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Corte Suprema y la Judicatura chocan por magistrados Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón

La inexplicable permanencia de los magistrados, que hace cuatro años debieron salir de la Judicatura, tiene una nueva arista: la entrega de bienes de un exparamilitar a dos supuestos compradores de buena fe.

Justicia : Foto: cortesía Rama Judicial.jpeg
Justicia / Foto: cortesía Rama Judicial

Un nuevo choque se presentó en las últimas horas entre la Corte Suprema de Justicia y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, corporación que ha estado permanentemente en el “ojo del huracán”.

El asunto de fondo de este nuevo enfrentamiento es la inexplicable permanencia de Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón ejerciendo como magistrados de la Judicatura, a pesar de que debían haber salido de esa corporación hace más de cuatro años, tras cumplir su periodo de ocho años en la institución.

El “florero de Llorente” en este caso es una tutela que en teoría revocaba una decisión de la Corte Suprema que negó la entrega de cuatro bienes del exjefe paramilitar y narcotraficante Miguel Angel Mejía Múnera, alias “El Mellizo”, a dos personas que dicen ser sus propietarios originales y señalan que cuando compraron las propiedades, actuaron de buena fe.

De manera extraña, el ponente de la decisión fue Pedro Sanabria, quien por supuesto votó a favor de que le devolvieran los bienes a estas personas, acompañado por la también controvertida Julia Emma Garzón.

En su decisión de anoche, la Corte Suprema dice que la tutela fallada por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es espuria porque fue proyectada por una persona que no es magistrado desde hace más de cuatro años, pero además porque nunca tuvo vida jurídica ya que ni siquiera hubo quórum para que tuviera carácter vinculante.

Pero la Corte va más allá, cita jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional y considera que es inaceptable que a pesar de que las leyes colombianas son claras, Sanabria y Garzón permanezcan ejerciendo labores como magistrados, si dejaron de serlo hace más de cuatro años.

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Ante este escenario, la Corte Suprema le pidió a la Fiscalía que los investigue si considera que pudieron cometer un delito al fungir como jueces y administrar justicia durante casi un lustro, sin tener esa condición.

El trasfondo del asunto es la gran dificultad que ha tenido el Estado para acabar con el desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura, en particular su Sala Disciplinaria, que es el mismo escenario que hoy nos lleva a ser pesimistas frente a la intención real de emprender una verdadera Reforma a la Justicia.

Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:

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