A través de un comunicado, el abogado Luis Moreno, defensor de Sneyder Pinilla en el escándalo de corrupción de la UNGRD, agradeció la segunda oportunidad que la vida le brindó para demostrar su compromiso con la justicia.El abogado, quien ya purgó una pena por el delito de concusión y utilización indebida de información privilegiada de la Fiscalía, cuando se desempeñaba como fiscal anticorrupción, actuó como agente encubierto para grabar un presunto soborno ofrecido por el abogado Edgar Riveros para que Sneyder Pinilla no mencionara, en su colaboración con la justicia, dos contratos de la UNGRD por cerca de 300.000 millones de pesos."Como ciudadano, al tener conocimiento de un hecho delictivo, en el cual me contactan para ser un puente del mismo, no dudé ni un segundo en cumplir con el deber ineludible de reportarlo a las autoridades competentes, en este caso, la Fiscalía General de la Nación”, indicó Moreno.Luis Moreno, agente escubiertoLa Fiscalía, tras recibir información delicada del propio sobre el presunto soborno, designó a Luis Moreno como agente encubierto bajo su control.Todo empezó el 26 de julio de 2024, cuando Moreno obtuvo información sobre un intento de soborno y alertó a la Fiscalía. En una reunión, Edgar Riveros le ofreció 3.000 millones de pesos para alterar el testimonio de Sneyder Pinilla, buscando favorecer un contrato de 42.000 millones de pesos.Moreno rechazó el intento de soborno y continuó recopilando pruebas. Reportó el incidente a la fiscal Andrea Muñoz. En una reunión el 29 de julio, con apoyo del CTI, grabó las conversaciones con Riveros, revelando que negociaban un contrato de 242.000 millones de pesos. Luego entregó la evidencia a las autoridades.“Mi mensaje es claro y quiero transmitirlo a las nuevas generaciones: siempre actúen bajo la ley y no se dejen llevar por los caminos cortos”, señaló el abogado cuyo caso destapó un impresionante asunto de corrupción en el poder judicial colombiano conocido como el cartel de la toga.
El martes 23 de julio, el juzgado 60 emitió una condena de cuatro años y siete meses de prisión contra el abogado Luis Ignacio Lyons por su participación en el escándalo del Cartel de la Toga. Este caso ha sacudido a varios miembros del poder judicial, revelando una red de corrupción que comprometió la integridad del sistema.El Cartel de la Toga fue una trama de corrupción descubierta en 2017 que implicaba a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, y abogados. La red se dedicaba a manipular procesos judiciales, beneficiando a políticos y empresarios a cambio de sobornos. Entre los implicados se encuentran el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, y el abogado Leonardo Pinilla.Durante el juicio, se comprobó que Lyons actuó de manera ilícita en su ejercicio profesional. Se demostró que recibió pagos del exsenador Musa Besaile para sobornar al exmagistrado Gustavo Malo, con el fin de frenar una orden de captura que pesaba sobre Besaile desde hacía diez años. Este delito de cohecho por dar u ofrecer se tradujo en una sentencia de 55 meses de prisión y una multa equivalente a 77 salarios mínimos mensuales vigentes. Además, Lyons fue inhabilitado por 88 meses para ejercer funciones públicas.El juicio también reveló cómo Lyons facilitó la entrega de dinero a través de intermediarios, aprovechando su posición como abogado para influir en decisiones judiciales. Este esquema de corrupción no solo afectaba casos individuales, sino que también erosionaba la confianza pública en la imparcialidad y la justicia del sistema judicial colombiano.Durante el proceso, Lyons solicitó la prisión domiciliaria, argumentando que necesitaba cuidar de su hijo y que pertenecía a la comunidad de Emaús, donde realiza servicio social. Sin embargo, el juez consideró que no había pruebas suficientes que justificaran su solicitud, debido a inconsistencias en la documentación presentada. Por esta razón, Lyons cumplirá su condena en una cárcel designada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.El juez ordenó la captura de Lyons una vez la decisión esté en firme, aunque el abogado defensor anunció que apelará el fallo de primera instancia en los próximos cinco días. Lyons, quien asistió a la audiencia de manera virtual, también manifestó su intención de apelar, lo que podría prolongar el proceso judicial.
La inasistencia de un testigo clave está poniendo en riesgo el avance del juicio contra Luis Ignacio Lyons procesado por el delito de cohecho en el conocido caso de "El Cartel de la Toga".El procurador Judicial Mario Enrique Gómez Jiménez dirigió una carta a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón y expresó su preocupación por el desarrollo de este proceso judicial.El caso, que se tramita en el Juzgado 60 Penal del Circuito, está actualmente en la etapa de juicio oral, y la Fiscal 12 delegada ante el Tribunal Superior, Diana Alejandra Cucunubá Pérez, indicó que las audiencias recientes se han visto frustradas por la ausencia del testigo Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción condenado por “El Cartel de la Toga” condicionó su testimonio a la renovación del principio de oportunidad a su favor, lo que ha impedido su comparecencia.En este caso, el juez 60 Penal del Circuito ha señalado la gravedad de esta situación, advirtiendo sobre el riesgo de prescripción del caso. Si esto pasa, podría haber una terminación del proceso sin una resolución judicial, lo que representaría una garantía constitucional para el procesado y una sanción para el Estado por su inactividad.En un documento de cuatro páginas, el procurador Gómez pidió a la Fiscalía General de la Nación que tome medidas urgentes y necesarias para garantizar la asistencia del testigo y asegurar el desarrollo continuo del juicio y del proceso.Por medio de esta misiva, subrayó la importancia de una administración de justicia pronta y cumplida y destacó los derechos de defensa y el debido proceso.Por último, según la Procuraduría, la falta de avance en este caso emblemático no solo afecta la administración de justicia, sino que también puede tener un impacto significativo en la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad en Colombia.
Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia fue condenado por pertenecer a una organización que recibió dineros para beneficiar a terceros en procesos que estaban a cargo del magistrado Gustavo Malo Fernández, entre los que se encontraban los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile en el entramado judicial conocido como el cartel de la toga.La Procuraduría General de la Nación se pronunció en este caso, y pide que se mantenga vigente la condena de 16 años y 5 meses de prisión impuesta al exmagistrado de la Corte Suprema.Durante la audiencia de sustentación del recurso de casación presentado por la defensa de Ricaurte ante el alto tribunal, el procurador segundo delegado para la casación penal destacó que la sentencia emitida, tanto en primera como en segunda instancia, está respaldada por testimonios y pruebas recopiladas durante el proceso penal, por lo que no existen fundamentos para su revocación.El procurador encargado del caso también fue enfático en afirmar que el objetivo es lograr una justicia efectiva para restaurar la imagen de la judicatura, afectada por las actividades delictivas en las que estuvieron involucradas diversas personas, incluidos magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.Ricaurte fue hallado culpable de formar parte de una organización que recibía sobornos para favorecer a terceros en casos a cargo del magistrado Gustavo Malo Fernández, incluyendo a excongresistas y un exgobernador. El Juez Décimo Penal del Circuito de Bogotá dictó la condena inicial y luego la confirmó el Tribunal Superior de la capital.
La sala analizó los impedimentos presentados por los magistrados para conocer las demandas de casación presentadas por la defensa del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y el fiscal 3 delegado ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.Durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos corruptos al conspirar con otras personas.Estos actos se materializaron en procesos penales dirigidos contra Musa Abraham Besaile Fayad, Álvaro Antonio Ashton Giraldo y Juan Carlos Abadía Campo, en el escándalo judicial conocido como "El Cartel de la Toga".La Corte Suprema de Justicia explicó que en este sentido, la organización criminal obtenía información privilegiada, retrasaba procesos y manipulaba pruebas para emitir decisiones que beneficiaban a sus "clientes", quienes eran beneficiarios de tráfico de influencias.Entre los impedimentos, se encuentra el de la magistrada Myriam Ávila, porque en su anterior condición de procuradora delegada para la investigación y el juzgamiento penal, intervino dentro de las actuaciones que adelantó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, seguida en contra de los exmagistrados de este alto tribunal José Leonidas Bustos y Gustavo Malo.La magistrada agregó que "dentro de esos procesos se presentó alegato previo a la calificación del mérito del sumario y solicitó que se profiriera la resolución de acusación en contra de Bustos y Malo".Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia declaró fundados los impedimentos expresados por estos cuatro togados para intervenir en el trámite y decisión de este asunto.
Este martes, 23 de enero, durante la audiencia de aporte único a la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el exgobernador de Santander y el coronel en retiro Hugo Aguilar, salpicó al exmagistrado investigado por el 'cartel de la toga' Leonidas Bustos, y aseguro que por un intermediario le pidió una millonaria suma para reducir su condena.“El mensaje que expuse sobre el magistrado Leonidas Bustos, no fue él, tengo que ser claro, en mayo del 2013 ya había terminado el juicio, estaba a la espera de la condena o absolución de la parapolítica. Claudia García Méndez con la doctora Marta Cristina Pineda visitaban a Iván Moreno, en una ocasión, ella me dice le traigo un mensaje del magistrado Leonidas, tiene la oportunidad de salir ya o de estar varios años más en la cárcel, me señala los cinco dedos. Digo yo, ¿cinco dedos?, no, cinco mil millones”, declaró Aguilar ante la JEP.Aguilar puntualizó: “con el respeto del pueblo colombiano les dije, yo no soy ningún mafioso dígale que de dónde voy a sacar 5.000 millones de pesos. De todos los políticos que estábamos allá, a ellos les aplicaron penas de los 7 años y multas que no pasaban de los 1.000 millones y a mí nueve años y una multa de 6.300 millones”.Hay que recordar que el llamado ‘cartel de la toga’ se destapó cuando el excongresista Musa Besaile fue arrestado en agosto de 2017 al descubrirse que pagó 2.000 millones de pesos para que no se conociera el expediente que lo vinculaba con paramilitares.De esa investigación nació la trama conocida como el ‘cartel de la toga’ en el que resultaron salpicados Tarquino y los también expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos.También formó parte de ese entramado de corrupción el entonces fiscal jefe de la unidad anticorrupción Gustavo Moreno, y su socio Leonardo Pinilla, condenados en Estados Unidos por recibir sobornos del exgobernador del departamento de Córdoba Alejandro Lyons.
En una medida de primera instancia, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años a la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez (2014-2018), por entregar una millonaria suma de dinero para favorecerse en un proceso penal.La historia empezó cuando la excongresista le entregó $130 millones a un funcionario del magistrado auxiliar Camilo Ruíz de la Corte Suprema de Justicia, a través de su abogado defensor Luis Gustavo Moreno.Esta versión la confirmó la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, aclarando que todo se dio para evitar una captura o un llamado a juicio por la presunta apropiación de $300 millones cuando fue alcaldesa de Orito, Putumayo (2009-2010).La Procuraduría logró evidenciar que la excongresista planeó el entramado para beneficiarme de un proceso penal y se estableció “en grado de certeza la materialidad de la falta a la endilgada”.Para el Ministerio Público, con su actuación, demostró “un desprecio total por la administración pública, la ética y la honradez que debe guiar el ejercicio de la función pública, más aún si se trata de una servidora que fue elegida por voto popular, de quien la sociedad espera un comportamiento libre de mácula, transparente y correcto”.El plan de la excongresista fue relatado en las declaraciones rendidas por Luis Gustavo Moreno Rivera en el proceso penal donde se investigó la conducta irregular de diferentes funcionarios judiciales, en lo que se ha denominado como ‘el cartel de la toga’. Al tratarse de un fallo en primera instancia, la sancionada puede apelar.Le podría interesar:
Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal anticorrupción de Colombia condenado por el recordado 'Carte de la Toga0, es el abogado de Jorge Luciano Bolívar, excandidato a la Alcaldía de Ibagué en las pasadas elecciones regionales por el partido Conservador, en las acciones legales que adelantan porque, según ellos, existieron irregularidades en el reciente proceso electoral.“Emitir una decisión avalando cualquier candidatura de la que se hayan desprendido o cometido delitos para concretarla, sería un prevaricato”, dijo Luis Gustavo Moreno RiveraDesde la campaña azul en la capital de Tolima, esperan que se revise voto a voto el resultado electoral de la pasada contienda electoral, donde perdió frente Johana Aranda por una diferencia superior a los 4.000 votos."Hemos entregado poder al reconocido abogado Luis Gustavo Moreno Rivera por varias razones la primera sin duda es que creemos en las segundas oportunidades así las cosas le hemos solicitado que actúe en derecho y que interponga todas las acciones penales que den lugar tras las evidentes pruebas que demuestran con hechos concretos el fraude electoral con el que pretenden derrotar nuestra candidatura”, aseguró en medio de una conferencia de prensa Jorge Bolívar.Recordemos que el exfiscal anticorrupción en Colombia fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión y utilización indebida de información privilegiada y, luego de enfrentar a la justicia colombiana, fue extraditado a los Estados Unidos por solicitud del Tribunal del Distrito Sur de Florida, señalado del delito de concierto para lavar dinero.“Sin a duda el país conoce que fui el director nacional anticorrupción de la Fiscalía, que soy un conocido penalista, antes de ello en ejercicio de la defensa de muchas personas que han sido investigadas, pero además que hice parte unos hechos que empañaron la administración de justicia, pagué por ellos, fui extraditado, recorrí los pasillos tortuosos de la extradición, pagué pena de prisión en Colombia en Estados Unidos, pero cuando uno está privado de la libertad, uno sueña con el momento de encontrarse con la libertad, y qué hacer con ella, yo sin duda tuve ese sueño recurrente, todos los días y le pedí a Dios en el momento que me diera esa oportunidad de tener una segunda oportunidad de hacer las cosas bien de combatir los hechos de corrupción”, agregó Moreno.En un comunicado de prensa, fueron enfáticos a asegurar que “la campaña Jorge Bolívar – Alcalde” insistirá en la revisión exhaustiva, dadas las cientos de evidencias que demuestran un fraude electoral en Ibagué, en los pasados comicios electorales”.“Eso no puede seguir pasando, hay elementos de prueba suficientes para que no solo se denuncie sino para que el doctor Bolívar sea reconocido como víctima, pero desafortunadamente la realidad nacional nos muestra que los procesos son demorados, que los implicados tratan de retrasarlos para que esto no llegue a condenas, para que opere la prescripción”, puntualizó el abogado litigante.La denuncia ya fue insaturada en la Fiscalía General de la Nación, donde presentaron posibles irregularidades en el trámite de los formularios E 14, en el diligenciamiento de los mismos.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Una nueva decisión se conoce en medio del escándalo del llamado Cartel de la Toga, pues se conoció de un pago que habría realizado el exrepresentante a la cámara por San Andrés Julio Gallardo al entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos buscando conseguir una decisión favorable sobre un proceso penal. Con esta formulación de cargos, Gallardo Archbold sería llamado a juicio disciplinario.La Procuraduría informó que la Sala de Instrucción Disciplinaria establece que, como parte del entramado de corrupción denominado 'Cartel de la Toga', Julio Eugenio Gallardo habría hecho llegar el dinero del pago por medio del exfiscal Luis Gustavo Moreno, materializando un cohecho por dar u ofrecer.“Al parecer, Gallardo Archbold se desvió del cumplimiento de sus deberes y afectó de manera grave el recto ejercicio de la función pública, al buscar incidir en las decisiones de los administradores de justicia”, señaló el Ministerio Público.La Procuraduría mencionó que con el presunto comportamiento del excongresista estuvo provisto de ilicitud sustancial, con lo que pudo infringir el principio de moralidad, por lo que calificó su posible conducta como falta gravísima cometida a título de dolo.Cartel de la Toga: Juan Carlos Abadía acusado formalmente por su presunta participaciónEl exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente hacer parte del denominado 'Cartel de la Toga'.El exmandatario deberá responder por el delito de cohecho por dar u ofrecer, pues supuestamente habría entregado un millonario soborno para ser beneficiado en las investigaciones que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia.Según el ente acusador, en el año 2014, Abadía le habría pagado la suma de 400 millones de pesos al ex fiscal contra la corrupción Luis Gustavo Moreno, para dilatar el proceso en su contra por presuntos hechos de corrupción, cuando fue gobernador del Valle del Cauca entre los años 2008 y 2010, dinero que habría sido redireccionado al ex magistrado Francisco Ricaute, quien hoy también enfrenta una condena.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez por presuntamente entregar 130 millones de pesos a un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, para ser favorecida en un proceso penal.Según las investigaciones, la excongresista habría entregado el dinero a través de su abogado, Luis Gustavo Moreno, para evitar una eventual captura o un llamado a juicio por la presunta apropiación de 300 millones de pesos cuando se desempeñó como alcaldesa de Orito, Putumayo, entre 2009 y 2010.“Utilizó su cargo y función para quebrantar la ley que ella misma juró cumplir, utilizando maniobras fraudulentas como resulta ser el ofrecimiento o pago de sumas de dinero a magistrados para que no fuese sujeto de la ley penal”, aseguró la Procuraduría en un comunicado.Las declaraciones entregadas por Luis Gustavo Moreno implican a la excongresista en el proceso penal denominado como el ‘Cartel de la Toga’. El órgano de control calificó su presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.Le puede interesar:
El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este domingo que firmó un indulto a favor de su hijo Hunter Biden, que en junio fue hallado culpable de tres delitos relacionados con posesión de armas, al ocultar en la compra su adición a las drogas, por considerar que sus problemas judiciales fueron instigados por sus rivales políticos."Ninguna persona razonable que mire a los hechos en los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión de que Hunter fue puesto en la mira solo porque es mi hijo y eso está mal", indicó Biden en un comunicado, en el que asegura que su hijo fue "imputado de manera selectiva e injusta".El presidente Biden había reiterado en varias ocasiones que no utilizaría la prerrogativa del perdón presidencial para resolver los problemas legales de su único hijo vivo, que también se había declarado culpable de evasión fiscal en un tribunal federal de California.Hunter Biden había sido declarado culpable de haber mentido en un formulario para obtener un arma en el estado de Delaware al asegurar que no era consumidor de drogas y haber poseído ese arma durante solo 11 días y sin que fuera usada en un delito, algo que el mandatario dijo hoy que "casi nunca es llevado a juicio con cargos penales"."Los cargos en su caso solo surgieron después de varios de mis oponentes políticos en el Congreso instigaran ataques contra mí y en oposición a mi elección", indicó el presidente Biden."Ha sido un intento de romper a Hunter, que lleva cinco años y medio sobrio, incluso enfrentándose a ataques sin descanso y persecución selectiva. Al intentar quebrar a Hunter también intentaban romperme a mí", lamentó el mandatario estadounidense.El caso más serio para Hunter Biden era el de los nueve cargos de los que se declaró culpable en septiembre por evasión fiscal, ya que al tener antecedentes penales por su caso de tenencia de armas en Delaware podía enfrentar hasta 17 años en prisión.Los problemas legales de Hunter Biden pusieron ante la opinión pública un oscuro período de la vida del hijo del presidente por su profunda adicción a las drogas, sobre todo tras la muerte en 2015 de su hermano y primogénito del presidente por un cáncer.Esa tragedia afectó profundamente también a Joe Biden, que ya había pasado por otro episodio duro tras la muerte de su primera mujer y de su hija de tan solo un año en un accidente de tráfico en 1972, en el que resultaron heridos Beau y Hunter Biden.El perdón llega en un momento sin riesgo político para el presidente, que tras renunciar a su reelección este verano y a sus 82 años de edad abandonará la vida política el 20 de enero, cuando asuma el presidente electo Donald Trump.
El sector inmobiliario colombiano enfrenta un desafío importante: la digitalización de sus procesos. Según datos de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), el 57 % de los contratos de arrendamiento son verbales, lo que incrementa los costos y prolonga los tiempos de gestión. Esta situación no solo afecta la eficiencia del sector, sino que también genera inseguridad y riesgos para las partes involucradas.Solución para disminuir contratos verbalesEn respuesta a esta situación, AutenTIC y Fedelonjas han unido esfuerzos para implementar la firma digital en los trámites inmobiliarios. Este acuerdo tiene como objetivo modernizar y optimizar las operaciones del sector, reduciendo hasta en un 40 % los tiempos de gestión y mejorando la seguridad jurídica de las transacciones. La implementación de la firma digital permitirá que trámites como contratos de arrendamiento y compraventas puedan realizarse completamente en línea, eliminando la necesidad de desplazamientos físicos y asegurando la integridad de los documentos en cada etapa.La alianza entre AutenTIC y Fedelonjas responde a la necesidad de innovar y transformar el sector inmobiliario colombiano. La firma digital se proyecta como un elemento clave para mejorar la competitividad y la confianza en el mercado. Además, representa un gran paso hacia la sostenibilidad del sector, ya que reduce el uso de papeles para contratos y otros trámites. Con este acuerdo, AutenTIC y Fedelonjas reafirman su compromiso con la innovación tecnológica y la transformación digital, contribuyendo al desarrollo de uno de los sectores más representativos de la economía nacional.
La inseguridad parece no tener límites en Bogotá. La Policía y la Secretaría de Seguridad de la capital dieron a conocer la nueva modalidad de hurto contra los conductores de vehículos.En esta oportunidad, en San Victorino, quedó captado en cámaras de seguridad cómo un hombre usa una piedra para robar un celular.Con una piedra, la nueva forma de robar en BogotáEn las imágenes se puede observar cómo el hombre fijó su objetivo para cometer el delito, aprovechando que el tráfico se detuvo por el semáforo en rojo. En cuestión de segundos, corre hacia un taxi para arrojarle una piedra y así romper una de las ventajas del vehículo de transporte público.Después, se mete al carro para robarse un celular que estaba en el mismo y se retira caminando de la vía con tranquilidad.Capturan al responsable del hurtoPor fortuna, las autoridades estaban siguiendo a través de las cámaras C4 lo que sucedía en el centro de la ciudad. Una vez identificaron al delincuente, avisaron a los policías del CAI San Victoriano que estaban realizando patrullajes en el sector. Estos miembros de la institución lo interceptaron y, tras realizarle la requisa, recuperaron el dispositivo hurtadoDe acuerdo con la Secretaría de Seguridad, los hurtos de celulares en Bogotá ha disminuido 33 % en lo que va del 2024.Tiroteo en reconocida panadería de BogotáUn intento de robo en la panadería Masa, ubicada en el barrio Nogal de Bogotá, generó pánico entre los comensales y empleados el sábado 30 de noviembre. Dos sujetos ingresaron al establecimiento con la intención de despojar a una víctima de un reloj de alta gama.Según informes preliminares, los delincuentes habían seguido a su objetivo desde otro punto de la ciudad y aprovecharon el momento para intentar el atraco. Sin embargo, un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quien estaba presente en el lugar, reaccionó rápidamente y utilizó su arma de dotación para frustrar el robo.El funcionario disparó en cinco oportunidades, forzando a los delincuentes a huir del lugar en una motocicleta. Aunque no se reportaron heridos entre los clientes ni empleados del establecimiento, se presume que uno de los asaltantes podría haber resultado lesionado. Los delincuentes lograron llevarse dos celulares antes de escapar.
Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 1 de diciembre de 2024:María Paula Rodríguez, escritora colombiana, se refirió a su nuevo libro, con el que pretende enseñar a las personas de qué manera gestionar las emociones.Adriana Lizcano, directora de Afidi, se refirió a que se dedica en la inmobiliaria a la que hace parte. Además, explicó de qué se trata el sector inmobiliario.Miriam, directora de la asociación colombiana de bipolaridad, habló sobre cómo se le debe dar manejo a este trastorno y cómo entenderlo.Carolina Chacón, colaboradora del Parque Explora, se refirió sobre la curaduría en museos, y explicó en qué consiste.Escuche programa completo:
En las últimas horas, la Secretaría de Integración Social de Bogotá denunció ante la Fiscalía General de la Nación un nuevo caso de uso del cepo en la ciudad. Esta vez el hecho se produjo en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, donde se encuentra alojada la comunidad emberá.Según afirma la denuncia, el castigo del cepo fue implementado a seis menores de edad, que se encuentran entre los 11 y 14 años y que también hacen parte de ese grupo indígena. El Distrito afirmó que el vaso fue reportado el pasado 28 de noviembre, tras la ausencia de uno de los jóvenes en el Centro Amar.“Uno de los adolescentes fue reportado ausente del Centro Amar por parte del personal de Integración Social y, de acuerdo con la información recibida en la UPI La Rioja, se conoció que la razón era porque se encontraba en el cepo”, afirman desde la Secretaría de Integración Social.Tras lo anterior, y de manera inmediata, la entidad procedió a verificar la identidad de los niños y a denunciar ante la Fiscalía los delitos de violencia intrafamiliar y/o maltrato mediante restricción de libertad física. El caso también fue reportado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes evidenciaron que los jóvenes habían sido liberados y ya se encontraban en sus instituciones educativas.“Exhortamos a la población emberá que hace presencia en la UPI La Rioja a que se abstenga de implementar los métodos de castigo de la justicia tradicional, como es el uso del cepo, ya que su aplicación en dicho lugar no se ajusta a los criterios jurisprudenciales desarrollados por la Corte Constitucional (...) dicho predio es un bien fiscal del Distrito por lo que, como mínimo, no se cumple el factor territorial para la aplicación de la justicia tradicional indígena”, continúan desde el Distrito.Por último, la entidad rechazó estos hechos que ya son materia de investigación y aseguró que continuará denunciando ante la Fiscalía los hechos de violencia que ocurran contra los menores de edad.
