La juez 6 de garantías de Soacha envió a la cárcel a Juan Sebastián Vélez Mesa, Michael Steven Vélez Mesa y Jesús Antonio Castillo Londoño, como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas por el asesinato del capitán de la Policía, Jesús Alberto Solano Beltrán, jefe de la Sijin de Soacha.“La decisión es imponer una medida privativa de la libertad intramural en contra de los tres implicados. Se notifica en estrados la decisión. Esta medida se cumplirá de manera inmediata en la cárcel nacional de La Modelo”, argumentó la juez, Ana Lida Campos.Este viernes, el abogado Alirio Uribe había presentado cuatro testimonios de personas que estuvieron en la escena del crimen, uno de ellos de la pareja de Michael Steven Vélez, quien dijo que al capitán lo redujeron porque la gente estaba gritando que se trataba de un ladrón.Solano murió el 2 de mayo tras permanecer cuatro días en unidad de cuidados Intensivos del Hospital de la Policía. El oficial fue apuñalado en varias ocasiones por la espalda cuando el pasado 28 de abril, primer día del paro que continúa en el país, trataba de evitar el robo a un local comercial en el sector de San Mateo.El fiscal del caso narró los hechos por los que fueron capturados los tres jóvenes, quienes, al parecer, hicieron parte de la multitud que, con golpes y armas blancas, acabaron con la vida del uniformado. Según la investigación, Juan Sebastián Vélez Mesa, uno de los capturados, fue el que con una patada redujo al uniformado y a partir de ese momento, “con sevicia el grupo de personas” acabó con su vida.
La próxima semana la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Justicia firmarán un convenio que dará luz verde para la construcción de la nueva cárcel distrital.La noticia la confirmó el secretario de Gobierno, Hugo Acero, quien indicó que el centro penitenciario estará ubicado en los predios de la cárcel La Picota y tendrá una capacidad de 2.200 personas. En este centro penitenciario se trasladarán reclusos de las cárceles Modelo y el Buen Pastor. El proyecto hace parte de las medidas acordabas entre el Gobierno Nacional y el Distrito para disminuir el hacinamiento en las URI y estaciones de Policía.
El 21 y 22 de marzo del 2020, en una noche marcada por el terror, se presentó un motín en la cárcel La Modelo de Bogotá, donde sobre las 8:56 empezó un enfrentamiento entre los guardias y los internos, quienes un año después, contaron sus versiones de lo sucedido.La Unidad Investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a 270 horas de videos de las cámaras internas de La Modelo, además de documentos forenses y testimonios de los sobrevivientes, quienes narraron los trágicos hechos.Dichos relatos dan cuenta de cómo pasaron las cosas, cómo los reclusos salieron de los patios, treparon los muros y barreras de la cárcel. Una vez empezó, sobre las 9:15 de la noche, La Modelo entró en caos.“La Modelo dejó sola a la guardia sabiendo que se iban a amotinar. La información del motín estaba rondando hace varios días y en la relación general diaria nos habían informado. No había puesto de mando unificado. Nadie nos dio instrucciones. Todo el mundo hacía lo que mejor le parecía, disparaban por todos lados, se fue la luz”, reveló un funcionario del Inpec.Según las pruebas recolectadas por Noticias Caracol, “las cámaras registraron las primeras detenciones de amotinados. En la reja uno, un funcionario del Inpec arrastró a un recluso ya indefenso y aparentemente inconsciente mientras otro guardia lo pateaba”.“Entre las 9:50 y las 10:46 de la noche, los videos grabados desde la garita tres registraron una secuencia de excesos e irregularidades contra los internos. Primero, dos guardias golpearon con sus bolillos a un recluso tirado en el suelo, indefenso. Un minuto después, en ese mismo lugar, un guardia pateó con fuerza a un interno que estaba en el suelo”, reveló el informe de La Unidad Investigativa de Noticias Caracol.El guardia Esteban Mateus también dio su testimonio, recordando cómo casi muere quemado al ser interceptado por varios reclusos que le pidieron su arma mientras lo amenazaban con matarlo.“Ya después de eso ellos rompen la puerta, prenden colchonetas y me empiezan a quemar. Yo sentí como estar en una olla exprés. El respirar, el dolor, desesperación. Yo pienso en mi familia y en muchas cosas. Lo que le pido a mi Dios es que no merecía morir así”, relató.“Yo abro la tapa de la garita y les empiezo a disparar a ellos para que no se me vayan a subir, porque si ellos se subían, me mataban y si yo me bajaba y les entregaba el arma, me mataban también. No podía hacer nada”, agregó Mateus.Los videos de las cámaras también registraron los momentos en que un grupo de guardias golpeó con patadas y bolillazos a los detenidos que “ya estaban indefensos y en el suelo” y a varios de ellos los “desnudaron en medio de una noche en la que la temperatura bajó hasta los seis grados. Según el registro de la cámara, la golpiza se prolongó por varios minutos”.“La orden era darles duro a los internos (…) En la parte interna se dio palo a todos, a todo el que se pudiera”, afirmó el funcionario del Inpec.De acuerdo a los protocolos establecidos para estos casos, los guardias solo pueden usar la fuerza letal cuando su propia vida o la de alguien más están en riesgo, según explicó Karen Arias, la funcionaria del Inpec a cargo de los derechos humanos en La Modelo.“Podemos hacer uso de la fuerza siempre y cuando tenga una circunstancia donde la vida mía corre peligro y la vida de terceros y, en este caso, pues se evidenció muchas cosas, de que obviamente la vida mía corría peligro y también la de otras personas”.“Mucha guardia se dio garra disparando”, expresó otro de los testigos a Noticias Caracol, añadiendo que “os auxiliares bachilleres de la guardia no tenían por qué estar en las garitas, para eso es la guardia. Fue un abuso de la fuerza para tomar el control”.
Noticias Caracol conoció las intimidades del expediente sobre La Modelo y constató que ese centro penitenciario lleva décadas siendo escenario de todos los horrores posibles.
El 9 junio de 2019, un hombre asesinó a su prima de 8 años y a su tía, quien era madre comunitaria, por robarle cinco millones de pesos en el barrio Villa Mercedes, Soacha.De acuerdo con un informe de Noticias Caracol, un juez de ese municipio condenó al hombre implicado en este crimen a 60 años de prisión y fue enviado a la cárcel La Modelo de Bogotá.Además, fue hallado responsable por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado.Vea aquí el informe de Noticias Caracol:
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas ordenó el traslado del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno a la cárcel La Modelo de Bogotá.La decisión, según señala el documento, se da “en aras de preservar la seguridad y los derechos fundamentales” del exfuncionario, quien llegó al país el pasado 4 de diciembre luego de ser deportado tras cumplir su condena de 48 meses de prisión en Estados Unidos.El juzgado señaló que el Inpec puso a disposición el complejo carcelario de Ibagué Coiba y la cárcel La Modelo, a fin de que Moreno cumpla la pena impuesta por la Corte Suprema de Justicia de cuatro años y 10 meses por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada.Desde la llegada al país de Luis Gustavo Moreno, el centro de reclusión donde permanecería el exfiscal ha sido polémica.En principio esta misma juez de ejecución de penas aseguró que Moreno debía ser trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo). Sin embargo, el exdirector de la Policía, general Óscar Atehortúa, rechazó este traslado. Moreno deberá ser recluido en un pabellón especial de La Modelo para preservar su seguridad.
Un nuevo informe adelantado por expertos forenses de prestigio internacional ha concluido que las muertes que se presentaron tras un motín en la cárcel La Modelo, fueron intencionales.El reporte fue adelantado por el Independent Forensic Expert Group (IFEG) y el International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) a petición de Human Rights Watch.El incidente se desató cuando los guardias respondieron con disparos a una revuelta en el penal donde los presos pedían mejores condiciones para prevenir la propagación del COVID-19.Asegura el informe , que “los reportes de la autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas”.La evaluación está basada en los 24 informes de necropsias que emitió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia.El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señala que la Fiscalía General de Colombia tiene la obligación de adelantar investigaciones oportunas, imparciales y exhaustivas, y garantizar que los responsables por uso excesivo e injustificado de fuerza letal, respondan por sus actos.Dice el informe que el reporte de Medicina Legal fue precario sin detallar si sufrieron tortura o maltrato. Además, no anexaron fotografías, bosquejos, análisis de balística ni información de investigaciones en el lugar de los hechos.De acuerdo con HRW, ese mismo 22 de marzo la entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que las muertes se produjeron mientras los guardias impedían un plan de fuga.Algo que reiteró en abril el Fiscal General Francisco Barbosa al indicar que tras el intento de fuga estaban el ELN y disidencias de las Farc.
La Defensoría del Pueblo le envió una carta al Inpec para solicitarle que no reciba en las cárceles de Santander a los reclusos que están con detención domiciliaria por la pandemia.“He venido en contacto con la Defensoría del Pueblo, con el mismo Inpec, buscando que se dicten medidas y dentro de la emergencia carcelaria y sobre todo dentro de la emergencia sanitaria que todavía existe se tomen decisiones y se les alargue el plazo a estos internos e internas y así evitar que lleguen nuevamente a las cárceles”, explicó el abogado Hernando Mantilla.Se trata de más de 1.000 internos que fueron beneficiados con el decreto 546 de Abril 14 de 2020 y a quienes se les concedieron prisión o detención domiciliaria transitoria y quienes deben volver en estos días a las cárceles.“Si reciben a estos reclusos aumentará el hacinamiento en las cárceles, se corre el riesgo de más contagios, ellos obviamente, según los protocolos deben llegar a cuarentena”, agregó el abogado.Por el momento el Inpec en Santander no se ha referido a este tema.
Según datos entregados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga en este momento hay 576 detenidos en las estaciones de Policía que realmente tienen capacidad para 87 personas, es decir hay 489 detenidos en sobreocupación, lo que se traduce en 562% de hacinamiento.“De los 576 detenidos, 538 son colombianos, 37 venezolanos y uno de EE. UU., el que le prendió fuego a su casa, se han fugado 3 detenidos. Hay 7 detenidos con Covid-19. 94 son condenados, el 16%, 477 sindicados, el 83% y 5 en calidad de Detención Domiciliaria, el 1%”, explicó Hernando Mantilla, abogado que ha venido haciendo propuestas para tratar de reducir el hacinamiento en la región.Las cifras de hacinamiento por cada estación de policía del área metropolitana señalan: Estación Norte 660%. Estación Centro 580%. Estación Sur 575%. Estación Floridablanca 900%. Estación La Cumbre 333%. Estación Girón 590%. Estación Lebrija 650%. Estación Piedecuesta 483%. De los 576 detenidos, 561 son Hombres y 15 son mujeres.“Se está presentando otra situación que he venido denunciando, los internos que fueron beneficiados con el Decreto 546 de abril 14 de 2020 y a quienes se les concedieron prisión o detención domiciliaria transitoria, deben volver en estos días a las cárceles, eso son alrededor de 1.000 internos a nivel nacional, además de que va a aumentar el hacinamiento se corre el riesgo del contagio”, aseguró el abogado Mantilla.La Defensoría del Pueblo envió una comunicación al director regional de INPEC para que no reciba a los detenidos que deben regresar y amplié su periodo de detención domiciliaria, por los contagios de COVID-19 en los centros penitenciarios de Bucaramanga, Girón, San Gil y Barrancabermeja.Carta de la Defensoría del Pueblo:
En alerta sanitaria fueron declaradas las cárceles de Bucaramanga y Girón por un rebrote de COVID-19.El secretario del Interior de Santander, Camilo Arenas, afirmó que se están tomando todas las medidas sanitarias para evitar que se presenten más casos de coronavirus dentro de la población penitenciaria.En la cárcel Modelo de Bucaramanga están confirmados 64 casos de COVID-19 y en la cárcel de Palogordo 204 internos sufren por el virus. "Los internos están aislados para evitar más contagios en los centros de reclusión. Se activo el cerco epidemiológico y se tomaron más pruebas de PCR para descartas nuevos casos", señaló el funcionario. La secretaría de Salud de Girón, Claudia Leal, manifestó que los casos de coronavirus en la cárcel de Palogordo vienen aumentado desde hace tres semanas."Con la IPS que atienden a los internos se tomaron 580 muestras, 180 salieron negativas y falta conocer el resultado de 180 más. Lamentablemente más de 200 presos están contagiados", manifestó la secretaria de Salud de Girón.
Monseñor Alirio López murió este martes a los 67 años. El sacerdote lideró el programa Goles en Paz para promover la convivencia entre varias barras de equipos en Bogotá y el país. 'El padre Alirio' como era llamado por los feligreses que le profesaban gran cariño, se ordenó en 1983. Estudió Filosofía y en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Bogotá, además de cursar un posgrado en Bioética de la Universidad del Bosque.BLU Radio confirmó la noticia con familiares, en medio de cruce de informaciones, puesto que tanto parientes como allegados guardaron hasta último momento la esperanza de su recuperación. El sacerdote sufrió en sus últimas semanas de vida por un cáncer de estómago, que finalmente deterioró su estado de salud. En redes sociales, instituciones y personalidades lamentaron la partida de monseñor Alirio López:Escuche esta información en el noticiero del mediodía de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
En días pasados, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que desde el 15 de junio las empresas privadas podrían iniciar con la vacunación a sus empleados a través de los diálogos que adelantó el Gobierno con las farmacéuticas. Sin embargo, cumplido el paso, este martes no hay ni vacunas para privados ni autorización de aplicarlas.Con el decreto 777 que da vía libre a la reactivación económica en todo el país, el ministro de Salud había anunciado que se está a la espera de la llegada de 2,5 millones de vacunas de Sinovac para dirigirlas a las empresas privadas, no obstante, todavía no hay cronograma.Sobre el tema, BLU Radio conversó con el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Víctor Muñoz, quien aseguró que aún se está a la espera del cronograma de Sinovac para las entregas.Muñoz aseguró que se exploran diferentes opciones con otras farmacéuticas para adquirir vacunas para las empresas privadas.Por su parte, el Invima todavía no ha emitido autorización de aplicación por parte de los privados, se está a la espera que las propias farmacéuticas autoricen quienes podrán aplicar las dosis en el país.
Para identificar rápidamente casos positivos de COVID-19 y evitar la propagación del virus, la Universidad Industrial de Santander, UIS, habilitó un punto para la toma de muestras gratis de PCR con resultados máximo en 48 horas.El punto habilitado está ubicado en la facultad de Medicina, contiguo al Hospital Universitario de Santander, donde harán 100 pruebas diarias que serán procesadas en el laboratorio de investigaciones de la UIS.“La mejor prueba que permite detectar a las personas sintomáticas y asintomáticas en la PCR, pero lo que se trata es de hacerla en un menor tiempo para detectar a las personas con el virus y detener la cadena de contagios”, explicó el médico Luis Miguel Sosa, director del departamento de Pediatría de la UIS.La atención será de 7:00 a 11:00 de la mañana y quienes acudan deberán llevar solo su documento de identidad, portar tapabocas y respetar las medidas de bioseguridad.
Desde inicios de junio, el propio Álvaro Uribe señaló que en el Centro Democrático estaba ‘cocinando’ una propuesta paralela sobre la reforma tributaria que está socializando el gobierno nacional.En ese sentido, el senador Nicolás Araujo, del Centro Democrático habló sobre las propuestas que tienen para la presentación de una reforma tributaria en donde argumenta que el nivel de la pobreza extrema en Colombia pasó del 35 al 42%, “3 millones de colombianos pasaron al nivel de pobreza extrema” y según él, “sería un proyecto paralelo a lo que tiene el gobierno, para ir mucho más rápido”.“En una iniciativa como esta, no se toca el IVA ni a los trabajadores o personas naturales. Las empresas que no tenían descuento de Industria y Comercio, ahora tendrían el 50%, con un gran ejemplo de austeridad del gobierno y el congreso podemos conseguir los recursos”, comentó Araujo en Mañanas BLU 10:30.“Que uno pueda reducir el gasto de funcionamiento del estado en un 10% para ayudar a los colombianos que más lo necesitan es urgente, aquí quedan subordinadas las angustias políticas”, agregó.El senador Araujo explicó que los mecanismos que se utilizaría para agilizar la puesta en marcha de las iniciativas sería mediante decretos y ajustes presupuestales que permitan financiar programas como, “el ingreso solidario que está contemplado en la propuesta de Reforma Tributaria que presentaría el Centro Democrático además de los auxilios a las nóminas de las empresas”.Congresistas de 6 partidos distintos estarían acompañando la reforma del gobierno, según señaló el Senador.
Este martes, en Mañanas BLU, estuvo Ray Charrupí, amigo del cantante Junior Jein, artista oriundo de Buenaventura que fue asesinado al sur de Cali.“Es imposible que Junior Jein genere enemigos, es una barbaridad, es un hecho inexplicable", aseguró.El coronel (r) Carlos Soler, secretario de Seguridad de Cali, también se refirió a este doloroso crimen.Escuche a Juan Carlos Pinzón, nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos quien habló sobre su cargo.Por otra parte, Martha Alfonso, vicepresidenta de Fecode, ahondó sobre el anunció del sindicato a propósito del regreso a clases. Al respecto también se pronunció María Victoria Angulo, ministra de Educación.También estuvo Luis Francisco Rojas, secretario de Seguridad de El Pital (Huila), quien contó detalles de lo que se conoce hasta ahora sobre el asesinato de una niña de 11 años en el municipio.No se pierda tampoco al secretario general de la Policía, general Pablo Antonio Criollo, quien habló sobre la denuncia que harán contra un juez de Bucaramanga que señaló señalar a la Policía de ser una "fuerza terrorista".María del Mar Machado, quien interpuso una demanda contra el decreto de la Alcaldía de Cali que reconoció como organización a los manifestantes en la capital vallecaucana, habló sobre la justificación de su recurso jurídico.Además, Francisco Maltés, presidente de la CUT Colombia, se refirió al anuncio de suspender las movilizaciones que se adelantaban en el país todos los miércoles en el marco del paro nacional.Escuche aquí el programa completo de Mañanas BLU:
