La Sala en Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado José Leónidas Bustos por los delitos de cohecho en concurso con concierto para delinquir. La decisión tomada por el alto tribunal dispone una condena de 123 meses de prisión y 1 día, lo que equivale a 10 años y tres meses de prisión.Además, Bustos también estaría inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por ese mismo tiempo y debe asumir una multa de $133'738.170.Según el alto tribunal, los documentos exponen como el exmagistrado se alió con otros altos funcionarios y abogados para exigir sobornos a congresistas a cambio de manipular procesos penales a su favor.La investigación determinó que el exmagistrado integró una red que interfería en expedientes judiciales para frenar o modificar ciertas decisiones, en beneficio de aforados vinculados a hechos de corrupción.Este entramado salió a la luz en 2017, cuando se conocieron los testimonios y pruebas entregadas por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, pieza clave para destapar el escándalo.La Corte Suprema de Justicia libró hoy orden de captura contra el exmagistrado, al igual que notificación roja de la Interpol, pues José Leónidas Bustos reside en Canadá.El fallo marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que desde hace varios años busca esclarecer las responsabilidades en el escándalo del “cartel de la toga”, considerado uno de los casos más graves de corrupción en la historia reciente del país.
La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del congresista Nilton Córdoba Manyoma, luego de confirmarse su condena por el delito de cohecho por dar u ofrecer, en el marco del escándalo conocido como el cartel de la toga.Según el fallo de segunda instancia, Córdoba fue hallado responsable de pagar 800 millones de pesos para obtener beneficios judiciales en procesos que se adelantaban en su contra en la Sala Penal de la Corte. Parte de esos recursos, según el testimonio del exfiscal Luis Gustavo Moreno, habrían sido entregados al entonces magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, del despacho del exmagistrado Gustavo Malo Fernández, a cambio de dilatar diligencias y favorecerlo procesalmente.“El congresista Nilton Córdoba actuó con conocimiento y voluntad al ofrecer y entregar dinero, por intermedio de su abogado, para interferir en las investigaciones en su contra”, señala la sentencia de la Corte.El alto tribunal confirmó la pena de 57 meses y un día de prisión, una multa equivalente a 79 salarios mínimos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 81 meses y un día. La Sala también negó la posibilidad de beneficios como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria, y dispuso que “una vez en firme la decisión, se librara orden de captura”.El caso de Córdoba Manyoma se deriva de las investigaciones del cartel de la toga, una red de corrupción que involucró a exmagistrados y abogados que, a cambio de millonarios pagos, habrían manipulado decisiones judiciales en favor de congresistas investigados por corrupción y parapolítica. Con esta decisión, el excongresista deberá cumplir su condena en un establecimiento carcelario una vez se haga efectiva la orden judicial.
La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y las víctimas le pidieron a la Corte Suprema de Justicia, dejar en firme la condena de 6 años que profirió el Tribunal Superior de Bogotá contra el exmagistrado Camilo Tarquino por el delito de concusión por el denominado 'cartel de la toga'. Tarquino, habría solicitado dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, con el fin de interferir en los procesos penales que se adelantaban en su contra.En la tarde de este jueves se llevó a cabo en la Sala de Casación una audiencia de sustentación en donde el exmagistrado Tarquino pide tumbar la condena de 6 años de cárcel en su contra por el Cartel de la Toga. Incluso, Camilo Tarquino asistió presencialmente al Palacio de Justicia e hizo una corta intervención ante los magistrados tras las intervenciones de la Fiscalía y Procuraduría."He asistido a todas las audiencias que este proceso ha demandado, y esta no ha sido la excepción, lamentable para mí porque es doloroso y penoso asistir en calidad de procesado en esta Corte donde permanecí 20 años. Pero tengan la seguridad, que nunca le falté a esta Corte que nunca la deshonré ni como magistrado ni como abogado en ejercicio durante el corto lapso en que ejercí la profesión. Creo en la justicia quiero decirles que soy inocente", fue la reaparición pública de Tarquino.Y es que de acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema, Tarquino sostuvo varias reuniones con Lyons entre septiembre y octubre de 2014, en un apartamento del norte de Bogotá y en al menos dos de esas reuniones, el exmagistrado habría pedido dinero para facilitar acercamientos con personas que “podrían evitar que las actuaciones judiciales en su contra avanzaran”.Tarquino fue condenado en mayo de 2023 a seis años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 60 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos por el escándalo judicial que sacudió al país conocido como el “Cartel de la Toga”, por el que hoy hay otros dos ex magistrados presos (Francisco Ricaurte y Gustavo Malo) y otro siendo enjuiciado (José Leónidas Bustos).
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó este jueves, 3 de abril, la condena contra Camilo Tarquino, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, por el delito de concusión como interviniente.La decisión fue adoptada tras evidenciar que el exfuncionario habría solicitado dinero a Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, con el fin de interferir en los procesos penales que se adelantaban en su contra por el denominado “cartel de la hemofilia”.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema, Tarquino sostuvo varias reuniones con Lyons entre septiembre y octubre de 2014, en un apartamento del norte de Bogotá.En al menos dos de esas reuniones , el exmagistrado habría pedido dinero para facilitar acercamientos con personas que “podrían evitar que las actuaciones judiciales en su contra avanzaran”.La Fiscalía sostuvo que el exgobernador Lyons era investigado por hechos relacionados con el llamado ‘Cartel de la Hemofilia’ y otras irregularidades en la contratación en el departamento de Córdoba.Tarquino fue condenado en mayo de 2023 a seis años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 60 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos por el escándalo judicial que sacudió al país conocido como el “Cartel de la Toga”, por el que hoy hay otros dos ex magistrados presos (Francisco Ricaurte y Gustavo Malo) y otro siendo enjuiciado (José Leónidas Bustos).
La defensa del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos, denunció que una de las pruebas en su contra en el caso conocido como el Cartel de la toga es falsa.Según el abogado Eduardo Curtidor, la factura presentada como prueba de la supuesta compra de un reloj Cartier en 2012 habría sido fabricada años después.Durante la audiencia ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el abogado de Bustos señaló que la factura tiene una fecha de emisión del 29 de diciembre de 2012, pero la resolución de facturación de la Dian impresa en el documento corresponde a una emitida después de 2017, lo que indicaría según su denuncia, que el documento no pudo haberse generado en la fecha señalada.El abogado afirmó que esta irregularidad pone en entredicho la validez de las pruebas en el proceso contra Bustos Martínez, quien enfrenta acusaciones por su presunta participación en una red de corrupción dentro de la justicia colombiana.El relojEn audiencias pasadas, el exmagistrado Bustos explicó que el reloj de lujo, presuntamente entregado como pago por su participación en el entramado criminal, nunca llegó a sus manos.El supuesto reloj Cartier 'Ballon Bleu', señalado como un pago por su intervención en casos judiciales a favor de políticos como Álvaro Ashton y Musa Besaile, no existió, según sus intervenciones en medio del juicio en su contra.Asimismo, en una nueva audiencia, la Procuraduría General de la Nación, pidió la absolución de Bustos por el delito de tráfico de influencias, sin embargo, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que el exmagistrado sea condenado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio además de pedir su extradición desde Canadá hacia Colombia.
El cartel de la toga es el escándalo de corrupción más grande en la historia de la rama judicial que consistió en la compra y venta de condenas y absoluciones por parte de una red delincuencial conformada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, altos funcionarios de la Fiscalía y de otras entidades estatales, abogados y dirigentes políticos.En el caso del cartel de la toga, no solamente estuvieron involucrados los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, también participaron otras personas como los expresidentes de la Corte Suprema Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, el exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, el excongresista Musa Besaile y otro largo listado de excongresistas: los primeros cobrando millones de pesos a políticos para archivar o engavetar procesos en su contra en la Corte Suprema y los segundos, cediendo a la presión y pagando ese dinero.Ocho años después de haber estallado ese escándalo, se siguen conociendo sentencias relacionadas con el caso: en las últimas horas la Sala Penal de la Corte Suprema dejó en firme la condena de 16 años y medio de cárcel contra el expresidente de ese alto tribunal, el cartagenero Francisco Ricaurte por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y utilización indebida de información privilegiada.De igual forma, la Sala Penal de la Corte confirmó la condena de 9 años de cárcel contra el exmagistrado Gustavo Malo por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y prevaricato por omisión.En el caso del magistrado Gustavo Malo, la Corte Suprema tomó dos decisiones importantes: le pidió a la Fiscalía que extinga dominio de los dineros y de los bienes adquiridos con los dineros producto de la compra y venta de decisiones judiciales y además, se tendrá que publicar un resumen de la condena en un medio de circulación nacional, cuyo costo tendrá que asumir directamente Malo Fernández.En la sentencia que hoy será leída a las 8 de la mañana contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, la Corte Suprema hace una profunda reflexión lamentando que uno de sus integrantes haya concebido y ejecutado la secuencia criminal del cartel de la Toga pero advierte que destaca que pese a que el condenado fue presidente de ese Alto tribunal, la justicia terminó actuando y “el Estado ha dado muestra de su fortaleza institucional: la Constitución y la ley vinculan a todos, indistintamente de la jerarquía institucional que lleguen a ostentar”. Dice que este caso es quizás el más reprochable en la historia republicana de nuestro país y alienta a que no se repita nunca más.
La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que adelante procesos de extinción de dominio contra los dineros que se traficaron por el llamado cartel de la toga, además, el alto tribunal pide que se investiguen otros hechos que no han sido objeto de judicialización y que tendrían que ver con la misma organización criminal.Luego de casi 8 años de que explotara uno de los peores escándalos judiciales en Colombia, el cartel de la toga vuelve a ser noticia, esta vez porque la Corte Suprema de Justicia le está pidiendo a la Fiscalía que extinga todos los bienes producto de este entramado en donde exmagistrados de esa misma corporativa torcieron procesos para favorecer a aforados investigados por corrupción.Por estos hechos, en una decisión reciente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dejó en firme las condenas de los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo Fernández a 16 y 9 años de cárcel respectivamente.Malo Fernández, exmagistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, fue hallado culpable de participar en un esquema de corrupción dentro del alto tribunal, y de acuerdo con la sentencia, facilitó decisiones judiciales favorables a políticos investigados a cambio de beneficios económicos, en lo que se conoció como el escándalo del Cartel de la Toga.En el caso de Francisco Ricaurte, según la Corte Suprema de Justicia, durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos de corrupción para favorecer a los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton.
En Sala Plena la Sala de Casación de este alto tribunal tomó la decisión de dejar en firme las condenas de los exmagistrados Ricaurte y Malo Fernández por el escándalo que involucró a la Rama Judicial donde se torcían procesos para favorecer a investigados por corrupción.Según la Corte Suprema de Justicia, durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos corruptos al conspirar con otras personas.Estos actos se materializaron en favorecer en procesos penales dirigidos contra los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton en el escándalo judicial conocido como el cartel de la toga.La Corte Suprema de Justicia explicó que en este sentido, la organización criminal obtenía información privilegiada, retrasaba procesos y manipulaba pruebas para emitir decisiones que beneficiaban a sus "clientes", quienes eran beneficiarios de tráfico de influencias.Frente a la decisión caso de Gustavo Malo Fernández, la Corte determinó que el exmagistrado fue hallado responsable de haber recibido sobornos para beneficiar a congresistas investigados como Musa Besaile (que habría pagado 2.000 millones de pesos para que se dilatara un proceso en su contra).De igual manera, en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, avanza el proceso contra el exmagistrado Leónidas Bustos, quien recientemente apareció en una audiencia desde el exilio en Canadá donde se defendió de los señalamientos que pesan en su contra por este mismo escándalo.
Reapareció el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos, vinculado al cartel de la toga, aseguró que salió de Colombia tras ser objeto de amenazas y que está radicado en Ottawa, Canadá. “En una de esas últimas amenazas que se me hizo, casi que se atentó contra mi vida”, señaló Bustos."Quiero dar una explicación acerca de por qué no me encuentro en el país, tuve que salir precipitadamente del país porque fui objeto de varias agresiones físicas, las cuales denuncié en su oportunidad directamente en la oficina del fiscal general, lo hice por escrito y en una de esas amenazas, la última que se me hizo, casi que se atentó contra mi vida, por eso tuve que ausentarme del país para proteger mi vida, señor magistrado", aseguró el exmagistradoAdemás, Bustos narró que sostuvo un encuentro en Estados Unidos con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y que en esa cena solo hablaron de la salud de su hermano, allí aseguró que Moreno se acercó a uno de sus escoltas y le ofreció 20 millones de pesos para que el escolta pusiera un negocio con el fin de que le proporcionara información sobre la estadía de Bustos en Miami.Incluso, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia se refirió al supuesto soborno de un reloj Cartier que recibió de manos del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien pagó tres años de cárcel en Estados Unidos por estos mismos hechos: "No me dio el doctor Moreno ninguna clase de reloj, ni me dio relojes o ese en específico, ni tampoco dinero. Él rindió muchas versiones, una en la Fiscalía y otra en la Comisión de Acusación, en ninguna de ellas hasta el año 2017 había mencionado el tema del reloj", dijo.En cuanto a la pregunta de cuál fue su relación con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien en colaboración con la DEA delató al exfiscal Moreno y a su amigo el abogado Leonardo Pinilla, el magistrado Bustos aseguró que fue en un evento en 2014 cuando él saludó a Lyons, pero que nunca más tuvo ninguna cercanía.
A través de un comunicado, el abogado Luis Moreno, defensor de Sneyder Pinilla en el escándalo de corrupción de la UNGRD, agradeció la segunda oportunidad que la vida le brindó para demostrar su compromiso con la justicia.El abogado, quien ya purgó una pena por el delito de concusión y utilización indebida de información privilegiada de la Fiscalía, cuando se desempeñaba como fiscal anticorrupción, actuó como agente encubierto para grabar un presunto soborno ofrecido por el abogado Edgar Riveros para que Sneyder Pinilla no mencionara, en su colaboración con la justicia, dos contratos de la UNGRD por cerca de 300.000 millones de pesos."Como ciudadano, al tener conocimiento de un hecho delictivo, en el cual me contactan para ser un puente del mismo, no dudé ni un segundo en cumplir con el deber ineludible de reportarlo a las autoridades competentes, en este caso, la Fiscalía General de la Nación”, indicó Moreno.Luis Moreno, agente escubiertoLa Fiscalía, tras recibir información delicada del propio sobre el presunto soborno, designó a Luis Moreno como agente encubierto bajo su control.Todo empezó el 26 de julio de 2024, cuando Moreno obtuvo información sobre un intento de soborno y alertó a la Fiscalía. En una reunión, Edgar Riveros le ofreció 3.000 millones de pesos para alterar el testimonio de Sneyder Pinilla, buscando favorecer un contrato de 42.000 millones de pesos.Moreno rechazó el intento de soborno y continuó recopilando pruebas. Reportó el incidente a la fiscal Andrea Muñoz. En una reunión el 29 de julio, con apoyo del CTI, grabó las conversaciones con Riveros, revelando que negociaban un contrato de 242.000 millones de pesos. Luego entregó la evidencia a las autoridades.“Mi mensaje es claro y quiero transmitirlo a las nuevas generaciones: siempre actúen bajo la ley y no se dejen llevar por los caminos cortos”, señaló el abogado cuyo caso destapó un impresionante asunto de corrupción en el poder judicial colombiano conocido como el cartel de la toga.
El gobierno colombiano decidió romper relaciones diplomáticas con Irán, así lo informó la cancillería colombiana en las últimas horas.“Colombia, además, tuvo en cuenta las violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el gobierno iraní en su territorio, los ataques verificados contra países que no son parte del conflicto en el Medio Oriente, el bloqueo al estrecho de Ormuz y la obstrucción de las autoridades a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance de su programa nuclear”, señala el comunicado de la Cancillería.El gobierno colombiano también explicó que la decisión se tomó teniendo en cuenta la seguridad nacional y hemisférica y lucha contra el crimen transnacional, teniendo en cuenta los presuntos vínculos de Irán con grupos armados.“La medida dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, aclara que lo anterior no significa la ruptura de relaciones consulares, según lo previsto en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963”, dice el documento de la Cancillería.
El Concejo de Bogotá aprobó este 24 de septiembre un nuevo cobro al alumbrado público con una sobretasa al impuesto predial con 23 votos a favor y 20 en contra. La medida hace parte de la reforma tributaria propuesta por el alcalde Carlos Fernando Galán.El nuevo valor sería cobrado a estratos 4, 5 y 6 y a viviendas con avalúo comercial superior a los $1.000 millones, a partir de enero de 2027. Esta aprobación únicamente es para el artículo del alumbrado público, no para toda la reforma tributaria.¿Quiénes quedarían exentos de pagar cobro de alumbrado público?Anteriormente, durante el debate en la Comisión de Hacienda, se aprobó que algunos predios y establecimientos no tengan que pagar la nueva sobretasa, de acuerdo con determinadas condiciones.Los predios de estratos 4, 5 y 6 sin capacidad de pago quedarían exentos cuando el propietario pertenezca a los grupos A, B o C del Sisbén.Tampoco pagarían los predios comerciales sin capacidad de pago, cuando el propietario esté clasificado en los grupos A o B del Sisbén.Además, quedarían exentos los establecimientos comerciales de hasta 30 metros cuadrados ubicados en viviendas de estratos 1, 2 y 3.Frente a lo anterior, la Secretaría de Hacienda indica en su página web que los hogares de estratos 1, 2 y 3 no pagarían este cobro cuando el valor usado para calcular el predial sea de hasta 20.000 UVT, equivalentes a cerca de $1.047 millones en 2026. Por ejemplo, una vivienda de estrato 2 con un valor de $300 millones para calcular el predial no tendría que pagar la sobretasa.La propuesta también contempla medidas de protección para hogares en pobreza extrema, pobreza moderada o condición de vulnerabilidad. Además de las viviendas, el cobro también se aplicaría a otros tipos de predios, entre ellos los comerciales, industriales y financieros, explica la entidad. Es importante recordar que el cobro aprobado contemplaría la aplicación de la sobretasa al impuesto predial a los estratos 4, 5 y 6 y a las viviendas con un avalúo comercial superior a $1.000 millones, a partir de enero de 2027.El objetivo que plantea la propuesta del Distrito con este recaudo es convertir el alumbrado público de Bogotá en una infraestructura multifuncional de gran escala. Es decir, se implementará una iluminación moderna 100 % LED, herramientas de telegestión para lograr avanzar en soluciones relacionadas con seguridad, conectividad y movilidad inteligente.
En las últimas horas surgió una versión que puso en duda la realización de la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, luego de que, supuestamente, algunos clubes habrían planteado inquietudes por el largo desplazamiento hasta la capital del Atlántico. Sin embargo, en Blog Deportivo se conocieron detalles que apuntan a que la sede del partido, programado para el próximo 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, se mantiene en firme.La principal preocupación estaría relacionada con el tiempo de viaje hasta Barranquilla, que desde algunos destinos puede alcanzar aproximadamente siete horas. No obstante, la periodista Marina Granziera consultó a fuentes cercanas a Atlético Mineiro y detalló que hubo un encuentro enfocado en asuntos logísticos, seguridad, hoteles y las obras de renovación del escenario deportivo.Además, el periodista Juan José Buscalia explicó en Blog Deportivo que la propia Conmebol ya trabaja en la organización de la final en Barranquilla. “La sede de la final de la Copa Sudamericana es y seguirá siendo Barranquilla”, afirmó el periodista argentino.Asimismo, este jueves la Alcaldía de Barranquilla compartió imágenes de cómo avanzan las obras de remodelación e, incluso, el Junior realizó un entrenamiento en el Metropolitano.¿Han cambiado la sede de una final?Los antecedentes de la Conmebol muestran que los cambios de sede en finales continentales han ocurrido por circunstancias específicas. Por ejemplo, una final que inicialmente estaba prevista en Santa Cruz de la Sierra pasó a Asunción debido a inconvenientes con el estadio, además de modificaciones relacionadas con la situación social en Chile en 2019. También se recordó el caso de la final de 2023, cuando el partido terminó disputándose en Maldonado, Uruguay, debido a consideraciones relacionadas con la capacidad y la asistencia esperada.Así las cosas, todo apunta a que la Conmebol mantiene su decisión y la final será en Barranquilla. De hecho, las empresas encargadas de prestar servicios durante el evento ya están desplazándose a la ciudad para comenzar los preparativos.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 24 de septiembre de 2026:Joaquín Gutiérrez será el nuevo presidente de Ecopetrol y su nombramiento se oficializará este viernes. La posesión está prevista en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. Gutiérrez fue jefe de campaña del presidente Abelardo de la Espriella y su trayectoria se concentra principalmente en los sectores de salud e inmobiliario, más que en la industria petrolera o energética.Santa Marta recupera paulatinamente su actividad tras el paro armado, con cerca del 50 % del comercio abierto y una reactivación progresiva del transporte. La Alcaldía anuncia un subsidio para facilitar el regreso de los taxis a las calles, mientras policías y militares mantienen presencia en distintos sectores de la ciudad. Los colegios también preparan el regreso a clases.El vicepresidente José Manuel Restrepo llevó ante la Asamblea General de la ONU el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella sobre seguridad, inversión y cooperación internacional. En el discurso se habló acerca de recuperar el control territorial, fortalecer la lucha internacional contra el terrorismo y atraer inversión extranjera. También cuestionó la eficacia y la burocracia de Naciones Unidas y pide avanzar hacia una definición internacional común de terrorismo.Siete municipios de Cundinamarca están en alerta roja por desabastecimiento de agua en medio del fenómeno de El Niño. El Peñón, La Palma, La Vega, Puerto Salgar, Pulí, Silvania y Viotá enfrentan riesgo extremo, mientras Facatativá mantiene una alerta naranja y calcula entre ocho y once días de disponibilidad de aguas superficiales si no llueve. En Boyacá, el incendio de Iguaque alcanza un 90 % de control.El Presupuesto General de la Nación para 2027 avanza a las plenarias del Senado y la Cámara tras ser aprobado en primer debate con 56 votos a favor y 11 en contra. El proyecto asciende a $634,9 billones, de los cuales $155 billones corresponden al pago de deuda pública, $86,9 billones a inversión y $393 billones a funcionamiento. Entre los cambios se incluyen recursos adicionales para el SENA, $2 billones para salud y cerca de $100.000 millones para deporte, mientras se mantiene el recorte de $170.000 millones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye a la JEP. El proyecto todavía puede tener modificaciones y deberá quedar aprobado a más tardar el 20 de octubre.Escuche el programa completo aquí:
Un recorrido cotidiano en transporte público terminó convertido en una inesperada persecución luego de que un conductor recibiera información sobre su esposa mientras se encontraba trabajando. La noticia provocó una reacción inmediata que sorprendió a los pasajeros que viajaban con él.El hecho ocurrió en México y fue contado en redes sociales por la usuaria de TikTok @Hanna K. Rodríguez, quien aseguró haber estado dentro del colectivo cuando el conductor se enteró de que su pareja supuestamente se encontraba con otro hombre.Según el relato publicado por la joven, ella llevaba audífonos durante el trayecto y no prestaba demasiada atención a lo que ocurría en la parte delantera del vehículo. Sin embargo, comenzó a notar que el conductor aceleraba y que el recorrido transcurría a una velocidad que le generó preocupación.Al quitarse los audífonos, descubrió que detrás de la particular conducción había una razón personal. Al conductor le habían informado, a través de un teléfono, que su esposa había sido vista en compañía de otro hombre.La situación hizo que el hombre tomara una decisión que alteró el recorrido de todos los pasajeros. De acuerdo con Hanna, les explicó que podían bajarse si lo consideraban necesario, aunque quienes decidieran continuar llegarían más tarde a su destino.“Cuando me quito los audífonos me percato que desde un teléfono le comentan al chofer que vieron a su esposa con otro hombre”, relató la usuaria en su publicación.En lugar de continuar con el recorrido habitual, el conductor se dirigió hacia el lugar donde, según la información que había recibido, se encontraba su esposa. El destino habría sido una cenaduría, establecimiento en el que finalmente la encontró acompañada por otro hombre.Al llegar, el conductor descendió del vehículo para pedirle explicaciones a su pareja. La escena también llamó la atención de los pasajeros, algunos de los cuales decidieron acompañarlo y presenciar el enfrentamiento.De acuerdo con la versión difundida en TikTok, el hombre le reclamó a su esposa por la supuesta infidelidad y le recordó que llevaban 15 años juntos. La joven aseguró que el conductor le reprochó que durante todo ese tiempo había esperado que existiera lealtad dentro de la relación.La situación terminó con una confesión, siempre según el relato de la pasajera. Hanna afirmó que la mujer reconoció lo sucedido y explicó que habría tomado esa decisión durante lo que describió como un momento de vulnerabilidad.“Él le reclamaba y le decía que no tenía por qué hacerlo ya que durante 15 años le había jurado lealtad. Sin embargo, ella se exhibió porque aceptó el engaño y le dijo que todo esto había sido una tontería y que fue en un momento de vulnerabilidad”, contó la tiktoker.El episodio comenzó a circular ampliamente en TikTok a partir de un video en el que se observaba a los pasajeros dentro del colectivo mientras el vehículo avanzaba a gran velocidad.
