La Personería de Bogotá reveló que la sobreocupación en las estaciones de Policía y en las Unidades de Reacción Inmediata de la capital se encuentra en el 158,6 %. De acuerdo con el informe, en total hay 3.174 personas retenidas, aun cuando su capacidad máxima está en 1.227.
Por un lado, las estaciones en Bogotá apenas pueden albergar como máximo a 775 personas. Sin embargo, al 30 de abril de 2024, se tiene registro de que hay 2.348 privados de la libertad, lo que significa una sobreocupación del 202,9 %.
Entre los casos más críticos se encuentra la estación de Usaquén, donde apenas puede albergar a 10 personas y cuenta con 85, lo que representa un hacinamiento del 750 %. Le siguen Kennedy con 517 %, Bosa con 511 %, Usme llega al 400 %, Ciudad Bolívar está en 348 %, San Cristóbal en 346 %, la Terminal se encuentra sobre el 330 %, Rafael Uribe en 238 %, La Candelaria llega al 237 % y Suba, donde hay una sobreocupación del 223 %.
Por otro lado, la situación en las URI está bajo un contexto similar. El complejo de Puente Aranda tiene actualmente a 821 personas hacinadas, cuando su capacidad máxima es de 452. En las demás ubicadas por el resto de la ciudad (La Granja, Kennedy, Ciudad Bolívar, Campo Verde-Bosa y Usaquén) no hay ningún privado de la libertad.
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“En estos lugares hay 555 condenados, que tendrían que estar en centros penitenciarios, pero algunos llevan cerca de 4 años. Además, se encontraron 53 personas con detención domiciliaria, que permanecen allí, cuando tendrían que estar en su lugar de residencia”, afirmó el comunicado de la Personería.
A lo anterior hay que sumarle que, del total de las personas que se encuentran hacinadas en las estaciones de Policía y en las URI de Bogotá, 511 son de nacionalidad extranjera, 66 con sentencia condenatoria.
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Además de la sobreocupación, los detenidos han denunciado problemas con el acceso a la comida, atención precaria en salud y negligencias en los procesos judiciales.
Frente a lo anterior, la Personería de Bogotá le pidió al Ministerio de Justicia y al Inpec asumir la responsabilidad de las personas condenadas y, asimismo, trasladar a quienes tengan casa por cárcel para reducir la sobreocupación de estas personas en la capital.
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