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En una medida de primera instancia, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años a la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez (2014-2018), por entregar una millonaria suma de dinero para favorecerse en un proceso penal.
La historia empezó cuando la excongresista le entregó $130 millones a un funcionario del magistrado auxiliar Camilo Ruíz de la Corte Suprema de Justicia, a través de su abogado defensor Luis Gustavo Moreno.
Esta versión la confirmó la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, aclarando que todo se dio para evitar una captura o un llamado a juicio por la presunta apropiación de $300 millones cuando fue alcaldesa de Orito, Putumayo (2009-2010).
La Procuraduría logró evidenciar que la excongresista planeó el entramado para beneficiarme de un proceso penal y se estableció “en grado de certeza la materialidad de la falta a la endilgada”.
Para el Ministerio Público, con su actuación, demostró “un desprecio total por la administración pública, la ética y la honradez que debe guiar el ejercicio de la función pública, más aún si se trata de una servidora que fue elegida por voto popular, de quien la sociedad espera un comportamiento libre de mácula, transparente y correcto”.
El plan de la excongresista fue relatado en las declaraciones rendidas por Luis Gustavo Moreno Rivera en el proceso penal donde se investigó la conducta irregular de diferentes funcionarios judiciales, en lo que se ha denominado como ‘el cartel de la toga’. Al tratarse de un fallo en primera instancia, la sancionada puede apelar.
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