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En un comunicado dirigido a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y a la Defensoría del Pueblo, las disidencias de alias ‘Morsidsco’ informaron que, “a partir de la fecha”, queda restringido el acceso de estas entidades a los territorios donde mantienen presencia armada.
“La medida obedece a graves violaciones de confianza y neutralidad. Desafortunadamente acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra, la Defensoría ha emitido alertas tempranas manipuladas por sus encargados regionales, que desconocen u omiten la realidad territorial, sembrando pánico, aversión contra las FARC-EP y convirtiéndose en la justificación de los operativos militares”, aseguran en un comunicado.
En ese sentido, las disidencias sostienen que se han presentado supuestas filtraciones de información sensible desde misiones humanitarias, lo que, según dicen, ha puesto en riesgo tanto a sus integrantes como a las comunidades en las zonas donde operan.
Además, indicaron que únicamente mantendrán interlocución con el Comité Internacional de la Cruz Roja, siempre y cuando, según señalan, se garanticen condiciones de “neutralidad absoluta”, confidencialidad y coordinación previa en cualquier acción humanitaria.
Frente a este anuncio, Indepaz rechazó la decisión y advirtió sobre sus posibles efectos en la protección de la población civil.
“En los territorios donde hay control y disputa armada, la presencia de organismos humanitarios y de verificación no es un problema: es una necesidad. Son estos mecanismos los que permiten visibilizar lo que ocurre, acompanar a las comunidades y activar respuestas frente a riesgos que. de otra manera, quedarian en silencio”, señaló la organización.
Indepaz calificó como “preocupante” la restricción, al considerar que limita la transparencia y puede fortalecer dinámicas de control armado en los territorios.
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“Restringir su acceso es una señal preocupante. No solo afecta la transparencia sobre lo que pasa en los territorios, sino que termina fortaleciendo dinamicas de control social armado donde se regula quien entra, qué se dice y que se conoce. Eso, en la practica, deja a las comunidades más expuestas y con menos garantías”, advirtió.
Asimismo, alertó sobre el impacto que podría tener la deslegitimación de la Defensoría del Pueblo, al señalar que debilitar estos mecanismos “es debilitar la posibilidad de prevenir violencias y proteger a la población civil”.
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