Una velatón realizada en las últimas horas frente a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en Puente Aranda, en Bogotá, marcó el inicio de las exigencias de la familia de Javier Orlando, un hombre que murió mientras permanecía detenido en ese centro de reclusión temporal, donde llevaba cerca de un año y medio.Los familiares aseguran que durante ese tiempo solicitaron en repetidas ocasiones atención médica para el detenido debido al deterioro de su estado de salud. Sin embargo, afirman que nunca obtuvieron una respuesta oportuna y ahora piden que las autoridades esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento.Familia asegura que Javier ingresó sano a la URISegún relataron sus allegados a Blu Radio, Javier Orlando no padecía enfermedades de base cuando fue capturado e ingresó a la URI en condiciones normales de salud. Con el paso de los meses, aseguran, comenzó a presentar problemas estomacales, fiebre y otros síntomas que motivaron varias solicitudes para que fuera trasladado a un centro asistencial."Mi tío no tenía ninguna enfermedad de base. Cuando ingresó acá, hace año y medio, ingresó completamente sano. Estando acá comienza a enfermarse, tener problemas estomacales, fiebre y demás, pero no me le dan salida a un hospital", manifestó uno de sus familiares.El allegado también aseguró que, hasta el momento, la familia no ha recibido información oficial sobre la causa del fallecimiento."No tenemos una valoración médica. Medicina Legal no nos ha dicho la razón por la que falleció y acá en la URI de Puente Aranda no nos han dicho nada, no nos responden absolutamente nada", agregó.Denuncian que enviaron escritos solicitando atención médicaDe acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, la familia asegura haber enviado escritos y correos electrónicos a las autoridades solicitando atención médica para Javier Orlando, al considerar que su estado de salud empeoraba con el paso de los días.Además, otros detenidos y personas que se encontraban en el lugar señalaron que el hombre llevaba un tiempo presentando complicaciones de salud. Incluso, según esas versiones, algunos internos alcanzaron a grabarlo cuando permanecía tendido cerca de la entrada de la URI pidiendo ayuda antes de morir.Familia sostiene que fue capturado por errorLos allegados también insisten en que Javier Orlando no hacía parte de la organización criminal por la que fue capturado hace aproximadamente año y medio.Según su versión, el hombre terminó involucrado en un operativo de la Policía contra una presunta banda conocida como "Los Químicos", dedicada, al parecer, a la fabricación de drogas sintéticas. La familia sostiene que Javier únicamente había asistido a una reunión con unos amigos y que fue detenido durante el procedimiento.Por ahora, Medicina Legal adelanta los exámenes para establecer la causa de la muerte.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:
La Alcaldía de Bogotá aseguró que el hacinamiento en las estaciones de Policía y URI de la ciudad pasó del 172 % al 45,8 % en los últimos dos años. Esto, en medio de una estrategia liderada por la Secretaría de Seguridad para agilizar traslados y mejorar el seguimiento a las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria.Como parte de este proceso, la Secretaría de Seguridad, el Consejo Superior de la Judicatura y estudiantes de la Universidad Libre lanzaron el aplicativo PPL Connect, una herramienta que permitirá tener información actualizada y en tiempo real sobre las personas detenidas en URI y estaciones de Policía de la capital.Según informaron, la plataforma permitirá conocer cuánto tiempo llevan privadas de la libertad, en qué etapa judicial están sus procesos y que, además, facilitará la toma de decisiones de jueces y autoridades para agilizar traslados a cárceles del orden nacional en casos de condenas en firme.Según el Distrito, durante 2025 fueron trasladadas 4.925 personas privadas de la libertad desde los centros de detención transitoria hacia establecimientos penitenciarios nacionales. En lo corrido de 2026 ya van 1.147 traslados.El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que uno de los principales problemas encontrados fue la falta de información clara sobre las personas detenidas y sus procesos judiciales.“Por primera vez la ciudad pudo saber cuánto tiempo llevaban esas personas ahí recluidas, en qué etapa del proceso iban y por qué estaban allí”, explicó el funcionario.Además, durante la revisión adelantada por la Secretaría de Seguridad se identificaron casos críticos, como el de una persona detenida desde hace 2.071 días en la estación de Los Mártires, pese a que estos espacios están diseñados para permanencias máximas de 36 horas.La Administración Distrital señaló que entre el 31 de marzo y el 21 de abril de este año se realizó una jornada de verificación en los 20 centros de detención transitoria de Bogotá, en la que se revisaron más de 1.880 carpetas físicas y se actualizaron 2.061 registros en el sistema PPL Connect.Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura anunció la creación de cinco nuevos despachos judiciales en Bogotá para agilizar los procesos penales y reducir la congestión del sistema.“Creamos cinco despachos judiciales, tres juzgados penales municipales y dos juzgados penales del circuito, para que se agilicen los casos y se tomen decisiones importantes de aquí a diciembre”, explicó el magistrado Jorge Enrique Vallejo, presidente de la Sala Penal del Consejo Superior de la Judicatura.
La mañana de este martes, en medio de la requisa a las celdas, Policías a cargo de la seguridad en la URI Zonal ubicada en la calle 110 con carrera 37, en el barrio Las Estrellas, en Barranquilla, notaron que una de estas estaba vacía y que dos de los reclusos que se habían fugado.Se trata de Ederman Nieto Anaya, un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien enfrenta un proceso por los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. Esta persona, dicen las autoridades, además estaría siendo investigada por el asesinato de un sindicalista en el departamento del Cesar.Junto a este hombre también se fugó Brayan Bonett Anguila, recluido por el delito de acto sexual con menor de 14 años.Ambos privados de la libertad abrieron un hueco en el techo de su celda y escaparon. Por el momento, la Policía adelanta un plan candado para dar con sus paraderos.
Tras la reunión que se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia en donde asistieron la fiscal General de la nación, el ministro de Justicia, el director de la Policía el director del INPEC y los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, y Barranquilla se acordó que el Plan Nacional de desarrollo.Este plan autorizó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), a darle en donación a los municipios, los inmuebles de extinción de dominio para que los alcaldes hagan allí sus cárceles municipales. Esto, para descongestionar las estaciones de Policía y URI.Además, se pudo establecer que para los efectos de garantizar que las audiencias o las diligencias no se malogren, se acordó con los alcaldes de las principales ciudades que iban a revisar en las estaciones de Policía de sus municipios el tema relacionado con la conectividad.También dotando también esas estaciones de la institución de equipos necesarios para que las audiencias, por lo menos las preliminares relacionadas con la legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, se puedan hacer de manera virtual.“Aprovechó para darle la noticia a todos los alcaldes del país, porque casi en todos los municipios sobre todo en los grandes, hay inmuebles en extinción de dominio y esa medida nos va a permitir descongestionar muy pronto las estaciones de Policía”, expresó minjusticia. Por último, el jefe se esta cartera, dice que hay que hacer una observación clara para precisar cuáles de esos inmuebles, son aptos para el traslado de los privados de la libertad.
El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que arranca la nueva etapa para enfrentar el hacinamiento carcelario y la primera decisión que se tomó fue que la Policía apoyara el traslado a centros carcelarios del Inpec a 570 personas ya condenadas, que en este momento están cumpliendo sus condenas en este momento en estaciones y que lo único que hacen es aumentar justamente el hacinamiento en estos espacios.“En Bogotá tenemos más de 3.200 personas en este momento privadas de la libertad en estaciones de Policía, lugares donde no deberían estar porque esos lugares están hechos para que permanezcan máximo 36 horas de reclusión”, dijo el alcalde de Bogotá sobre el traslado de los 570 que permitirá reducir en un 17 % el número de personas en las estaciones.Además, se fortalecerán las herramientas de conectividad para que quienes se encuentran privados de la libertad puedan asistir a las audiencias virtuales a las que son citados. Esto, en una apuesta, dice el alcalde Galán, se implementará con el fin de evitar aplazamientos e incluso, vencimiento de términos.Galán destacó, además, que el compromiso del Ministerio de Justicia fue revisar la propuesta de creación de centros de reclusión especiales donde se trabaje con privados para que, en el corto y mediano plazo, se pueda controlar el hacinamiento carcelario.“Necesitamos garantizar que las personas que son capturadas y condenadas lleguen a establecimientos carcelarios como lo contempla la ley. Tenemos que trabajar en resolver ese problema de hacinamiento, cerca de 92 personas que son detenidas al día en Bogotá y trabajaremos para que, cuando sean condenadas, lleguen a un centro carcelario del Inpec”, añadió el mandatario capitalino.
En un esfuerzo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y los alcaldes de las principales ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, se ha puesto en marcha un plan de acción integral para abordar el problema del hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía en Colombia.Durante una reunión, presidida por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, se discutió la crítica situación de los derechos fundamentales de los detenidos. Como resultado, se acordó el traslado inmediato de aproximadamente 400 personas ya condenadas a establecimientos carcelarios, con el objetivo de liberar espacio y mejorar las condiciones de los detenidos. Además, se ha prometido la creación de 500 nuevos cupos en las próximas dos semanas para aliviar aún más la situación.Los líderes de cada institución participante asumieron responsabilidades específicas para restablecer los derechos de los detenidos y asegurar su acceso a la justicia. Un punto focal de la reunión fue la persistente violación de los derechos humanos de los detenidos, subrayando la urgencia de trasladar a los detenidos desde las URI y estaciones de policía a instalaciones adecuadas para la retención a largo plazo, según lo determinen las medidas judiciales.El presidente de la Corte Suprema destacó cómo la prolongada estancia de los detenidos en estas instalaciones afecta negativamente los procedimientos penales. Esto incluye interferencias en las actuaciones judiciales y complicaciones logísticas en el manejo de audiencias. En respuesta, se han tomado compromisos para mejorar la infraestructura y la conectividad en las estaciones de policía, lo que facilitaría la realización de audiencias preliminares de manera más efectiva y sin retrasos.Se reconoció la importancia de crear condiciones adecuadas para que los condenados puedan cumplir sus penas en entornos que permitan la implementación de programas de resocialización. Además, se discutió cómo estas medidas no solo mejorarán las condiciones de los detenidos, sino que también permitirán una redención más rápida de las condenas y el acceso a beneficios de reinserción social.Los alcaldes se comprometieron a mejorar la infraestructura de las estaciones de policía, proporcionando las condiciones necesarias para que se puedan llevar a cabo las audiencias iniciales, especialmente las audiencias de legalización de la captura, de manera adecuada y eficiente.Por último, la Corte Suprema se ha comprometido a colaborar estrechamente con los jueces de ejecución de penas para revisar y actualizar los casos de los detenidos que ya han cumplido sus condenas, pero que continúan retenidos. Esto incluye la identificación de aquellos que podrían ser elegibles para la libertad condicional.
La Personería de Bogotá reveló que la sobreocupación en las estaciones de Policía y en las Unidades de Reacción Inmediata de la capital se encuentra en el 158,6 %. De acuerdo con el informe, en total hay 3.174 personas retenidas, aun cuando su capacidad máxima está en 1.227.Por un lado, las estaciones en Bogotá apenas pueden albergar como máximo a 775 personas. Sin embargo, al 30 de abril de 2024, se tiene registro de que hay 2.348 privados de la libertad, lo que significa una sobreocupación del 202,9 %.Entre los casos más críticos se encuentra la estación de Usaquén, donde apenas puede albergar a 10 personas y cuenta con 85, lo que representa un hacinamiento del 750 %. Le siguen Kennedy con 517 %, Bosa con 511 %, Usme llega al 400 %, Ciudad Bolívar está en 348 %, San Cristóbal en 346 %, la Terminal se encuentra sobre el 330 %, Rafael Uribe en 238 %, La Candelaria llega al 237 % y Suba, donde hay una sobreocupación del 223 %.Por otro lado, la situación en las URI está bajo un contexto similar. El complejo de Puente Aranda tiene actualmente a 821 personas hacinadas, cuando su capacidad máxima es de 452. En las demás ubicadas por el resto de la ciudad (La Granja, Kennedy, Ciudad Bolívar, Campo Verde-Bosa y Usaquén) no hay ningún privado de la libertad.“En estos lugares hay 555 condenados, que tendrían que estar en centros penitenciarios, pero algunos llevan cerca de 4 años. Además, se encontraron 53 personas con detención domiciliaria, que permanecen allí, cuando tendrían que estar en su lugar de residencia”, afirmó el comunicado de la Personería.A lo anterior hay que sumarle que, del total de las personas que se encuentran hacinadas en las estaciones de Policía y en las URI de Bogotá, 511 son de nacionalidad extranjera, 66 con sentencia condenatoria.Además de la sobreocupación, los detenidos han denunciado problemas con el acceso a la comida, atención precaria en salud y negligencias en los procesos judiciales.Frente a lo anterior, la Personería de Bogotá le pidió al Ministerio de Justicia y al Inpec asumir la responsabilidad de las personas condenadas y, asimismo, trasladar a quienes tengan casa por cárcel para reducir la sobreocupación de estas personas en la capital.
La familia de un menor de 15 años que murió en medio de un intento de fuga en la URI de Puente Aranda pide justicia ya que, según denuncian, recibió un disparo en el pecho por parte de miembros de la Policía. La mamá del joven destaca que aunque su hijo cometió un error, no tenían porque dispararle y acusa a la Policía de haber accionado el arma en un aparente abuso de autoridad.El joven fue detenido en compañía de un hombre tras intentar robar una camioneta de lujo, específicamente una Toyota Fortuner, a un hombre en la zona de Engativá, ubicada en la Avenida Ciudad de Cali con la calle 80.De acuerdo con el reporte de las autoridades, este menor de 15 años, después de ser judicializado, intentó fugarse en el carro del que sería su padrastro y fue allí, en medio de la fuga, que recibió el disparó en el pecho que terminó quitándole la vida. La procedencia del disparo aún se investiga.La familia de este joven de 15 años, en especial su madre, afirma que el disparo que mató al menor habría sido por un integrante de la Policía que intento evitar su fuga de la URI de Puente Aranda, por lo que exigen celeridad en la investigación.Le puede interesar:
El patrullero Anderson Javier Gil de 32 años, quien trabajaba en la estación de Policía de la localidad de Fontibón y quien ayer había sido capturado por la Sijin por un supuesto abuso sexual a una menor de 14 añosSegún relata el ‘Ojo de la Noche’, el uniformado angustiado por su captura y mientras tramitaban la papelería frente a la URI de Puente Aranda, desarmó a uno de sus compañeros que se encontraba en el lugar realizando otra judicialización y se quitó la vida.La Fiscalía realizó la inspección de los hechos y por el momento la Policía no se ha pronunciado sobre el caso.Por otro lado, los hechos que dejan la madrugada de este jueves 3 de agosto, una mujer de 57 años fue arrollada por un motociclista en la calle 68 con 68, la mujer está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San José Infantil, mientras que el responsable se escapó.Finalmente, en la localidad de Engativá fueron capturaros dos sujetos que se robaron un carro que pidieron por aplicación, en el momento que huían la Policía fue alertada y luego de una persecución los interceptaron y retuvieron.Escuche aquí el informe:
La Procuraduría General de la Nación prendió las alarmas porque el contrato que tiene la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC para suministrar la alimentación a todos los detenidos en las estaciones de Policía y las URI. Por esta razón, el ente de control expidió la Circular 001 de 2023 en la cual instaba al Gobierno nacional y a los gobernadores y alcaldes a informar sobre las alternativas y estrategias para garantizar el servicio de alimentación en las estaciones policiales.El próximo 31 de julio se termina el contrato para dar la alimentación a las personas privadas de la libertad y que correspondía a la Unidad de Servicios Penitenciarios, USPEC, pero, en una misión articulada entre La Procuraduría y el Ministerio de Justicia, lograron prorrogar hasta el 31 de octubre el suministro de los kits alimenticios, hasta ahora, por tres meses más, los presos tienen asegurado el servicio de alimentación.El Ministerio Público también advirtió sobre los disturbios de orden público que se pudieran dar si esto llegara a suceder, pues al vencerse el contrato con la USPEC, los presos quedarían desprotegidos en materia de alimentación. Aproximadamente hay 14.529 internos, recluidos en estaciones de Policía a nivel nacional que reciben su comida gracias a la esta entidad.En respuesta a estos requerimientos, el Ministerio de Justicia informó que se asegurará la alimentación de las personas privadas de la libertad en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata, URI, por parte de la USPEC hasta el 31 de octubre de 2023, en aquellos lugares en los cuales esta venía prestando el servicio.Asimismo, se buscará, a través de una iniciativa legislativa, dotar de funciones transitorias a la entidad para continuar prestando el servicio de alimentación para sindicados, hasta el 30 de junio de 2024, fecha en la cual, alcaldes y gobernadores deberán asumir este servicio en todo el país.En igual sentido, las agremiaciones de municipios y departamentos se comprometieron a trabajar con sus afiliados para concientizar a los mandatarios locales de la relevancia de esta problemática y a dejar plasmadas las obligaciones que tendrán que asumir los nuevos gobernantes.La alimentación de los presos sindicados es decir de las personas que llegan a las URI o estaciones de Policía, estaba a cargo de la USPEC, pero el año pasado, la Corte Constitucional extendió la declaratoria del “Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria”, en la que ordenó a las alcaldías y gobernaciones a que, en un plazo máximo de cuatro meses, debían asumir la alimentación de los detenidos. Después de más de un año esto aun no es una realidad.¿Cuál es el riesgo?Este contrato que tiene la USPEC para brindar alimentación vence este próximo 31 de julio y si eso pasa, más de 14.000 detenidos se quedarían sin la alimentación en sus lugares de detención.Al respecto el ministro de justicia, Néstor Osuna , ordenó que el contrato se extienda 3 meses más , es decir hasta el 31 de octubre, pero la Procuraduría buscará que puedan extender este contrato y que la entidad proporcionando este servicio hasta junio de 2024 para que las alcaldías y gobernadores puedan tener listo el plan para la alimentación de los detenidos.Le puede interesar:
Un total de ocho cadáveres, correspondientes a siete hombres y una mujer, fueron encontrados en dos fosas de una zona minera en el municipio Pucará, en la provincia andina del Azuay, situada en el sur de Ecuador, informó este domingo el jefe de la Policía, Pablo Inga.El hallazgo de los cadáveres mutilados tuvo lugar el sábado pasado en un campamento rústico, que podría estar vinculado a minería ilegal en una zona cercana al sector Huasipamba, a seis horas de la ciudad andina de Cuenca.En el sitio también se hallaron dos vehículos incinerados y la Policía investiga las circunstancias del hecho que dejó las ocho víctimas mortales y que, según los primeros testimonios de cercanos, estaban desaparecidas desde el pasado jueves.Las personas habrían muerto unas 48 horas antes del hallazgo, según datos preliminares de Criminalística.Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y a las que vincula, principalmente, al narcotráfico y a la minería ilegal.Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.
En Bogotá, el abandono de animales domésticos sigue siendo una problemática persistente. De acuerdo con datos de la Alcaldía y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, cada año miles de perros y gatos terminan en las calles, ya sea por decisiones impulsivas de sus dueños, dificultades económicas, cambios de vivienda o falta de compromiso frente a su cuidado.A pesar de que algunos de ellos terminan en refugios la gran mayoría de estos animales quedan expuestos al hambre, las enfermedades y, sobre todo, al peligro constante de las vías.En medio de ese panorama, surgen historias que dejan ver el riesgo que enfrentan perros y gatos que fueron abandonados, así como la capacidad de reacción de quienes deciden ayudar. Precisamente, un hecho de solidaridad ocurrió recientemente en un corredor vial de la capital del país, donde una perrita estuvo a punto de morir.Rescatan a perrita que casi muere aplastada por una volquetaUna perrita que habría sido abandonada deambulaba desorientada por la carrera Séptima en Bogotá, sin rumbo claro y expuesta al peligro constante de los vehículos que transitaban por el corredor.La situación se volvió crítica cuando, en cuestión de segundos, una volqueta estuvo a punto de arrollarla.El hecho generó tensión y tristeza entre quienes presenciaron la escena. Por lo que motociclistas, ciudadanos e incluso uniformados de la Policía decidieron ir a su rescate. Durante varios minutos trataron de interceptar a la perrita que corría en dirección contraria al tráfico de la vía y en varias direcciones.Las autoridades y los motociclistas tuvieron que detener a varios vehículos para evitar que fuera atropellada. Luego de un rato, se coordinaron y lograron interceptar a la perrita antes de que ocurriera una tragedia.La escena, que parecía terminar en fatalidad, se transformó en un rescate y la historia tuvo un giro inesperado.La perrita fue bautizada como Milagros y quedó bajo el cuidado de un ciudadano que pasaba con su carro por el lugar y decidió llevarla a casa, brindarle atención veterinaria y darle un nuevo comienzo.Según información difundida en redes sociales, el hombre está dispuesto a adoptarla definitivamente si ningún dueño aparece a reclamarla.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que seis integrantes de estructuras criminales fueron abatidos durante operaciones de la Fuerza Pública en los departamentos de Meta y Antioquia.La primera operación se desarrolló en el Meta, donde las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, alias ‘El Ruso’ o ‘el alemán’, cabecilla del Frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc. Junto a él murieron otros tres integrantes de esa estructura armada.‘El Ruso’ llevaba más de 21 años delinquiendo y tenía presencia principalmente en Arauca y Casanare. Sin embargo, labores de inteligencia establecieron que se encontraba en el Meta, hasta donde fueron desplegadas las tropas. El presidente señaló además que el cabecilla tenía experiencia en el manejo de explosivos y habría sido enviado para asumir el control del corredor entre los departamentos de Guaviare y Vichada.“La contundencia será nuestra línea frente a las estructuras que pretenden imponer violencia y afectar la tranquilidad de los colombianos. La Fuerza Pública seguirá actuando con determinación, dentro de la Constitución y la ley, para proteger la vida, recuperar el control territorial y garantizar la seguridad”, recalcó el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora.En Antioquia, tropas de la Séptima División, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía, abatieron en combate a dos integrantes del Clan del Golfo, uno de ellos señalado como cabecilla de esa organización. Los hechos ocurrieron en la vereda Liberia, en el municipio de Anorí.Durante esta operación fueron incautados seis fusiles y abundante material de guerra. De acuerdo con las autoridades, la estructura involucrada es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados que adelantaban operaciones en esa región.CapturasAdemás, en Necoclí, Urabá antioqueño, soldados de la Séptima División, en una operación conjunta con la Armada Nacional, capturaron a cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo. En el procedimiento fueron incautadas armas, municiones y material de inteligencia militar.Tras reportar los resultados, el presidente aseguró que las operaciones hacen parte de la estrategia para recuperar el control territorial y combatir a las organizaciones criminales. “Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente”, afirmó De La Espriella, quien agregó que los integrantes de estos grupos tienen como opciones someterse a la justicia o enfrentar la acción de la Fuerza Pública.El mandatario también felicitó a los militares, policías y demás integrantes de la Fuerza Pública que participaron en las operaciones y aseguró que no habrá tregua contra quienes, según dijo, pretendan atentar contra Colombia.
Un avión Airbus protagonizó una prueba inédita al permanecer 24 horas y 24 minutos en el aire, después de despegar de Melbourne, Australia, y aterrizar en Toulouse, Francia.El Airbus A350-1000ULR recorrió más de 23.000 kilómetros durante el trayecto, que comenzó el 28 de julio y terminó un día después en territorio francés.La particularidad del recorrido estuvo también en la ruta elegida. En lugar de tomar el trayecto directo hacia el oeste, que habría sido de aproximadamente 17.000 kilómetros, la aeronave realizó un recorrido mucho más extenso sobre el Pacífico.¿Cómo fue la ruta del vuelo de 24 horas?El avión tomó dirección noreste sobre el Pacífico y posteriormente atravesó Estados Unidos y Canadá. Después cruzó el océano Atlántico y continuó hacia el sur sobre el Reino Unido antes de llegar a Toulouse.De acuerdo con el mensaje difundido por la compañía aérea, durante el recorrido el Airbus pasó por tres continentes y dos océanos y alcanzó a experimentar dos amaneceres y dos atardeceres.La ruta fue diseñada deliberadamente para llevar al avión al límite de permanencia en el aire y extender la duración de la prueba.¿Quiénes viajaron en el Airbus A350-1000ULR?Aunque se trató de un avión comercial de pasajeros, el vuelo no transportó pasajeros con boleto.A bordo viajaron cuatro pilotos de prueba de Airbus y cinco ingenieros, además de más de cinco toneladas de instrumentación.El avión llevaba aproximadamente 1.000 sensores, destinados a registrar diferentes aspectos de su comportamiento durante las 24 horas de vuelo.El recorrido supera la duración del anterior récord mencionado en la información suministrada. En 2005, un Boeing 777-200LR había completado un vuelo de 22 horas y 42 minutos.¿Para qué se realizó este vuelo?El Airbus A350-1000ULR fue desarrollado específicamente para el Project Sunrise de Qantas, iniciativa con la que la aerolínea busca conectar Sídney y Londres sin escalas a partir de octubre de 2027.El vuelo entre Melbourne y Toulouse forma parte de las pruebas relacionadas con las capacidades de la aeronave para realizar trayectos de duración extrema.La certificación oficial del récord todavía está pendiente. Sin embargo, la aeronave ya completó un recorrido de 24 horas y 24 minutos sin aterrizar.
Las Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Hernando Forero Mosquera, conocido con el alias de ‘El Ruso’, señalado como uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc y responsable del Frente 28 José María Córdoba, confirmó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Aunque ‘El Ruso’ desarrollaba actividades delictivas principalmente en el departamento de Arauca y Casanare, inteligencia militar logró establecer que se encontraba en el Meta. Hasta ese departamento se desplegaron las operaciones que terminaron con su muerte, aunque hasta el momento no se ha precisado el lugar de los hechos.El mandatario detalló que el cabecilla era experto en el manejo de explosivos y fue enviado para asumir el mando en los límites entre Guaviare y Vichada.Además de alias ‘Ruso’ en la operación fueron neutralizados otros tres guerrilleros.Forero Mosquera era considerado cercano a alias ‘Antonio Medina’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc que delinquen en Arauca y Casanare y que hacen parte del grupo de alias ‘Iván Mordisco’.Esta operación se produjo durante el primer fin de semana del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, en el marco de la ofensiva anunciada por su administración contra los grupos armados y organizaciones criminales.Con la muerte de ‘El Ruso’ se confirma el segundo cabecilla neutralizado en menos de 48 horas, el primero alias ‘Bonito’, quien fue detenido en Guamal, Meta. Era el segundo al mando de ‘Comandos de la Frontera’, grupo criminal que nació de la ‘Segunda Marquetalia’, otra de las varias disidencias de las Farc.
