La Procuraduría General de la Nación prendió las alarmas porque el contrato que tiene la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC para suministrar la alimentación a todos los detenidos en las estaciones de Policía y las URI. Por esta razón, el ente de control expidió la Circular 001 de 2023 en la cual instaba al Gobierno nacional y a los gobernadores y alcaldes a informar sobre las alternativas y estrategias para garantizar el servicio de alimentación en las estaciones policiales.
El próximo 31 de julio se termina el contrato para dar la alimentación a las personas privadas de la libertad y que correspondía a la Unidad de Servicios Penitenciarios, USPEC, pero, en una misión articulada entre La Procuraduría y el Ministerio de Justicia, lograron prorrogar hasta el 31 de octubre el suministro de los kits alimenticios, hasta ahora, por tres meses más, los presos tienen asegurado el servicio de alimentación.
El Ministerio Público también advirtió sobre los disturbios de orden público que se pudieran dar si esto llegara a suceder, pues al vencerse el contrato con la USPEC, los presos quedarían desprotegidos en materia de alimentación. Aproximadamente hay 14.529 internos, recluidos en estaciones de Policía a nivel nacional que reciben su comida gracias a la esta entidad.
En respuesta a estos requerimientos, el Ministerio de Justicia informó que se asegurará la alimentación de las personas privadas de la libertad en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata, URI, por parte de la USPEC hasta el 31 de octubre de 2023, en aquellos lugares en los cuales esta venía prestando el servicio.
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Asimismo, se buscará, a través de una iniciativa legislativa, dotar de funciones transitorias a la entidad para continuar prestando el servicio de alimentación para sindicados, hasta el 30 de junio de 2024, fecha en la cual, alcaldes y gobernadores deberán asumir este servicio en todo el país.
En igual sentido, las agremiaciones de municipios y departamentos se comprometieron a trabajar con sus afiliados para concientizar a los mandatarios locales de la relevancia de esta problemática y a dejar plasmadas las obligaciones que tendrán que asumir los nuevos gobernantes.
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La alimentación de los presos sindicados es decir de las personas que llegan a las URI o estaciones de Policía, estaba a cargo de la USPEC, pero el año pasado, la Corte Constitucional extendió la declaratoria del “Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria”, en la que ordenó a las alcaldías y gobernaciones a que, en un plazo máximo de cuatro meses, debían asumir la alimentación de los detenidos. Después de más de un año esto aun no es una realidad.
¿Cuál es el riesgo?
Este contrato que tiene la USPEC para brindar alimentación vence este próximo 31 de julio y si eso pasa, más de 14.000 detenidos se quedarían sin la alimentación en sus lugares de detención.
Al respecto el ministro de justicia, Néstor Osuna , ordenó que el contrato se extienda 3 meses más , es decir hasta el 31 de octubre, pero la Procuraduría buscará que puedan extender este contrato y que la entidad proporcionando este servicio hasta junio de 2024 para que las alcaldías y gobernadores puedan tener listo el plan para la alimentación de los detenidos.
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