La Fiscalía y el Ejército ocuparon cuatro bienes inmuebles pertenecientes al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo, condenado por el cartel de la toga, que negociaba decisiones judiciales a cambio de millonarios recursos.La Fiscalía impuso medidas cautelares sobre cuatro inmuebles urbanos, presuntamente, adquiridos con dineros producto de posibles actuaciones ilícitas dentro de un entramado de corrupción que se habría presentado entre 2012 y 2016, y por el cual el 12 de agosto de este año fue condenado el exmagistrado Malo Fernández.Los bienes, entre los que se encuentran un apartamento y dos parqueaderos ubicados en Bogotá, además del 50 por ciento de otro inmueble en Cartagena (Bolívar), están avaluados en 1.170 millones de pesos.Las investigaciones determinaron además que entre el 2012 y 2016 el exmagistrado, al parecer, hizo pagos anticipados sobre un inmueble que luego vendió a otra persona, al parecer, para burlar la acción de las autoridades.En Cartagena, la Fiscalía embargó la mitad de un inmueble, tras detectar que Malo Fernández habría realizado una maniobra fraudulenta al vender la mitad a un familiar para así evitar la persecución de la propiedad. Los bienes fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración custodia y eventual comercialización.Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
Este martes 7 de septiembre la juez 64 de garantías, Ángela Granados, avaló por un año más el principio de oportunidad alcanzado por Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción de la Fiscalía, sin importar si avanzan o no los otros procesos en los que ha colaborado el exfuncionario, como, por ejemplo, el del excongresista Mussa Besaile o el exmagistrado Leónidas Bustos, entre otros.La juez consideró que la colaboración que viene adelantando Moreno con la justicia ha permitido avances importantes en el conocimiento de hechos de corrupción en la Rama Judicial y por eso se debe garantizar que éste siga entregando la información, independientemente de los resultados que se alcancen, pues su eficacia no puede quedar supeditada a la condición del detenido.“Esa eficacia de la colaboración no podría verse supeditada a la finalización o no de un proceso penal, sino que precisamente el objetivo es que se rindiera el testimonio y que precisamente fuera en las audiencias o los llamados requeridos al señor Gustavo Moreno”, explicó la juez.La defensa de Gustavo Moreno había pedido a la Fiscalía modificar un requisito que incluyó en la prórroga, la cual supeditaba el principio de oportunidad al avance de los demás procesos en los que el exfiscal ha entregado información.Sin embargo, la Fiscalía retiró ante el Juzgado de garantías dicho requisito y mantuvo la misma posición que ha venido desarrollando desde 2018, cuando le otorgó el beneficio judicial a Moreno a cambio de que éste entregue información que pueda ayudar a desenmascarar al entramado de corrupción que se benefició del llamado cartel de la toga.Escuche las noticias del día en Spotify:
La Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado Gustavo Enrique Malo Fernández a la pena de nueve años, seis meses y 12 días de prisión, más el pago de una multa de 94 millones de pesos, por su responsabilidad en el denominado cartel de la toga, que consistió en vender fallos a excongresistas investigados por diferentes hechos delictivos.La Sala Especial de Primera Instancia lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión, y le negó la casa por cárcel.La Corte consideró que el exmagistrado Malo Fernández “se unió a un grupo delincuencial, con vocación de permanencia, para ejecutar diversas conductas delictivas que derivaron en la lesión a la expectativa legítima que ampara a todos los asociados frente a las decisiones de las autoridades, especialmente aquellas que provienen del órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria”.Las pruebas recaudadas por la Corte permitieron establecer que por intermedio del exfiscal anticorrupción ya condenado, Luis Gustavo Moreno Rivera, y del exmagistrado también condenado, Francisco Javier Ricaurte Gómez, negoció su función como juez, recibiendo la contraprestación ilegal derivada de un acto de corrupción.En primera instancia, la Corte concluyó también que Malo Fernández cometió el delito de prevaricato por omisión, pues, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la organización delincuencial de la cual hacía parte, entre ellos, retirar del cargo al magistrado auxiliar que adelantaba la investigación contra Musa Besaile, dolosamente adoptó al interior del despacho a su cargo las medidas necesarias para retardar un acto propio de sus funciones, como lo era administrar justicia bajo los parámetros constitucionales y legales. En concreto, omitió tramitar de forma célere y eficiente las diligencias que se adelantaban contra el exsenador Musa Besaile, teniendo cabal capacidad de cumplir con su deber.A juicio de la Sala, quedó claro que el entonces magistrado se concertó con funcionarios públicos y con particulares para abordar a congresistas, como los exsenadores Musa Abraham Besaile Fayad y Álvaro Ashton, contra quienes cursaban indagaciones penales en única instancia en su despacho, a fin de adoptar decisiones contrarias a derecho y afectar el curso normal de las mismas. Lo anterior, a cambio de coimas y dádivas.En esa tarea de acercamientos con los congresistas intervenían los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y Leonardo Pinilla Gómez, para lo cual Malo Fernández, por intermedio de Francisco Javier Ricaurte Gómez, exmagistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, suministraba datos al grupo para que fueran utilizados al abordar a los citados congresistas.
La Fiscalía General de la Nación estaría a punto de retomar investigaciones de casos que se encuentran ahora en la JEP. Una circular en ese sentido ya fue expedida por el ente investigador y apunta a no suspender las investigaciones relacionadas con el conflicto armado.En el documento pide no suspender investigación alguna relacionada con el conflicto armado. Sin embargo, deja claro que no busca interferir con la JEP."Es imperativo que la fiscalía avance en las investigaciones relacionadas con el conflicto armado que sean de competencia de la JEP, hasta el punto procesal máximo permitido por la regulación transicional", dice la circular.Ese punto máximo mencionado en la circular solo permitiría que la fiscalía vincule formalmente a una investigación, o impute cargos, a los procesados. Sin embargo, no podría emitir órdenes de captura, solicitar medidas de aseguramiento o llevar las investigaciones a etapa de juicio, ya que esto es competencia exclusiva de la JEP.Uno de los casos que volvería a investigar la fiscalía sería la del general Mario Montoya, acusado por falsos positivos y quien iba a ser llamado a imputación de cargos antes de someterse a la JEP.El abogado de las víctimas de falsos positivos, Sebastián Escobar, afirmó que, “nosotros habíamos insistido que la competencia de la Fiscalía General de la Nación no se tiene claro en donde empieza, sin embargo, esta entidad se había negado a continuar con las investigaciones”.Otro de los posibles casos que volvería a ser investigado, sería el denominado Cartel de la Toga, teniendo en cuenta que la fiscalía suspendió las investigaciones contra algunos de sus implicados como Álvaro Ashton, quien permanece en la JEP, y Musa Besaile, recientemente expulsado de la misma.Esta es la circular:
Con 65 votos a favor, la Plenaria del Senado aprobó la acusación de la Cámara de Representantes contra el exmagistrado Leonidas Bustos por el escándalo del cartel de la toga, ahora su expediente pasará a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, desde donde se podrá solicitar su extradición o solicitar circular roja de la Interpol para que afronte el juicio penal.Con este resultado, la plenaria del Senado declaró indigno al exmagistrado Bustos, adicional le levantó el fuero, con lo que ahora será la Corte Suprema de Justicia la que podrá adelantar la investigación en su contra.Según el texto de acusación presentado en el Senado, luego de evaluar más de 100 pruebas documentales y testimoniales, Bustos sería el cerebro de este cartel de la toga y sería el presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias.Según Edward Rodríguez, el representante investigador, con esta aprobación el cartel de la toga llegaría a su fin.“Con esta acusación formal podemos decir que llega a su fin lo que en Colombia se denominó como cartel de la toga. Fueron 37 pruebas testimoniales, fue prueba fundamental la de Gustavo Moreno, fueron 58 pruebas documentales, 17 informes de policía judicial, con las que se pudo determinar que al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia existía una empresa criminal de la que era parte José Leonidas Bustos y no solo parte, era el cerebro de esta organización criminal”, afirmó.A su turno, el senador Guillermo García Realpe, instructor de este caso, dijo que las pruebas fueron suficientemente contundentes para sustentar este escrito de acusación.“Las pruebas le permitieron al representante investigador superar las conjeturas y la acusación la construyó con base en hechos demostrados, comprobados por medios sólidos, sin mancha, cristalinos, diáfanos, que por sí solos demuestran la veracidad de la contundencia que pretenden probar”, puntualizó.Ahora el expediente del exmagistrado Leonidas Bustos pasará a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, desde donde se podrá solicitar su extradición o solicitar circular roja de la Interpol para que afronte el juicio penal.
La sala civil de la Corte Suprema de Justicia cuestionó a la Sala de Instrucción de ese mismo tribunal por negar el acceso a la información del periodista Juan David Laverde de El Espectador, quien solicitó unas copias de unas declaraciones de dos testigos, en el juicio que se adelanta contra el exmagistrado Gustavo Malo dentro del llamado “Cartel de la Toga”.A pesar de ser pública dicha información, la Sala de Instrucción le negó las copias al comunicador, argumentando que se violaría el derecho a la intimidad por los nombres y las identificaciones que allí aparecen.La sala civil ordenó a la Sala de Instrucción expedir las copias solicitadas, no sin antes llamar la atención de sus compañeros magistrados.“No bastaba con enunciar dicho amparo, sino que era necesario ahondar en las razones que daban lugar a la reserva en virtud de dicha protección, sin que sea suficiente invocar la posible vulneración del derecho a la intimidad únicamente por el contenido de los generales de ley, pues de ser así en todo momento habría lugar a negar el acceso a las documentales (escritos, audios o videos) que se recauden en la etapa de juicio, toda vez que siempre que se toma una declaración, aquellos son recaudados, y por definición, aluden a información personal de quien está frente al estrado”, indicó la sentencia.Negar documentos en etapa de juicio constituye una limitación a las libertades de expresión, información y prensa, agregó la Corte Suprema.
Durante el juicio que se cumplió en la Corte Suprema, el procurador delegado José Fernando Ortega Cortés aseguró que, más allá de toda duda, el exmagistrado Gustavo Malo se concertó con los condenados Gustavo Moreno y Francisco Ricaurte en una organización criminal para beneficiar a los que estaban siendo investigados en su despacho, como los congresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton.El procurador basó su petición en el testimonio rendido por el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz quien dijo que, durante un cumpleaños de Francisco Ricaurte, le contó que los magistrados Ricaurte y Malo tenían interés para favorecer a los investigados para esa época Argenis Velásquez y Nilton Córdoba.Durante el juicio contra el exmagistrado, la Corte Suprema escuchó las declaraciones del exfiscal Luis Gustavo Moreno, el ex congresista Álvaro Ashton, quien reconoció la entrega de dineros para influir ilegalmente procesos ante la Corte Suprema de Justicia, que en las próximas semanas definirá si condena o no al ex magistrado Gustavo Malo Fernández.
La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación contra la condena impuesta al exmagistrado Francisco Ricaurte por su participación en el denominado cartel de la toga, específicamente, por los delitos concierto para delinquir, cohecho, utilización indebida de información privilegiada, tráfico de influencias de particular.En la apelación, la Fiscalía insiste en aumentar la pena que se le impuso de 19 años de prisión a 23 años de cárcel, al considerar que la pena actual no se ajusta a los delitos cometidos.“Solicito se modifique la pena impuesta al sentenciado adicionando en la proporción señalada el delito de tráfico de influencias, lo cual, aunque no es la pena que pretendió la Fiscalía en su solicitud (23 años) en este caso particular sería más acorde a los argumentos y valoración desarrollados por el señor Juez en el acápite de dosificación punitiva”, dice el documento de la Fiscalía.En las próximas semanas, el Tribunal Superior de Bogotá deberá tomar la decisión sobre si mantiene la condena de 19 años, la aumenta a 23, o la tumba como pretende su abogado con una apelación que también interpuso en esa instancia.Es preciso recordar que en este caso la justicia demostró que Ricaurte era pieza fundamental en la organización porque era quien conseguía clientes y establecía el monto a cobrarles.“Francisco Ricaurte conseguía los llamados clientes, establecía las condiciones del precio, la forma de pago, distribución de dineros, como quería presentarse al margen de los hechos delictuosos, esto no fue posible porque sus mismos socios, clientes lo delataron acogiéndose al principio de oportunidad como Gustavo Moreno, Álvaro Ashton y Musa Besaile”, dijo el juez en la sentencia.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al negar nuevamente la libertad al exmagistrado Gustavo Malo, implicado en el cartel de la toga, hizo fuertes cuestionamientos a su defensa por dilatar su juicio.El alto tribunal recordó que si la iniciación del juzgamiento se ha dilatado es exclusivamente por la cantidad de pruebas improcedentes que ha solicitado su defensa.En tal sentido recordó que fueron pedidas 22 pruebas fuera de término en abril de 2020 y en junio pidió 20, de las cuales solamente se decretaron 3, el resto fueron desestimadas ante su clara improcedencia, pues no versaban respecto hechos novedosos y resultaban impertinentes e inconducentes al no relacionarse con el marco objeto de acusación.“Lo anterior demuestra de manera incontrastable que la defensa ha venido dilatando la actuación, en particular, con las peticiones y recursos por medio de las cuales pretende ampliar el debate probatorio a través del decreto de pruebas sobrevinientes, con lo cual ha impedido que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dé traslado para alegar de conclusión y con ello, culmine la vista pública; pues de no ser así, desde el pasado 13 de julio de 2020, se habría finalizado la práctica probatoria”, puntualizó la Corte.
El exmagistrado Francisco Javier Ricaurte ingresó a la historia criminal del país, como el primer expresidente de la Corte Suprema, máximo tribunal de la justicia en Colombia, en ser condenado, en su caso, por ser uno de los cerebros delincuenciales del denominado cartel de la toga.Ricaurte, oriundo de Cartagena, hoy detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, fue condenado a 19 años de cárcel y al pago de una multa de más de 440 millones de pesos, por haber cometido cuatro delitos: concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho y uso indebido de información privilegiada.En una larga providencia de 194 páginas, el juez Guillermo Adame dijo que Ricaurte “actuó con pleno conocimiento de las conductas prohibidas, actuó en contrario de dichas prohibiciones, desconociendo bienes jurídicos de vital trascendencia para el Estado y la sociedad colombiana quien por su posición distinguida y destacada se le exigía mayor mesura en sus actos”.El juez señaló que la defensa de Ricaurte no logró desvirtuar las graves acusaciones que la Fiscalía sustentó con base en documentos y testimonios.Según los investigadores, desde el 2013 hasta el 2016 Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron a Luis Gustavo moreno, Leonardo Pinilla, Gustavo Malo, entre otros, dedicada a cometer delitos relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal.La forma en la que operaba esta red criminal, implicaba reuniones de sus integrantes en casa de Ricaurte, de Bustos y en hoteles, restaurantes y fuera del país.Según la Fiscalía, Ricaurte y Moreno se conocieron por medio de Leonidas Bustos en 2013 en el apartamento de Bustos, Ricaurte le indica a Moreno la forma en la que funciona la organización criminal, indicándole cómo manejarían los procesos y detallando la manera como en adelante procederían frente a lo que ellos llamaban clientes, que eran los beneficiarios del tráfico de influencias.Ricaurte y Bustos tenían los contactos, especialmente de políticos, congresistas y gobernadores, de quienes se supiera que tuvieran investigaciones, indagaciones o procesos en la Corte o en la Fiscalía.Los servicios criminales que ofrecían desde el cartel de la toga eran muy variados: Conseguían información privilegiada de procesosRetardaban los tramitesInstrumentalizaban medios de comunicación para desacreditar testigosAlteraban evidenciasLes pagaban a funcionarios del más alto nivel para que les dieran información, para que permitieran su actuación o para que engavetaran procesos.Según los testigos, Ricaurte recibió 400 millones del exsenador Álvaro Ashton- investigado por parapolítica desde 2017.Ricaurte pidió 2 mil millones de pesos contra el exsenador Musa Besaile – en cuyo caso se frenó una orden de captura por parapolítica que el propio expresidente de la Corte conocía.Ricaurte, vía el expresidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, habría buscado favorecer al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.Además, habría favorecido al exsenador Julio Manzur al haberle informado anticipadamente sobre una orden de captura en su contra.Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
Las disidencias de las Farc siguen imponiendo su ley en Tibú, Norte de Santander. En las últimas horas amarraron a un joven a un poste y le pusieron un letrero que dice: “Soy vicioso”.El mensaje va firmado con las siglas “Farc – EP, frente 33”, grupo armado residual que quedó en la zona luego de la desmovilización de la organización guerrillera.Esta es la imagen que hoy ronda en redes sociales:No es la primera vez que ocurre un caso como este: la semana pasada, en pleno casco urbano de Tibú y, en una de las avenidas principales, varios integrantes de la disidencia del frente 33 de las Farc, amarraron a uno de los postes de energía eléctrica a dos hombres, junto a ellos, dejaron un cartel en el que se indica el motivo por el cual los ataron."Son expendedores de drogas", decía en uno de los apartes el escrito. Además, aparece el nombre de otros ciudadanos que habitan en esa localidad y, que, según el cartel, son declarados objetivo militar de las disidencias de las Farc.Así lo reportó Noticias Caracol:Hace algunas semanas, un caso similar se vivió en el municipio de El Tarra, el ELN detuvo a dos ladrones de motocicletas y con un cartel a bordo los obligó a caminar amarrados por toda la localidad.
Una fuerte conflagración se registró desde las 2:30 de la mañana de este 7 de diciembre en la galería del mercado público de Santa Marta, lo que requirió el traslado de Policía y bomberos a la zona para controlar el fuego.Las llamas lograron expandirse rápidamente ante la mirada de los propietarios de los locales, quienes pedían ayuda para intentar salvar la mercancía que habían comprado para abastecerse para la temporada decembrina.Son por lo menos 11 colmenas las afectadas y de las que depende el ingreso económico de 60 familias. Se considera que las pérdidas son cercanas a los $200 millones de pesos. El cuerpo de bomberos aún no establece la causa del incendio, pero no descarta que se trate de un corto circuito.Lea tambiénEsta es la cuarta conflagración que se registra en la capital del Magdalena en menos de 48 horas, teniendo como precedente la explosión que se dio en una polvorería, en una parte del cerro Ziruma y en un coliseo.Esta galería del mercado público fue recientemente objeto de inversiones públicas para la remodelación de sus espacios, en el marco de una estrategia que busca convertir esta zona como un referente turístico y gastronómico.Escuche noticias internacionales
Acciones coordinadas de los cuerpos policiales de España y Colombia permitieron el decomiso de más de 600 kilos de cocaína que iban a ser introducidos al país ibérico a través del puerto de Algeciros.De acuerdo con la Policía española, el modus operandi de la banda narcotraficante consistía en introducir el alcaloide camuflado en cargamentos de bananos.Un primer cargamento, de 305 kilos de cocaína, fue encontrado en el puerto de Barranquilla. Posteriormente, el cuerpo Fiscalía Especial Antidroga del Campo de Gibraltar (España) encontró 244 tabletas prensadas del alcaloide con un peso bruto aproximado de 300 kilos de cocaína.“El modus operandi de esta organización criminal consistía en la introducción de la sustancia estupefaciente en la península escondiéndola entre la mercancía legal” comunicaron las autoridades españolas.“Este sistema es conocido como “de empresa a empresa”, y destaca por la dificultad que supone para las unidades investigadoras su detección, ya que las empresas elegidas cuentan con un elevado movimiento comercial marítimo legal y un histórico comercial en principio fuera de cualquier sospecha por las autoridades policiales”, añadió el comunicado.Entérese de esta y más noticias
La Gobernación de Santander informó que en 44 municipios están activos más de 2.500 contagios por COVID-19. Más del 80% de los casos están concentrados en Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Piedecuesta y Girón."Estamos en alerta en Barrancabermeja porque los contagios y muertes por COVID-19 desde hace un mes no disminuye en la ciudad. Por eso activamos puestos de vacunación nocturnos y estamos realizando más pruebas PCR gratuitas en diferentes sectores de la ciudad", aseguró Leonardo Gómez, secretario de Gobierno del municipio. En el departamento al día se están aplicado en promedio más de 12.000 vacunas COVID-19."Solo el 30% de las personas entre 30 a 39 años tiene el esquema completo contra el COVID-19 en el departamento, lo que corresponde a 104.212 inmunizados en el territorio", señaló en un comunicado la Secretaría de Salud de Santander.
Dos motociclistas murieron en un par de accidentes registrados en las últimas horas en el sur de Bogotá.El primer caso se registró en límites de la localidad de Usme, en inmediaciones del barrio Divino Niño, donde un motociclista impactó violentamente contra un vehículo del SITP. De acuerdo con versiones de testigos, la víctima iba a alta velocidad y el conductor de transporte público hizo un giro a la derecha sin percartarse de la velocidad de la moto.El segundo caso tuvo lugar en el barrio Meissen, donde la víctima chocó con un camión que iba hacia la vía a Villavicencia. Debido a la emergencia, la vía fue cerrada durante varias horas, generando un gran trancón.Escuche este informe del Ojo de la Noche:
