La esposa del exgobernador fue condenada a 70 meses, pero por haber aceptado los cargos, la pena fue rebajada en 50 %, es decir, pagará 35 meses de prisión por lo cual quedará bajo libertad condicional. “La señora fue condenada a menos de 4 años de prisión porque es un delito que tiene aproximadamente 8 años de prisión y al momento de aceptar los cargos tiene derecho a una rebaja de hasta la mitad de la pena y en este caso la juez le entregó la mitad como rebaja y eso, de acuerdo a la ley, por no tener antecedentes penales, le hace merecedora a la libertad condicional”, explicó Valbuena. Además, anunció que apelará la condena, pues “la Fiscalía considera que estos delitos son graves y la situación de corrupción e intentar manipular las investigaciones judiciales resulta siendo de gravedad”. El fiscal aseguró que lograron demostrar que Rozo hizo varias llamadas cuando el CTI inició los allanamientos, para que quienes trabajaban para ella ocultaran varios documentos de prueba. Cabe recordar que Luz Zoraida Rozo fue condenada por los delitos de ocultamiento y obstrucción a la justicia. Sobre el proceso al exgobernador Álvaro Cruz, el fiscal delegado ante la Corte Suprema dijo que ya el implicado aceptó los cargos, por lo que ya fue citado para el próximo 14 de marzo para recibir la respectiva condena del juez. Reveló que la Fiscalía General de la Nación solicitará 20 años de prisión para el exgobernador Álvaro Cruz que por rebaja de pena llegaría a 10 o 12 años de prisión efectiva.
La Sala Especial de Instrucción abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda Castro para determinar si se presentaron irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico, realizada en octubre de 2025. El magistrado Francisco Farfán es el ponente del proceso.La consulta tuvo como propósito definir al candidato presidencial de la colectividad, en la que Iván Cepeda obtuvo cerca del 65,1 % de los votos, superando a la exministra y senadora Carolina Corcho. Ahora, la Sala busca establecer si los recursos utilizados para financiar esa consulta cumplieron con las normas establecidas. El despacho ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y la recepción de declaraciones.Con estas actuaciones, la investigación pretende establecer qué ocurrió con la financiación de la consulta y determinar si existe alguna responsabilidad por parte del senador Iván Cepeda. Por ahora, se trata de una indagación previa y su apertura no significa que el congresista haya sido declarado responsable.Los hechos están relacionados con recursos reportados como contribuciones o donaciones entregadas por Javier Antonio Pérez Páez y la empresa Samat Publicidad SAS. En el primer caso, se reportaron 116 millones de pesos, mientras que en el segundo fueron 609 millones.Sobre estos recursos ya se había pronunciado el Consejo Nacional Electoral. En enero pasado, el organismo decidió no investigar a Cepeda por estos hechos, al considerar que las inconsistencias correspondían a la forma en que fueron reportados los ingresos y gastos de la consulta.
La Fiscalía General de la Nación imputó a Laura Camila Sarabia Torres, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y exembajadora de Colombia en Reino Unido, como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, dentro de la investigación relacionada con el procedimiento de polígrafo practicado a su exniñera Marelbys Meza en enero de 2023.Durante la audiencia, el ente investigador notificó además a Sarabia de un cargo por el delito de peculado por uso, relacionado con la utilización de bienes y recursos públicos para la realización de la prueba de polígrafo. La investigación se originó después del hurto de dinero en efectivo que se encontraba en una maleta en la vivienda de Sarabia. Posteriormente, Marelbys Meza fue trasladada a unas oficinas del Dapre, ubicadas en el edificio Galán, para ser sometida a una prueba de polígrafo.De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, Sarabia habría ordenado al coronel Carlos Alberto Feria que se practicara la prueba a Meza. El ente investigador sostiene que, al impartir esta instrucción, la entonces jefa del despacho presidencial habría excedido sus competencias funcionales para resolver un asunto de carácter personal.La Fiscalía explicó durante la audiencia que las pruebas de confiabilidad o poligrafía eran utilizadas como una herramienta técnica para decisiones institucionales relacionadas con la credibilidad y confiabilidad del personal que rodeaba al presidente de la República. Por esa razón, sostuvo que ese procedimiento no podía extenderse a una empleada particular con un propósito diferente al institucional.El ente investigador también fundamentó el delito de constreñimiento ilegal agravado en la relación laboral existente entre Sarabia y Meza. Según la Fiscalía, la entonces funcionaria habría utilizado la posición de poder derivada de esa relación y la dependencia económica de su empleada para que aceptara someterse a la prueba. La fiscal señaló que Meza conocía la posición de Sarabia dentro del Gobierno y que la relación laboral representaba para ella un trabajo estable y su principal sustento económico. Bajo esa hipótesis, la Fiscalía considera que estas circunstancias habrían incidido en la decisión de Meza de acceder al procedimiento.En cuanto al peculado por uso, la Fiscalía sostuvo que el delito se habría configurado porque recursos y bienes públicos fueron utilizados para una actividad particular y ajena a las funciones legales para las cuales estaban destinados. El ente investigador indicó que el 30 de enero de 2023, aproximadamente a las 2 de la tarde, Meza fue trasladada por personal asignado a la seguridad de Sarabia a las oficinas del Dapre para la realización del polígrafo, procedimiento que habría durado entre tres y cuatro horas.La inclusión de este último delito fue cuestionada durante la audiencia por el exfiscal Mario Iguarán, integrante de la defensa de Sarabia. Iguarán manifestó que el cargo les resultó sorpresivo porque, según explicó, durante acercamientos previos con la Fiscalía se habría discutido la posibilidad de un preacuerdo y se les había indicado que, después de los análisis correspondientes, no había elementos para hablar de un peculado por uso.“Por eso nos pareció sorpresivo, incoherente, ininteligible”, afirmó Iguarán, quien también pidió precisión sobre la relación entre el delito de abuso de función pública y la nueva imputación por peculado. La Presidencia de la República solicitó ser reconocida como víctima dentro de la actuación, petición que fue avalada durante la audiencia. En contraste, la jueza primera de control de garantías no reconoció como víctimas a Marelbys Meza y Fabiola Perea ni a la fiscal Marbel Morales dentro de esta imputación.La Fiscalía aclaró que, por ahora, Sarabia no está siendo vinculada en esta actuación por las interceptaciones de las líneas telefónicas de Meza y Perea ni por las actuaciones relacionadas con la presunta inducción en error a la fiscal Marbel Morales.La audiencia se retomará a las 2 de la tarde, momento en el que se establecerá si Laura Sarabia acepta o no los cargos formulados por la Fiscalía.
En medio de su visita a Cartagena, en donde se identificaron algunos de los proyectos estratégicos que requiere la ciudad en materia de movilidad y medio ambiente, la ministra de transporte Elsa Noguera pidió acelerar las obras de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.La ministra Noguera hizo un llamado a OINAC, concesionario del aeropuerto, para que se trace un plan concreto que permita “destrabar” la obra y avanzar en su ejecución.“Cartagena es una de las principales puertas de entrada del turismo internacional a Colombia y merece una terminal a la altura de su importancia. Necesitamos resultados, un mayor ritmo de ejecución y mejores condiciones para los pasajeros”, sostuvo.Desde Cartagena, la jefe de la cartera de transporte, a su vez, anunció la instalación de una mesa de alto nivel para hacer seguimiento a temas como la entrega de vías y andenes por parte del Distrito, la modificación de la licencia ambiental de la ANLA y la reubicación de la oficina de taxistas, que serían fundamentales para el avance de la obra.“Desde el Ministerio de Transporte instalaremos una mesa de alto nivel con la ANI, el concesionario, la ANLA, la Aerocivil, Cardique y la Alcaldía de Cartagena para destrabar los temas pendientes, pero quiero ser muy clara: esta articulación no libera al concesionario de sus obligaciones. Le exigiremos que demuestre qué gestiones ha realizado, cuáles obras puede ejecutar de inmediato y cómo va a recuperar el atraso acumulado. Cartagena necesita menos excusas y más ejecución”, señaló Noguera.Por su parte, el alcalde Dumek Turbay dijo que existe una voluntad conjunta para lograr que Cartagena cuente con un aeropuerto acorde con su importancia turística, económica y estratégica para Colombia.“Como Alcaldía estamos listos para que todos hablemos del mismo lado y para que gane Cartagena y gane Colombia. Hemos conversado todos los temas, especialmente, la voz de la comunidad, las inquietudes de los taxistas que prestan el servicio en el aeropuerto, las preocupaciones de los habitantes de Crespo y la necesidad de resolver situaciones que permitan que este proyecto avance”, aseguró el alcalde Turbay.Entretanto, OINAC, concesión encargada de la modernización del aeropuerto de Cartagena, indicó que el llamado de la ministra permitirá impulsar el avance de la obra.“Desde OINAC mantenemos nuestro compromiso de avanzar en la consolidación de las obras de modernización del aeropuerto para darle a la ciudad una infraestructura aérea que responda a sus dinámicas de crecimiento turístico y comercial. Agradecemos el llamado de la ministra, lo entendemos como un espaldarazo al trabajo que hemos venido realizando con los actores involucrados en el proceso para darle celeridad a las obras y retomar el ritmo de cara cumplir con el cronograma propuesto”, agregó Patricia Mejía, Gerente General de OINAC.Sobre ampliación del aeropuerto de Cartagena Con una inversión superior a los 922.500 millones de pesos, contempla la construcción de un nuevo edificio internacional de 19.593 m², que llevará el área total de la terminal a 44.748 m². Además permitirá ampliar la capacidad de atención de 7 a 11 millones de pasajeros, aumentar de 19 a 23 las operaciones por hora y pasar de 11 a 15 posiciones de uso simultáneo, junto con cinco nuevos puentes de abordaje y tecnología Swing Gate.
Cinco semanas después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, las aseguradoras han recibido 84.534 reclamaciones y han pagado $184.770 millones en indemnizaciones, de acuerdo con el más reciente reporte de Fasecolda, con corte al 11 de septiembre.El valor asegurado asociado a los siniestros reportados llegó a $4,4 billones, un billón de pesos más frente al balance de la semana anterior. Además, los recursos desembolsados por las compañías aseguradoras aumentaron 94 % frente al corte anterior. Estos pagos corresponden a indemnizaciones para atender los daños ocasionados en viviendas, comercios y copropiedades. Risaralda ocupa, para este corte, el departamento con el primer lugar en cuanto al valor estimado de las indemnizaciones, con $1,6 billones. Pereira es la ciudad que concentra el mayor valor estimado a pagar, con cerca de $1,3 billones.De acuerdo con Fasecolda, los seguros de incendio y terremoto concentran el mayor valor estimado de indemnizaciones, con $3,8 billones. Les siguen los seguros de hogar, con $437 mil millones; automóviles, con $23 mil millones; riesgos laborales, con $18 mil millones, y otros ramos, con $122 mil millones.
La Fuerza Aérea Colombiana, anunció a través de su cuenta de X, que ya fue localizada la avioneta que desapareció cuando cubría la ruta Condoto - Guaymaral. Se trata de un Cessna T206 de matrícula HK4985, operado por la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Una vez se conoció la pérdida de comunicación con la aeronave Cessna T-206 de matrícula HK-4985, la Fuerza Aérea, activó de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal. De acuerdo a lo comunicado a través de ss rede sociales, con aeronaves Bell-212, UH-60 BlackHawk y C-90 con equipos especializados de geolocalización, se realizó la búsqueda de la aeronave sobre la vereda Oscordó, Pueblo Rico.Aproximadamente sobre las 7:30 a.m. de este lunes, la aeronave UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea, localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave. La búsqueda era concentrada en una zona rural del municipio de Tadó, cerca de una comunidad indígena, según información entregada por habitantes de esa zona de Chocó.Las cinco personas que viajaban en la aeronave habían permanecido desde el jueves en Condoto, donde participaron en una brigada de salud con personal especializado que atendió a habitantes del municipio y de localidades vecinas, de acuerdo con información de la Alcaldía.Según la Aerocivil, el último reporte de comunicación con la aeronave se registró a las 9:23 de la mañana del domingo 13 de septiembre y posteriormente se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona del cerro Tatamá, a unas 33 millas del radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia de Pereira.
