues es una característica de una concentración de eventos en el tiempo con diferentes magnitudes que no responden a un evento principal y una secuencia de réplicas”, explicó Arcila.¿El enjambre de sismos en Chaparral está relacionado con el terremoto del 10 de agosto?La relación entre los movimientos registrados en Chaparral y el terremoto del 10 de agosto es, por ahora, una hipótesis que está siendo considerada por el Servicio Geológico Colombiano, no una conclusión definitiva.Según Arcila, Chaparral y sectores de los límites del Tolima se encuentran sobre una parte de la placa involucrada en el terremoto del 10 de agosto. Por esa razón, una de las posibilidades que analiza el SGC es que todavía existan cambios en los esfuerzos y presiones dentro de las rocas como consecuencia de aquel evento.“Podemos estar en presencia de efectos todavía, transferencia de esfuerzos, alteraciones de las rocas que están sobre la placa que subduce, que pues fue donde se ocasionó ese sismo hace 6 semanas”, señaló la directora encargada de Geoamenazas. Al ser consultada directamente sobre si el enjambre sísmico de Chaparral podría tener relación con el terremoto del 10 de agosto, Arcila respondió: “Correcto, lo ponemos en esos términos, podría”.La experta explicó que después de un terremoto de gran magnitud pueden producirse cambios en la dinámica de las rocas, así como modificaciones en las presiones que, dependiendo de las condiciones geológicas, pueden tener efectos a distancias importantes del epicentro. No obstante, el SGC también analiza otras explicaciones posibles para la actividad sísmica registrada en el país. Arcila mencionó particularmente los movimientos observados en el departamento del Chocó, cuya relación con el terremoto del 10 de agosto, según explicó, sería una respuesta más inmediata y plausible de asociar con ese evento.El SGC advierte que los sismos no se pueden predecirUno de los puntos centrales de la explicación entregada por la funcionaria fue la imposibilidad de determinar con anticipación dónde ocurrirá un próximo terremoto.Ante la pregunta sobre qué otras regiones podrían presentar movimientos asociados con la acumulación de esfuerzos generada por el terremoto del 10 de agosto, Arcila fue enfática en señalar que actualmente la ciencia no cuenta con herramientas para predecir los sismos: “Actualmente la ciencia no reconoce que los sismos los podamos predecir”, afirmó.La especialista explicó que el terremoto del 10 de agosto se produjo en una estructura relacionada con una capa de corteza que se introduce por debajo del occidente de Colombia. Sin embargo, la profundidad y las características de esa estructura cambian de acuerdo con la región.En sectores del Tolima, por ejemplo, la estructura involucrada puede encontrarse a más de 200 kilómetros de profundidad, según la explicación entregada por la directora encargada de Geoamenazas. Por ello, aunque los cambios en los esfuerzos de la corteza pueden hacer que algunas fallas estén en determinadas condiciones más propicias para moverse, el SGC no cuenta actualmente con información suficiente para establecer qué zonas podrían activarse.¿Seguirán los temblores en Chaparral?El enjambre sísmico puede evolucionar de distintas maneras. Arcila explicó que estas secuencias pueden aparecer de manera relativamente repentina y que su comportamiento debe ser monitoreado para determinar cómo evolucionan durante los próximos días: “Estas secuencias o enjambres pues tienen esa particularidad que pues aparecen, digamos, casi pues de un momento a otro”, indicó.La expectativa expresada por la funcionaria es que, con el paso de los días, la actividad pueda disminuir y desaparecer, aunque también existe la posibilidad de que la secuencia evolucione de otra manera: Por esa razón, el monitoreo de la actividad sísmica en Chaparral y otras regiones de Colombia continúa siendo una de las tareas de la Red Sismológica Nacional.Evacuaciones y preocupación entre habitantes de IbaguéLa actividad sísmica también ha generado preocupación entre habitantes de la región. Durante la entrevista se mencionó que en Ibagué algunas personas han evacuado edificios después de sentir los movimientos registrados en los últimos días: El temor está relacionado, además, con el recuerdo del terremoto del 10 de agosto, un evento de magnitud 7,4 que tuvo consecuencias sísmicas perceptibles en diferentes zonas del país.Frente a este escenario, el Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de los eventos detectados por su red. Arcila destacó que la capacidad de registrar este tipo de fenómenos también ha aumentado gracias a la ampliación y mejoramiento de la cobertura de la red sismológica: “La red sismológica pues ha mejorado mucho sus coberturas y sus posibilidades de detección”, explicó.
La Quinta Brigada del Ejército Nacional desplegó unidades militares en el área general de Girón, Santander, como parte de las operaciones de configuración y sostenimiento contempladas en el Plan Ayacucho Plus.De acuerdo con el coronel José Rodríguez, comandante de la Quinta Brigada, el dispositivo cuenta con unidades orgánicas del Batallón Caldas y el Gaula Militar Chicamocha, que adelantan tareas de estabilidad y seguridad pública con el propósito de proteger a la población civil y apoyar a la Policía Nacional y a las autoridades locales.“Nos encontramos desplegados con nuestras unidades orgánicas, Batallón Caldas, nuestro Gaula Militar Chicamocha, en el área general del municipio de Girón, desarrollando tareas de estabilidad dentro de las operaciones militares de configuración y de sostenimiento”, explicó el oficial.Rodríguez señaló que estas acciones buscan contribuir a la seguridad ciudadana y permitir que las autoridades puedan desarrollar sus labores de prevención y control en el municipio y sus alrededores.El comandante de la Quinta Brigada también hizo un llamado a la ciudadanía para entregar información que permita anticipar hechos relacionados con secuestro, extorsión y posibles acciones terroristas. Para ello recordó las líneas 147 del Gaula Militar y 107, habilitadas de manera gratuita.Refuerzo de seguridad por situación en PalogordoEl despliegue militar se produce en momentos en que las autoridades mantienen especial atención sobre la zona rural de Girón donde está ubicada la cárcel de máxima y mediana seguridad de Palogordo.Durante las últimas semanas se han registrado varios traslados de internos considerados de alta peligrosidad hacia este establecimiento penitenciario. A comienzos de agosto fueron trasladados 17 internos y posteriormente se informó sobre nuevos movimientos de reclusos de alto perfil.La situación generó nuevas alertas en septiembre, luego de que se conociera el traslado de más internos y la posible llegada de Digno Palomino, señalado jefe de la estructura criminal Los Pepes, a Palogordo.Las autoridades también investigan una serie de hechos que han incrementado la preocupación en el sector. El pasado 18 de septiembre fue encontrado un cilindro acompañado de un mensaje amenazante contra funcionarios del Inpec en la vía de acceso a la penitenciaría. El Ejército acordonó el lugar y los técnicos antiexplosivos descartaron posteriormente que el elemento contuviera explosivos.Además, la Gobernación de Santander confirmó la existencia de un panfleto en el que, según las autoridades, varias estructuras criminales anunciarían una acción conjunta en rechazo a los traslados de sus integrantes a cárceles de máxima seguridad. El gobernador Juvenal Díaz pidió revisar la distribución de estos internos y anunció medidas para fortalecer la seguridad.En respuesta a este panorama, las autoridades reforzaron la presencia de la Policía y el Ejército en Girón y el área metropolitana de Bucaramanga. La Gobernación informó además sobre el uso de motocicletas y drones para apoyar el dispositivo de seguridad en los alrededores de Palogordo.La preocupación también ha llegado a las comunidades rurales cercanas al penal. Habitantes de sectores como Palogordo, Chocoa, Chocoita, Llano Grande, Nuevo Girón y Acapulco han solicitado mayor presencia de la Fuerza Pública ante el temor generado por los recientes hechos.En este contexto, el Ejército aseguró que mantendrá sus capacidades desplegadas en Girón para contribuir a la protección de la población y apoyar a las autoridades en la prevención de hechos que puedan afectar la seguridad en esta zona de Santander.
La Contraloría General asumió la vigilancia y el control fiscal integral sobre la obra de la Primera Línea del Metro de Bogotá. De acuerdo con el ente de control, la decisión fue tomada por el mismo contralor general, Jorge Laverde, q través de una resolución de despacho. Según advierte, es para ponerle la lupa a los recursos invertidos en los que la nación tiene una participación del 67,81%.El organismo ordenó seguimiento permanente al proyecto y ejercerá competencia prevalente para proteger los recursos públicos. Según explica, habría un retraso en la ejecución, ya que, con corte al 31 de agosto, la obra tenía un avance de 82,33 %, frente al 86,79 % programado.“Hemos identificado retrasos que requieren especial atención, del 19 % en las estaciones, del 18 % en sistemas y equipos y en el 52 % en la malla vial y el espacio público. Son aspectos fundamentales para que el Metro pueda prestar el servicio que los colombianos esperan.Por eso he dispuesto la creación de un grupo especial liderado por el vicecontralor Francisco José Chaos, que seguirá de cerca el avance del proyecto y adelantará las acciones fiscales que correspondan.” Precisó el contralor Laverde.La entidad advierte retrasos en estaciones y accesos del 19,24 %, en sistemas y equipos del (18,58 %) y en malla vial y espacio público del 52,34 %), situación que podría afectar las fechas previstas para las pruebas operacionales y la entrada en operación comercial.Asimismo, el contralor, Jorge Laverde, anunció que habrá un equipo interno que le hará seguimiento día por día a la ejecución de las obras del metro de Bogotá. Cabe recordar que, a principios del mes de septiembre, el alcalde de Bogotá; Carlos Fernando Galán, confirmó que la construcción superaba el 82,33 % de ejecución con la construcción de 17 km del viaducto.
El Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, es responsable de la muerte bajo custodia estatal desde 2018 de ocho personas detenidas por motivos políticos, entre ellas la de su hermano Humberto Ortega y la del líder indígena Brooklyn Rivera, concluye un informe de expertos de Naciones Unidas.El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señala que los abusos que detalla podrían constituir crímenes de lesa humanidad tales como encarcelamiento, tortura, desaparición forzada o persecución por motivos políticos."Un Estado que recurre a las desapariciones forzadas y permite que las personas mueran bajo custodia no cumple las normas mínimas de derechos humanos exigidas para una gobernanza democrática creíble", señaló el presidente del grupo de expertos, el alemán Jan-Michael Simon.El informe dedica un amplio capítulo a la muerte de Rivera, líder indígena miskito y fundador del partido político Yatama, quien permaneció detenido de forma arbitraria durante casi tres años, hasta que las autoridades declararon su fallecimiento el pasado 31 de mayo."El Gobierno de Nicaragua quitó a Rivera su libertad, luego su salud, y por último la vida", afirmó el húngaro Reed Brody, también miembro del grupo de expertos, quien señaló que las explicaciones dadas por el régimen sobre el fallecimiento del líder indígena están plagadas de inconsistencias.Además, esas explicaciones "se ven empañadas por su negativa a permitir una autopsia independiente y por la prisa en enterrarlo antes incluso de que su familia pudiera despedirse de él", afirmó."Anatomía de la crueldad estatal"Respecto al caso de Humberto Ortega, fallecido bajo custodia en un hospital militar en septiembre de 2024, el grupo de expertos subrayó que no pudo verificar las circunstancias de esta muerte pero señaló que hay "serias preocupaciones" en torno a si recibió atención sanitaria oportuna y adecuada.También recordó que el exministro de Defensa y antiguo jefe del Estado mayor nicaragüense, que en sus últimos años fue crítico con el Gobierno de su hermano, permaneció detenido en régimen de incomunicación, algo que puede ser considerado trato cruel, inhumano o tortura.Otros fallecidos bajo custodia citados en el informe son Eddy Antonio Montes, Santos Sebastián Flores, Jorge Hugo Torres, José Modesto Solís, Mauricio Francisco Alonso y Carlos Cárdenas.Sus muertes "son el resultado previsible de una serie de actos sistemáticos, deliberados y coordinados, ejecutados por la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio del Interior y el poder judicial", concluye el informe.También señala que existen motivos razonables para creer que este aparato institucional opera bajo el control centralizado de los copresidentes de Nicaragua, en referencia a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.El informe, titulado "Anatomía de la crueldad estatal", también subraya que al menos 161 personas han sufrido desaparición forzada a manos del régimen desde 2018, y señala que al menos 29 siguen en paradero desconocido.Los expertos exhortaron al Gobierno de Nicaragua a revelar el paradero de esos 29 desaparecidos, a liberar a todos los detenidos por motivos políticos y a investigar las muertes bajo custodia.También instó a devolver los restos de Rivera a su familia y a la comunidad miskita, y urgió a la comunidad internacional a tomar acciones para que haya una rendición de cuentas por los abusos denunciados, usando si es preciso la jurisdicción penal universal.
Luis Felipe Henao, representante de los accionistas minoritarios de Ecopetrol, acaba de denunciar por injuria y calumnia al exjefe de Ética de Ecopetrol, Alberto José Vergara, quien reapareció esta semana en una entrevista insinuando que la junta directiva se confabuló con el auditor para sacarlo de la empresa con un informe ‘ilegal’ y que, según él, hoy se están denunciando hechos que él mismo denunció cuando aún estaba en Ecopetrol.Vergara salió de la petrolera a mediados de 2025, en medio del escándalo ocasionado por un informe interno de auditoría que lo señalaba de haber solicitado a sus subalternos, en "diversas ocasiones", que utilizaran herramientas de auditoría forense como e-Discovery para obtener información sobre personas que no estaban siendo investigadas por casos éticos y sin tener autorización de la Junta Directiva. Esas ‘chuzadas’ se habrían dado contra tres miembros de la Junta Directiva, nueve diferentes ejecutivos del Grupo Ecopetrol, cuatro directivos sindicales y tres personas no vinculadas con la organización, según el informe de auditoría.Esas peticiones de Vergara se sumaron a la polémica por la ampliación del contrato con Covington & Burling, que pasó de 875 mil dólares a 5,8 millones de dólares en diciembre de 2024 y que, según la propia Junta Directiva de Ecopetrol, no contaba con su aval.En la denuncia, que ya está radicada en la Fiscalía, Henao argumenta que Vergara lo incluye como parte de hechos que ocurrieron mucho antes de su nombramiento como representante de los accionistas minoritarios de Ecopetrol y que, en el camino, está lesionando su derecho al buen nombre y su credibilidad profesional.Henao está dispuesto a que Vergara se retracte en el mismo medio y con el mismo espacio de difusión sobre sus acusaciones. Sin embargo, la pelea podría ir incluso más allá del ámbito penal:"Me reservo el derecho de perseguir, por la vía civil, la indemnización de la totalidad de los daños y perjuicios —patrimoniales y extrapatrimoniales— causados con las imputaciones, contra el querellado Alberto José Vergara Monterrosa, como autor de las afirmaciones, sea mediante el incidente de reparación integral (artículos 102 y siguientes de la Ley 906 de 2004) o mediante la acción de responsabilidad civil independiente, a elección del querellante", señala el documento de denuncia.
