Una velatón realizada en las últimas horas frente a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en Puente Aranda, en Bogotá, marcó el inicio de las exigencias de la familia de Javier Orlando, un hombre que murió mientras permanecía detenido en ese centro de reclusión temporal, donde llevaba cerca de un año y medio.Los familiares aseguran que durante ese tiempo solicitaron en repetidas ocasiones atención médica para el detenido debido al deterioro de su estado de salud. Sin embargo, afirman que nunca obtuvieron una respuesta oportuna y ahora piden que las autoridades esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento.Familia asegura que Javier ingresó sano a la URISegún relataron sus allegados a Blu Radio, Javier Orlando no padecía enfermedades de base cuando fue capturado e ingresó a la URI en condiciones normales de salud. Con el paso de los meses, aseguran, comenzó a presentar problemas estomacales, fiebre y otros síntomas que motivaron varias solicitudes para que fuera trasladado a un centro asistencial."Mi tío no tenía ninguna enfermedad de base. Cuando ingresó acá, hace año y medio, ingresó completamente sano. Estando acá comienza a enfermarse, tener problemas estomacales, fiebre y demás, pero no me le dan salida a un hospital", manifestó uno de sus familiares.El allegado también aseguró que, hasta el momento, la familia no ha recibido información oficial sobre la causa del fallecimiento."No tenemos una valoración médica. Medicina Legal no nos ha dicho la razón por la que falleció y acá en la URI de Puente Aranda no nos han dicho nada, no nos responden absolutamente nada", agregó.Denuncian que enviaron escritos solicitando atención médicaDe acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, la familia asegura haber enviado escritos y correos electrónicos a las autoridades solicitando atención médica para Javier Orlando, al considerar que su estado de salud empeoraba con el paso de los días.Además, otros detenidos y personas que se encontraban en el lugar señalaron que el hombre llevaba un tiempo presentando complicaciones de salud. Incluso, según esas versiones, algunos internos alcanzaron a grabarlo cuando permanecía tendido cerca de la entrada de la URI pidiendo ayuda antes de morir.Familia sostiene que fue capturado por errorLos allegados también insisten en que Javier Orlando no hacía parte de la organización criminal por la que fue capturado hace aproximadamente año y medio.Según su versión, el hombre terminó involucrado en un operativo de la Policía contra una presunta banda conocida como "Los Químicos", dedicada, al parecer, a la fabricación de drogas sintéticas. La familia sostiene que Javier únicamente había asistido a una reunión con unos amigos y que fue detenido durante el procedimiento.Por ahora, Medicina Legal adelanta los exámenes para establecer la causa de la muerte.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:
La Alcaldía de Bogotá aseguró que el hacinamiento en las estaciones de Policía y URI de la ciudad pasó del 172 % al 45,8 % en los últimos dos años. Esto, en medio de una estrategia liderada por la Secretaría de Seguridad para agilizar traslados y mejorar el seguimiento a las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria.Como parte de este proceso, la Secretaría de Seguridad, el Consejo Superior de la Judicatura y estudiantes de la Universidad Libre lanzaron el aplicativo PPL Connect, una herramienta que permitirá tener información actualizada y en tiempo real sobre las personas detenidas en URI y estaciones de Policía de la capital.Según informaron, la plataforma permitirá conocer cuánto tiempo llevan privadas de la libertad, en qué etapa judicial están sus procesos y que, además, facilitará la toma de decisiones de jueces y autoridades para agilizar traslados a cárceles del orden nacional en casos de condenas en firme.Según el Distrito, durante 2025 fueron trasladadas 4.925 personas privadas de la libertad desde los centros de detención transitoria hacia establecimientos penitenciarios nacionales. En lo corrido de 2026 ya van 1.147 traslados.El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que uno de los principales problemas encontrados fue la falta de información clara sobre las personas detenidas y sus procesos judiciales.“Por primera vez la ciudad pudo saber cuánto tiempo llevaban esas personas ahí recluidas, en qué etapa del proceso iban y por qué estaban allí”, explicó el funcionario.Además, durante la revisión adelantada por la Secretaría de Seguridad se identificaron casos críticos, como el de una persona detenida desde hace 2.071 días en la estación de Los Mártires, pese a que estos espacios están diseñados para permanencias máximas de 36 horas.La Administración Distrital señaló que entre el 31 de marzo y el 21 de abril de este año se realizó una jornada de verificación en los 20 centros de detención transitoria de Bogotá, en la que se revisaron más de 1.880 carpetas físicas y se actualizaron 2.061 registros en el sistema PPL Connect.Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura anunció la creación de cinco nuevos despachos judiciales en Bogotá para agilizar los procesos penales y reducir la congestión del sistema.“Creamos cinco despachos judiciales, tres juzgados penales municipales y dos juzgados penales del circuito, para que se agilicen los casos y se tomen decisiones importantes de aquí a diciembre”, explicó el magistrado Jorge Enrique Vallejo, presidente de la Sala Penal del Consejo Superior de la Judicatura.
La mañana de este martes, en medio de la requisa a las celdas, Policías a cargo de la seguridad en la URI Zonal ubicada en la calle 110 con carrera 37, en el barrio Las Estrellas, en Barranquilla, notaron que una de estas estaba vacía y que dos de los reclusos que se habían fugado.Se trata de Ederman Nieto Anaya, un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien enfrenta un proceso por los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. Esta persona, dicen las autoridades, además estaría siendo investigada por el asesinato de un sindicalista en el departamento del Cesar.Junto a este hombre también se fugó Brayan Bonett Anguila, recluido por el delito de acto sexual con menor de 14 años.Ambos privados de la libertad abrieron un hueco en el techo de su celda y escaparon. Por el momento, la Policía adelanta un plan candado para dar con sus paraderos.
Tras la reunión que se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia en donde asistieron la fiscal General de la nación, el ministro de Justicia, el director de la Policía el director del INPEC y los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, y Barranquilla se acordó que el Plan Nacional de desarrollo.Este plan autorizó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), a darle en donación a los municipios, los inmuebles de extinción de dominio para que los alcaldes hagan allí sus cárceles municipales. Esto, para descongestionar las estaciones de Policía y URI.Además, se pudo establecer que para los efectos de garantizar que las audiencias o las diligencias no se malogren, se acordó con los alcaldes de las principales ciudades que iban a revisar en las estaciones de Policía de sus municipios el tema relacionado con la conectividad.También dotando también esas estaciones de la institución de equipos necesarios para que las audiencias, por lo menos las preliminares relacionadas con la legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, se puedan hacer de manera virtual.“Aprovechó para darle la noticia a todos los alcaldes del país, porque casi en todos los municipios sobre todo en los grandes, hay inmuebles en extinción de dominio y esa medida nos va a permitir descongestionar muy pronto las estaciones de Policía”, expresó minjusticia. Por último, el jefe se esta cartera, dice que hay que hacer una observación clara para precisar cuáles de esos inmuebles, son aptos para el traslado de los privados de la libertad.
El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que arranca la nueva etapa para enfrentar el hacinamiento carcelario y la primera decisión que se tomó fue que la Policía apoyara el traslado a centros carcelarios del Inpec a 570 personas ya condenadas, que en este momento están cumpliendo sus condenas en este momento en estaciones y que lo único que hacen es aumentar justamente el hacinamiento en estos espacios.“En Bogotá tenemos más de 3.200 personas en este momento privadas de la libertad en estaciones de Policía, lugares donde no deberían estar porque esos lugares están hechos para que permanezcan máximo 36 horas de reclusión”, dijo el alcalde de Bogotá sobre el traslado de los 570 que permitirá reducir en un 17 % el número de personas en las estaciones.Además, se fortalecerán las herramientas de conectividad para que quienes se encuentran privados de la libertad puedan asistir a las audiencias virtuales a las que son citados. Esto, en una apuesta, dice el alcalde Galán, se implementará con el fin de evitar aplazamientos e incluso, vencimiento de términos.Galán destacó, además, que el compromiso del Ministerio de Justicia fue revisar la propuesta de creación de centros de reclusión especiales donde se trabaje con privados para que, en el corto y mediano plazo, se pueda controlar el hacinamiento carcelario.“Necesitamos garantizar que las personas que son capturadas y condenadas lleguen a establecimientos carcelarios como lo contempla la ley. Tenemos que trabajar en resolver ese problema de hacinamiento, cerca de 92 personas que son detenidas al día en Bogotá y trabajaremos para que, cuando sean condenadas, lleguen a un centro carcelario del Inpec”, añadió el mandatario capitalino.
En un esfuerzo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y los alcaldes de las principales ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, se ha puesto en marcha un plan de acción integral para abordar el problema del hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía en Colombia.Durante una reunión, presidida por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, se discutió la crítica situación de los derechos fundamentales de los detenidos. Como resultado, se acordó el traslado inmediato de aproximadamente 400 personas ya condenadas a establecimientos carcelarios, con el objetivo de liberar espacio y mejorar las condiciones de los detenidos. Además, se ha prometido la creación de 500 nuevos cupos en las próximas dos semanas para aliviar aún más la situación.Los líderes de cada institución participante asumieron responsabilidades específicas para restablecer los derechos de los detenidos y asegurar su acceso a la justicia. Un punto focal de la reunión fue la persistente violación de los derechos humanos de los detenidos, subrayando la urgencia de trasladar a los detenidos desde las URI y estaciones de policía a instalaciones adecuadas para la retención a largo plazo, según lo determinen las medidas judiciales.El presidente de la Corte Suprema destacó cómo la prolongada estancia de los detenidos en estas instalaciones afecta negativamente los procedimientos penales. Esto incluye interferencias en las actuaciones judiciales y complicaciones logísticas en el manejo de audiencias. En respuesta, se han tomado compromisos para mejorar la infraestructura y la conectividad en las estaciones de policía, lo que facilitaría la realización de audiencias preliminares de manera más efectiva y sin retrasos.Se reconoció la importancia de crear condiciones adecuadas para que los condenados puedan cumplir sus penas en entornos que permitan la implementación de programas de resocialización. Además, se discutió cómo estas medidas no solo mejorarán las condiciones de los detenidos, sino que también permitirán una redención más rápida de las condenas y el acceso a beneficios de reinserción social.Los alcaldes se comprometieron a mejorar la infraestructura de las estaciones de policía, proporcionando las condiciones necesarias para que se puedan llevar a cabo las audiencias iniciales, especialmente las audiencias de legalización de la captura, de manera adecuada y eficiente.Por último, la Corte Suprema se ha comprometido a colaborar estrechamente con los jueces de ejecución de penas para revisar y actualizar los casos de los detenidos que ya han cumplido sus condenas, pero que continúan retenidos. Esto incluye la identificación de aquellos que podrían ser elegibles para la libertad condicional.
La Personería de Bogotá reveló que la sobreocupación en las estaciones de Policía y en las Unidades de Reacción Inmediata de la capital se encuentra en el 158,6 %. De acuerdo con el informe, en total hay 3.174 personas retenidas, aun cuando su capacidad máxima está en 1.227.Por un lado, las estaciones en Bogotá apenas pueden albergar como máximo a 775 personas. Sin embargo, al 30 de abril de 2024, se tiene registro de que hay 2.348 privados de la libertad, lo que significa una sobreocupación del 202,9 %.Entre los casos más críticos se encuentra la estación de Usaquén, donde apenas puede albergar a 10 personas y cuenta con 85, lo que representa un hacinamiento del 750 %. Le siguen Kennedy con 517 %, Bosa con 511 %, Usme llega al 400 %, Ciudad Bolívar está en 348 %, San Cristóbal en 346 %, la Terminal se encuentra sobre el 330 %, Rafael Uribe en 238 %, La Candelaria llega al 237 % y Suba, donde hay una sobreocupación del 223 %.Por otro lado, la situación en las URI está bajo un contexto similar. El complejo de Puente Aranda tiene actualmente a 821 personas hacinadas, cuando su capacidad máxima es de 452. En las demás ubicadas por el resto de la ciudad (La Granja, Kennedy, Ciudad Bolívar, Campo Verde-Bosa y Usaquén) no hay ningún privado de la libertad.“En estos lugares hay 555 condenados, que tendrían que estar en centros penitenciarios, pero algunos llevan cerca de 4 años. Además, se encontraron 53 personas con detención domiciliaria, que permanecen allí, cuando tendrían que estar en su lugar de residencia”, afirmó el comunicado de la Personería.A lo anterior hay que sumarle que, del total de las personas que se encuentran hacinadas en las estaciones de Policía y en las URI de Bogotá, 511 son de nacionalidad extranjera, 66 con sentencia condenatoria.Además de la sobreocupación, los detenidos han denunciado problemas con el acceso a la comida, atención precaria en salud y negligencias en los procesos judiciales.Frente a lo anterior, la Personería de Bogotá le pidió al Ministerio de Justicia y al Inpec asumir la responsabilidad de las personas condenadas y, asimismo, trasladar a quienes tengan casa por cárcel para reducir la sobreocupación de estas personas en la capital.
La familia de un menor de 15 años que murió en medio de un intento de fuga en la URI de Puente Aranda pide justicia ya que, según denuncian, recibió un disparo en el pecho por parte de miembros de la Policía. La mamá del joven destaca que aunque su hijo cometió un error, no tenían porque dispararle y acusa a la Policía de haber accionado el arma en un aparente abuso de autoridad.El joven fue detenido en compañía de un hombre tras intentar robar una camioneta de lujo, específicamente una Toyota Fortuner, a un hombre en la zona de Engativá, ubicada en la Avenida Ciudad de Cali con la calle 80.De acuerdo con el reporte de las autoridades, este menor de 15 años, después de ser judicializado, intentó fugarse en el carro del que sería su padrastro y fue allí, en medio de la fuga, que recibió el disparó en el pecho que terminó quitándole la vida. La procedencia del disparo aún se investiga.La familia de este joven de 15 años, en especial su madre, afirma que el disparo que mató al menor habría sido por un integrante de la Policía que intento evitar su fuga de la URI de Puente Aranda, por lo que exigen celeridad en la investigación.Le puede interesar:
El patrullero Anderson Javier Gil de 32 años, quien trabajaba en la estación de Policía de la localidad de Fontibón y quien ayer había sido capturado por la Sijin por un supuesto abuso sexual a una menor de 14 añosSegún relata el ‘Ojo de la Noche’, el uniformado angustiado por su captura y mientras tramitaban la papelería frente a la URI de Puente Aranda, desarmó a uno de sus compañeros que se encontraba en el lugar realizando otra judicialización y se quitó la vida.La Fiscalía realizó la inspección de los hechos y por el momento la Policía no se ha pronunciado sobre el caso.Por otro lado, los hechos que dejan la madrugada de este jueves 3 de agosto, una mujer de 57 años fue arrollada por un motociclista en la calle 68 con 68, la mujer está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San José Infantil, mientras que el responsable se escapó.Finalmente, en la localidad de Engativá fueron capturaros dos sujetos que se robaron un carro que pidieron por aplicación, en el momento que huían la Policía fue alertada y luego de una persecución los interceptaron y retuvieron.Escuche aquí el informe:
La Procuraduría General de la Nación prendió las alarmas porque el contrato que tiene la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC para suministrar la alimentación a todos los detenidos en las estaciones de Policía y las URI. Por esta razón, el ente de control expidió la Circular 001 de 2023 en la cual instaba al Gobierno nacional y a los gobernadores y alcaldes a informar sobre las alternativas y estrategias para garantizar el servicio de alimentación en las estaciones policiales.El próximo 31 de julio se termina el contrato para dar la alimentación a las personas privadas de la libertad y que correspondía a la Unidad de Servicios Penitenciarios, USPEC, pero, en una misión articulada entre La Procuraduría y el Ministerio de Justicia, lograron prorrogar hasta el 31 de octubre el suministro de los kits alimenticios, hasta ahora, por tres meses más, los presos tienen asegurado el servicio de alimentación.El Ministerio Público también advirtió sobre los disturbios de orden público que se pudieran dar si esto llegara a suceder, pues al vencerse el contrato con la USPEC, los presos quedarían desprotegidos en materia de alimentación. Aproximadamente hay 14.529 internos, recluidos en estaciones de Policía a nivel nacional que reciben su comida gracias a la esta entidad.En respuesta a estos requerimientos, el Ministerio de Justicia informó que se asegurará la alimentación de las personas privadas de la libertad en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata, URI, por parte de la USPEC hasta el 31 de octubre de 2023, en aquellos lugares en los cuales esta venía prestando el servicio.Asimismo, se buscará, a través de una iniciativa legislativa, dotar de funciones transitorias a la entidad para continuar prestando el servicio de alimentación para sindicados, hasta el 30 de junio de 2024, fecha en la cual, alcaldes y gobernadores deberán asumir este servicio en todo el país.En igual sentido, las agremiaciones de municipios y departamentos se comprometieron a trabajar con sus afiliados para concientizar a los mandatarios locales de la relevancia de esta problemática y a dejar plasmadas las obligaciones que tendrán que asumir los nuevos gobernantes.La alimentación de los presos sindicados es decir de las personas que llegan a las URI o estaciones de Policía, estaba a cargo de la USPEC, pero el año pasado, la Corte Constitucional extendió la declaratoria del “Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria”, en la que ordenó a las alcaldías y gobernaciones a que, en un plazo máximo de cuatro meses, debían asumir la alimentación de los detenidos. Después de más de un año esto aun no es una realidad.¿Cuál es el riesgo?Este contrato que tiene la USPEC para brindar alimentación vence este próximo 31 de julio y si eso pasa, más de 14.000 detenidos se quedarían sin la alimentación en sus lugares de detención.Al respecto el ministro de justicia, Néstor Osuna , ordenó que el contrato se extienda 3 meses más , es decir hasta el 31 de octubre, pero la Procuraduría buscará que puedan extender este contrato y que la entidad proporcionando este servicio hasta junio de 2024 para que las alcaldías y gobernadores puedan tener listo el plan para la alimentación de los detenidos.Le puede interesar:
El traslado de internos de alta peligrosidad a la cárcel de Palogordo, en Girón, ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad del municipio. Frente a este panorama, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el Gobierno está tomando medidas para garantizar la seguridad tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario.El funcionario señaló que el centro carcelario cuenta con las condiciones necesarias para recibir a estos internos y aseguró que se reforzarán las medidas de protección para la población, los funcionarios del Inpec y las propias instalaciones.“Se va a proteger a la población, se va a proteger al establecimiento carcelario, se va a proteger a los guardianes y el Estado no cede ante las presiones y ante la violencia”, afirmó Cancino.El ministro agregó que quienes incurran en hechos violentos deberán responder ante las autoridades judiciales y que el Estado utilizará los mecanismos legales para garantizar el control de la situación.Las declaraciones fueron entregadas durante la inauguración del encuentro regional de la Corte Constitucional, en Girón, escenario en el que también se abordaron otros asuntos relacionados con la política de justicia y seguridad del Gobierno nacional.Cancino también habló sobre la Ley de Sometimiento y las condiciones que deberán cumplir los integrantes de estructuras criminales que pretendan acogerse a este mecanismo.El ministro fue enfático en señalar que los bienes obtenidos de manera ilícita no podrán convertirse en un beneficio económico para quienes se sometan a la justicia.“Los bienes mal habidos no pueden ser objeto de recompensa. Tienen que entregarlos como requisito para que se sometan y se les reintegra cero pesos”, sostuvo.Cancino también indicó que la propuesta del Gobierno no contempla otorgar estatus político a las estructuras criminales, ni suspender órdenes de captura o procesos de extradición como condición para su sometimiento.Según explicó, quienes pretendan acogerse deberán esperar la entrada en vigor de la Ley de Sometimiento y cumplir las condiciones que establezca el marco legal.
Tras la judicialización de un quinto hombre que aceptó su responsabilidad en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Carmilo Peláez, en el Norte de Antioquia, pistas investigativas de las autoridades llegaron ahora hasta el Valle de Aburrá e involucran un vehículo.En un operativo realizado por el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía, incautaron una camioneta modelo 1997 en una zona ubicada entre los sectores Los Puertos y San Simón en el municipio de Bello.El transcurso de la investigación ha llevado a determinar que ese vehículo habría sido manejado por Weimar Alexánder Castillo, alias ‘300’, de la banda criminal El Mesa para transportar a Andrés Camilo una vez secuestrado en San Andrés de Cuerquia en medio de un caso de presunta extorsión.La camioneta, con placas de la ciudad de Pereira, habría sido abandonada en esta zona del norte del Valle de Aburrá desde 2023, sin embargo, una vez llevada a cabo la incautación por los organismos judiciales otras preguntas surgieron en la historia.“¿Por qué razón el vehículo donde secuestraron y luego asesinaron al ingeniero Andres Camilo Peláez apareció escondido en un lote que pertenece al Hospital mental de Antioquia?”, afirmó en X Miguel Ángel del Río, uno de los abogados del caso.Frente a estos cuestionamientos el Hospital Mental aclaró que este predio invadido fue reportado a las autoridades de 2022 cuando la Inspección Novena de Policía de Bello declaró una infracción por construcciones irregulares en un predio invadido, pero no se pudo llevar a cabo la demolición por falta de un contrato.Ante quejas y la falta de medidas, en octubre de 2025 la institución de salud radicó ante el municipio de Bello una nueva querella, pero decidió solicitar apoyo a la Gobernación de Antioquia que asumió el conocimiento del proceso, que actualmente se encuentra en etapa probatoria.“El Hospital Mental de Antioquia adelantó todas las acciones legales que tenía a su disposición, con criterios de inmediatez y oportunidad. Aunque los hechos fueron puestos en conocimiento del municipio de Bello, no se recibió una respuesta efectiva que permitiera restablecer el control del predio”, indicaron en el comunicado.Información en poder de las autoridades indicaría que ante la falta de una destinación para el predio, desde 2021 el grupo delincuencial El Mesa, señalado de cometer la desaparición de Andrés Camilo, se habría apropiado de esta zona permitiendo a su vez la aparición de construcciones ilegales.
Autoridades han manifestado su preocupación ante un presunto caso de maltrato infantil que derivó en la muerte de Emmanuel Hernández Epinayuu, un niño de siete meses remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín.Tras los hechos que habrían ocurrido en una vivienda del barrio Nueva Jerusalén en el municipio de Bello, la administración de esa localidad del norte del Valle de Aburrá se pronunció lamentando lo ocurrido.“La situación nos afecta a todos. No se puede permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes sufran afectaciones que puedan poner en riesgo su seguridad”, indicaron en un comunicado en el que reiteraron que el niño registraba de acuerdo al parte médico asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico.Al tratarse de una situación que consideran “inconsistente con el relato de su madre”, una mujer de 18 años de edad de nacionalidad venezolana, quien indicó que Emmanuel había sufrido “varias caídas al interior de su vivienda”, pidieron a las autoridades investigar.“Desde la Alcaldía de Bello hacemos un llamado a las autoridades competentes (Policía, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), para que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de este menor”, detallaron en el pronunciamiento.La Alcaldía también detalló que tras conocer el caso y el niño era atendido en el centro asistencial ya habían gestionado su llegada a un hogar sustituto de cuidado especial, pero su traslado no fue posible al fallecer.También recordaron a la ciudadanía que en caso de conocer alguna situación de maltrato a un menor de edad puede reportarse a la línea 141 del ICBF, la Línea 123 de la Policía Nacional, o de manera presencial en la Fiscalía, Comisarías y Personería del municipio.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 23 de septiembre de 2026:El grupo de pop-rock colombiano 'Compañía Iliminata' contaron cómo nacieron algunas de sus canciones más icónicas. Además, hablaron sobre cómo su música al inicio solo sonaba en emisoras especializadas en baladas.El creador de contenido "Sin Rol Específico", Thomás Pérez, dio consejos a los oyentes sobre cómo convertir una historia de la calle en un contenido que conecte con la audiencia.
Unas 451.000 personas más podrían perder la vida a causa del calor durante los primeros nueve meses (de junio 2026 a febrero 2027 ) de El Niño a nivel mundial, en comparación con un año normal, según un informe de este miércoles del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago.Los científicos prevén que las temperaturas terrestres mundiales se situarán 1,2 °C por encima de lo normal en los próximos meses, debido en gran medida al actual ‘Súper El Niño’.Estas condiciones de calor anómalo se asemejarán a las temperaturas más elevadas que, según las proyecciones, traerá consigo el cambio climático dentro de 20 años y provocarán un 44 % más de días de calor extremo de lo que cabría esperar en un año normal."En la práctica, El Niño nos está empujando hacia el futuro —exponiéndonos a temperaturas que no serán la norma hasta dentro de dos décadas— antes de que tengamos tiempo de adaptarnos y protegernos", citó el estudio.Los investigadores creen que las cifras de muertes "aumenten aún más" de las 451.000, especialmente porque los efectos —como las temperaturas superiores a la media y las muertes relacionadas con el calor— se prolongarán hasta junio y julio de 2027.Los países más afectados serían Nigeria, Sudán, Níger y Chad que podrían contabilizar en conjunto más de 65.000 muertes relacionadas con el calor.Los investigadores estiman que Filipinas, Vietnam, Tailandia, Camboya e Indonesia registrarían cerca de 40.000 muertes en total, mientras que Brasil podría experimentar hasta 13.300 muertes por calor en esos nueve meses.En Estados Unidos los científicos proyectan que El Niño podría dejar hasta 3.500 fallecidos más, con el estado de Texas como el más afectado por las altas temperaturas.Colombia yVenezuela se exponen a registrar 2.200 y 2.300decesos, respectivamente a causa del fenómeno meteorológico.
