La Sala en Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado José Leónidas Bustos por los delitos de cohecho en concurso con concierto para delinquir. La decisión tomada por el alto tribunal dispone una condena de 123 meses de prisión y 1 día, lo que equivale a 10 años y tres meses de prisión.Además, Bustos también estaría inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por ese mismo tiempo y debe asumir una multa de $133'738.170.Según el alto tribunal, los documentos exponen como el exmagistrado se alió con otros altos funcionarios y abogados para exigir sobornos a congresistas a cambio de manipular procesos penales a su favor.La investigación determinó que el exmagistrado integró una red que interfería en expedientes judiciales para frenar o modificar ciertas decisiones, en beneficio de aforados vinculados a hechos de corrupción.Este entramado salió a la luz en 2017, cuando se conocieron los testimonios y pruebas entregadas por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, pieza clave para destapar el escándalo.La Corte Suprema de Justicia libró hoy orden de captura contra el exmagistrado, al igual que notificación roja de la Interpol, pues José Leónidas Bustos reside en Canadá.El fallo marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que desde hace varios años busca esclarecer las responsabilidades en el escándalo del “cartel de la toga”, considerado uno de los casos más graves de corrupción en la historia reciente del país.
La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del congresista Nilton Córdoba Manyoma, luego de confirmarse su condena por el delito de cohecho por dar u ofrecer, en el marco del escándalo conocido como el cartel de la toga.Según el fallo de segunda instancia, Córdoba fue hallado responsable de pagar 800 millones de pesos para obtener beneficios judiciales en procesos que se adelantaban en su contra en la Sala Penal de la Corte. Parte de esos recursos, según el testimonio del exfiscal Luis Gustavo Moreno, habrían sido entregados al entonces magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, del despacho del exmagistrado Gustavo Malo Fernández, a cambio de dilatar diligencias y favorecerlo procesalmente.“El congresista Nilton Córdoba actuó con conocimiento y voluntad al ofrecer y entregar dinero, por intermedio de su abogado, para interferir en las investigaciones en su contra”, señala la sentencia de la Corte.El alto tribunal confirmó la pena de 57 meses y un día de prisión, una multa equivalente a 79 salarios mínimos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 81 meses y un día. La Sala también negó la posibilidad de beneficios como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria, y dispuso que “una vez en firme la decisión, se librara orden de captura”.El caso de Córdoba Manyoma se deriva de las investigaciones del cartel de la toga, una red de corrupción que involucró a exmagistrados y abogados que, a cambio de millonarios pagos, habrían manipulado decisiones judiciales en favor de congresistas investigados por corrupción y parapolítica. Con esta decisión, el excongresista deberá cumplir su condena en un establecimiento carcelario una vez se haga efectiva la orden judicial.
La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y las víctimas le pidieron a la Corte Suprema de Justicia, dejar en firme la condena de 6 años que profirió el Tribunal Superior de Bogotá contra el exmagistrado Camilo Tarquino por el delito de concusión por el denominado 'cartel de la toga'. Tarquino, habría solicitado dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, con el fin de interferir en los procesos penales que se adelantaban en su contra.En la tarde de este jueves se llevó a cabo en la Sala de Casación una audiencia de sustentación en donde el exmagistrado Tarquino pide tumbar la condena de 6 años de cárcel en su contra por el Cartel de la Toga. Incluso, Camilo Tarquino asistió presencialmente al Palacio de Justicia e hizo una corta intervención ante los magistrados tras las intervenciones de la Fiscalía y Procuraduría."He asistido a todas las audiencias que este proceso ha demandado, y esta no ha sido la excepción, lamentable para mí porque es doloroso y penoso asistir en calidad de procesado en esta Corte donde permanecí 20 años. Pero tengan la seguridad, que nunca le falté a esta Corte que nunca la deshonré ni como magistrado ni como abogado en ejercicio durante el corto lapso en que ejercí la profesión. Creo en la justicia quiero decirles que soy inocente", fue la reaparición pública de Tarquino.Y es que de acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema, Tarquino sostuvo varias reuniones con Lyons entre septiembre y octubre de 2014, en un apartamento del norte de Bogotá y en al menos dos de esas reuniones, el exmagistrado habría pedido dinero para facilitar acercamientos con personas que “podrían evitar que las actuaciones judiciales en su contra avanzaran”.Tarquino fue condenado en mayo de 2023 a seis años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 60 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos por el escándalo judicial que sacudió al país conocido como el “Cartel de la Toga”, por el que hoy hay otros dos ex magistrados presos (Francisco Ricaurte y Gustavo Malo) y otro siendo enjuiciado (José Leónidas Bustos).
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó este jueves, 3 de abril, la condena contra Camilo Tarquino, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, por el delito de concusión como interviniente.La decisión fue adoptada tras evidenciar que el exfuncionario habría solicitado dinero a Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, con el fin de interferir en los procesos penales que se adelantaban en su contra por el denominado “cartel de la hemofilia”.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema, Tarquino sostuvo varias reuniones con Lyons entre septiembre y octubre de 2014, en un apartamento del norte de Bogotá.En al menos dos de esas reuniones , el exmagistrado habría pedido dinero para facilitar acercamientos con personas que “podrían evitar que las actuaciones judiciales en su contra avanzaran”.La Fiscalía sostuvo que el exgobernador Lyons era investigado por hechos relacionados con el llamado ‘Cartel de la Hemofilia’ y otras irregularidades en la contratación en el departamento de Córdoba.Tarquino fue condenado en mayo de 2023 a seis años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 60 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos por el escándalo judicial que sacudió al país conocido como el “Cartel de la Toga”, por el que hoy hay otros dos ex magistrados presos (Francisco Ricaurte y Gustavo Malo) y otro siendo enjuiciado (José Leónidas Bustos).
La defensa del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos, denunció que una de las pruebas en su contra en el caso conocido como el Cartel de la toga es falsa.Según el abogado Eduardo Curtidor, la factura presentada como prueba de la supuesta compra de un reloj Cartier en 2012 habría sido fabricada años después.Durante la audiencia ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el abogado de Bustos señaló que la factura tiene una fecha de emisión del 29 de diciembre de 2012, pero la resolución de facturación de la Dian impresa en el documento corresponde a una emitida después de 2017, lo que indicaría según su denuncia, que el documento no pudo haberse generado en la fecha señalada.El abogado afirmó que esta irregularidad pone en entredicho la validez de las pruebas en el proceso contra Bustos Martínez, quien enfrenta acusaciones por su presunta participación en una red de corrupción dentro de la justicia colombiana.El relojEn audiencias pasadas, el exmagistrado Bustos explicó que el reloj de lujo, presuntamente entregado como pago por su participación en el entramado criminal, nunca llegó a sus manos.El supuesto reloj Cartier 'Ballon Bleu', señalado como un pago por su intervención en casos judiciales a favor de políticos como Álvaro Ashton y Musa Besaile, no existió, según sus intervenciones en medio del juicio en su contra.Asimismo, en una nueva audiencia, la Procuraduría General de la Nación, pidió la absolución de Bustos por el delito de tráfico de influencias, sin embargo, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que el exmagistrado sea condenado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio además de pedir su extradición desde Canadá hacia Colombia.
El cartel de la toga es el escándalo de corrupción más grande en la historia de la rama judicial que consistió en la compra y venta de condenas y absoluciones por parte de una red delincuencial conformada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, altos funcionarios de la Fiscalía y de otras entidades estatales, abogados y dirigentes políticos.En el caso del cartel de la toga, no solamente estuvieron involucrados los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, también participaron otras personas como los expresidentes de la Corte Suprema Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, el exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, el excongresista Musa Besaile y otro largo listado de excongresistas: los primeros cobrando millones de pesos a políticos para archivar o engavetar procesos en su contra en la Corte Suprema y los segundos, cediendo a la presión y pagando ese dinero.Ocho años después de haber estallado ese escándalo, se siguen conociendo sentencias relacionadas con el caso: en las últimas horas la Sala Penal de la Corte Suprema dejó en firme la condena de 16 años y medio de cárcel contra el expresidente de ese alto tribunal, el cartagenero Francisco Ricaurte por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y utilización indebida de información privilegiada.De igual forma, la Sala Penal de la Corte confirmó la condena de 9 años de cárcel contra el exmagistrado Gustavo Malo por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y prevaricato por omisión.En el caso del magistrado Gustavo Malo, la Corte Suprema tomó dos decisiones importantes: le pidió a la Fiscalía que extinga dominio de los dineros y de los bienes adquiridos con los dineros producto de la compra y venta de decisiones judiciales y además, se tendrá que publicar un resumen de la condena en un medio de circulación nacional, cuyo costo tendrá que asumir directamente Malo Fernández.En la sentencia que hoy será leída a las 8 de la mañana contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, la Corte Suprema hace una profunda reflexión lamentando que uno de sus integrantes haya concebido y ejecutado la secuencia criminal del cartel de la Toga pero advierte que destaca que pese a que el condenado fue presidente de ese Alto tribunal, la justicia terminó actuando y “el Estado ha dado muestra de su fortaleza institucional: la Constitución y la ley vinculan a todos, indistintamente de la jerarquía institucional que lleguen a ostentar”. Dice que este caso es quizás el más reprochable en la historia republicana de nuestro país y alienta a que no se repita nunca más.
La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que adelante procesos de extinción de dominio contra los dineros que se traficaron por el llamado cartel de la toga, además, el alto tribunal pide que se investiguen otros hechos que no han sido objeto de judicialización y que tendrían que ver con la misma organización criminal.Luego de casi 8 años de que explotara uno de los peores escándalos judiciales en Colombia, el cartel de la toga vuelve a ser noticia, esta vez porque la Corte Suprema de Justicia le está pidiendo a la Fiscalía que extinga todos los bienes producto de este entramado en donde exmagistrados de esa misma corporativa torcieron procesos para favorecer a aforados investigados por corrupción.Por estos hechos, en una decisión reciente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dejó en firme las condenas de los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo Fernández a 16 y 9 años de cárcel respectivamente.Malo Fernández, exmagistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, fue hallado culpable de participar en un esquema de corrupción dentro del alto tribunal, y de acuerdo con la sentencia, facilitó decisiones judiciales favorables a políticos investigados a cambio de beneficios económicos, en lo que se conoció como el escándalo del Cartel de la Toga.En el caso de Francisco Ricaurte, según la Corte Suprema de Justicia, durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos de corrupción para favorecer a los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton.
En Sala Plena la Sala de Casación de este alto tribunal tomó la decisión de dejar en firme las condenas de los exmagistrados Ricaurte y Malo Fernández por el escándalo que involucró a la Rama Judicial donde se torcían procesos para favorecer a investigados por corrupción.Según la Corte Suprema de Justicia, durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos corruptos al conspirar con otras personas.Estos actos se materializaron en favorecer en procesos penales dirigidos contra los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton en el escándalo judicial conocido como el cartel de la toga.La Corte Suprema de Justicia explicó que en este sentido, la organización criminal obtenía información privilegiada, retrasaba procesos y manipulaba pruebas para emitir decisiones que beneficiaban a sus "clientes", quienes eran beneficiarios de tráfico de influencias.Frente a la decisión caso de Gustavo Malo Fernández, la Corte determinó que el exmagistrado fue hallado responsable de haber recibido sobornos para beneficiar a congresistas investigados como Musa Besaile (que habría pagado 2.000 millones de pesos para que se dilatara un proceso en su contra).De igual manera, en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, avanza el proceso contra el exmagistrado Leónidas Bustos, quien recientemente apareció en una audiencia desde el exilio en Canadá donde se defendió de los señalamientos que pesan en su contra por este mismo escándalo.
Reapareció el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos, vinculado al cartel de la toga, aseguró que salió de Colombia tras ser objeto de amenazas y que está radicado en Ottawa, Canadá. “En una de esas últimas amenazas que se me hizo, casi que se atentó contra mi vida”, señaló Bustos."Quiero dar una explicación acerca de por qué no me encuentro en el país, tuve que salir precipitadamente del país porque fui objeto de varias agresiones físicas, las cuales denuncié en su oportunidad directamente en la oficina del fiscal general, lo hice por escrito y en una de esas amenazas, la última que se me hizo, casi que se atentó contra mi vida, por eso tuve que ausentarme del país para proteger mi vida, señor magistrado", aseguró el exmagistradoAdemás, Bustos narró que sostuvo un encuentro en Estados Unidos con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y que en esa cena solo hablaron de la salud de su hermano, allí aseguró que Moreno se acercó a uno de sus escoltas y le ofreció 20 millones de pesos para que el escolta pusiera un negocio con el fin de que le proporcionara información sobre la estadía de Bustos en Miami.Incluso, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia se refirió al supuesto soborno de un reloj Cartier que recibió de manos del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien pagó tres años de cárcel en Estados Unidos por estos mismos hechos: "No me dio el doctor Moreno ninguna clase de reloj, ni me dio relojes o ese en específico, ni tampoco dinero. Él rindió muchas versiones, una en la Fiscalía y otra en la Comisión de Acusación, en ninguna de ellas hasta el año 2017 había mencionado el tema del reloj", dijo.En cuanto a la pregunta de cuál fue su relación con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien en colaboración con la DEA delató al exfiscal Moreno y a su amigo el abogado Leonardo Pinilla, el magistrado Bustos aseguró que fue en un evento en 2014 cuando él saludó a Lyons, pero que nunca más tuvo ninguna cercanía.
A través de un comunicado, el abogado Luis Moreno, defensor de Sneyder Pinilla en el escándalo de corrupción de la UNGRD, agradeció la segunda oportunidad que la vida le brindó para demostrar su compromiso con la justicia.El abogado, quien ya purgó una pena por el delito de concusión y utilización indebida de información privilegiada de la Fiscalía, cuando se desempeñaba como fiscal anticorrupción, actuó como agente encubierto para grabar un presunto soborno ofrecido por el abogado Edgar Riveros para que Sneyder Pinilla no mencionara, en su colaboración con la justicia, dos contratos de la UNGRD por cerca de 300.000 millones de pesos."Como ciudadano, al tener conocimiento de un hecho delictivo, en el cual me contactan para ser un puente del mismo, no dudé ni un segundo en cumplir con el deber ineludible de reportarlo a las autoridades competentes, en este caso, la Fiscalía General de la Nación”, indicó Moreno.Luis Moreno, agente escubiertoLa Fiscalía, tras recibir información delicada del propio sobre el presunto soborno, designó a Luis Moreno como agente encubierto bajo su control.Todo empezó el 26 de julio de 2024, cuando Moreno obtuvo información sobre un intento de soborno y alertó a la Fiscalía. En una reunión, Edgar Riveros le ofreció 3.000 millones de pesos para alterar el testimonio de Sneyder Pinilla, buscando favorecer un contrato de 42.000 millones de pesos.Moreno rechazó el intento de soborno y continuó recopilando pruebas. Reportó el incidente a la fiscal Andrea Muñoz. En una reunión el 29 de julio, con apoyo del CTI, grabó las conversaciones con Riveros, revelando que negociaban un contrato de 242.000 millones de pesos. Luego entregó la evidencia a las autoridades.“Mi mensaje es claro y quiero transmitirlo a las nuevas generaciones: siempre actúen bajo la ley y no se dejen llevar por los caminos cortos”, señaló el abogado cuyo caso destapó un impresionante asunto de corrupción en el poder judicial colombiano conocido como el cartel de la toga.
Una vez se conoció la dimensión de la tragedia en Venezuela, Barranquilla comenzó la recolección de ayudas humanitarias que serán enviadas a los damnificados del vecino país en un centro de acopio habilitado por la Alcaldía en el mercado de Barranquillita, donde ya se han recogido más de 1.700 mercados, más de 5.000 botellas de agua y colchonetas.En principio los interesados podían donar entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, pero el alcalde Alejandro Char anunció que, ante la magnitud de la tragedia, este centro de acopio estará abierto de forma permanente."Estas bodegas de la Alcaldía en el corazón de Barranquillita están abiertas 24 horas, siete días de la semana, para recibir las donaciones de todo aquel barranquillero que tenga ganas de colaborar, de donar, de solidarizarse con nuestro hermano pueblo de Venezuela. Aquí estamos abiertos", manifestó el alcalde Char. "Tenemos mercados no perecederos, arrocito, aceite, atún, para que no les falte el alimento en estos momentos tan necesitados. Ya estamos recibiendo muchas donaciones y esperamos que esto no pare hasta cuando cese la horrible en Venezuela", agregó el mandatario barranquillero.Vale decir que el consulado de Venezuela en Barranquilla habilitó un número de Whatsapp (301-1506119) y el correo electrónico urgenciaconsulvenezquilla@gmail.com para orientar a sus connacionales en Atlántico, Magdalena y San Andrés en lo que requieran frente a la emergencia y, al mismo tiempo estos puedan informar sobre personas desaparecidas en los terremotos.
La angustia por lo ocurrido en Venezuela se extiende a la región Caribe, donde familias han pedido ayuda para pedir la búsqueda y rescate de sus seres queridos, entre ellos Natalia Fernández Díaz, una samaria de 34 años, que llegó hasta Venezuela para pasar unas vacaciones junto con su esposo y su hija, con quienes intentaba recuperarse exitosamente y seguir su vida tras haber sido sometida a un trasplante de riñón recientemente.Cuenta su prima, Alicia Peñaranda, que Natalia estaba hospedada en un condominio de Tucacas, en el Estado de Falcón, cuando todo se vino abajo. Su esposo e hija habían salido, pero ella quedó atrapada bajo los escombros y ahora su familia pide que agilicen su búsqueda."Ella estaba adentro cuando ocurrió el terremoto. Ella sigue debajo de los escombros, está localizada, se sabe dónde está, pero no puede seguir más horas allí esperando por su condición de salud, porque ella tuvo un trasplante de riñón y tiene una condición delicada", expresó Alicia.En Cartagena también conversamos con el venezolano Armando Noguera, quien reside en la capital de Bolívar y desde allí pide ayuda para encontrar a su mamá, Olga María Salazar, y a su hermano, Camilo García Salazar, en La Guaira. Cuenta que de su mamá ha sabido por terceros que está con vida, pero de su hermano no ha podido recibir noticia alguna, mientras las condiciones son cada vez más críticas en ese territorio por la cantidad de edificios caídos y las fallas en los servicios de telecomunicaciones."De mi hermano no sabría decir dónde estaba las últimas horas, en qué parte de la ciudad, pero no es una ciudad muy grande, la puedes recorrer prácticamente en una hora de polo a polo y la destrucción es grande", contó."Y de mi mamá me dijeron que ya había aparecido, pero no he podido tener este contacto directo con ella, ya que las líneas están inestables, van y vienen, así que no puedo saber con exactitud su estado actual de salud, ni mental, ni físico, ni emocional. Sé que está viva, pero no sé más nada de ello", agregó.
En respuesta a la emergencia generada por los recientes sismos en Venezuela, ha nacido "Todos con Venezuela" (todosconvenezuela.com), una plataforma digital diseñada para centralizar y verificar la información sobre personas desaparecidas y encontradas. Gabi Arenas, directora de la Fundación Taller de Aprendizaje para las Artes y la Paz (TAP), explicó en diálogo con Mañanas Blu, que el objetivo es brindar certeza a las familias en medio del caos informativo y la falta de conectividad en el vecino país. Un buscador indexado para la diásporaLa plataforma surge como una solución a la dispersión de datos en múltiples portales y redes sociales, una situación crítica considerando que Venezuela cuenta con una diáspora de más de 8 millones de personas.Arenas destacó que muchos reportes de desaparición se debieron inicialmente a fallas en el servicio eléctrico y de internet: “Muchos de esos reportes venían de familiares que están en el extranjero... muchas de las personas que aparecían ahí como desaparecidas no necesariamente son víctimas, sino sencillamente personas que no podían encontrar”.El sistema funciona como un buscador indexado que cruza datos de diversas fuentes aliadas, permitiendo que, al ingresar un nombre, el usuario sepa si su familiar ha sido localizado u hospitalizado.Los resultados iniciales son contundentes: “En el transcurso de las casi 20 horas que la plataforma tiene al aire, ya hemos logrado encontrar más de 2,300 personas y hemos conectado físicamente a 200 personas con sus familias”.Verificación en el terreno y discrepancia de cifrasA diferencia de otros portales, "Todos con Venezuela" cuenta con el respaldo de 36 organizaciones de la sociedad civil y voluntarios que visitan hospitales y morgues para verificar la información manualmente.Esta labor ha revelado una realidad distinta a la oficial. Mientras el gobierno reporta 2.980 heridos, la plataforma registra más de 11.300. Arenas aclaró esta diferencia: “Nuestra cifra de heridos aumenta a 11,300 personas... porque nosotros estamos reportando de hospitales públicos, privados, centros de salud y atención en áreas de emergencia que estableció la sociedad civil”.El registro incluye víctimas indirectas como personas con ataques de asma por el polvo de los derrumbes o infartos por el impacto emocional.El clamor por un canal humanitarioA pesar del éxito tecnológico, la ayuda física enfrenta barreras políticas. La organización ha recaudado 40.000 toneladas de insumos médicos que no se consiguen en Venezuela, pero carecen de los permisos de aterrizaje y tránsito por parte de las autoridades de ambos países.“No estamos pidiendo dinero... Necesitamos que las autoridades tengan voluntad política y nos permitan pasar”, sentenció Arenas, señalando que ni la cancillería colombiana ni las autoridades venezolanas han respondido a sus comunicaciones para facilitar la entrada de médicos y medicinas críticas. La plataforma también ofrece asistencia psicológica y médica en línea con más de 260 profesionales voluntarios, esperando que se habiliten los corredores necesarios para salvar vidas en el territorio. Escuche aquí la entrevista:
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria sobre un removedor de esmalte en gel que estaría siendo comercializado de manera ilegal en Colombia y que podría representar un riesgo para la salud de quienes lo utilizan.Se trata del producto GEL POLISH REMOVER, un removedor de esmalte ampliamente utilizado para retirar uñas semipermanentes o en gel. Según la autoridad sanitaria, este cosmético no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito indispensable para que pueda venderse legalmente en el país.La alerta, identificada con el número 166-2026, fue emitida luego de denuncias ciudadanas y de actividades de inspección, vigilancia y control adelantadas por el Invima, que permitieron detectar irregularidades en la comercialización del producto.¿Por qué el Invima emitió la alerta sobre el removedor de esmalte?De acuerdo con la entidad, el producto GEL POLISH REMOVER se comercializa sin número de lote y utiliza de forma irregular el código NSOC04279-21CO, el cual corresponde realmente a otro cosmético registrado y no al removedor de esmalte objeto de la alerta.Esto significa que el producto no posee una Notificación Sanitaria Obligatoria válida, por lo que su venta en Colombia es considerada ilegal y el Invima lo cataloga como un producto fraudulento.La autoridad sanitaria explicó que el código utilizado pertenece al producto GEL POLISH, cuyo titular es un establecimiento comercial diferente, situación que constituye una irregularidad que puede inducir a error a consumidores y distribuidores.Riesgos para la salud de quienes usan este productoEl Invima advirtió que los cosméticos que no cuentan con autorización sanitaria representan un riesgo, ya que no existe garantía sobre aspectos fundamentales como:La calidad del producto.La seguridad para su uso.La eficacia de sus componentes.La composición real de sus ingredientes.Las condiciones de fabricación y almacenamiento.El origen de las materias primas.Debido a estas irregularidades, la entidad señaló que no es posible garantizar que el removedor de esmalte cumpla con los estándares exigidos por la normativa colombiana, lo que podría generar efectos no deseados en los usuarios.¿Qué deben hacer los consumidores?Ante esta situación, el Invima recomendó a quienes tengan o utilicen este producto adoptar medidas inmediatas para evitar posibles afectaciones.Entre las principales recomendaciones están:Suspender inmediatamente el uso del removedor de esmalte.Informar al Invima o a las autoridades de salud si conocen establecimientos donde se comercialice.Reportar cualquier reacción adversa o evento inesperado relacionado con su uso.La entidad también hizo un llamado a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales para reforzar las labores de inspección en establecimientos que distribuyan o comercialicen productos cosméticos.Asimismo, pidió a distribuidores, comercializadores y establecimientos de belleza abstenerse de vender este removedor de esmalte, advirtiendo que podrían ser objeto de medidas sanitarias y procesos sancionatorios si continúan ofreciéndolo al público.Cómo verificar si un cosmético es legal en ColombiaEl Invima recordó a los consumidores la importancia de revisar que cualquier producto cosmético cuente con una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente antes de comprarlo.Además, recomendó adquirir este tipo de productos únicamente en establecimientos reconocidos y desconfiar de aquellos que no informen claramente el fabricante, el número de lote o la autorización sanitaria correspondiente.Las autoridades insistieron en que verificar estos datos puede reducir el riesgo de adquirir productos fraudulentos que comprometan la salud de los usuarios.
El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó este jueves que el partido contra España es "una final", por lo que anticipó que "la disposición para disputar cada pelota va a ser máxima" en el choque final de la fase de grupos del Mundial de 2026."El partido se encara como una final, donde ningún detalle puede no considerarse” , dijo Bielsa en rueda de prensa en Guadalajara un día antes del partido contra el combinado español."La disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima", agregó.Bielsa elogió el fútbol de la selección española, y calificó el trabajo de su entrenador, Luis de la Fuente, como "admirable", pero se mostró confiado en que Uruguay podrá plantear batalla."Vamos a hacer lo que consideramos mejor para establecer diferencias a favor nuestra. España es peor cuanto menos tiene la pelota”, explicó el técnico argentino, quien reconoció la calidad "desequilibrante" de varios jugadores españoles, particularmente Lamine Yamal.Por contra, Bielsa destacó como positivo el estado físico de sus jugadores, al asegurar que "en los dos partidos anteriores las diferencias del rendimiento físico comparativo con sus rivales fue muy amplia a favor de Uruguay".España llega líder del Grupo H del Mundial con cuatro puntos, dos partidos sin encajar un gol y una goleada de 4 a 0 ante Arabia Saudí, aunque arrancó con un flojo empate ante Cabo Verde.Por su parte, Uruguay, que ha mostrado una imagen endeble en sus dos empates ante Cabo Verde y Arabia Saudí, necesita ganar para no depender de terceros y asegurarse la clasificación a la siguiente fase.
