Hablando de corrupción, de nuevo es noticia la Refinería de Cartagena, más conocida como Reficar, cuya ampliación fue uno de los proyectos más ambiciosos que se hayan construido en el país, proceso que ha estado inmerso en un gigantesco océano de irregularidades, sobrecostos y absoluto desgreño administrativo.
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Hoy nadie duda de la necesidad que se tuvo en su momento para adelantar esa obra, que hoy tiene gran peso en la economía colombiana, refina diariamente más de 150 mil barriles de crudo y será la joya de la corona a partir del año entrante, cuando entre en vigencia un convenio que aumenta los estándares de calidad y limpieza para la compra de petróleo en todo el mundo.
Lo grave en el proceso de modernización de Reficar, catalogado por la Fiscalía como “el mayor escándalo de corrupción en el país”, tiene que ver con múltiples problemas con el tipo de contratación que se utilizó, con la no muy clara entrada y salida de la multinacional Glencore del proceso y hasta con los líos para la entrada de CB&I y Foster Wheeler, a la postre, encargadas de construir y auditar el proceso, que hoy está en tribunales de arbitramento internacionales.
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Las autoridades han dejado entrever que en el exorbitante sobrecosto para construir la obra, tuvo que haber algún tipo de corrupción: inicialmente se tenía previsto que la ampliación de Reficar costara 3.700 millones de dólares y al final terminó costando la friolera de 8.016 millones de dólares, unos 24 billones de pesos, algo así como tres reformas tributarias, más del doble de lo que se había calculado al comienzo.
La noticia en las últimas horas tiene que ver con el escrito de acusación que radicó la Fiscalía en contra del expresidente de Ecopetrol Javier Genaro Gutiérrez y también en contra de Diana Constanza Calixto, ex jefe de Finanzas Corporativas de Ecopetrol, Pedro Rosales, vicepresidente de Downstream de Ecopetrol y Reyes Reinoso, expresidente de Reficar, por presunto ocultamiento de información.
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De acuerdo con el fiscal del caso, estos directivos de Reficar y de Ecopetrol habrían ocultado información financiera que reflejaba una realidad negativa del proyecto, esto con el fin de lograr que la junta directiva de la estatal petrolera asignara mayores recursos al mismo, “cuando no era rentable para la compañía y generaba pérdidas”.
Gutiérrez Pemberthy y los otros llamados, tendrán que responder ante la justicia por obtención de documento público falso y administración desleal.
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