La Sala en Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado José Leónidas Bustos por los delitos de cohecho en concurso con concierto para delinquir. La decisión tomada por el alto tribunal dispone una condena de 123 meses de prisión y 1 día, lo que equivale a 10 años y tres meses de prisión.Además, Bustos también estaría inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por ese mismo tiempo y debe asumir una multa de $133'738.170.Según el alto tribunal, los documentos exponen como el exmagistrado se alió con otros altos funcionarios y abogados para exigir sobornos a congresistas a cambio de manipular procesos penales a su favor.La investigación determinó que el exmagistrado integró una red que interfería en expedientes judiciales para frenar o modificar ciertas decisiones, en beneficio de aforados vinculados a hechos de corrupción.Este entramado salió a la luz en 2017, cuando se conocieron los testimonios y pruebas entregadas por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, pieza clave para destapar el escándalo.La Corte Suprema de Justicia libró hoy orden de captura contra el exmagistrado, al igual que notificación roja de la Interpol, pues José Leónidas Bustos reside en Canadá.El fallo marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que desde hace varios años busca esclarecer las responsabilidades en el escándalo del “cartel de la toga”, considerado uno de los casos más graves de corrupción en la historia reciente del país.
La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del congresista Nilton Córdoba Manyoma, luego de confirmarse su condena por el delito de cohecho por dar u ofrecer, en el marco del escándalo conocido como el cartel de la toga.Según el fallo de segunda instancia, Córdoba fue hallado responsable de pagar 800 millones de pesos para obtener beneficios judiciales en procesos que se adelantaban en su contra en la Sala Penal de la Corte. Parte de esos recursos, según el testimonio del exfiscal Luis Gustavo Moreno, habrían sido entregados al entonces magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, del despacho del exmagistrado Gustavo Malo Fernández, a cambio de dilatar diligencias y favorecerlo procesalmente.“El congresista Nilton Córdoba actuó con conocimiento y voluntad al ofrecer y entregar dinero, por intermedio de su abogado, para interferir en las investigaciones en su contra”, señala la sentencia de la Corte.El alto tribunal confirmó la pena de 57 meses y un día de prisión, una multa equivalente a 79 salarios mínimos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 81 meses y un día. La Sala también negó la posibilidad de beneficios como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria, y dispuso que “una vez en firme la decisión, se librara orden de captura”.El caso de Córdoba Manyoma se deriva de las investigaciones del cartel de la toga, una red de corrupción que involucró a exmagistrados y abogados que, a cambio de millonarios pagos, habrían manipulado decisiones judiciales en favor de congresistas investigados por corrupción y parapolítica. Con esta decisión, el excongresista deberá cumplir su condena en un establecimiento carcelario una vez se haga efectiva la orden judicial.
La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y las víctimas le pidieron a la Corte Suprema de Justicia, dejar en firme la condena de 6 años que profirió el Tribunal Superior de Bogotá contra el exmagistrado Camilo Tarquino por el delito de concusión por el denominado 'cartel de la toga'. Tarquino, habría solicitado dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, con el fin de interferir en los procesos penales que se adelantaban en su contra.En la tarde de este jueves se llevó a cabo en la Sala de Casación una audiencia de sustentación en donde el exmagistrado Tarquino pide tumbar la condena de 6 años de cárcel en su contra por el Cartel de la Toga. Incluso, Camilo Tarquino asistió presencialmente al Palacio de Justicia e hizo una corta intervención ante los magistrados tras las intervenciones de la Fiscalía y Procuraduría."He asistido a todas las audiencias que este proceso ha demandado, y esta no ha sido la excepción, lamentable para mí porque es doloroso y penoso asistir en calidad de procesado en esta Corte donde permanecí 20 años. Pero tengan la seguridad, que nunca le falté a esta Corte que nunca la deshonré ni como magistrado ni como abogado en ejercicio durante el corto lapso en que ejercí la profesión. Creo en la justicia quiero decirles que soy inocente", fue la reaparición pública de Tarquino.Y es que de acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema, Tarquino sostuvo varias reuniones con Lyons entre septiembre y octubre de 2014, en un apartamento del norte de Bogotá y en al menos dos de esas reuniones, el exmagistrado habría pedido dinero para facilitar acercamientos con personas que “podrían evitar que las actuaciones judiciales en su contra avanzaran”.Tarquino fue condenado en mayo de 2023 a seis años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 60 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos por el escándalo judicial que sacudió al país conocido como el “Cartel de la Toga”, por el que hoy hay otros dos ex magistrados presos (Francisco Ricaurte y Gustavo Malo) y otro siendo enjuiciado (José Leónidas Bustos).
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó este jueves, 3 de abril, la condena contra Camilo Tarquino, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, por el delito de concusión como interviniente.La decisión fue adoptada tras evidenciar que el exfuncionario habría solicitado dinero a Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, con el fin de interferir en los procesos penales que se adelantaban en su contra por el denominado “cartel de la hemofilia”.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema, Tarquino sostuvo varias reuniones con Lyons entre septiembre y octubre de 2014, en un apartamento del norte de Bogotá.En al menos dos de esas reuniones , el exmagistrado habría pedido dinero para facilitar acercamientos con personas que “podrían evitar que las actuaciones judiciales en su contra avanzaran”.La Fiscalía sostuvo que el exgobernador Lyons era investigado por hechos relacionados con el llamado ‘Cartel de la Hemofilia’ y otras irregularidades en la contratación en el departamento de Córdoba.Tarquino fue condenado en mayo de 2023 a seis años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 60 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos por el escándalo judicial que sacudió al país conocido como el “Cartel de la Toga”, por el que hoy hay otros dos ex magistrados presos (Francisco Ricaurte y Gustavo Malo) y otro siendo enjuiciado (José Leónidas Bustos).
La defensa del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos, denunció que una de las pruebas en su contra en el caso conocido como el Cartel de la toga es falsa.Según el abogado Eduardo Curtidor, la factura presentada como prueba de la supuesta compra de un reloj Cartier en 2012 habría sido fabricada años después.Durante la audiencia ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el abogado de Bustos señaló que la factura tiene una fecha de emisión del 29 de diciembre de 2012, pero la resolución de facturación de la Dian impresa en el documento corresponde a una emitida después de 2017, lo que indicaría según su denuncia, que el documento no pudo haberse generado en la fecha señalada.El abogado afirmó que esta irregularidad pone en entredicho la validez de las pruebas en el proceso contra Bustos Martínez, quien enfrenta acusaciones por su presunta participación en una red de corrupción dentro de la justicia colombiana.El relojEn audiencias pasadas, el exmagistrado Bustos explicó que el reloj de lujo, presuntamente entregado como pago por su participación en el entramado criminal, nunca llegó a sus manos.El supuesto reloj Cartier 'Ballon Bleu', señalado como un pago por su intervención en casos judiciales a favor de políticos como Álvaro Ashton y Musa Besaile, no existió, según sus intervenciones en medio del juicio en su contra.Asimismo, en una nueva audiencia, la Procuraduría General de la Nación, pidió la absolución de Bustos por el delito de tráfico de influencias, sin embargo, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que el exmagistrado sea condenado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio además de pedir su extradición desde Canadá hacia Colombia.
El cartel de la toga es el escándalo de corrupción más grande en la historia de la rama judicial que consistió en la compra y venta de condenas y absoluciones por parte de una red delincuencial conformada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, altos funcionarios de la Fiscalía y de otras entidades estatales, abogados y dirigentes políticos.En el caso del cartel de la toga, no solamente estuvieron involucrados los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, también participaron otras personas como los expresidentes de la Corte Suprema Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, el exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, el excongresista Musa Besaile y otro largo listado de excongresistas: los primeros cobrando millones de pesos a políticos para archivar o engavetar procesos en su contra en la Corte Suprema y los segundos, cediendo a la presión y pagando ese dinero.Ocho años después de haber estallado ese escándalo, se siguen conociendo sentencias relacionadas con el caso: en las últimas horas la Sala Penal de la Corte Suprema dejó en firme la condena de 16 años y medio de cárcel contra el expresidente de ese alto tribunal, el cartagenero Francisco Ricaurte por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y utilización indebida de información privilegiada.De igual forma, la Sala Penal de la Corte confirmó la condena de 9 años de cárcel contra el exmagistrado Gustavo Malo por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y prevaricato por omisión.En el caso del magistrado Gustavo Malo, la Corte Suprema tomó dos decisiones importantes: le pidió a la Fiscalía que extinga dominio de los dineros y de los bienes adquiridos con los dineros producto de la compra y venta de decisiones judiciales y además, se tendrá que publicar un resumen de la condena en un medio de circulación nacional, cuyo costo tendrá que asumir directamente Malo Fernández.En la sentencia que hoy será leída a las 8 de la mañana contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, la Corte Suprema hace una profunda reflexión lamentando que uno de sus integrantes haya concebido y ejecutado la secuencia criminal del cartel de la Toga pero advierte que destaca que pese a que el condenado fue presidente de ese Alto tribunal, la justicia terminó actuando y “el Estado ha dado muestra de su fortaleza institucional: la Constitución y la ley vinculan a todos, indistintamente de la jerarquía institucional que lleguen a ostentar”. Dice que este caso es quizás el más reprochable en la historia republicana de nuestro país y alienta a que no se repita nunca más.
La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que adelante procesos de extinción de dominio contra los dineros que se traficaron por el llamado cartel de la toga, además, el alto tribunal pide que se investiguen otros hechos que no han sido objeto de judicialización y que tendrían que ver con la misma organización criminal.Luego de casi 8 años de que explotara uno de los peores escándalos judiciales en Colombia, el cartel de la toga vuelve a ser noticia, esta vez porque la Corte Suprema de Justicia le está pidiendo a la Fiscalía que extinga todos los bienes producto de este entramado en donde exmagistrados de esa misma corporativa torcieron procesos para favorecer a aforados investigados por corrupción.Por estos hechos, en una decisión reciente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dejó en firme las condenas de los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo Fernández a 16 y 9 años de cárcel respectivamente.Malo Fernández, exmagistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, fue hallado culpable de participar en un esquema de corrupción dentro del alto tribunal, y de acuerdo con la sentencia, facilitó decisiones judiciales favorables a políticos investigados a cambio de beneficios económicos, en lo que se conoció como el escándalo del Cartel de la Toga.En el caso de Francisco Ricaurte, según la Corte Suprema de Justicia, durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos de corrupción para favorecer a los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton.
En Sala Plena la Sala de Casación de este alto tribunal tomó la decisión de dejar en firme las condenas de los exmagistrados Ricaurte y Malo Fernández por el escándalo que involucró a la Rama Judicial donde se torcían procesos para favorecer a investigados por corrupción.Según la Corte Suprema de Justicia, durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos corruptos al conspirar con otras personas.Estos actos se materializaron en favorecer en procesos penales dirigidos contra los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton en el escándalo judicial conocido como el cartel de la toga.La Corte Suprema de Justicia explicó que en este sentido, la organización criminal obtenía información privilegiada, retrasaba procesos y manipulaba pruebas para emitir decisiones que beneficiaban a sus "clientes", quienes eran beneficiarios de tráfico de influencias.Frente a la decisión caso de Gustavo Malo Fernández, la Corte determinó que el exmagistrado fue hallado responsable de haber recibido sobornos para beneficiar a congresistas investigados como Musa Besaile (que habría pagado 2.000 millones de pesos para que se dilatara un proceso en su contra).De igual manera, en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, avanza el proceso contra el exmagistrado Leónidas Bustos, quien recientemente apareció en una audiencia desde el exilio en Canadá donde se defendió de los señalamientos que pesan en su contra por este mismo escándalo.
Reapareció el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos, vinculado al cartel de la toga, aseguró que salió de Colombia tras ser objeto de amenazas y que está radicado en Ottawa, Canadá. “En una de esas últimas amenazas que se me hizo, casi que se atentó contra mi vida”, señaló Bustos."Quiero dar una explicación acerca de por qué no me encuentro en el país, tuve que salir precipitadamente del país porque fui objeto de varias agresiones físicas, las cuales denuncié en su oportunidad directamente en la oficina del fiscal general, lo hice por escrito y en una de esas amenazas, la última que se me hizo, casi que se atentó contra mi vida, por eso tuve que ausentarme del país para proteger mi vida, señor magistrado", aseguró el exmagistradoAdemás, Bustos narró que sostuvo un encuentro en Estados Unidos con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y que en esa cena solo hablaron de la salud de su hermano, allí aseguró que Moreno se acercó a uno de sus escoltas y le ofreció 20 millones de pesos para que el escolta pusiera un negocio con el fin de que le proporcionara información sobre la estadía de Bustos en Miami.Incluso, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia se refirió al supuesto soborno de un reloj Cartier que recibió de manos del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien pagó tres años de cárcel en Estados Unidos por estos mismos hechos: "No me dio el doctor Moreno ninguna clase de reloj, ni me dio relojes o ese en específico, ni tampoco dinero. Él rindió muchas versiones, una en la Fiscalía y otra en la Comisión de Acusación, en ninguna de ellas hasta el año 2017 había mencionado el tema del reloj", dijo.En cuanto a la pregunta de cuál fue su relación con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien en colaboración con la DEA delató al exfiscal Moreno y a su amigo el abogado Leonardo Pinilla, el magistrado Bustos aseguró que fue en un evento en 2014 cuando él saludó a Lyons, pero que nunca más tuvo ninguna cercanía.
A través de un comunicado, el abogado Luis Moreno, defensor de Sneyder Pinilla en el escándalo de corrupción de la UNGRD, agradeció la segunda oportunidad que la vida le brindó para demostrar su compromiso con la justicia.El abogado, quien ya purgó una pena por el delito de concusión y utilización indebida de información privilegiada de la Fiscalía, cuando se desempeñaba como fiscal anticorrupción, actuó como agente encubierto para grabar un presunto soborno ofrecido por el abogado Edgar Riveros para que Sneyder Pinilla no mencionara, en su colaboración con la justicia, dos contratos de la UNGRD por cerca de 300.000 millones de pesos."Como ciudadano, al tener conocimiento de un hecho delictivo, en el cual me contactan para ser un puente del mismo, no dudé ni un segundo en cumplir con el deber ineludible de reportarlo a las autoridades competentes, en este caso, la Fiscalía General de la Nación”, indicó Moreno.Luis Moreno, agente escubiertoLa Fiscalía, tras recibir información delicada del propio sobre el presunto soborno, designó a Luis Moreno como agente encubierto bajo su control.Todo empezó el 26 de julio de 2024, cuando Moreno obtuvo información sobre un intento de soborno y alertó a la Fiscalía. En una reunión, Edgar Riveros le ofreció 3.000 millones de pesos para alterar el testimonio de Sneyder Pinilla, buscando favorecer un contrato de 42.000 millones de pesos.Moreno rechazó el intento de soborno y continuó recopilando pruebas. Reportó el incidente a la fiscal Andrea Muñoz. En una reunión el 29 de julio, con apoyo del CTI, grabó las conversaciones con Riveros, revelando que negociaban un contrato de 242.000 millones de pesos. Luego entregó la evidencia a las autoridades.“Mi mensaje es claro y quiero transmitirlo a las nuevas generaciones: siempre actúen bajo la ley y no se dejen llevar por los caminos cortos”, señaló el abogado cuyo caso destapó un impresionante asunto de corrupción en el poder judicial colombiano conocido como el cartel de la toga.
Tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, en José del Palmar, Chocó, las aerolíneas activaron medidas especiales para los pasajeros que puedan tener afectaciones en sus viajes. Avianca, LATAM y Wingo ofrecen alternativas para reprogramar vuelos, cambiar rutas o solicitar reembolsos, aunque las condiciones dependen de cada compañía.Avianca habilitó estas medidas para pasajeros con tiquetes confirmados en vuelos nacionales para este 10 de agosto. Podrán cambiar la fecha hasta 15 días después de la original, sin penalidad ni diferencia tarifaria, sujeto a disponibilidad. También podrán modificar la ruta entre puntos comunes de Colombia, bajo las mismas condiciones. En ese caso, el pasajero deberá asumir el desplazamiento hacia o desde el nuevo destino. La tercera opción es solicitar el reembolso, según las condiciones de la aerolínea.Las medidas aplican al trayecto afectado y al regreso, incluso si están en tiquetes diferentes, siempre que ambos vuelos sean operados por Avianca.LATAM estableció flexibilidades para pasajeros con vuelos entre el 10 y el 16 de agosto desde o hacia Pereira, Cali y Armenia. Podrán cambiar la fecha o el vuelo sin multa ni diferencia tarifaria, pedir la devolución sin costo adicional o solicitar un cambio de ruta, sujeto a la disponibilidad de sillas en la misma cabina del tiquete original. La compañía mantiene seguimiento de la situación junto con las autoridades y los aeropuertos, y comunicará cualquier modificación directamente a los viajeros.Wingo, por su parte, habilitó medidas para pasajeros con vuelos programados el 10 y 11 de agosto en toda su red de destinos. Pueden cambiar la fecha sin pagar penalidad ni diferencia tarifaria y viajar hasta 30 días después de la fecha original. También pueden solicitar un cambio de ruta dentro de la red de Wingo, sujeto a disponibilidad, para viajar dentro de ese mismo plazo.Este periodo podría modificarse según la evolución de la situación y las decisiones de las autoridades. Además, está disponible el reembolso del 100 % del valor pagado por el tiquete.Las aerolíneas recomiendan verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y realizar cualquier trámite únicamente a través de sus canales oficiales. Avianca dispone de su página web, aplicación móvil y demás canales de atención. LATAM tiene habilitados su página web, aplicación, la línea 601 518 5800 y el WhatsApp +56 9 68250850.Wingo recibe las solicitudes de cambio, ruta o reembolso a través de sus canales de atención en Colombia. Las compañías continuarán monitoreando la situación y actualizarán sus medidas si cambian las condiciones operacionales.
Luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y afectaciones reportadas principalmente en municipios de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) activó un corredor humanitario para apoyar la atención de las comunidades damnificadas.La iniciativa contempla la gestión y el transporte de alimentos de consumo inmediato, productos de la canasta básica, bebidas y otros artículos esenciales. Entre los alimentos que se requieren están agua, arroz, aceite, pastas, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, alimentos enlatados, harina de maíz y trigo, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche líquida UHT y alimentos listos para el consumo.También se necesitan artículos de primera necesidad como jabón, champú, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, colchonetas y mantas.Para recibir estas ayudas fueron habilitados diferentes Bancos de Alimentos en el país. En Pereira y Buenaventura, los puntos habituales se encuentran afectados y está en evaluación la habilitación de lugares alternos. También fueron dispuestos puntos de acopio en Manizales, Medellín, Cali, Bogotá, Armenia, Ibagué y Bucaramanga, desde donde se coordinará posteriormente el traslado de las donaciones hacia las zonas que requieren atención.ABACO también habilitó canales para recibir donaciones económicas destinadas a atender la emergencia:A través de la página oficial de donaciones de ABACO: https://donahoy.abaco.org.co/colombia2026Llave Bre-B: 0090989753.Cuenta corriente Bancolombia: 15264342372, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, NIT 900326456-1.Los recursos serán destinados principalmente a financiar el transporte humanitario y la compra de alimentos de la canasta básica. Las ayudas están dirigidas a personas ubicadas en albergues oficiales, centros de salud y hospitales; población autoalbergada en viviendas de familiares o conocidos dentro de las zonas afectadas; y comunidades ubicadas en sectores cercanos al área de la emergencia.
Para hacerle frente al fenómeno de El Niño, el municipio de La Ceja le apuesta a la energía limpia. Con una inversión de 800 millones de pesos, el municipio instaló 218 paneles solares en su acueducto, una medida que busca reducir los costos operativos y el consumo energéticoComo parte de las medidas de preparación ante la llegada del fenómeno de El Niño, el municipio de La Ceja inauguró 218 paneles solares en la planta de bombeo Pantanillo ubicada en El Retiro, una infraestructura clave para la captación del agua del acueducto municipal.El nuevo sistema solar fotovoltaico garantizará al menos el 20 % de la energía que consume la planta en sus picos más altos, reduciendo en un 19 % el consumo eléctrico total destinado al bombeo de agua para la comunidad."En gastos operacionales de las Empresas Públicas de La Ceja, nos va a permitir redistribuir ese ingreso para seguir mejorando la calidad de los servicios públicos que prestamos. Nosotros prestamos acueducto, alcantarillado, aseo, y tenemos que seguir fortaleciendo también la transformación de residuos sólidos. Entonces, ese recurso nos va a servir mucho para ese propósito", así lo dijo María Ilbed Santa, alcaldesa del municipio de La Ceja.El gerente de Empresas Públicas de La Ceja, Andrés Felipe Álvarez, destacó que esta iniciativa materializada con una inversión cercana a los 800 millones de pesos y el apoyo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) le permitirá al municipio un ahorro estimado en más de 2.300 millones de pesos durante los próximos 20 años.
Puerto Antioquia ubicado en el Urabá antioqueño, recibió al CMA CGM DIGNITY, un buque tipo Neo-Panamax de 366 metros de largo y una capacidad de 14.800 TEU, convirtiéndose en la embarcación más grande que ha operado hasta ahora en esta terminal marítima de la región de Urabá.Durante la estadía de la embarcación, se llevaron a cabo 211 movimientos de contenedores utilizando dos grúas STS, con las que se alcanzó una productividad promedio de 26 movimientos por hora por grúa. La maniobra logística comprendió tanto la descarga de mercancía proveniente de Asia como el embarque de productos destinados a la exportación colombiana."Esta motonave proviene de Asia y es muy importante para nosotros, porque conectamos a Asia directamente con la costa norte de Colombia. Tenemos programado realizar el descargue de 450 contenedores secos, y su principal commodity es tecnología", confirmó Gilberto peña, el vicepresidente de operaciones de Puerto Antioquia.Desde el punto de vista técnico, el CMA CGM DIGNITY pertenece a la categoría Neo-Panamax, diseñada para surcar las esclusas ampliadas del Canal de Panamá. El buque cuenta con 1.000 conexiones para contenedores refrigerados, capacidad para carga seca y tecnología de propulsión mediante Gas Natural Licuado (LNG), un sistema que apunta hacia una operación marítima más eficiente y sostenible.
Las autoridades y organizaciones sociales encendieron las alarmas ante una nueva incursión armada de presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Lejanías, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, donde se reportó la instalación de un retén ilegal.De acuerdo con la Fundación Sumapaz, hombres armados intimidaron a los habitantes de la zona y revisaron las pertenencias de quienes transitaban por los caminos de este sector.La organización defensora de derechos humanos señaló que estos hechos configuran la consumación de escenarios de riesgo previamente advertidos mediante alertas tempranas, las cuales según denuncian no habrían recibido una atención oportuna por parte de las instituciones estatales."Es muy probable que se presenten, con el pasar del tiempo, situaciones mucho más graves, y, por lo tanto, hacemos responsable a las autoridades porque, evidentemente, toda esta situación ya ha sido alertada", detalló Oscar Yesid Zapata de la Fundación Sumapaz.En esta región del departamento sirve como corredor estratégico de movilidad hacia el sur de Bolívar y constituye un territorio en constante disputa por el control de las economías ilícitas y la extracción minera.Ante este panorama, los líderes sociales hicieron un llamado urgente a las autoridades para garantizar la seguridad de los pobladores y advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas efectivas que eviten el escalamiento de la violencia en la subregión.
