La actriz Zoraida Gómez interpretó a José Luján en la famosa serie adolescente RBD, en donde su personaje consistía en ser una de las mejores amigas de ‘Roberta’, quien fue interpretada por Dulce María. Luego de diez años del estreno de la famosa serie, la actriz sigue en el mundo de la televisión y en sus redes sociales vive compartiendo una de sus pasiones, que es el ejercicio. Por medio de su red social Instagram ha publicado bastantes fotografías en las que se ve el asombroso cambió que tuvo Zoraida gracias a su dedicación.
A partir de noviembre, los usuarios de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira pagarán 63 pesos más por cada kilovatio hora consumido, pues este pasó de 873 a 936 pesos; lo que se traduce en un incremento del 7% en el valor de la tarifa y un nuevo golpe al bolsillo de los ciudadanos que ya están viéndose, además, afectados por las sanciones por un mayor consumo.Al respecto, la intervenida empresa asegura que el aumento se deriva de la reducción en los niveles de los embalses que abastecen el sistema energético del país en medio del Fenómeno de El Niño. Air-e afirma que esto hace parte de un plan de la Creg, con el cual se incrementó el nivel de generación térmica, aun siendo esta más costosa, para atender la demanda y al mismo tiempo preservar el agua almacenada en los embalses.Así, Air-e afirma que el ajuste responde a las necesidades de operación frente al fenómeno climático y que, al ser una medida transitoria a nivel nacional, esta se verá reflejada en el componente de restricciones de las comercializadoras de todo el país, pero de manera temporal, pues acabará cuando el nivel de los embalses se encuentre en condiciones que aseguren la confiabilidad del sistema.Por tanto, asegura Air-e que trabaja fuertemente para ampliar las compras de energía mediante contratos bilaterales con los generadores, para reducir la exposición a las variaciones del mercado de bolsa.La compañía también invitó a los usuarios residenciales, comerciales e industriales a adoptar hábitos responsables de consumo, que moderen la demanda y contribuyan al uso eficiente de los recursos disponibles durante esta temporada de El Niño.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que las mujeres que denuncian una presunta red de contratos estatales a cambio de servicios sexuales durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro deben recibir credibilidad y respaldo institucional, mientras las autoridades competentes verifican los hechos. En entrevista con Mañanas Blu, la funcionaria calificó el caso como “una denuncia muy delicada” y señaló que, si se confirma, sería “extremadamente grave”.Marín evitó adelantar conclusiones sobre la veracidad de los señalamientos, pero insistió en que el país tiene derecho a conocer lo ocurrido. Su pronunciamiento se produce en medio de las investigaciones abiertas por distintas instancias judiciales tras la difusión pública de testimonios y documentos relacionados con contratos en entidades del Estado.Defensoría del Pueblo pide credibilidad para las mujeres denunciantesLa defensora recordó la postura que ha mantenido la entidad frente a este tipo de casos: “Siempre la Defensoría del Pueblo ha sido de la posición de creerles, especialmente a las mujeres, en estas situaciones”.En ese sentido, pidió acompañar a las denunciantes durante el proceso: “Hay que darle toda la credibilidad y respaldo para que se verifique si efectivamente hubo esta correlación”.Marín se refirió así a la relación entre los contratos y los presuntos encuentros, un punto que considera central en la investigación. Según explicó, aunque la información pública indica que los contratos existieron, eso por sí solo no demuestra que hubieran sido entregados como contraprestación: “La existencia de los contratos, que parece ser por la información pública que es real, no comprueba que el contrato hubiera sido la contraprestación”.Las preguntas clave de la investigaciónLa funcionaria planteó dos aspectos que, a su juicio, deben esclarecer las autoridades. El primero es si existió un vínculo entre la contratación y los servicios sexuales denunciados. El segundo, en caso de confirmarse lo anterior, es determinar si hubo alguna forma de explotación sexual o si las mujeres conservaron en todo momento su libertad frente a esos encuentros.“Estos dos elementos son fundamentales, porque si se llega a comprobar, podríamos estar hablando de situaciones de violencia de género, alimentados por recursos públicos al más alto nivel del Estado, y sería extremadamente grave”, sostuvo.Pese a la gravedad de los señalamientos, la defensora fue enfática en la necesidad de esperar los resultados de las investigaciones: “No quiero anticiparme. Justamente son las instituciones competentes quienes tienen que actuar con toda la celeridad para no anticiparnos a los resultados. Pero sí tenemos derecho a saber qué fue lo que ocurrió”.También advirtió que resulta difícil pronunciarse de fondo “sin que las autoridades hayan revisado todos estos documentos de testimonio” que se hicieron públicos en medios de comunicación.La denuncia de Deicy Jiménez y las 48 mujeres en el DapreEl caso tomó fuerza el domingo 25 de octubre, con el testimonio de Deicy Jiménez, una joven de 26 años que denunció que el exmandatario habría utilizado contratos estatales para retribuir encuentros íntimos con mujeres y aseguró que ella misma formó parte de esa dinámica. La entrevista fue publicada por la revista Semana. La denunciante afirmó que tuvo contratos durante cinco años en el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.Días antes, el miércoles 21 de octubre, en la Comisión Segunda del Senado, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, anunció que el Gobierno De la Espriella denunciaría ante la justicia que Petro habría instrumentalizado a 48 mujeres vinculadas al Dapre. Tras estas revelaciones, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar las denuncias y, dentro de las primeras actuaciones previstas, citará a declarar a Angie Rodríguez y Laura Sarabia, quienes estuvieron al frente del Dapre. Por su parte, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio una denuncia contra la excongresista María José Pizarro y el expresidente Gustavo Petro, cuyos hechos se remontan al periodo en el que Petro ejercía como congresista. Además, la Comisión de Acusación recibió denuncias del Instituto Anticorrupción y de la Red de Veedurías Ciudadanas, aunque aún no hay investigación formal contra el expresidente.La respuesta del expresidente PetroEl exmandatario ha negado los señalamientos. Petro respondió en una carta extensa en la que niega haber pagado alguna vez por un favor sexual y, en un comunicado, aseguró que hay una operación en su contra por parte del actual gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre tanto, el presidente De la Espriella ordenó al ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino, activar una ruta de protección para la joven que presentó la denuncia.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante el riesgo inminente que están corriendo las comunidades de la zona rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca, por las confrontaciones que se registran en 17 corregimientos entre el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y el ELN. Estas constantes disputas están poniendo en riesgo a más de 60.000 habitantes, pertenecientes a diferentes comunidades, entre ellas indígenas y afrodescendientes, vulnerando sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, al exponerlos a diferentes escenarios de violencia.Según la Defensoría, el frente Luis Carlos Cárdenas del ELN ha fortalecido su presencia en el municipio desde el mes de junio de este año, instalándose principalmente en la zona aledaña a la carretera Simón Bolívar, conocida como la antigua vía al mar. Este grupo armado afecta a los habitantes de El Queremal, El Danubio, La Elsa y La Cascada.Por su parte, el grupo más extendido en el territorio es el frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de 'Iván Mordisco', pues se ha evidenciado su accionar en 13 corregimientos de Dagua: Juntas, Cisneros, Loboguerrero, Zabaletas, El Naranjo, Zelandia, Los Cristales, Providencia, El Palmar, Los Alpes, Santa María, El Limonar y Jiguales.El evidente riesgo que corren estas comunidades se evidencia en el incremento de hechos violentos en la zona rural de Dagua, por ejemplo, entre los meses de junio y julio, al menos cinco personas fueron asesinadas por señalamientos de presuntas colaboraciones con estos grupos armados. También los constantes retenes ilegales hacen que por varios días la comunidad se confine o incluso se desplace, buscando mayor seguridad.La recopilación de estos datos por parte de la Defensoría, impulsa a realizar un llamado para tomar acciones de seguridad inmediata en este territorio tanto por parte de las autoridades como de la Fuerza Pública, para restablecer el orden público garantizando los derechos de las comunidades de estos 17 corregimientos.
Al menos 30 personas fallecieron este miércoles 28 de octubre tras un choque entre dos trenes de alta velocidad en Urda, provincia de Toledo, España. Las primeras hipótesis sobre las causas apuntan a un posible error humano en el centro de control ferroviario, tras una falla en el sistema de señalización.El accidente involucró a la compañía privada Iryo y a un tren de Renfe, la empresa ferroviaria estatal. El choque se produjo a las 8:54 de la mañana, hora de España, en un tramo de la línea que conecta Madrid con Andalucía. Tras el siniestro, la circulación fue suspendida mientras los equipos de emergencia atienden a los pasajeros y adelantan las labores de rescate.¿Por qué habría ocurrido el choque de trenes?De acuerdo con las primeras hipótesis divulgadas por el Gobierno español, el accidente estaría relacionado con una falla en el sistema automatizado de seguridad ferroviaria y una posible equivocación durante el cambio a un procedimiento manual.El sistema LZB, encargado de controlar la circulación de trenes de alta velocidad, habría presentado fallas durante la mañana. Ante esta situación, el problema habría obligado a detener varios convoyes y llevado al centro de control a operar de manera manual.Según información de medios españoles, el tren de Iryo no habría conseguido reanudar la marcha y quedó detenido en la vía. Pese a ello, el controlador del centro de Atocha habría dado la orden al tren de Renfe de continuar su recorrido con normalidad.Poco después, el convoy de Renfe chocó por detrás contra el tren de Iryo. Sin embargo, las circunstancias de la falla siguen bajo investigación para esclarecer lo ocurrido este miércoles.¿Qué se sabe de las víctimas del accidente de trenes?El balance inicial reporta al menos 30 personas fallecidas, aunque las autoridades temen que la cifra aumente. Los trenes sufrieron daños y varios vagones terminaron en un terraplén.Los servicios de emergencia de Castilla-La Mancha desplegaron bomberos, tres helicópteros y dos unidades móviles de cuidados intensivos para atender a los afectados y apoyar las labores de rescate.Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informó de la interrupción del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La circulación permanecerá suspendida mientras se atiende la emergencia y se evalúan las condiciones para restablecer el tránsito ferroviario.Aunque las primeras versiones señalan un posible error humano, las causas del choque continúan bajo investigación. Se espera que las autoridades entreguen información oficial sobre el siniestro.
Las labores de búsqueda de Jeider Johan Hernández, de 23 años, continúan en Santander, luego de que el joven fuera arrastrado por la corriente del río Suárez cuando caminaba por un sector inundado en el municipio de Barbosa.Los organismos de socorro mantienen activo el operativo de rastreo en este afluente, mientras avanzan las labores para establecer su paradero. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa retomó las tareas de búsqueda en una nueva jornada, sin que hasta el momento se haya logrado localizar al joven.Ante la dificultad de las operaciones, el alcalde de Socorro, José Domingo Cortés, hizo un llamado a las comunidades que viven cerca de los ríos Suárez, Chicamocha y Sogamoso para que estén atentas y reporten cualquier información que pueda contribuir a encontrarlo.Según explicó el mandatario, “se han realizado recorridos a pie y sobrevuelos con drones, con apoyo técnico, para ampliar el área de rastreo. Sin embargo, los esfuerzos no han permitido dar con el paradero de Hernández”, dijo el mandatario.“Queremos decirle a todos los ribereños del río Suárez, del río Chicamocha y del río Sogamoso que nos ayuden a buscarlo”, manifestó Cortés, al recordar que el río Suárez desemboca en el Chicamocha y que las aguas de este último llegan al río Sogamoso, por lo que la búsqueda requiere atención en distintos puntos del recorrido fluvial.Las labores se desarrollan en medio de las dificultades que representan las condiciones del río y la fuerza de la corriente, factores que complican el rastreo.
