El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, confirmó que continúan las gestiones para lograr la extradición a Colombia del exmagistrado José Leonidas Bustos, condenado por el escándalo del Cartel de la Toga y quien reside en Canadá desde 2019.Lenis explicó que, aunque Colombia y Canadá no tienen un tratado de extradición, existen mecanismos que podrían permitir su regreso al país. Por esta razón, la Sala Penal ha insistido ante el Gobierno nacional para que avance en los trámites a través de la Cancillería.“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha insistido al Gobierno nacional para que, a través de la Cancillería, haga los trámites que correspondan para lograr la extradición del exmagistrado Leonidas Bustos”, señaló Lenis.El magistrado agregó que Colombia podría acudir al principio de reciprocidad, teniendo en cuenta que el país ha extraditado a Canadá a personas que no habían sido solicitadas por sus autoridades. Con este mecanismo, esperan obtener una respuesta similar del Gobierno canadiense.Sobre los avances, el presidente de la Corte, Lenis, indicó que se adelantan verificaciones solicitadas por la Cancillería, entre ellas, establecer la ubicación actual de Bustos en Canadá.Además, confirmó que contra el exmagistrado continúa activa una circular roja de Interpol para facilitar su localización.El presidente de la Corte también se refirió al impacto del caso en la justicia colombiana y lamentó que Bustos hubiera ocupado la presidencia de esa corporación antes de ser condenado por hechos de corrupción.“Fue un momento muy doloroso para la justicia, que alguien que fue elegido como presidente de la Corte haya deshonrado esa dignidad. Pero es un ejemplo de que la justicia estuvo ahí para responderle al país y sancionar esos actos de corrupción”, afirmó Lenis.El Cartel de la Toga operó entre 2012 y 2017 y buscaba cobrar dinero a cambio de interferir en investigaciones penales contra congresistas señalados de tener vínculos con grupos paramilitares. Justamente, Bustos fue condenado por concierto para delinquir y cohecho propio, en uno de los mayores escándalos de corrupción que ha golpeado a la justicia colombiana.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por el delito de concusión y ordenó su captura inmediata.Tarquino deberá cumplir una pena de seis años de prisión, pagar una multa de más de 87 millones de pesos y quedará inhabilitado durante cinco años para ejercer derechos y funciones públicas.La decisión está relacionada con el escándalo de corrupción conocido como el Cartel de la Toga, una red en la que, según las investigaciones judiciales, se ofrecía frenar o archivar procesos penales a cambio de millonarias sumas de dinero, mediante contactos e influencias dentro de la justicia.La Corte determinó que Tarquino, quien para la época de los hechos ya no ejercía como magistrado activo, actuó como intermediario del exmagistrado José Leonidas Bustos.Su papel consistió en contactar al entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y ofrecerle ayuda para resolver las investigaciones penales que enfrentaba. Los hechos se remontan a finales de 2014, cuando Lyons era investigado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de regalías relacionados con contratos de ciencia, tecnología e innovación.De acuerdo con lo establecido en el proceso, los primeros acercamientos se produjeron bajo el argumento de que era necesario realizar gestiones ante las autoridades judiciales para conocer el estado de los expedientes. En ese contexto, Tarquino solicitó inicialmente 60 millones de pesos, de los cuales habría recibido 30 millones, para realizar lo que describía como movimientos y acercamientos con funcionarios.Sin embargo, la situación cambió cuando le advirtió a Lyons que sus problemas judiciales eran graves y que las gestiones iniciales no serían suficientes.Según la reconstrucción de los hechos, Tarquino le hizo saber que la situación debía resolverse por completo y que sus contactos podían intervenir tanto en la Fiscalía General de la Nación como, eventualmente, en la Corte Suprema de Justicia.Fue entonces cuando le exigió al exgobernador de Córdoba 20.000 millones de pesos. Según la sentencia, le manifestó que actuaba en representación de Bustos y del también exmagistrado Francisco Ricaurte, y que ese dinero permitiría ayudarlo a archivar las investigaciones penales en su contra y evitar que avanzaran otros procesos.Las reuniones se realizaban en espacios privados y bajo estrictas medidas para evitar que las conversaciones fueran registradas.La providencia señala que Tarquino les pedía a los asistentes que entregaran sus teléfonos celulares antes de hablar y que, en algunas ocasiones, utilizaba música a alto volumen. En el encuentro en el que presuntamente se concretó la exigencia de los 20.000 millones de pesos, apartó a Lyons de sus acompañantes para conversar en privado.El exgobernador no aceptó pagar la suma exigida, pues consideró que se trataba de una cifra desproporcionada que no estaba en capacidad de cubrir.Por esta razón, la Corte ordenó expedir la orden de captura inmediata para que Tarquino cumpla los seis años de prisión impuestos por su responsabilidad en el delito de concusión.
La Sala en Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado José Leónidas Bustos por los delitos de cohecho en concurso con concierto para delinquir. La decisión tomada por el alto tribunal dispone una condena de 123 meses de prisión y 1 día, lo que equivale a 10 años y tres meses de prisión.Además, Bustos también estaría inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por ese mismo tiempo y debe asumir una multa de $133'738.170.Según el alto tribunal, los documentos exponen como el exmagistrado se alió con otros altos funcionarios y abogados para exigir sobornos a congresistas a cambio de manipular procesos penales a su favor.La investigación determinó que el exmagistrado integró una red que interfería en expedientes judiciales para frenar o modificar ciertas decisiones, en beneficio de aforados vinculados a hechos de corrupción.Este entramado salió a la luz en 2017, cuando se conocieron los testimonios y pruebas entregadas por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, pieza clave para destapar el escándalo.La Corte Suprema de Justicia libró hoy orden de captura contra el exmagistrado, al igual que notificación roja de la Interpol, pues José Leónidas Bustos reside en Canadá.El fallo marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que desde hace varios años busca esclarecer las responsabilidades en el escándalo del “cartel de la toga”, considerado uno de los casos más graves de corrupción en la historia reciente del país.
La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del congresista Nilton Córdoba Manyoma, luego de confirmarse su condena por el delito de cohecho por dar u ofrecer, en el marco del escándalo conocido como el cartel de la toga.Según el fallo de segunda instancia, Córdoba fue hallado responsable de pagar 800 millones de pesos para obtener beneficios judiciales en procesos que se adelantaban en su contra en la Sala Penal de la Corte. Parte de esos recursos, según el testimonio del exfiscal Luis Gustavo Moreno, habrían sido entregados al entonces magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, del despacho del exmagistrado Gustavo Malo Fernández, a cambio de dilatar diligencias y favorecerlo procesalmente.“El congresista Nilton Córdoba actuó con conocimiento y voluntad al ofrecer y entregar dinero, por intermedio de su abogado, para interferir en las investigaciones en su contra”, señala la sentencia de la Corte.El alto tribunal confirmó la pena de 57 meses y un día de prisión, una multa equivalente a 79 salarios mínimos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 81 meses y un día. La Sala también negó la posibilidad de beneficios como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria, y dispuso que “una vez en firme la decisión, se librara orden de captura”.El caso de Córdoba Manyoma se deriva de las investigaciones del cartel de la toga, una red de corrupción que involucró a exmagistrados y abogados que, a cambio de millonarios pagos, habrían manipulado decisiones judiciales en favor de congresistas investigados por corrupción y parapolítica. Con esta decisión, el excongresista deberá cumplir su condena en un establecimiento carcelario una vez se haga efectiva la orden judicial.
La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y las víctimas le pidieron a la Corte Suprema de Justicia, dejar en firme la condena de 6 años que profirió el Tribunal Superior de Bogotá contra el exmagistrado Camilo Tarquino por el delito de concusión por el denominado 'cartel de la toga'. Tarquino, habría solicitado dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, con el fin de interferir en los procesos penales que se adelantaban en su contra.En la tarde de este jueves se llevó a cabo en la Sala de Casación una audiencia de sustentación en donde el exmagistrado Tarquino pide tumbar la condena de 6 años de cárcel en su contra por el Cartel de la Toga. Incluso, Camilo Tarquino asistió presencialmente al Palacio de Justicia e hizo una corta intervención ante los magistrados tras las intervenciones de la Fiscalía y Procuraduría."He asistido a todas las audiencias que este proceso ha demandado, y esta no ha sido la excepción, lamentable para mí porque es doloroso y penoso asistir en calidad de procesado en esta Corte donde permanecí 20 años. Pero tengan la seguridad, que nunca le falté a esta Corte que nunca la deshonré ni como magistrado ni como abogado en ejercicio durante el corto lapso en que ejercí la profesión. Creo en la justicia quiero decirles que soy inocente", fue la reaparición pública de Tarquino.Y es que de acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema, Tarquino sostuvo varias reuniones con Lyons entre septiembre y octubre de 2014, en un apartamento del norte de Bogotá y en al menos dos de esas reuniones, el exmagistrado habría pedido dinero para facilitar acercamientos con personas que “podrían evitar que las actuaciones judiciales en su contra avanzaran”.Tarquino fue condenado en mayo de 2023 a seis años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 60 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos por el escándalo judicial que sacudió al país conocido como el “Cartel de la Toga”, por el que hoy hay otros dos ex magistrados presos (Francisco Ricaurte y Gustavo Malo) y otro siendo enjuiciado (José Leónidas Bustos).
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó este jueves, 3 de abril, la condena contra Camilo Tarquino, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, por el delito de concusión como interviniente.La decisión fue adoptada tras evidenciar que el exfuncionario habría solicitado dinero a Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, con el fin de interferir en los procesos penales que se adelantaban en su contra por el denominado “cartel de la hemofilia”.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema, Tarquino sostuvo varias reuniones con Lyons entre septiembre y octubre de 2014, en un apartamento del norte de Bogotá.En al menos dos de esas reuniones , el exmagistrado habría pedido dinero para facilitar acercamientos con personas que “podrían evitar que las actuaciones judiciales en su contra avanzaran”.La Fiscalía sostuvo que el exgobernador Lyons era investigado por hechos relacionados con el llamado ‘Cartel de la Hemofilia’ y otras irregularidades en la contratación en el departamento de Córdoba.Tarquino fue condenado en mayo de 2023 a seis años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 60 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos por el escándalo judicial que sacudió al país conocido como el “Cartel de la Toga”, por el que hoy hay otros dos ex magistrados presos (Francisco Ricaurte y Gustavo Malo) y otro siendo enjuiciado (José Leónidas Bustos).
La defensa del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos, denunció que una de las pruebas en su contra en el caso conocido como el Cartel de la toga es falsa.Según el abogado Eduardo Curtidor, la factura presentada como prueba de la supuesta compra de un reloj Cartier en 2012 habría sido fabricada años después.Durante la audiencia ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el abogado de Bustos señaló que la factura tiene una fecha de emisión del 29 de diciembre de 2012, pero la resolución de facturación de la Dian impresa en el documento corresponde a una emitida después de 2017, lo que indicaría según su denuncia, que el documento no pudo haberse generado en la fecha señalada.El abogado afirmó que esta irregularidad pone en entredicho la validez de las pruebas en el proceso contra Bustos Martínez, quien enfrenta acusaciones por su presunta participación en una red de corrupción dentro de la justicia colombiana.El relojEn audiencias pasadas, el exmagistrado Bustos explicó que el reloj de lujo, presuntamente entregado como pago por su participación en el entramado criminal, nunca llegó a sus manos.El supuesto reloj Cartier 'Ballon Bleu', señalado como un pago por su intervención en casos judiciales a favor de políticos como Álvaro Ashton y Musa Besaile, no existió, según sus intervenciones en medio del juicio en su contra.Asimismo, en una nueva audiencia, la Procuraduría General de la Nación, pidió la absolución de Bustos por el delito de tráfico de influencias, sin embargo, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que el exmagistrado sea condenado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio además de pedir su extradición desde Canadá hacia Colombia.
El cartel de la toga es el escándalo de corrupción más grande en la historia de la rama judicial que consistió en la compra y venta de condenas y absoluciones por parte de una red delincuencial conformada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, altos funcionarios de la Fiscalía y de otras entidades estatales, abogados y dirigentes políticos.En el caso del cartel de la toga, no solamente estuvieron involucrados los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, también participaron otras personas como los expresidentes de la Corte Suprema Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, el exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, el excongresista Musa Besaile y otro largo listado de excongresistas: los primeros cobrando millones de pesos a políticos para archivar o engavetar procesos en su contra en la Corte Suprema y los segundos, cediendo a la presión y pagando ese dinero.Ocho años después de haber estallado ese escándalo, se siguen conociendo sentencias relacionadas con el caso: en las últimas horas la Sala Penal de la Corte Suprema dejó en firme la condena de 16 años y medio de cárcel contra el expresidente de ese alto tribunal, el cartagenero Francisco Ricaurte por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y utilización indebida de información privilegiada.De igual forma, la Sala Penal de la Corte confirmó la condena de 9 años de cárcel contra el exmagistrado Gustavo Malo por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y prevaricato por omisión.En el caso del magistrado Gustavo Malo, la Corte Suprema tomó dos decisiones importantes: le pidió a la Fiscalía que extinga dominio de los dineros y de los bienes adquiridos con los dineros producto de la compra y venta de decisiones judiciales y además, se tendrá que publicar un resumen de la condena en un medio de circulación nacional, cuyo costo tendrá que asumir directamente Malo Fernández.En la sentencia que hoy será leída a las 8 de la mañana contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, la Corte Suprema hace una profunda reflexión lamentando que uno de sus integrantes haya concebido y ejecutado la secuencia criminal del cartel de la Toga pero advierte que destaca que pese a que el condenado fue presidente de ese Alto tribunal, la justicia terminó actuando y “el Estado ha dado muestra de su fortaleza institucional: la Constitución y la ley vinculan a todos, indistintamente de la jerarquía institucional que lleguen a ostentar”. Dice que este caso es quizás el más reprochable en la historia republicana de nuestro país y alienta a que no se repita nunca más.
La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que adelante procesos de extinción de dominio contra los dineros que se traficaron por el llamado cartel de la toga, además, el alto tribunal pide que se investiguen otros hechos que no han sido objeto de judicialización y que tendrían que ver con la misma organización criminal.Luego de casi 8 años de que explotara uno de los peores escándalos judiciales en Colombia, el cartel de la toga vuelve a ser noticia, esta vez porque la Corte Suprema de Justicia le está pidiendo a la Fiscalía que extinga todos los bienes producto de este entramado en donde exmagistrados de esa misma corporativa torcieron procesos para favorecer a aforados investigados por corrupción.Por estos hechos, en una decisión reciente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dejó en firme las condenas de los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo Fernández a 16 y 9 años de cárcel respectivamente.Malo Fernández, exmagistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, fue hallado culpable de participar en un esquema de corrupción dentro del alto tribunal, y de acuerdo con la sentencia, facilitó decisiones judiciales favorables a políticos investigados a cambio de beneficios económicos, en lo que se conoció como el escándalo del Cartel de la Toga.En el caso de Francisco Ricaurte, según la Corte Suprema de Justicia, durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos de corrupción para favorecer a los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton.
En Sala Plena la Sala de Casación de este alto tribunal tomó la decisión de dejar en firme las condenas de los exmagistrados Ricaurte y Malo Fernández por el escándalo que involucró a la Rama Judicial donde se torcían procesos para favorecer a investigados por corrupción.Según la Corte Suprema de Justicia, durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos corruptos al conspirar con otras personas.Estos actos se materializaron en favorecer en procesos penales dirigidos contra los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton en el escándalo judicial conocido como el cartel de la toga.La Corte Suprema de Justicia explicó que en este sentido, la organización criminal obtenía información privilegiada, retrasaba procesos y manipulaba pruebas para emitir decisiones que beneficiaban a sus "clientes", quienes eran beneficiarios de tráfico de influencias.Frente a la decisión caso de Gustavo Malo Fernández, la Corte determinó que el exmagistrado fue hallado responsable de haber recibido sobornos para beneficiar a congresistas investigados como Musa Besaile (que habría pagado 2.000 millones de pesos para que se dilatara un proceso en su contra).De igual manera, en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, avanza el proceso contra el exmagistrado Leónidas Bustos, quien recientemente apareció en una audiencia desde el exilio en Canadá donde se defendió de los señalamientos que pesan en su contra por este mismo escándalo.
El senador paraguayo Gustavo Leite, del Partido Colorado, arremetió contra el expresidente Santiago Peña, su compañero de partido, a quien calificó de “bandido” y acusó de haber traicionado al país en medio de la crisis de Ueno Bank, el escándalo financiero que dejó a cerca de 3 millones de ahorristas sin acceso a su dinero y que terminó con la destitución y captura del exmandatario. En diálogo con Mañanas Blu, el legislador afirmó que la ciudadanía exige ver a Peña en una cárcel común y que el proceso judicial “recién comienza”.“Nos traicionó a todos los paraguayos, y con más razón a nosotros”, afirmó Leite al explicar por qué cuestiona con dureza a un político de su misma colectividad. Según recordó, el Partido Colorado acogió a Peña en 2016, cuando provenía del partido tradicional de oposición.“Resultó ser un gran impostor. No sé si un caballo de Troya o un impostor”, sostuvo el senador, quien aseguró que en la sesión del Senado en la que se votó la destitución pidió que el exmandatario saliera del cargo “con deshonra”.Partido Colorado debe asumir “el error histórico”, según LeiteEl legislador insistió en que la filiación política no puede servir de escudo ante los hechos investigados. “Da igual que sea mi partido o no, cuando uno comete una traición no importa de qué partido sea”, declaró.Leite fue más allá y señaló la responsabilidad de su propia colectividad: “El Partido Colorado tiene que asumir históricamente el error de haber puesto a un bandido en la presidencia, que tenemos que tener el coraje para sacarlo y que la fiscalía tiene que tener el coraje para meterlo en la cárcel”.Peña fue enviado a prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos que podrían acarrear hasta 10 años de cárcel. Además, los fiscales del caso allanaron su vivienda en la ciudad de San Bernardino.Para el senador, sin embargo, la situación de reclusión del expresidente no responde a lo que reclama la ciudadanía. “La gente quiere a Peña no en el regimiento escolta, lo quiere en la cárcel nacional donde van todos los delincuentes comunes”, dijo, y agregó: “La gente lo quiere a Peña sin sonrisa, lo quiere esposado como todos los delincuentes comunes”.Senador anticipa nuevas imputaciones contra Santiago PeñaDe acuerdo con Leite, el caso podría ampliarse en las próximas semanas. El senador afirmó que existen presunciones de que Peña era socio oculto del banco y que la entidad actuó “sin dudas en connivencia con el Ejecutivo”, señalamientos que forman parte de su versión y que deberán ser establecidos por la justicia.“Hay demasiados rastros que van a acelerar otras imputaciones. Aquí creo que no se va a salvar de lavado de dinero y de asociación ilícita”, aseguró.El legislador también se refirió al papel del ente acusador: “Yo dije en mi intervención en el Senado cuando el día de la destitución que el fiscal general del estado tiene la brillante ocasión de ser héroe o villano”.El juicio político que llevó a la salida de Peña se desarrolló en medio de una de las peores crisis políticas y financieras del país, cuando el mandatario había cumplido tres años de gobierno.Las alertas sobre Ueno Bank que no fueron atendidasLeite relató que su distanciamiento con Peña comenzó en marzo de este año, cuando, siendo aún embajador de Paraguay en Estados Unidos, denunció públicamente que durante el gobierno de Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, “no había olor a coima y los proveedores cobraban al día”. Tras esa ruptura, renunció a la embajada y regresó a Asunción.Según el senador, un grupo de legisladores colorados, entre ellos el actual vicepresidente Antonio Barrios, solicitó al Banco Central del Paraguay un informe de 31 puntos sobre la supervisión de la entidad. La respuesta, afirmó, se limitó a invocar el secreto bancario. “El Banco Central, por instrucciones de Peña, nos responde una estupidez, no nos responde nada”, aseguró.El congresista sostuvo que posteriormente se conocieron créditos que calificó de “absolutamente temerarios”, como préstamos de 40 millones de dólares a empresas relacionadas con el grupo del banco que facturaban 10.000 dólares al mes. “Eso ya era un indicio de vaciamiento”, dijo. Añadió que, aun con el banco sometido a un sumario público, la entidad siguió recibiendo fondos estatales, entre ellos recursos de Itaipú.Comisión bicameral para establecer “quién dio la orden”Frente al destino de los recursos públicos depositados en el banco, Leite anunció que impulsará este miércoles en el Senado una comisión bicameral de investigación. “Es para ir al fondo de la cuestión y entender quién dio la orden, y entender quién dio la orden de esconder el déficit, porque es un daño tremendo a la reputación de Paraguay”, explicó.El nuevo Gobierno también busca rastrear el dinero: el vicepresidente Barrios anunció que solicitará cooperación internacional, incluso a Estados Unidos, para establecer el paradero de los recursos y los bonos manejados por la entidad.Así avanza la devolución de ahorros en ParaguayLa crisis de Ueno Bank estalló luego de que la junta del Banco Central sometiera a la entidad a un procedimiento de resolución, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal.Mediante una ley especial, el Banco Central reportó en apenas dos días pagos a 1.196.000 personas por unos 160 millones de dólares a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Aún quedan pendientes 669.336 cuentas, y cerca de 32.000 pensionados serán trasladados a otras ocho entidades bancarias.Leite explicó que la ley garantiza la devolución de hasta 75 salarios mínimos por ahorrista, con recursos acumulados desde la última crisis financiera, y dimensionó el impacto: “3 millones de ahorristas para 6 millones de paraguayos, es la mitad del país damnificado”.Qué espera el senador del gobierno de Pedro AllianaSobre el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña y asumió tras la destitución, Leite expresó confianza en un cambio: “Porque o cambiamos o nos cambian”. A su juicio, Alliana, expresidente del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, “sabrá entender que la gente quiere cambio de verdad”.Al cierre, el senador envió un mensaje de calma. Aseguró que la crisis afecta al 8 % del sistema financiero, que calificó de sólido, solvente y líquido. “Es un hecho aislado, tremendo pero aislado”, afirmó, y destacó que las instituciones dieron cuenta del caso en 72 horas “sin que haya un muerto”.
Los seguidores de Maluma podrán comprar anticipadamente las entradas para su concierto en Bogotá como parte del Loco X Volver World Tour 2027. La preventa comienza este lunes 9 de noviembre, a las 10:00 a. m., y estará habilitada para clientes con tarjetas de crédito Bancolombia Visa, quienes podrán adquirir hasta seis boletas por tarjeta.La presentación del artista colombiano está programada para el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena. La venta anticipada se realizará a través de TuBoleta y tendrá una duración de 48 horas o finalizará antes si se completa el 50 % del aforo previsto para esta primera fecha.La alianza entre Visa y la gira también contempla beneficios para sus tarjetahabientes en América Latina y el Caribe. En Colombia, los clientes de Bancolombia y los usuarios de Nequi que tengan activa la tarjeta Visa podrán acceder a la preventa.¿Quiénes pueden comprar hasta seis boletas para Maluma?De acuerdo con la información entregada por Bancolombia, el beneficio de compra de hasta seis entradas por tarjeta está disponible para los clientes que tengan tarjetas de crédito Bancolombia Visa.La entidad recomendó verificar antes de ingresar a la plataforma que la tarjeta tenga cupo suficiente para cubrir el valor total de la compra. También pidió revisar los topes, pues si el límite está por debajo del monto necesario, puede modificarse a través de la Sucursal Virtual Personas.Por su parte, los usuarios de Nequi también podrán participar en la preventa. Para acceder, deben activar la Tarjeta Nequi Visa desde la aplicación. La compañía explicó que esta opción busca ampliar los beneficios de su tarjeta y permitir que sus usuarios accedan a experiencias como conciertos y eventos.“Con solo activar la Tarjeta Nequi-Visa pueden aprovechar la preventa de esta alianza”, afirmó Santiago Johnson, director de Mercadeo de Nequi. El directivo agregó que la intención es que este medio de pago abra las puertas a nuevas experiencias y facilite que las personas utilicen su dinero en actividades de su interés.¿Cuándo comienza la venta general de entradas para Maluma?La preventa estará disponible desde las 10:00 a. m. del lunes 9 de noviembre y se extenderá por 48 horas, siempre que no se complete antes el 50 % del aforo previsto.Una vez termine esta etapa, se habilitará la venta general el 11 de noviembre, con todos los medios de pago y hasta agotar existencias.La alianza también contempla la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas Visa de crédito Bancolombia y beneficios especiales para clientes Visa Infinite. Además, durante el concierto en Bogotá se ofrecerán activaciones dentro del recinto.El único canal oficial para adquirir las entradas es TuBoleta. La organización anunció que en las próximas semanas dará a conocer nuevas ciudades de Sudamérica, Centroamérica y México que harán parte del recorrido de Loco X Volver World Tour 2027.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de 11 meses de detención prevenitiva. En diálogo con Mañanas Blu, el exfuncionario abordó los señalamientos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió su actuación política y cuestionó los procedimientos judiciales que lo llevaron a prisión.Ante el cuestionamiento sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en Olmedo López o si alcanzaba a otras instancias del Gobierno, Velasco aclaró que sus críticas se dirigen hacia operadores específicos y no a la totalidad de la administración del presidente Gustavo Petro: “En el gobierno de Petro encontré gente maravillosa. Así como gente muy mala y que debemos reconocer como este señor Olmedo y de pronto otra gente”.Libertad tras 11 meses y duras críticas al procedimiento judicialVelasco calificó su encarcelamiento como una "barbaridad" y responsabilizó a la actuación de la magistrada Aura Rosero, señalando que tomó una medida intramural desproporcionada. “Es doloroso saber que el 18 de diciembre del año pasado por la vacancia judicial, una magistrada... me mandara a la cárcel... 11 meses después, después de que la Corte Suprema de Justicia en tutela diga, 'Mire, eso fue palabras más palabras menos, una barbaridad lo que hicieron con Velasco', un magistrado del propio tribunal reconozca esos errores, esas decisiones francamente ilegales y me devuelva la libertad”, afirmó.El exministro sostuvo que nunca intentó evadir a la justicia y que ejercerá su defensa plenamente en libertad.Desvinculación del desfalco en la UNGRDFrente a las acusaciones que lo vinculan con los entramados de corrupción en la Gestión del Riesgo, Velasco enfatizó que la propia Fiscalía General de la Nación ha reconocido que él no participó en la apropiación ilícita de recursos.“La propia Fiscalía en una audiencia de hace unos meses dijo con toda claridad que yo no tengo nada que ver con el saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgos. O sea, no me he apropiado de un solo centavo”, aseveró Velasco. Asimismo, precisó que no ha sido acusado de peculado y que los señalamientos en su contra se basan en interpretaciones sesgadas de su labor institucional.Niega la "compra de congresistas" y defiende reuniones de GobiernoConsultado sobre las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla —quienes afirmaron que en reuniones de la Casa de Nariño se habría planificado la entrega de dádivas a parlamentarios para respaldar proyectos oficiales—, Velasco rechazó tajantemente dicha versión.“Mientras yo fui ministro, en lo que respecta, no vi ni actué para eso y es lo que puedo decir y es lo que diré ante la Corte”, sostuvo. Velasco explicó que como ministro del Interior participó en más de 50 reuniones de coordinación política del Gobierno, pero negó que en ellas se acordara comprar votos. Destacó además que los otros ocho asistentes a las reuniones mencionadas por Olmedo López han desmentido la existencia de pactos ilícitos.Respecto a los trámites con congresistas, aclaró que facilitar encuentros entre legisladores y altos funcionarios es una tarea cotidiana y legítima del Ministerio del Interior: “El ministro del Interior entre sus funciones está la de acercar al gobierno con congresistas, gobernadores, alcaldes... Conseguí no menos de 100 citas de congresistas con altos funcionarios del gobierno”.Velasco identificó a Olmedo López como el "gran operador" de las irregularidades en la UNGRD y cuestionó que las investigaciones de la Fiscalía no hayan profundizado en otros contratos multimillonarios. Como ejemplo, citó contrataciones para atender la emergencia en La Mojana, donde según sus afirmaciones se suscribieron acuerdos por 129.000 millones de pesos para obras que podían ejecutarse por 45.000 millones. Finalmente, sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, señaló que fue institucional y motivada por coincidencias programáticas, aunque aclaró que nunca existió una amistad personal cercana.Escuche aquí la entrevista:
La Gobernación de Antioquia negó la solicitud de ingreso de Miguel Quintero Calle a la cárcel de Yarumito en el municipio de Itagüí, luego de determinar que las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario no son compatibles con el perfil de riesgo del hermano de Daniel Quintero Calle.La decisión quedó consignada en una respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, tras estudiar la petición presentada por el abogado Felipe Alzate, defensor de Quintero Calle, quien solicitó un cupo en este centro de reclusión.De acuerdo con el documento, Miguel Quintero enfrenta una investigación penal en la que se le atribuyen los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas contempladas como delitos contra la Administración Pública.Sin embargo, se aclaró que la naturaleza de estos delitos no significa, por sí sola, que el investigado tenga la condición de servidor público, como efectivamente no lo era. Se debe mencionar que este ítem es importante para ser recluido en la cárcel de Yarumito, que es un establecimiento especial para servidores y exservidores públicos.Otro de los argumentos analizados fue el vínculo familiar con Daniel Quintero. Frente a este punto, la Gobernación de Antioquia señaló que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por razones de consanguinidad, por lo que este parentesco no constituye un fundamento para obtener un cupo en el establecimiento.La defensa también expuso circunstancias particulares de vulnerabilidad relacionadas con el entorno familiar y la exposición pública del proceso. No obstante, la Administración Departamental explicó que Yarumito es una cárcel de seguridad mínima y no cuenta con capacidades operativas compatibles con las condiciones de seguridad planteadas.Por estas razones, la Secretaría de Seguridad emitió concepto desfavorable y negó formalmente la asignación del cupo solicitado, por lo que, por ahora, Miguel Quintero deberá permanecer en la cárcel de Cómbita en donde está recluido hace más de una semana.
La historia de Nicole Mera y Felipe Velasco estuvo marcada por una noticia inesperada durante el embarazo y una intervención médica de alta complejidad. Sus hijas, Adara Isabel y Arlet Sofía, nacieron siamesas y unidas por el pecho y tuvieron que ser sometidas a una cirugía de separación en el Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali.La intervención, que requirió la participación de más de 50 profesionales de distintas especialidades, permitió que una de las pequeñas sobreviviera, mientras que su hermana falleció durante el procedimiento. El equipo médico continúa atendiendo a la bebé que salió con vida.Las niñas nacieron el 26 de mayo de 2026, después de que sus padres, conocieran durante una ecografía que esperaban gemelas siamesas. La noticia llegó cuando Nicole tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo y acudió a un centro médico por un episodio de sangrado.Inicialmente, la pareja pensó que esperaba un solo bebé. Sin embargo, los exámenes confirmaron que eran dos niñas unidas por el tórax.¿Por qué tuvieron que operar a las siamesas?De acuerdo con el equipo médico, las bebés compartían el pecho y el diafragma, una condición que comprometía su capacidad respiratoria y ponía en riesgo sus vidas. Por esta razón, los especialistas decidieron intubarlas y mantenerlas bajo vigilancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos mientras preparaban la separación quirúrgica.La doctora Marisol Nahui, jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario del Valle, explicó que el procedimiento representaba un desafío para el equipo, que tuvo que estudiar y organizar cada etapa con anticipación.“Nos tocó aprender, leer, estudiar. Lo empezamos a hacer desde meses antes, planear, hacer simulacros para hacer algo que nosotros no hacemos normalmente”, explicó la especialista en Los Informantes.“Ese era el momento más riesgoso de la cirugía porque hay una de las niñas que estaba dependiendo 100 % de la hermanita. Entonces, al quitarle estas comunicaciones, la nena le tocaba empezar a trabajar solita”, relató la médica.Cerca de las 5:50 de la tarde, los padres recibieron la noticia de que una de las pequeñas había entrado en paro. Los especialistas intentaron reanimarla durante dos horas, pero no consiguieron salvarle la vida.La doctora explicó que, después de separar las conexiones del hígado, la bebé no logró responder: “La nena no pudo responder, no arrancó ni a orinar, ni su corazoncito funcionó bien, ni sus pulmones funcionaron bien”.¿Cómo evoluciona la bebé que sobrevivió?Después de la cirugía, Arlet Sofía permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. De acuerdo con el equipo médico, su condición es favorable, aunque todavía enfrenta importantes retos relacionados con su desarrollo neurológico, la vía aérea y el cierre de algunas estructuras corporales.Sus padres acompañan su recuperación con la esperanza de llevarla a casa. Para Felipe y Nicole, la operación dejó una profunda pérdida, pero también la expectativa de que su hija sobreviviente pueda continuar evolucionando favorablemente.