Blu Radio revela los detalles de la investigación disciplinaria de la Procuraduría contra el general del Ejército Walther Adrián Giraldo Jiménez, contra dos coroneles, un capitán, un teniente y otros tres militares por la masacre de 11 civiles en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, el 28 de marzo de 2022.El general Giraldo es el actual comandante de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército, con jurisdicción en varios municipios y corregimientos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander. Según la Procuraduría, la operación militar tenía como objetivo dar de baja a alias 'Bruno', cabecilla de comisión de las disidencias autodenominadas como Comandos de Frontera.De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría, a las 7:13 de la mañana del 28 de marzo de 2022, “los soldados en el área de operaciones, previa autorización del mando, entraron en combate con GAO-r 48”.En este punto viene la clave de la investigación disciplinaria, pues según el Ministerio Público, los soldados entraron en ese combate “sin discriminar los blancos”, produciendo la muerte de 11 civiles y causando heridas a otros cinco, “afectados por el actuar del Ejército Nacional”.Lo que sigue es grave, porque de acuerdo con los investigadores del Ministerio Público, “una vez culminado el enfrentamiento”, los militares “procedieron a modificar la escena del crimen agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.De igual forma, el Ministerio Público encontró que los militares que participaron en la operación, “trasladaron los cuerpos de su posición, previo al respectivo estudio por parte de la policía judicial”.Dentro de las pruebas que ordena practicar la Procuraduría para adelantar la investigación, está el informe que en su momento le pidió el entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, al general Carlos Iván Moreno, sobre lo sucedido.Además, la Procuraduría ordenó escuchar en declaración juramentada al general Juan Carlos Correa Consuegra, actual inspector general del Ejército y quien en su momento había defendido el operativo llevado a cabo en Putumayo.En su momento, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, incluso tuvo que defenderse en el Congreso en un debate de moción de censura, en el que ratificó la legalidad de la operación y dijo que las 11 personas muertas fallecieron en una operación contra el narcotráfico.Incluso, en Twitter, el entonces ministro Diego Molano le respondió a Gustavo Petro: “@COL_EJERCITO informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. #PetroEmbustero de qué lado está? #OperacionLegitima”
Una fuerte conflagración alarmó a los habitantes en el municipio de Galapa, concretamente en la Zona Franca Zofía.Sobre el hecho, el cuerpo de Bomberos de Barranquilla informó que logró controlar un incendio que se presentó dentro de una empresa dedicada a la fabricación de productos plásticos en ese municipio del Atlántico. El hecho solo dejó pérdidas económicas, expresaron los funcionarios.Precisamente Oben Group es la empresa ubicada en la Zona Franca Zofia, donde se presentó la conflagración al final de la tarde de este sábado, confirmó el teniente Edwin Pacheco, del cuerpo de Bomberos de Barranquilla.Dijo Pacheco que el incendió se logró controlar hacia las 9:15 de la noche gracias al trabajo mancomunado de los bomberos de Galapa, en conjunto con los de Barranquilla.“Fuimos alertados de la situación por los bomberos de Galapa, por lo que dispusimos tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Nos concentramos en salvaguardar la vida de las personas que estaban allí. A las 9:15 de la noche ya la situación estaba totalmente controlada”.Autoridades de Galapa informaron que algunos empleados de la empresa fueron trasladados a centros asistenciales por la inhalación de humo, pero por fortuna no hubo víctimas fatales que lamentar. Igualmente, las causas exactas que originaron el incendio están siendo investigadas por Bomberos Barranquilla.La empresa Oben Group se dedica a la producción de películas de polipropileno, poliéster y nylon utilizados como materia prima para diferentes sectores industriales.
Las autoridades de la capital de Antioquia refuerzan el llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención durante la actual temporada de verano por la llegada del fenómeno de ‘El Niño’, luego de que en las últimas semanas se registraron varios incendios que pusieron en riesgo la cobertura vegetal, los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad de la ciudad. "Estamos experimentando una condición climática caracterizada por la reducción prolongada de las lluvias y el aumento de la temperatura en la ciudad. Es fundamental que entre todos prevengamos la ocurrencia de incendios dentro de nuestras áreas naturales y, en general, en la ciudad", señaló Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín.Para reducir el riesgo de conflagraciones, el Distrito recomienda evitar la quema de basura, hojas, escombros o residuos vegetales; no hacer fogatas en zonas verdes, bosques o áreas rurales; no arrojar colillas de cigarrillo, fósforos u otros elementos inflamables; evitar la liberación de globos y no abandonar botellas, plásticos o vidrios en espacios naturales."No generar fogatas ni dejar colillas o elementos que puedan iniciar un incendio. Por las temperaturas y por la resequedad que tenemos, por la falta de lluvia, se pueden propagar fácilmente", indicó la funcionaria.El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) con el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín tienen previsto un plan de contingencia para abordar el fenómeno de los incendios forestales. También, las nueve estaciones de bomberos con que cuenta la ciudad monitorean e inspeccionan zonas boscosas y de ladera.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a 10 presuntos integrantes de una organización narcotraficante señalada de instrumentalizar a mujeres en condición de vulnerabilidad para transportar cocaína y marihuana hacia varios destinos internacionales.De acuerdo con la investigación, la estructura criminal tenía injerencia en Medellín y en el departamento de San Andrés, desde donde coordinaba el envío de estupefacientes ocultos en el cuerpo de jóvenes reclutadas para viajar a países como España, Países Bajos, Alemania, México y República Dominicana.Además, las pesquisas permitieron establecer que parte de la droga también era ingresada a centros penitenciarios del país y que, incluso, causando la muerte de una de las víctimas.Entre los judicializados se encuentran Carlos Gary Ruiz Taborda, conocido con el alias de 'El Mago', señalado como el presunto cabecilla de la organización; Xiomara Andrea Ruiz Taborda; Humberto Gallardo Hudgson, alias 'El Negro'; Sergio Alexander Quimbay Castro; Jessica Murillo Álvarez; Marly Marcela Chacón Saldarriaga; Margarita María Tamayo Valencia, alias 'Margara'; María Salomé González, alias 'Salo'; Leidy Estefanía Castro Arango; y Valentina Suaza Holguín, alias 'Mochita'.Las autoridades establecieron que alias 'Margara' sería la encargada de ubicar y convencer a las mujeres para participar en la actividad ilícita, mientras que alias 'Salo' y alias 'Mochita' presuntamente transportaban pequeñas cantidades de droga a establecimientos carcelarios. Por su parte, alias 'El Negro' habría coordinado la adquisición de los estupefacientes y los envíos desde San Andrés hacia el exterior.Según las autoridades, permitió documentar hechos ocurridos entre 2022 y junio de 2026, y por ello un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los procesados, quienes fueron imputados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
A 24 años de la masacre de Bojayá, la Defensoría del Pueblo afirmó que el reconocimiento de responsabilidad del Estado y las excusas públicas representan un paso importante para las víctimas, pero advirtió que aún persisten deudas en materia de verdad, justicia y garantías de no repetición.Durante el acto realizado en el antiguo Bellavista, en Bojayá (Chocó), la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, recordó que el Estado no respondió de manera oportuna para proteger a la población civil en mayo de 2002, cuando era previsible el enfrentamiento entre grupos armados ilegales.Señaló también que las advertencias sobre el riesgo habían sido emitidas por la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y otras entidades, pero las medidas adoptadas fueron tardías e insuficientes.La masacre, ocurrida en medio de los combates entre las extintas Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dejó más de cien víctimas mortales y provocó el desplazamiento forzado de cerca de 10.000 personas, convirtiéndose en uno de los hechos más graves del conflicto armado colombiano.La Defensoría reconoció que en los últimos años se han desarrollado procesos de reparación individual y colectiva, ejercicios de memoria histórica y acciones para fortalecer las instituciones y las comunidades. Sin embargo, sostuvo que todavía existen rezagos importantes para garantizar plenamente los derechos de las víctimas, especialmente en el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia y la implementación de medidas que eviten que hechos similares vuelvan a ocurrir.La entidad también alertó que las comunidades afrocolombianas e indígenas de Bojayá y Vigía del Fuerte continúan enfrentando riesgos por la persistencia y transformación del conflicto armado. Según explicó, las nuevas dinámicas de violencia no solo afectan a las personas de manera individual, sino que también ponen en riesgo la vida comunitaria, los procesos organizativos y las formas de gobierno propio de estos territorios.En ese contexto, la Defensoría hizo un llamado especial tanto al Gobierno saliente como al entrante para fortalecer las oportunidades dirigidas a la niñez y la juventud. También solicitó a las alcaldías, las gobernaciones de Chocó y Antioquia y al Ministerio del Deporte trabajar de manera conjunta en planes estratégicos que contribuyan a ofrecer alternativas y prevenir riesgos como el reclutamiento de menores por grupos armados.El acto de reconocimiento contó con la participación de representantes de los ministerios de Defensa, del Interior y del Deporte, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), integrantes de las Fuerzas Militares, autoridades locales, organismos internacionales y representantes diplomáticos.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Yotoco, Jorge Humberto Tascón Ospina, por presuntamente incumplir con la obligación legal de publicar su declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta durante el periodo en que ejerció como mandatario.La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga, que señaló que el exalcalde de Yotoco, Valle del Cauca, habría omitido cargar esta información en el aplicativo de Integridad Pública durante su administración entre 2020 y 2023, como lo establece la Ley 2013 de 2019.De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta omisión representa un posible incumplimiento de los deberes de transparencia que deben observar los servidores públicos, al no divulgar la información patrimonial y de posibles conflictos de interés exigida por la normativa vigente.Por estos hechos, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Jorge Humberto Tascón Ospina y, de manera provisional, calificó la conducta como una falta disciplinaria grave cometida a título de culpa gravísima.El proceso disciplinario continuará con las etapas previstas por la ley para determinar la responsabilidad del exmandatario y adoptar la decisión correspondiente.
