Mientras los candidatos presidenciales enfocan sus propuestas hacia una profunda reforma a la justicia, en las últimas horas hubo dos noticias importantes vinculadas con uno de los síntomas de la grave enfermedad de corrupción que sacude a esa rama del poder público: estoy hablando del Cartel de la Toga.
Para empezar, la plenaria de la Cámara de Representantes por una amplia mayoría votó favorablemente el proyecto con el que se busca acusar al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo, por cinco delitos relacionados con la presunta venta de fallos a personas investigadas por su despacho.
Se trata de un paso trascendental, porque fue avalada la decisión de la controvertida Comisión de Acusación de la Cámara y porque si el Senado toma la misma determinación, Malo tendrá que afrontar un juicio de indignidad, perdería su fuero y sería acusado penalmente ante la misma Corte Suprema.
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Malo según el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y otros testigos, habría recibido varios centenares de millones de pesos para engavetar o favorecer entre otros al senador Álvaro Ashton y a Musa Besaile en los casos que por parapolítica durmieron el sueño de los justos en su despacho.
Solamente el caso del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt había llegado tan lejos.
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La otra noticia, es que luego de haber evaluado favorablemente la declaración del abogado Leonardo Luis Pinilla, el ‘porcino’ de Gustavo Moreno, en la que se retractaba de sus afirmaciones, la Corte Suprema decidió no investigar al presidente del Partido Conservador Hernán Andrade, por presuntos favorecimientos recibidos en el caso.
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