La JEP con Néstor Raúl Correa arrancó con pie izquierdo: opinión de Ricardo Ospina

De nuevo la Justicia Especial de Paz y las Farc son noticia: la Procuraduría citó a audiencia verbal abreviada para avanzar muy rápido en un juicio disciplinario, al exsecretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, por haber concedido de manera aparentemente irregular permiso a ocho exguerrilleros de las Farc para que salieran del país. 
 
La JEP arrancó con pie izquierdo entre otras cosas por la falta de claridad en su organización y debido a que el secretario ejecutivo era prácticamente la única voz autorizada en la jurisdicción, lo que según varios funcionarios, llevó a que Correa tuviera gran libertad para tomar decisiones.
 
Correa no solo ha sido cuestionado por otorgar estos permisos, que llevan su firma y que beneficiaron por ejemplo a Fernando Arellán, un hombre que participó en el atentado al Club El Nogal, en el que hubo 36 muertos y centenares de heridos, y decidió ir de veraneo a Isla Margarita, en Venezuela. 

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También tuvo en su momento algunos encontrones con la presidenta de la JEP Patricia Linares, con la propia directora administrativa Martha Lucía Zamora y con otras instancias, por el manejo poco claro de miles de millones de pesos para el funcionamiento inicial de la jurisdicción.
 
Llama la atención que la Procuraduría haya avanzado en el caso contra Correa, quien ha negado que haya tenido responsabilidad en actos irregulares, mientras que en la Fiscalía quien tendrá que responder ante un juez y con posibilidad de quedar detenida es la actual directora administrativa Martha Lucía Zamora, quien no firmó documento alguno en este sentido. 
 
De otro lado, ayer fueron citados a la Fiscalía los excontratistas de la JEP July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo, quienes negaron cualquier actividad ilegal y dijeron que el país al final de todo, sabrá la verdadera historia.
 
Capítulo aparte merece la rueda de prensa del partido Farc, cuando se cumplen seis meses de detención con fines de extradición de Jesús Santrich, pidieron al presidente de la Cámara de Representantes que lo posesione como congresista y están pidiendo por medio de otros mecanismos judiciales, beneficios para este hombre, señalado de querer vender drogas a carteles mexicanos después de la firma del acuerdo del Teatro Colón.