“Modelo de protección es insostenible”: ONU DDHH sobre situación de líderes sociales en Colombia

El más reciente informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos presentado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte que la violencia contra líderes sociales y personas defensoras no solo persiste, sino que responde a causas estructurales que el Estado no ha logrado superar. Entre 2022 y 2025, se documentaron 410 homicidios, en un contexto donde las amenazas, ataques y la impunidad siguen marcando el panorama nacional.La ONU concluye que se trata de un fenómeno extendido y sistemático. Durante este tiempo, hubo casos en 28 departamentos y 184 municipios, con una fuerte concentración territorial. Solo diez departamentos, encabezados por Cauca, con 84 casos, Valle del Cauca con 37, Nariño y Arauca con 36 y Putumayo con 34, concentraron el 76% de los homicidios.“La violencia en contra de personas defensoras está vinculada a factores estructurales, como la persistencia de conflictos armados en varias regiones del país; el involucramiento de los actores armados no estatales y organizaciones criminales en las economías ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal de árboles o el tráfico de personas; la débil presencia de las instituciones del Estado y su desarticulación en cuanto al cumplimiento de sus deberes de prevención y protección; los altos niveles de impunidad”, señala el informe.Control territorial, economías ilícitas y violenciaEl informe señala que los principales responsables serían los grupos armados no estatales, a quienes se atribuye el 73% de los homicidios, seguidos por organizaciones criminales. Aseguran que estas estructuras utilizan la violencia como mecanismo para imponer control social, silenciar liderazgos y asegurar territorios estratégicos.Regiones como el norte del Cauca, el Pacífico nariñense, el Catatumbo, el Cañón del Micay, el Nordeste Antioqueño, Arauca o el Magdalena Medio reflejan las disputas por narcotráfico, minería ilegal y corredores estratégicos que se traducen en ataques directos contra líderes comunitarios.Amenazas, silenciamiento y expansión urbana de la violenciaEl documento afirma que a los homicidios se suman 2.018 ataques y amenazas documentados en el mismo periodo. La mayoría son amenazas, pero también se registran intentos de homicidio, secuestros, vigilancia y agresiones físicas.En los territorios, la violencia se expresa en en aversiones recurrentes. Municipios como Argelia, Toribío y Santander de Quilichao, en Cauca; Tumaco, en Nariño; Tibú, en Norte de Santander; Tame, en Arauca; y zonas del Medio y Bajo Putumayo, concentran los casos más graves.“La reiteración de homicidios a lo largo de los cuatro años confirma que no se trata de eventos coyunturales, sino de patrones estructurales de agresión dirigidos contra personas defensoras indígenas, campesinas, comunitarias y comunales por parte de los grupos armados no estatales como parte de sus estrategias para ganar control social y territorial”.Además, aseguran que la violencia dejó de ser exclusivamente rural y comenzó a expandirse hacia contextos urbanos y periurbanos, donde los ataques están asociados al control barrial, economías ilícitas y disputas por la gobernanza comunitaria en ciudades como Cali, Medellín, Cúcuta, Bogotá, Barranquilla y Santa Marta.Las víctimas: liderazgo comunitarioSegún el informe, 137 víctimas eran integrantes de Juntas de Acción Comunal, 105 defendían derechos campesinos, 95 pertenecían a pueblos indígenas y 49 eran mujeres defensoras.En el caso indígena, el pueblo Nasa concentra 44 homicidios en el periodo. “ONU Derechos Humanos identificó que los grupos armados no estatales y organizaciones criminales ejercen violencia en contra de autoridades tradicionales indígenas, sabedores o médicos ancestrales, guardias o liderazgos con el fin de quebrar sus procesos organizativos y afectar sus estrategias de resistencia”.También aseguran que hay impactos diferenciados en mujeres defensoras, quienes enfrentan violencia de género, amenazas sexuales y campañas de desprestigio, además de un aumento en homicidios que se duplicaron entre 2022 y 2025.“Las violencias basadas en género, también llega a manifestarse a través de agresiones sexuales, en la medida en que incluyen agresiones sexualizadas, amenazas de violencia sexual y hostigamientos dirigidos a la vida íntima y familiar”.En el caso del pueblo Awá, la ONU documentó el homicidio de 10 autoridades y guardias indígenas, en un contexto de control armado, desplazamientos y presiones directas sobre las comunidades. “La falta de medidas de protección colectiva efectivas y de una respuesta estatal adecuada continúa profundizando la situación de riesgo para este Pueblo indígena”.También identificaron riesgos para quienes defienden los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente líderes, docentes y autoridades que denuncian el reclutamiento forzado por parte de grupos armados.En cuanto a la población LGBTIQ+, documentaron homicidios de personas defensoras, incluyendo mujeres trans, hombres gays y una persona no binaria..Impunidad y fallas estructurales del EstadoEl informe es crítico frente a la respuesta institucional. Aunque reconoce avances y voluntad política, advierte que las acciones del Estado siguen siendo insuficientes, fragmentadas y desarticuladas.Aseguran que la impunidad es uno de los mayores desafíos, ya que de 800 casos investigados por la Fiscalía, solo el 6,87% ha llegado a sentencia, mientras que más de la mitad sigue sin identificar responsables.Además, señalan que el modelo de protección presenta fallas estructurales. La Unidad Nacional de Protección, que concentra la respuesta estatal, enfrenta sobrecarga, demoras superiores a seis meses y medidas que no se ajustan a contextos rurales. Incluso alertan que 34 personas defensoras fueron asesinadas pese a contar con esquemas de protección o haberlos solicitado.“Sumado a lo anterior, un número importante de los vehículos asignados a los esquemas de protección están reiteradamente en reparación por fallas técnicas, afectando por semanas y meses la labor de las personas defensoras de derechos humanos, principalmente aquellas en zonas rurales dispersas”.La ONU también cuestiona la falta de articulación entre niveles de gobierno y la debilidad de los municipios, señalando que“el nivel municipal sigue siendo el eslabón más débil del sistema de garantías”.El informe también advierte que, aunque la Procuraduría ha adelantado investigaciones disciplinarias frente a omisiones en la protección de personas defensoras, su alcance sigue siendo limitado y no ha logrado corregir fallas estructurales en la respuesta institucional.En cuanto a la Policía, señalan que enfrenta restricciones para operar en zonas rurales con presencia de grupos armados, lo que limita su capacidad de brindar protección efectiva a personas defensoras fuera de los cascos urbanos.Menos capacidad internacional en medio de la crisisONU DDHH Colombia alerta que a este panorama se suma un factor preocupante, ya que en 2025, la oficina en Colombia redujo cerca del 50% de su personal y cerró tres oficinas regionales en Medellín, Neiva y Villavicencio, lo que limita su capacidad de monitoreo e incidencia en el país: "Ello redujo la capacidad de monitoreo, asistencia técnica e incidencia en siete departamentos. Autoridades y organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación" por el impacto que esto conllevaría en la promoción y defensa de los derechos humanos”.Un sistema desbordado y sin respuesta integralEl informe concluye que el modelo actual de protección es “insostenible” y ha sido superado por la magnitud del fenómeno. Incluso aseguran que mecanismos creados por el Gobierno, como los Puestos de Mando Unificados por la Vida, no lograron los resultados esperados y fueron abandonados sin evaluación clara.Un problema estructural sin resolverPara la ONU DDHH, el Estado sigue enfrentando enormes retos para garantizar la vida y la labor de quienes defienden derechos humanos en Colombia, en un contexto donde el control territorial, las economías ilícitas y la débil institucionalidad continúan alimentando la violencia.“La persistencia de los altos niveles de violencia y el repunte de casos de homicidio registrados en 2025 también muestra que el Estado en su conjunto sigue enfrentando importantes retos para revertir las tendencias y patrones de violencia, superar los obstáculos estructurales que impiden garantizar una protección integral y sostenida a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia”.La ONU advierte que los altos niveles de violencia se han mantenido a lo largo de distintas administraciones y están anclados en causas estructurales no resueltas.En ese sentido, piden fortalecer la articulación entre el nivel nacional y territorial, aumentar la capacidad de respuesta de autoridades locales y avanzar en la superación de la impunidad como condición clave para garantizar la protección de las personas defensoras.Finalmente, aseguraron que si bien el actual Gobierno ha reconocido la labor de las personas defensoras y ha mostrado apertura al diálogo con organizaciones sociales, señalan que estos esfuerzos no se han traducido en una política sostenida ni en una asignación suficiente de recursos para garantizar una respuesta efectiva.Además, advierten que la prevención y protección no se mantuvieron como una prioridad constante en la agenda institucional, lo que ha limitado el impacto de las acciones adoptadas frente a la magnitud del problema.